20210304

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha recordado que la actual crisis económica deriva de la originada por la pandemia, y que, "hasta que no se supere, no lo vamos a tener fácil", por lo que ha instado a "centrar todos los esfuerzos" en superar la crisis sanitaria. Y en ese sentido, ha reafirmado que "al igual que la sociedad, los empresarios también estamos preocupados porque el proceso de vacunación va más lento de lo esperado, y porque eso tiene una incidencia directa en la actividad económica y en la capacidad para recuperarnos de esta crisis. Cuantas más vacunas y más rápido se pongan, todo será más fácil para poder salir de esta situación". Con relación a la crisis económica, Eduardo Zubiaurre ha destacado que, "afortunadamente, la red económica y empresarial vasca tiene su fortaleza y está siendo capaz de hacer frente a esta situación". Además, ha aplaudido que se hayan establecido medidas para "garantizar y facilitar financiación a las empresas". Ver más en Confebask. Ver entrevista ETB. 

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, trasladó ayer los empresarios vascos están «preocupados» porque el proceso de vacunación contra el Covid-19 «va más lento de lo esperado», y aseguró que, «cuantas más vacunas y más rápido» se pongan, «más fácil» será salir de la actual situación de crisis. En una entrevista en la televisión pública vasca, el presidente de la patronal consideró, asimismo, que «toda Europa» estaría dispuesta a tratar de conseguir más vacunas de las que actualmente se disponen, «si son seguras». «Al igual que la sociedad, los empresarios también estamos preocupados porque el proceso de vacunación va más lento de lo esperado, y porque eso tiene una incidencia directa en la actividad económica y en la capacidad para recuperarnos de esta crisis. Cuantas más vacunas y más rápido se pongan, todo será más fácil», insistió.

El secretario general de la patronal vizcaína Cebek, Francisco Javier Azpiazu, reclama para las empresas la «seguridad jurídica que hoy no tenemos» ante las diferentes interpretaciones que están haciendo los juzgados sobre la prohibición de despedir, decretada por el Gobierno central al inicio de la pandemia. Así en una conferencia coloquio por internet –formato conocido como ‘webinar’– sobre cuestiones laborales, Azpiazu indicó que derivar al extremo la prohibición de despedir «nos puede llevar hacia mayores crisis empresariales dificultando la viabilidad de muchas empresas». Cebek está en «total disconformidad» con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declaró nulo un despido en una pyme aeronáutica vizcaína, sin pasar antes por un ERTE –que después también prohíbe despedir– con lo que se puede llegar a poner en peligro el resto de puestos de trabajo. Ver nota de Cebek. 

Las elecciones a la presidencia de la patronal del comercio vizcaíno –Cecobi–, que se celebrarán el próximo día 11, trasladarán un escenario insólito por primera vez en el último cuarto de siglo. Esta vez habrá batalla. Hasta ahora, todos los presidentes eran elegidos sin que las urnas determinasen al ganador. Los aspirantes presentaban su candidatura sin someterla a ningún plebiscito, conscientes de que no tenían ninguna posibilidad de caer derrotados por la falta de contendientes. La carrera electoral era un mero trámite administrativo, en el que el sector se limitaba a dar su visto bueno. Pero esta vez competirán, casi con toda seguridad, dos candidatos, ya que hasta mañana no cerrará el plazo de presentación de planchas. Pedro Campo, que lleva ejerciendo 25 años funciones ejecutivas y también preside la Confederación Española de Comercio (CEC), reconoce «tener mucho tiempo» y concebir este proceso como el último antes de pensar «en un relevo a medio plazo». Aingeru Alonso se postula como la alternativa. Con 42 años y procedente de Amubi, el gremio del mueble, pretende imprimir un giro profundo y relanzar el comercio minorista, tanto en Bilbao como en el resto de pueblos de Bizkaia. 

El nuevo decreto que prepara el Gobierno central para ordenar las enseñanzas universitarias cierra la vía de la apertura de grados de tres años, que permitía la anterior legislación del PP. En Euskadi la futura regulación no tendrá consecuencias en la práctica ya que no hay carreras de tres cursos en universidades vascas. Pero, además, este nuevo decreto, que ordena la enseñanza superior, regula por primera vez las titulaciones duales, que ya funcionan en las universidades vascas. De hecho, el Gobierno autonómico ha participado en su elaboración. Trasladó al Ministerio una propuesta sobre esta vía de aprendizaje que combina las clases en el aula con el trabajo en la empresa, elaborada entre los responsables las tres universidades vascas, Educación y Confebask. La normativa estatal establece que los alumnos podrán cursar en el grado entre el 20% y el 40% de los créditos en la empresa o entidad, y en los másteres el 40%.

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, señaló ayer que «hacer algunas inversiones en Francia o Alemania es más rentable que hacerlo aquí porque van a soportar costes menores». Se refería a las tarifas eléctricas que debe abonar la industria cuya actividad depende en gran medida de este tipo de energía. La reflexión la hizo en el arranque de un encuentro que mantuvo en la tarde de ayer con representantes de las denominadas industrias electrointensivas del País Vasco –principalmente compañías siderúrgicas, fundiciones y papeleras–, en el que admitió que la última regulación legal que se ha hecho sobre este tema «nos ha llevado a una situación compleja». Los grandes consumidores de electricidad han pedido al Gobierno vasco que utilice su influencia ante el Ejecutivo central, que es quien tiene las competencias de regulación del sector, con el objetivo de rebajar los costes. Tapia se comprometió ayer a hacerlo y a crear un grupo de trabajo con las empresas, aunque en el Gobierno vasco son conscientes de que va a ser muy difícil modificar la actual situación.

El Tribunal de Justicia de la UE avala el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), que con una carga del 7% fue creado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy para tapar el déficit de tarifa. El tribunal ha dictaminado que la directiva sobre el régimen general de impuestos especiales “no se opone” a una normativa nacional de un impuesto “que grava la producción al sistema eléctrico en territorio nacional y cuya base imponible la constituyen los ingresos por realizar estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad”. El asunto llegó a la justicia europea a través del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras una demanda de la empresa Promociones Oliva Park contra el Gobierno español. La firma aduce que “pese a su regulación como un impuesto directo, su naturaleza y elementos esenciales son los propios de un impuesto indirecto”. La admisión del caso supuso que se tuviera que paralizar el recurso que había presentado la asociación de compañías eléctricas Aelec (entonces Unesa) ante el Supremo.

La decisión del Gobierno vasco de acudir a la Justicia para forzar la posibilidad de explorar la existencia de bolsas de gas en el subsuelo de Vitoria devolvió a la superficie el enfado que comparten desde hace meses todas las formaciones locales excepto el PNV. La presentación del recurso, adelantada ayer en exclusiva por EL CORREO, desató una tormenta de críticas por parte de los grupos de la oposición (EH Bildu, PP y Elkarrekin) e, incluso, de su socio de gobierno en las instituciones, el PSE. Las reacciones, que se sucedieron escasas horas después de desvelarse la noticia, agudizaron la soledad del PNV ante un proyecto energético que, por encima de los líderes locales, impulsa con firmeza y determinación la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, muestra mucha prudencia e incluso pudor a la hora de valorar los ‘buenos’ datos del mercado laboral vasco en el mes de febrero, en el que descendió el paro y se creó empleo, mientras que en el conjunto de España la caída se acentuaba hasta superar la barrera de los cuatro millones de parados. A pesar de la favorable evolución de Euskadi, no olvida que en un año se han perdido cerca de 12.000 puestos de trabajo –y que hay 129.000 personas sin empleo– aunque hubo momentos, como en agosto, que la pérdida rondaba los 30.000 puestos. Aboga por reformar el mercado laboral y por el diálogo social. "La reforma del mercado laboral hay que hacerla. Pero queda fuera de nuestro ámbito vasco, es una regulación general. Lo que nosotros podemos hacer, y lo estamos haciendo, es trabajar y poner en valor la Mesa de Diálogo Social. Lo que podemos hacer tiene que ver con la negociación, la calidad en el empleo, la recualificación, la formación permanente, etc. Ese trabajo de diálogo permanente con empresas y sindicatos –con los que están en la Mesa de Diálogo Social–, creo que es básico". 

El Ejecutivo promete que, en el horizonte de 2030, el contrato indefinido será el “instrumento principal” de la creación del empleo. Y, por lo tanto, en sentido inverso, el contrato temporal sólo se utilizará por “razones estrictas y detalladamente justificadas”. Así se recoge en el capítulo dedicado a Poner fin a la precariedad laboral, que está recogido en el documento sobre la Estrategia de desarrollo sostenible 2030, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes. El documento ha sido elaborado por Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y secretario general de Unidas Podemos, y tiene su impronta, al margen de las discrepancias con el ala socialista del Ejecutivo. Así, el Ejecutivo asegura que “el contrato indefinido con un adecuado nivel de protección debe ser, a diferencia de lo que hoy sucede, el instrumento principal para la contratación en nuestro país”. “Con un nivel adecuado de protección” es una contestación indirecta a los empresarios y a, entre otros, el Banco de España. La institución sostiene que buena parte de la contratación temporal y de la división del mercado de trabajo entre empleo estable y temporal, se debe a que las empresas consideran que es muy caro despedir a un trabajador fijo.

La hostelería y el ocio se están llevando, de largo, la peor parte de la sangría de empleo provocada por la irrupción del coronavirus en España, hace justo un año. Nueve de cada diez puestos de trabajo destruidos desde febrero del año pasado fueron en ambos sectores, que desde entonces se han dejado por el camino casi 345.000 empleados. Esa cifra agregada, que no tiene en cuenta los muchos que todavía se encuentran afectados por un ERTE, supone más del 86% de la caída total en afiliación a la Seguridad Social, que asciende a cerca de unos 400.000 cotizantes. En el caso de la hostelería —el sector que mejor encarna la sacudida que ha supuesto la pandemia, con un rosario de cierres, restricciones de aforo y horario y hundimiento del turismo a lo largo y ancho del país—, la reducción en el número de cotizantes es de cerca del 19%. En otras palabras: una de cada cinco personas que estaban empleadas en este sector en febrero del año pasado han pasado a engrosar las listas del paro o bien han encontrado mejor suerte en otras ramas de actividad.

La patronal CEOE puso ayer en marcha un nuevo servicio de información sobre licitaciones y subvenciones públicas dirigidas a empresas, con el fin de que estas puedan llegar a todo el tejido empresarial. El servicio se presta a través de la plataforma ‘CEOExEuropa’ y las empresas interesadas pueden darse de alta en la página web www.ceoexeuropa.es. En la plataforma ya se pueden consultar las convocatorias publicadas hasta la fecha en todas las administraciones públicas locales, autonómicas y nacional.

Google responde a la entrada en vigor del nuevo impuesto digital en España repercutiendo a sus clientes la denominada tasa, que precisamente lleva su nombre y que grava a las grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos por sus servicios de publicidad, intermediación y transmisión de datos. El gigante tecnológico ha confirmado ya a sus clientes nacionales que cobrará un recargo del 2% a partir del próximo 1 de mayo cuando contraten publicidad para que se vea en España. En el comunicado remitido, la compañía deja claro que este recargo se aplica a los anuncios servidos en España, «con independencia del lugar en que el anunciante tenga su sede principal». Por ejemplo, una compañía estadounidense que se publicita en el país podría registrar cargos adicionales en su factura. «Este recargo cubre parte de los costes asociados al cumplimiento del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales en vigor en España. Ya hemos implementado recargos similares en Reino Unido (un 2%), Austria (un 5%) y Turquía (un 5%) desde el 1 de noviembre de 2020», indica la compañía en el documento difundido ayer.

El pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en concreto la obligación que impone a los Estados de converger hacia una deuda pública no superior al 60% y ajustarse a un déficit del 3%, se mantendrá en suspenso dos años más. La Comisión Europea despejó ayer la incógnita. En una comunicación para orientar las políticas fiscales de los próximos años, plantea que la barra libre al gasto público deberá seguir en 2022 por la incertidumbre que rodea a las nuevas variantes del coronavirus. Y porque con las últimas proyecciones ‘macro’ encima de la mesa, los niveles de crecimiento del PIB prepandemia no se alcanzarán hasta 2023. «Las actuales indicaciones preliminares sugerirían continuar aplicando la cláusula de escape en 2022 y desactivarla a partir de 2023», se señala. Esa cláusula es el botón de ‘pause’ a los criterios del Pacto, que se pulsó en marzo de 2020, coincidiendo con la crisis, para que los países se volcasen en la respuesta a la emergencia sanitaria. «Un año después todavía estamos en medio de una situación difícil. La lucha contra la pandemia no se ha ganado todavía». 

La economía europea encara una segunda recesión en el primer trimestre del año, después de cerrar el cuarto trimestre del año pasado en retroceso. Y lo hace, además, con España como la economía más rezagada de todos los grandes países del Viejo Continente, por lo que la actividad nacional tendría muy complicado sortear esta nueva recaída como sí lo hizo al cierre del pasado ejercicio. El Índice de Gestores de Compras compuesto de la eurozona (PMI, por sus siglas en inglés) se mantuvo en febrero en 48,8 puntos, de acuerdo con los datos que publicó ayer la consultora Markit. Aunque esta cifra supone un pequeño repunte de un entero respecto al dato de enero, cuando las restricciones sanitarias en toda Europa estaban en niveles máximos, todavía queda por debajo de la cota de los 50 puntos que separan la frontera entre el crecimiento y la contracción. “Puesto que la actividad total ha registrado una contracción por cuarto mes consecutivo, la economía de la eurozona está en camino de señalar una segunda recesión”, señaló Chris Williamson, economista jefe de Markit.

El Gobierno británico de Boris Johnson cargará en los hombros de las grandes empresas buena parte del coste de afrontar la crisis del Covid-19. El Ejecutivo anunció ayer que, en abril de 2023, subirá el tipo del impuesto de sociedades del 19% al 25% a las grandes compañías con mayores beneficios como primera medida para tratar de sanear las cuentas públicas después del masivo gasto asociado a la pandemia. El ministro británico de Economía, el conservador Rishi Sunak, hizo el anuncio en la presentación ante el Parlamento de los Presupuestos para este año, donde adelantó que la deuda británica alcanzará en 2023 un pico del 97,1 % del producto interior bruto (PIB). Se trata de “decisiones que ningún canciller [ministro de Economía] quiere tomar y pueden no ser populares, pero son honestas”. Según los cálculos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés), el Gobierno británico ha pedido prestados 355.000 millones de libras (411.000 millones de euros) el último año, un 17% del PIB nacional, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. Sería “irresponsable” dejar crecer la deuda sin control, defendió Sunak.

En menos tiempo de lo previsto y sin alcanzar acuerdos previos con empresas del sector, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado sacar adelante uno de los proyectos estrella de su Gobierno: la reforma energética. El cambio de normativa prioriza la producción de energía por parte de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), mermando las oportunidades de negocio del sector privado. La iniciativa fue aprobada el martes por el Senado, con 68 votos a favor y 58 en contra. Aunque la norma aún debe ser promulgada por el Ejecutivo, el presidente ha celebrado la noticia, mientras que la oposición lo acusa de fomentar un «monopolio estatal» que va a ahuyentar inversiones como las que realizan las españolas Repsol e Iberdrola. Actualmente, Iberdrola dispone de una capacidad en México de 10.500 MW, un 15% de la cuota de mercado, gracias a una veintena de centrales, entre ciclo combinado y parques eólicos y fotovoltaicos. En los últimos 20 años, la empresa vasca ha invertido más de 6.000 millones de euros. A pesar de ello, el presidente mexicano les ha convertido en el continuo blanco de sus ataques por su cercanía a los gobiernos anteriores. 

Durante la última semana de febrero, entre los días 22 y 28, en Euskadi fallecieron 51 personas víctimas del covid. Como fondo del registro terrible, un motivo para la esperanza: se trata de 17 muertes menos que en la semana anterior, y casi la mitad de las que hubo que lamentar en el arranque del mes, cuando fueron 99. No sólo eso. Se trata de la cifra más baja desde hace cuatro meses. Hay que remontarse hasta octubre, entre los días 19 y 25, para encontrar un dato menos doloroso; entonces hubo 45 defunciones. A partir de aquel momento, todas las semanas se viene superando el medio centenar de fallecimientos. El último dato fue hecho público ayer por el Departamento de Salud del Gobierno vasco en su boletín semanal, y llegó el mismo día en el que el total de nuevos contagios se contraía algo más, hasta los 340 positivos. Son 26 menos que en la jornada anterior y, de esta manera, la tasa de positividad se contiene un poco más, hasta el 4,1%.