20220114

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Viernes, 14 de enero de 2022
Núm 1014/2022
Año XXXV

La patronal reclama a Urkullu soluciones para el caos de las bajas laborales por el covid (El Correo, Diario Vasco)

El comité ejecutivo de la patronal vasca, Confebask, transmitió ayer al lehendakari Urkullu su preocupación por la situación que se está generando y pidió a su Ejecutivo que haga lo posible para poner orden en este caos que, al menos en parte, depende de Osakidetza. La queja de la organización empresarial se produjo en el transcurso de un encuentro programado por Confebask con el Gobierno al que asistieron, además de Urkullu, la vicelehendakari y responsable de Trabajo, Idoia Mendia, y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Los representantes empresariales mostraron «su preocupación por el alto número de bajas laborales causadas por la sexta ola de la pandemia, así como la necesidad de actuar para tratar de agilizar lo máximo posible el proceso administrativo de altas. Por supuesto, siempre que la salud personal en cada uno de los casos y el asesoramiento científico lo avalen». Fuentes de la organización patronal señalaron que además de haberse disparado el número de bajas, se vive un auténtico desorden en la tramitación de las mismas. La casuística es muy amplia, apuntan, pero la saturación de los centros de Atención Primaria se sitúa como causa fundamental de esta situación. Junto a ello, añaden, se han registrado también numerosas incidencias informáticas –muy superiores a las habituales–, con bajas que han sido concedidas por los médicos de Osakidetza pero que se han perdido en alguna parte del procedimiento y que no figuran en el registro FIE de la Seguridad Social. Ver nota Confebask. 

Las claves de la baja por el coronavirus (El Correo)

La avalancha de contagios desatada por ómicron ha generado un caos en su gestión y retrasos en su tramitación. Está generando un sinfín de dudas y numerosos quebraderos de cabeza a las asesorías y departamentos de recursos humanos debido al continuo cambio de los protocolos. Así funciona el sistema. Tienen derecho a solicitar la baja quienes estén obligados a confinarse; es decir, quienes den positivo en Covid-19 o, quienes siendo contacto estrecho de un positivo, no tengan la pauta completa de vacunación. Osakidetza ha habilitado un formulario para que el trabajador que dé positivo en un test de antígenos de farmacia pueda iniciar la tramitación con el fin de evitar saturar aún más los centros de atención primaria. No obstante, para conseguir la baja es necesario que el test esté certificado por Osakidetza, con lo que se requiere hacer una prueba oficial. Ese es al menos el protocolo que transmiten desde el Sistema Vasco de Salud. Otra cosa es que, en la práctica, se puedan aceptar esos antígenos no oficiales ante el retraso tremendo en los test oficiales...

2021 termina con 58.145 empresas en Euskadi, 623 más que hace un año, pero sin llegar todavía al registro prepandemia

El balance final de 2021 indica que el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social alcanzó la cifra de 58.145. Son 623 más que en el ejercicio anterior, pero, aun así, sin llegar todavía al registro prepandemia (febrero 2020), cuando había inscritas en Euskadi casi 59.000 firmas. En este pasado mes de diciembre, Euskadi registraba 748 empresas menos, (-1,3%) que entonces. Desde el mínimo marcado en abril de 2020, se ha recuperado un 64% del total de firmas perdidas. En comparación con lo ocurrido en el conjunto del Estado, la evolución en Euskadi registra datos ligeramente peores. Y finalmente, y con los últimos datos oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2021, el número de empresas vascas concursadas fue de 47, un 29,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Se trata de la primera caída interanual tras cuatro trimestres consecutivos de ascensos, si bien en el conjunto de los nueve primeros meses del año el número de empresas concursadas creció un 14,8%. Ver más en Confebask. 

La prevalencia de los convenios vascos y la realidad de nuestra negociación colectiva (por Fco Javier Azpiazu, Deia)

Artículo del secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu: "...Ante el debate suscitado por algunos partidos políticos y sindicatos vascos sobre si el marco de negociación colectiva vasca está protegido...considero que sí está suficientemente protegido, teniendo en cuenta que la normativa actual permite, en el ámbito de una comunidad autónoma, negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal, además de que disponemos del acuerdo interprofesional citado anteriormente...La negociación colectiva se sigue entendiendo desde el lado sindical en Euskadi como un medio para limitar la aplicación de la legislación vigente desde 2012 y constreñir la capacidad de la empresa para tomar decisiones que le permitan una mejor gestión y respuesta a sus escenarios de competencia con los que convive a diario.  Incluso en no pocas ocasiones, se ha optado por bloquear la negociación sectorial, con el fin de forzar acuerdos de empresa, lo que desde el año 2012 se ha demostrado claramente insuficiente para dar cobertura general a empresas y trabajadores/as...En 2022 y en Bizkaia, prácticamente el 80% de los/las trabajadores/as inician el año con el convenio sin renovar. Algunos convenios como el de Estaciones de Servicio o el de Comercio en General, llevan 2 y 3 años de negociación respectivamente. El último convenio sectorial en firmarse el pasado diciembre fue el de Comercio de Alimentación con un retraso de tres años. ¿De qué nos sirve un acuerdo autonómico interprofesional que otorgue prioridad a lo negociado provincialmente si luego no somos capaces de acordar?..."

Las empresas de Gipuzkoa piden ayuda para afrontar el desafío de la descarbonización (Diario Vasco)

Con la colaboración público-privada como gran ‘leit motiv’, Adegi y el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral, en busca de una hoja de ruta compartida para el territorio, celebraron ayer una jornada «con el objetivo de aunar estrategias para descarbonizar y modernizar la industria». Una cita que sirvió para que las propias empresas del territorio reclamaran (sin paños calientes) apoyo de las Administraciones para afontar un aluvión de normas y exigencias que en muchos casos, sobre todo en las pymes más pequeñas, se pueden convertir en una montaña muy difícil de escalar. Al presentar la jornada, el diputado responsable de la materia, José Ignacio Asensio, y el director general adjunto de Adegi, Paul Liceaga, subrayaron que el salto en el territorio a la una economía cada vez más ‘verde’ ha de afrontarse «en términos de oportunidad». Asensio recogió rápido el guante del colectivo empresarial y comprometió «el apoyo y el acompañamiento de la Diputación» en ese camino. «Iremos de la mano», aseguró, y recordó también que Gipuzkoa lleva cierto adelanto en cuestión de normativa y estrategia medioambientales.

Las empresas pasan a pagar más impuestos verdes que las familias (Expansión)

La fiscalidad medioambiental es sin duda uno de los campos tributarios que más protagonismo viene cobrando en los últimos tiempos y al que se fía buena parte de la remodelación de los marcos impositivos internacionales en el futuro por su capacidad de contribuir en la lucha contra el cambio climático y de aportar a la vez nuevas fuentes de ingresos. En España, la fiscalidad verde está aún lejos de alcanzar el peso relativo que tiene ya en la Unión Europea, si bien la pandemia ha provocado un inesperado cambio en el reparto tradicional de su carga: por primera vez las empresas han pasado a costear una mayor parte de la tributación medioambiental que las familias. Así lo ha detectado en una reciente investigación BBVA Research, que publicará hoy el informe Fiscalidad medioambiental en España, con las principales conclusiones de su estudio. El documento detalla que en 2020, “por primera vez” en toda la serie de registros iniciada en 2008, “los impuestos ambientales se concentraron en mayor proporción en los sectores productivos (53%) que en los hogares (47%), intercambiando ambos los pesos de 2019”. El vuelco, explica, se produce en el marco de las restricciones derivadas de la lucha contra la pandemia y responde fundamentalmente a los cambios en el consumo de la era Covid. 

Gestamp y CIE amplían sus ERTE a verano por la crisis de los chips (El Correo)

Al igual que están haciendo fabricantes como Mercedes, los dos grupos de automoción han tenido que negociar nuevos expedientes. Los grandes fabricantes de vehículos como Mercedes siguen acusando los problemas de escasez de semiconductores, lo que arrastra a la cadena de suministro, con proveedores como Gestamp o CIE Automotive en primera línea. Por esta razón, las dos multinacionales vascas se han visto obligadas a ampliar los ERTE hasta el verano en sus respectivas plantas de Abadiño. En el caso de Gestamp, el motivo de esta decisión está muy ligada al ERTE que ha anunciado Mercedes-Vitoria, que es su principal cliente, con una cuota del 70%. El fabricante alemán está negociando un nuevo expediente debido a que augura que la escasez de suministros se alargará varios meses, incluso hasta después del verano. Será el tercero que se aplicará en la planta, la más importante de Euskadi, con alrededor de 5.000 trabajadores. Habrá que ver cómo afecta a su estimación de producir 158.219 vehículos este año, un 17% más.

Sindicatos de Sidenor exigen reducir los precios energéticos (El Correo)

Los sindicatos CC OO, UGT y USO en la empresa siderúrgica vasca Sidenor han exigido al Gobierno y al conjunto de las administraciones públicas que adopten medidas para evitar lo que califican como «un riesgo para la actividad industrial», ante el aumento «desbocado de los precios de la energía». Como ya es conocido, Sidenor y el resto de las industrias electrointensivas de España atraviesan importantes dificultades en estos momentos como consecuencia del alza de precios en el sector de la energía. Un problema que afecta a los costes de la electricidad y también a los del gas, materia prima que es decisiva en muchos procesos industriales. Los tres sindicatos transmitieron ayer en un comunicado su llamamiento al Ejecutivo para que adopte decisiones rápidas que impidan un mayor deterioro de la situación. Así, recordaron que los costes de la energía eléctrica se han disparado desde los 45 euros por megavatio en 2019 a cifras cercanas a los 300 euros. 

La patronal italiana pide a Draghi que rebaje el recibo energético (El Mundo)

La patronal italiana pidió ayer al Gobierno de Mario Draghi que rebaje aún más el recibo energético y evite que, sobre todo las pymes, interrumpan su producción o la trasladen a otros lugares con menor coste, mientras los partidos de la coalición apostaron por gravar los beneficios extra de las eléctricas. El ministro de Desarrollo Económico y miembro de la ultraderechista Liga, Giancarlo Giorgetti, lanzó el pasado miércoles la propuesta de que Italia siga el ejemplo de España y reduzca los beneficios que obtienen las centrales eléctricas que no emiten carbono por cobrar en el mercado marginalista el mismo precio que las que sí emiten. Una mayor fiscalidad sobre estos beneficios generaría recursos que el Estado destinaría a bonos para familias vulnerables. Maurizio Marchesini, de la patronal italiana, Confindustria, subrayó que «el choque energético es un problema para todas las cadenas de suministro» y existe el riesgo de que las empresas «frenen su producción o la trasladen a otros lugares».

El diputado general de Araba dice que «no se desarrollarán» los planes hidroeléctricos en Vitoria y Badaya (El Correo Araba)

Las dos plantas hidroeléctricas de bombeo que la empresa Atalaya Generación proyecta en Vitoria y la Sierra de Badaya para almacenar energía no se desarrollarán. Pese a que la declaración de impacto ambiental corresponde al Ministerio de Transición Ecológica, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró ayer que estos complejos sistemas de tuberías y estanques «no se desarrollarán», ya que van «en contra del criterio» que mantienen las administraciones locales. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco –que dirige la consejera Arantxa Tapia– ya había transmitido que «no le gustan» este tipo de iniciativas, pero el máximo mandatario foral decidió ir un paso más allá y confesó su «clarísima» oposición. Es más, desdeñó los proyectos de Atalaya Generación catalogándolos como meras «ideas». Lo cierto es que esta empresa con sede en Zaragoza está procediendo a registrar una veintena de alternativas para instalar estas centrales, dos de las cuales afectan directamente a Álava. «Esta iniciativa no responde a la necesidad de nuestro territorio histórico», insistió González tras conocer que se pretenden colocar dos grandes ‘baterías’ de 25 gigavatios horas que aprovecharán la geografía de Badaya y podrían cubrir la demanda de más de 10.000 hogares.

Garamendi busca un pacto nacional para evitar fuertes subidas salariales (Expansión)

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, quiere resucitar el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) con los sindicatos CCOO y UGT. Garamendi explica que busca un pacto de contención salarial para evitar varios problemas a las empresas y a la economía en general: en primer lugar, la posibilidad de que se produzca lo que llama “un destope de los salarios. Es decir, un incremento acelerado de las retribuciones de los trabajadores, con la recuperación de las cláusulas de revisión, que reclaman CCOO y UGT . Muchos empresarios prefieren que un pacto interconfederal con los sindicatos acote una horquilla salarial, que sirva de referencia para la negociación colectiva, por el compromiso de las respectivas confederaciones empresariales y sindicales. De otra manera, puede producirse una situación de gran conflictividad en los convenios, con las demandas de los comités de empresa disparadas. En segundo lugar, y como consecuencia de esta premisa, el presidente de la CEOE teme que se convierta en estructural el actual crecimiento exponencial de la inflación. Más allá de la actual situación coyuntural. Es decir que el incremento de los salarios alimente la subida de los precios, y viceversa.

Las constructoras sufren sobrecostes de 10.000 millones en la obra pública (Expansión)

El desorbitado encarecimiento de las materias primas y los problemas de abastecimiento han sumido al sector de la construcción en una lucha contra los elementos cuyo impacto económico es cada vez mayor, con retrasos en la ejecución de obras públicas, paralizaciones de proyectos e incluso cancelaciones puntuales de contratos. Entre abril de 2020 y finales de diciembre pasado, materiales esenciales para la construcción vieron dispararse sus precios, impactando como una batería de misiles sobre los presupuestos de la obra pública. Así, la madera se ha encarecido un 259%, el acero un 115%, el aluminio un 90% y el cobre más de un 85%, a lo que se suma la escalada del petróleo, que subió más de un 200% en ese periodo. El resultado es que la factura de esa espiral inflacionista asciende ya a “más de 10.000 millones de sobrecostes en la obra pública” desde abril de 2020, según los cálculos realizados por el ingeniero de caminos Pedro Luis Santos, director gerente de la consultora Incap. Si se tiene en cuenta que la inversión nacional en obra pública (incluyendo las licitaciones del Estado, las CCAA y los ayuntamientos) asciende a unos 32.300 millones de euros desde abril del año pasado y que los materiales pesan entre un 25% y un tercio en los costes de los proyectos, “la subida de los precios ha supuesto un encarecimiento superior al 30%” de las obras, señala el experto, quien subraya que es el sector constructor el que está cargando sobre sus espaldas esa pesada mochila adicional y advierte de que “hasta que el Estado no decida alguna fórmula de compensación, esta cifra se irá agrandando”.

IMQ presenta una querella penal contra la dirección del Montepío (El Correo)

Las ramificaciones judiciales en el conflicto generado en el seno de IMQ, la mayor aseguradora de salud del País Vasco, no dejan de florecer. Ahora ha sido IMQ seguros, la principal compañía del grupo y la que genera buena parte de sus recursos económicos, la que ha decidido dar un paso, aunque por la vía penal. La sociedad ha presentado una querella contra los máximos responsables del Montepío, el presidente en funciones y el director general. IMQ es ‘socio protector’ del Montepío, entidad que gestiona los planes de pensiones de los médicos y algunos empleados del grupo. La última asamblea del Montepío, celebrada el pasado mes de julio, elevó la tensión y terminó con acusaciones de «pucherazo». Según IMQ, sectores contrarios a la apertura de la aseguradora a socios externos manipularon la asamblea del Montepío –con la anulación «injustificada» de varias decenas de delegaciones de voto–, para perpetuarse en los órganos de gestión. 

Santander, CaixaBank y BBVA lideran el préstamo a grandes empresas (Expansión)

Santander, CaixaBank y BBVA se han impuesto a los grandes bancos internacionales en las preferencias de las empresas y han ganado los tres puestos del podio de principales prestamistas de 2021. Y no ha sido por poco: entre los tres han participado en créditos sindicados por una cuantía superior a la de los otros siete bancos del top 10 juntos. Así lo atestiguan los dos principales ránkings que miden la actividad en préstamos sindicados en España, el de Dealogic y el de Bloomberg. Y es sobre todo gracias a Santander. El banco ha participado como máximo director o book-runner en casi un centenar de los 154 grandes créditos sindicados que se firmaron el año pasado y eso le da un volumen atribuido de 8.695 millones de euros, cuatro veces más que BNP Paribas, el cuarto de la lista y primer banco extranjero que aparece en la clasificación de Dealogic. A bastante distancia de Santander está CaixaBank, con 4.697 millones de euros y 39 operaciones. Más ha hecho BBVA (casi 60), pero han sido de menor tamaño y su volumen total es inferior (3.413 millones de euros).

Sánchez promete movilizar 17.000 millones de la ayuda europea este semestre (Expansión, El País)

“Hoy los fondos europeos son la base de la nueva gran modernización económica de España”, aseveró, anunciando que el Gobierno tiene previsto promover 150 convocatorias de proyectos este mismo semestre con los que inyectar al tejido productivo 17.000 millones de euros de la ayuda comunitaria para la recuperación de la crisis del Covid. La cifra comprometida supondría todo un hito y equivaldría a cumplir el objetivo que se ha marcado el Gobierno de alcanzar la velocidad crucero en la ejecución de los fondos europeos. Hasta la fecha, España ha ingresado un anticipo de 9.000 millones y un primer pago ligado al cumplimiento de objetivos de 10.000 millones, pero avanzó 24.000 millones vía Presupuestos para el ejercicio 2021 de los que llegó a autorizar el uso del 91%: 22.124 millones. Al cierre del año, el Ejecutivo había firmado compromisos concretos sobre el 87% de dicha cuantía y contaba con obligaciones reconocidas por el 83%, 19.995 millones que ya pueden considerarse movilizados plenamente pese a que el desembolso efectivo solo alcanza al 45% del total (11.000 millones). 

El Gobierno defiende la ley antiopa frente a los inversores extranjeros (El Mundo)

Los inversores extranjeros que asistieron ayer al Spain Investors Day dejaron claro que sus preocupaciones sobre España tienen que ver con la reforma laboral, el impacto de los precios de la energía en la recuperación, las dudas sobre los pronósticos para el crecimiento de la economía y el escudo antiopas que limita su actividad en el mercado empresarial español. Ante esta última duda, Calviño se afanó en defender una ley que entró en vigor durante la primera semana del Estado de alarma en España y que buscaba proteger a las empresas estratégicas del país en plena debacle bursátil, aunque eso suponga limitar la actividad de los inversores procedentes del exterior. Se trata de una ley «muy equilibrada», respondió la vicepresidenta ante la primera cuestión de los inversores, que «no genera incertidumbres ni dudas legales» y que «las compañías que se han sometido a este proceso han podido apreciar que éste es muy claro, transparente y con un enfoque justo por parte del Gobierno». «Otros países también han establecido procesos para proteger sectores estratégicos [...] Hemos sido capaces de tener buenas negociaciones en aquellas operaciones que han podido ser más sensibles», añadió.

El Gobierno plantea nuevas cuotas para los autónomos de 183 a 1.266 euros (El Correo, Diario Vasco, El País, Cinco Días)

El Ministerio de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa su nueva propuesta para cambiar el sistema de cotización de los autónomos y que las cuotas mensuales vayan en función de sus ingresos. Se trata de un cálculo diferente al actual, por el que cada trabajador por cuenta propia elije su cotización. La idea planteada por Escrivá establece un pago mensual mínimo, que partiría de los 183 euros, a uno máximo que alcanzaría los 1.266. Este es el esquema presentado por el Gobierno a los agentes sociales en la primera reunión mantenida para abordar el cambio en las cotizaciones de un colectivo que abarca a más de tres millones de profesionales. El texto plantea trece tramos de cotización que van desde algo menos de 600 euros al mes hasta más de 4.050 euros. De esas bases resultan las cuotas finales de los autónomos entre 183 y 1.266 euros, aproximadamente, en ambos extremos. Además, Seguridad Social abre la puerta a que cada cotizante pueda cambiar hasta seis veces al año su cuota para adaptarse a las circunstancias.

Más de 8,4 millones de empleados deben tener plan de igualdad desde marzo (Cinco Días)

El próximo 7 de marzo concluye el periodo transitorio que dio la ley para que todas las empresas de más de 50 trabajadores cuenten con un plan de igualdad. En España había al cierre de 2021 algo más de 1,4 millones de empresas y de ellas 30.056 tenían más de 50 trabajadores (el 2%) pero en ellas trabajan 8,4 millones de asalariados (el 58%). Son estas compañías las que están obligadas por ley a tener un plan de igualdad en menos de dos meses. El Real Decreto 901/2020 precisa el contenido mínimo que deben tener dichos planes. Debido al periodo transitorio de la ley, este último año han sido las empresas de entre 100 y 50 trabajadores las que han tenido que negociar obligatoriamente estos planes. Por esta obligación, en las empresas donde no hay representación sindical, la empresa debe avisar a los sindicatos más representativos del sector de su actividad para negociar con ellos. Si bien, “el hecho de que muchas empresas, de menor tamaño, estén dejando para el final esta negociación está causando muchos problemas porque pese a que los sindicatos tienen la habilitación normativa para negociar, no tienen los medios, debido a la alta demanda de negociadores”. 

El turismo prevé superar los 135.000 millones, el 87% del nivel pre-Covid (Expansión)

La explosión de contagios sin precedentes provocada por la variante Ómicron, que está obstaculizando la actividad económica y ha disparado las bajas laborales, no ha enfriado el optimismo en el sector turístico, que confía en que 2022 sea definitivamente el año de su despegue. Pese a un arranque de año “malo e incierto” por esta variante del virus, Exceltur confía en que a partir de abril se haya superado el “bache” de Ómicron, que desde mediados de noviembre ha supuesto “un súbito parón de 10 puntos en las ventas de las empresas turísticas”, y el sector remonte de nuevo el vuelo, hasta llevar la actividad turística a los 135.465 millones de euros, 41.000 millones más que en 2021 pero aún 19.000 millones por debajo de las cifras pre-Covid. Así lo refleja el informe presentado ayer por Exceltur, en el que la alianza turística, que agrupa a los mayores grupos empresariales vinculados con el sector (Meliá, NH, Hesperia, Riu, Amadeus, Logitravel, Renfe o Iberia, entre otros) hizo balance del ejercicio 2021 y anticipó sus perspectivas para 2022. Sus estimaciones reflejan la esperanza de una fuerte mejora respecto a 2021, cuando el PIB turístico ascendió hasta los 88.546 millones, 36.039 millones más que en el aciago 2020. 

El virus da señales de alivio en Euskadi, pero mantiene la tensión en los hospitales (El Correo)

La sexta ola ha comenzado a ofrecer su primer signo de frenada en Euskadi. La curva de incidencia a 14 días ha caído por primera vez en tres meses y los contagios computados en la última semana –71.634– suponen un 11,5% menos que en los siete días precedentes. Datos en principio positivos pero que conviene observar con cautela, ya que la menor actividad diagnóstica impide obtener una fotografía completa de la pandemia. Por primera vez, en pleno pico de una onda epidémica se han dejado de hacer test de manera generalizada, un nuevo escenario que implica que la incidencia a 14 días, hasta ahora la principal vara de medir el comportamiento del patógeno, resulte menos fiable y hace que los datos de ocupación de los hospitales pasen a ser la referencia. Los últimos cambios en la estrategia de vigilancia y seguimiento de los casos de Osakidetza para desatascar la Atención Primaria han supuesto ya un descenso del 20% en el volumen de pruebas prácticas en la última semana en comparación con la anterior.