20220419

Con una media anual de 30 muertes por accidentes laborales en el último lustro, el Gobierno vasco ha optado por reforzar los medios de la Inspección de Trabajo para intentar acabar con esta lacra. El ‘big data’ le ha permitido elaborar una lista de 100 empresas con alto riesgo de siniestralidad, a las que vigilará de cerca. La apuesta es aplicar el ‘big data’ para detectar las empresas con más posibilidades de bajar la guardia y cometer infracciones, o con más riesgo de registrar un accidente laboral. Los trabajos ya se han iniciado y, según ha confirmado el departamento de Trabajo y Empleo, la Inspección cuenta con un listado de un centenar de compañías que va a visitar. La fórmula aplicada, según detalló la viceconsejera de Trabajo del Gobierno vasco, Elena Pérez Barredo, es un software compartido con el Ministerio de Trabajo en el que se han ido volcando datos del conjunto de España, alimentados en un volumen importante desde el País Vasco.

Más del 94% sufre los efectos de otro golpe con el que no contaban después de dos años muy duros por la pandemia, según el barómetro de opinión ‘#LaPymeHabla’ realizado entre el 15 de enero y el 13 de abril a más de 700 negocios de todo el país por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y publicado ayer. El estudio revela que cerca de un 60% de las pymes encuestadas está viendo cómo la inflación se ‘come’ buena parte de su margen de beneficios, hasta el punto de que para casi un 40% esta reducción es muy importante, e incluso un 15% de ellas ve en riesgo la supervivencia de sus negocios por este fuerte incremento de los precios. Además, casi un 16% de las compañías se verán obligadas a acceder a financiación adicional para poder capear esta nueva crisis. Y las expectativas sobre la evolución de la facturación en los próximos 12 meses no son demasiado halagüeñas. Así, una de cada cinco pymes estima que sus ventas caerán, algo más del 40% cree que se mantendrán más o menos igual y sólo un 27% espera que se incrementen. Otro informe sobre empresas de entre 50 y 500 empleados, elaborado en este caso por la consultora internacional Grant Thornton, señala en su apartado referente a Euskadi que casi la mitad de los empresarios vascos –en concreto un 48%– prevén subir los precios de sus productos durante los próximos meses para hacer frente al incremento de la actual tensión inflacionaria. Un dato que es un 8% superior al de seis meses antes, cuando la inflación comenzaba su escalada.

La encuesta de Cepyme, que recoge la opinión de 700 empresas entre enero y marzo de este año, pone de manifiesto cómo una de cada seis compañías encuestadas considera que está en riesgo la supervivencia de su negocio en los próximos meses, mientras que una de cada tres, pese a estar afectadas, no ven en peligro su actividad. Además, un 40% de las empresas asegura que los márgenes de beneficio “se han reducido sensiblemente” y un 16% afirma que tienen que recurrir a financiación para no comprometer el futuro de su empresa. Eso sí, hasta el 95% ha sido afectado por el incremento de precios en los últimos meses, para la mayoría de manera muy destacada. La subida de la factura energética, pero principalmente el encarecimiento de los suministros, son las dos causas: para el 45% el precio de los insumos y los proveedores se ha elevado más de un 7% en los últimos 12 meses. La situación económica del 70% de las empresas ya se había resentido con la aparición del Covid: la mitad de las encuestadas asegura que el virus y sus consecuencias afectaron “negativamente”, mientras que dos de cada diez confirman que perjudicaron “muy negativamente”. Un 12,6% de las empresas tuvieron un impacto positivo por el Covid y un 16% no notaron sus efectos. Tras estos dos años en los que la actividad económica ha sufrido grandes embates, el 62% de las encuestadas califican la situación como mala o muy mala, mientras que el 8,5% la valoran como buena o muy buena.

El Barómetro de Cepyme deja claro que, pese a que los costes laborales suponen una preocupación para las empresas y que la gran mayoría de ellas no aprueban las políticas del Gobierno en este ámbito, la reforma laboral no será un problema para la contratación de cara a los próximos meses. Tanto es así que una de cada cinco empresas prevén que el número de empleados crecerá en los próximos doce meses, mientras que en un 68% el volumen de plantilla permanecerá más o menos igual. “Las empresas están sufriendo una caída de la productividad, tanto en lo que se refiere a ventas por trabajador como al beneficio por cada uno de ellos. Las pymes no prevén que la caída de la productividad se solucione a corto plazo, por lo que es un aspecto preocupante, que compromete su competitividad y su futuro”, subraya el Barómetro. A lo largo de los últimos 12 meses, dos tercios de las empresas apenas registraron evolución en su número de empleados, mientras que en un 20% de ellas creció. Pese a que en el resto de ámbitos los datos son negativos, “el empleo presenta una evolución más positiva. Las expectativas para los próximos doce meses también son muy positivas. Cabe destacar que, de las empresas encuestadas, el 55% son micro y pequeñas empresas y que el 65% de ellas pertenecen al sector servicios.

La invasión rusa de Ucrania está teniendo un impacto en la economía mundial de la que España no se librará. Así lo reconoció ayer el presidente Pedro Sánchez, que confirmó que «habrá una revisión a la baja del PIB, al igual que en Europa y en el mundo». El jefe del Ejecutivo de coalición señaló que España seguirá creciendo «a buen ritmo», pero por debajo de las previsiones que estimaban un avance del PIB del 7% este año y del 3,5% el que viene. Por tanto, se aleja el objetivo de terminar el año habiendo recuperado ya el nivel previo a la pandemia desatada por el Covid-19. Una de las consecuencias directas de la guerra en el bolsillo de los españoles es la elevada inflación, que terminó el mes de marzo en el 9,8%, la mayor tasa en casi cuatro décadas. En una entrevista con Antena 3, el presidente achacó esta gran subida a la guerra y la energía, el mensaje oficial que maneja el Gobierno desde que arrancó la por ahora imparable subida de todos los costes.

Tres o cuatro semanas, a lo sumo. Ese fue el plazo con el que contaba el Gobierno para que la Comisión Europea diera luz verde al plan energético presentado por España y Portugal para limitar el precio del gas en el mercado mayorista y que ese tope se viera reflejado en el coste de la electricidad. Pero el reloj sigue avanzando y, por ahora, no hay visos de que Bruselas vaya a autorizar esa medida en los próximos días. Aunque la idea es aparentemente sencilla, la letra pequeña de este tipo de documentos sigue dando vueltas por los despachos de la capital belga, donde se toman las grandes decisiones en materia comunitaria. El proceso necesita muchos «ajustes» normativos, indican fuentes cercanas a esa operación. Aunque se descartan «trabas», sí que hay que actualizar «aspectos técnicos» para no dejar un resquicio al gran temor que tiene la Comisión Europea: una distorsión en el mercado energético europeo. La teoría dice que las interconexiones de la península ibérica con el resto de Europa son mínimas, apenas un 3% del total, según los últimos datos de Red Eléctrica. Y esa autonomía eléctrica –la conocida ya como ‘excepción ibérica’– es la que permitiría habilitar un mercado doble: el puramente interior, para España y Portugal; y otro en el que se venda la luz al resto de Europa, aunque sea poca electricidad.

La especulación financiera se ha cebado con la luz. En la actualidad, casi la mitad del dinero que mueve el mercado mayorista de electricidad, o pool, no son contratos de compraventa para cada día (spot), sino a plazo, basados en especulación de precios a futuro y quinielas financieras. Así se desprende de los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el mercado mayorista de electricidad. La CNMC cifra ya en casi 12.000 millones al año los contratos a plazo, cerca de un 500% más en apenas un año. Periódicamente, a través del Boletín de Mercados a Plazo, la CNMC analiza las tripas económicas del pool. Este mercado está ahora en boca de todos, por la escalada de la luz. En el pool se fijan los precios de compraventa de electricidad entre generadores y comercializadores. Sirve luego de base para fijar los precios finales que pagan los usuarios. Desde hace un año, los mercados mayoristas sufren una volatilidad extrema. En toda la UE, pero especialmente en España. En los últimos meses, sobre todo a raíz de la tensión por el conflicto de Rusia contra Ucrania, los precios en el pool español se han disparado y han ido pulverizando todos los récord históricos.

El desarrollo del avión sin emisiones contaminantes figura entre los objetivos a medio plazo de la industria aeronáutica a nivel mundial, y se ha colado también entre las prioridades del Gobierno. En el Perte aeroespacial, aprobado recientemente por el Ejecutivo, se incluye un capítulo dedicado a la capacitación de la industria aeronáutica española como referente a largo plazo en el desarrollo del futuro avión de cero emisiones, tanto en lo referente a la descarbonización como a la emisión de otros contaminantes atmosféricos (como el NOx y los COV), y sus áreas tecnológicas. Esta capacitación se extiende a otras iniciativas que persiguen reducir el impacto medioambiental de la aeronáutica, mediante el fomento de I+D+i que aumente la eficiencia de las aeronaves y reduzca las emisiones contaminantes del transporte aéreo. En este capítulo, el Gobierno ha apartado una financiación pública de 160 millones de euros hasta 2025 (espera otros 162 millones de inversión privada directa), en donde se incluyen también fondos para demostradores de vehículos aéreos no tripulados (UAV, en inglés).

La automoción guipuzcoana es uno de los sectores que más ha sufrido (aún lo hace) las consecuencias de los catastróficos sucesos que han acontecido en los últimos tres años. Un sector que da de comer a cerca de 40.000 personas en Euskadi y que representa entre el 17 y el 20% del PIB vasco. Primero fue el Covid y las posteriores restricciones a la movilidad. Otra de las derivadas de la pandemia ha sido la escasez de microchips, que ha conllevado una crisis de producción y, en consecuencia, que los concesionarios hayan dispuesto de menos vehículos para su posterior comercialización, así como una demora de hasta ocho meses en la entrega de un turismo nuevo. Los plazos, sin embargo, se han reducido con el paso del tiempo, y la espera para recibir un coche en Gipuzkoa es ahora de cuatro meses. Por último, la guerra en Ucrania ha disparado el precio del aluminio y el paladio entre un 7 y un 15%, metales claves en la fabricación de vehículos, sin olvidarnos de los altos precios de los carburantes. En definitiva, una tormenta perfecta que se ha cebado con los concesionarios de Gipuzkoa. Los datos de ventas de vehículos en el territorio evidencian esta crisis en el sector. 

El Fondo alertó ayer de este riesgo en su informe Deuda privada y recuperación global de que la acumulación de deuda a lo largo de los últimos años podría llevar a una nueva crisis financiera, además de a un “crecimiento mediocre”, algo que afectaría especialmente a los países emergentes, debido a la trayectoria económica más débil observada en los últimos años y a la menor capacidad para apoyar a la economía. En conjunto, el FMI calcula que el exceso de deuda en las empresas y los hogares puede restar algo más de un punto al crecimiento global a lo largo de los próximos años. En concreto, los expertos del FMI Andrea Deghi, Fabio Natalucci y Mahvash Qureshi advierten del “riesgo de una crisis económica o financiera”, derivada de la acumulación de deuda privada en los últimos años. Además de este canal de transmisión de riesgos, los autores mencionan la desconfianza a los seguros de depósitos (que podrían llevar a una retirada apresurada de los depósitos) y una subida de los tipos de interés. Eso, a su vez, “limitaría la capacidad de los bancos para prestar a los hogares y otros clientes corporativos, frenando el crecimiento económico” en un futuro próximo. La institución dirigida por Kristalina Georgieva calcula que la deuda privada mundial aumentó en un 13% del PIB en 2020, lo que supone un ritmo de incremento más rápido que el aumento observado durante la crisis financiera mundial y casi tan rápido como el de la deuda pública. 

El 95% de la población está vacunada, los contagios caen por debajo de los 300 casos y las UCI tienen el menor número de críticos en dos años. A falta de conocer la letra pequeña del real decreto que aprobará hoy el Consejo de Ministros, el protector seguirá siendo un requisito en determinados ámbitos como los centros sanitarios, las residencias de mayores o el transporte público así como en las farmacias. Este paso llega con dudas en las empresas, ya que serán los servicios de prevención los que tomen la decisión sobre si sus empleados deberán seguir utilizándola en sus puestos de trabajo.

Será el decreto que se publique mañana en el Boletín Oficial del Estado el que establezca las condiciones que regularán el final de las mascarillas y de ese texto estarán pendientes instituciones y empresas. No obstante, el Gobierno central dejará en manos de los servicios de prevención de cada compañía esta decisión, en función de las condiciones en las que se desarrolle cada trabajo. No extraña, por tanto, que Mercedes Vitoria haya decidido mantenerla para sus 5.000 trabajadores. La planta de Mercedes en Vitoria, la principal industria de Euskadi con 5.000 trabajadores en plantilla, mantiene como «obligatorio el uso de la mascarilla en todo el recinto de la fábrica (exterior e interior)», según una comunicado interno remitido por la dirección a los empleados. «Es una medida lógica, tras la Semana Santa puede haber un repunte de contagios y en la cadena de montaje los operarios están muy cerca unos de otros», explican algunos trabajadores. Aunque en estos próximos días se reunirán responsables de prevención de riesgos laborales de la empresa y representantes sindicales para abordar la nueva situación derivada del decreto que se aprobará hoy. 

La economía de China, la segunda potencia del mundo, creció un 4,8% interanual en el primer trimestre de 2022, por encima de lo esperado por los analistas. El dato, sin embargo, no registra aún el efecto de la peor ola de covid en el país desde el inicio de la pandemia y de la guerra en Ucrania, que amenazan con dejarse sentir en los próximos meses. Los analistas habían calculado que en los tres primeros meses la expansión del PIB rondaría el 4,3%. Con respecto al trimestre anterior, la economía aumentó un 1,3%, según los datos que publicó ayer la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), frente a las previsiones de los expertos de un 0,6%. El Gobierno chino se ha fijado un objetivo de crecimiento para 2022 “en torno al 5,5%”, el más bajo en tres décadas. Los datos llegan mientras Shanghái, la capital financiera y hogar de 26 millones de personas, se encuentra bajo un estricto confinamiento que ha generado un fuerte descontento social. Aunque ya hay un plan de desconfinamiento, no hay fecha para aplicarlo, habida cuenta que la megalópolis registró ayer más de 22.000 nuevas infecciones. 

La gran artífice de que la economía rusa haya aguantado el primer embate de las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania, la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúllina, advirtió ayer ante los diputados de la Duma Estatal de que las reservas del país se acaban y la verdadera crisis llegará entre el segundo y el tercer trimestre de este año. Su aviso, tajante a la vez que medido palabra a palabra en una rara opinión crítica de un alto cargo en los últimos meses, fue rechazado por Vladímir Putin pocas horas después. “Rusia ha resistido una presión sin precedentes. La situación se está estabilizando”, afirmó el mandatario en una conferencia sobre la situación económica. Nabiúllina subrayó que la situación está lejos de normalizarse. “El periodo en el que la economía ha podido vivir de las reservas se ha terminado. Ya en el segundo trimestre o principios del tercero entraremos en una etapa de transformación estructural”, indicó la economista, cuyo mandato al frente del organismo monetario expiraba este año y será prorrogado cinco años más por decisión de Putin.

“Estoy seguro de que lo lograremos”, asegura el presidente Zelenski Solo han pasado dos meses desde que el país presentó su solicitud. Ucrania tiene prisa por entrar en la Unión Europea. Ya ha completado el cuestionario que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entregó en persona a presidente Volodímir Zelenski en la visita que hizo a Kiev hace poco menos de dos semanas, según anunció el Gobierno ucranio en una entrevista en una radio local. Pese a que las bombas rusas caen sobre el país y la ofensiva continúa, ambas partes, Bruselas y Kiev, continúan quemando etapas en el proceso de adhesión de la antigua república soviética a la UE a una velocidad inusitada en comparación con otros casos. “Hemos dado un paso más en el camino hacia la UE. El pueblo de Ucrania está unido para sentirse parte de Europa. Estoy seguro de que lo lograremos”, declaró ayer Zelenski. “En los tiempos extraordinarios se dan pasos extraordinarios a una velocidad extraordinaria”, declaró, el embajador de la UE en Kiev, Matti Maasikas, al recoger el documento. Ni siquiera han pasado dos meses desde que Ucrania envió su solicitud formal de adhesión a la UE, todo un reto para Bruselas en las actuales circunstancias.

Bilbao volverá a ser el 15 y 16 de junio la capital mundial de la ciencia, la tecnología y las artes. En coincidencia con su 722 aniversario, la ciudad acogerá por tercera vez la ceremonia de entrega de los Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, considerados antesala de los Nobel y que se encuentran entre los galardones de su tipo más prestigiosos. Los catorce científicos, pensadores y creadores premiados en su decimocuarta edición serán homenajeados el 15 de junio, día del cumpleaños de la villa, en un concierto que se celebrará en el Palacio Euskalduna, donde veinticuatro horas más tarde recogerán sus reconocimientos. Los Fronteras del Conocimiento recuperan así la normalidad después de un año de suspensión por la pandemia de los actos públicos (2020) y otro en el que se celebraron con limitaciones (2021). Las distinciones de la Fundación BBVA trasladaron en 2019 su sede permanente de Madrid a Bilbao, donde en septiembre pasado tuvo lugar una única fiesta de reconocimiento a los galardonados en las ediciones correspondientes a los dos años del coronavirus. Ahora, los premios vuelven a su mes de entrega habitual, junio, y a la presencialidad sin restricciones.

La repetición de curso debe ser algo excepcional, al margen del número de suspensos que tenga el alumno. Además, si existen dificultades contrastadas para seguir el ritmo de la clase, los centros deberán apostar antes por activar programas de refuerzo para evitar que el estudiante se quede atrás. Es la filosofía que rodea la última ley educativa estatal, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), que ha sido asumida en sus líneas maestras por Euskadi. La norma entró en vigor en enero de 2021 y está en fase de desarrollo, aunque algunos de sus principios ya se visibilizaron el curso pasado. Entre ellos el del tratamiento de los alumnos que no hayan demostrado haber adquirido los conocimientos y competencias mínimas exigidas. Las difíciles circunstancias que han marcado los dos últimos cursos desde que llegara el covid en febrero de 2020 han hecho que los profesores hayan sido más flexibles al exigir resultados al alumnado. La consecuencia es que el curso pasado el número de repetidores cayó a su mínimo histórico, en Euskadi y en toda España. No solo se redujo, sino que se puede hablar de desplome.