20220321

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Lunes, 21 de marzo de 2022
Núm 1079/2022
Año XXXV

La huelga del transporte pone a prueba la resistencia de la alimentación y la industria (Diario Vasco)

La patronal vasca Confebask ha advertido de que la situación es de mucha gravedad, asegurando que la huelga del transporte, unida al conflicto en Ucrania y la inflación puede llevar a la economía a un punto de «muy complicado retorno». Ayer, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, desveló una carta dirigida el viernes a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, en la que le urgía a tomar «medidas de urgencia». «Esperar puede generar un escenario insostenible», añadía la misiva. Al tiempo, Tapia desvelaba (sin dar detalles) que el Gobierno Vasco aprobará mañana «herramientas de financiación» para intentar contrarrestar la situación. Como es lógico, los transportistas de Hiru han hecho lo propio con el gabinete de Iñigo Urkkullu y con las patronales vascas, a los que les piden que entren en juego y, dentro de su ámbito de actuación, tomen medidas. Los problemas de escasez han empezado a golpear a algunas industrias de Euskadi, provocando incluso paros parciales en las fábricas –como ha sido el caso de Arcelor Mittal Olaberria, CAF, Michelin Lasarte o Papresa–, mientras los principales supermercados del País Vasco resisten por ahora gracias a la cercanía de sus plataformas logísticas, aunque declaran notar ya la ausencia de algunos alimentos frescos. Lo peor se espera a partir de hoy.

El Gobierno trata de apaciguar el malestar de Argelia para salvar el suministro de gas (El Correo, Expansión)

La diplomacia española se enfrenta a la segunda parte del «plan»: apaciguar el «esperado» enfado de Argelia, que, tras el volantazo de la posición española, llamó el sábado a consultas a su embajador en Madrid, Said Musi. Esta decisión no ha provocado, ni mucho menos, un terremoto ni en Moncloa ni en Exteriores. En el Gobierno reconocen que no sabían cuál iba a ser la «reacción exacta» del Ejecutivo de Argel a la determinación de Pedro Sánchez de reconocer de ‘facto’ la autoridad de Rabat sobre el Sáhara Occidental, pero sí que contaban con una «respuesta contundente» del Gobierno de Abdelmayid Tebune. «Todo está en el guion», apuntaban ayer fuentes diplomáticas. Sin sorpresas tampoco –apuntan en el entorno de la cancillería española– en el desmentido de la diplomacia argelina al Gobierno español ayer, insistiendo en que Madrid no avisó por ningún conducto a Argel de que el viernes el Ejecutivo de Sánchez iba a bendecir el plan marroquí de autonomía para el Sáhara. «Se trata evidentemente de una mentira envuelta en una ambigüedad intencionada para intentar calmar las legítimas preocupaciones planteadas por la clase política española», aseguraron ayer las fuentes diplomáticas argelinas consultadas por el portal de noticias nacional Tout sur L’Algerie (TSA), que insistieron en que «en ningún momento se informó a las autoridades argelinas de este vil regateo». 

Moncloa camina retrasada en las ayudas por la inflación frente a los países de la UE (Expansión)

Los altos precios de la electricidad y de los combustibles en general, unidos a los de otras materias primas, han colocado la inflación en el mundo desarrollado (especialmente Estados Unidos y Europa, con el consiguiente efecto en España) en niveles que no se conocían desde hace varias décadas. Ante este situación el Gobierno español ha anunciado que el próximo día 29 aprobará una serie de medidas, no concretadas hasta ahora que trata de consensuar con el resto de las fuerzas políticas. Pedro Sánchez ha declarado que el alcance de las mismas dependerá de lo que se decida en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 dando a entender que no se puede hacer nada previamente. Sin embargo, otros países de la Unión Europea, o han adoptado medidas que ya están en vigor o las han concretado poniendo como fecha de puesta en marcha para el primero de abril. No está claro por qué en España no puede hacerse igual. No deja de sorprender que desde el Gobierno se señale que las medidas se adoptarán dependiendo de lo que se decida en Bruselas esta semana, pero que en todo caso se pondrán en marcha si la Unión Europea no las aprueba y sin embargo se diga que no pueden tomarse ahora cuando otros países lo han hecho ya.

Así se ha convertido la luz, el gas y la gasolina en un mercado persa (Expansión)

Los mercados energéticos llevan alterados desde el Covid. La pandemia hundió la economía, la demanda energética y los precios. Tal día como hoy, hace dos años, el megavatio hora en España estaba a 25 euros, una décima parte que ahora. Entonces los usuarios no se quejaban de tener la luz tirada de precio. No se lamentaban porque las eléctricas hundieran su cuenta de resultados o las petroleras entraran en pérdidas multimillonarias. Tras superar el primer impacto del Covid vino el despegue económico, sobre todo de China, que empezó a devorar gas para sus centrales y fábricas, disparando el precio de esa materia prima. Metaneros que iban destinados a España, literalmente se daban la vuelta y ponían rumbo a China, porque pagaba el doble. Comenzó el vértigo y la escalada sin fin en los precios. Todos empezaron a echar balones fuera. La UE: “Es el gas lo que encarece la luz, por China, y no los derechos de C02 que cobran los gobiernos; además es un problema temporal, que en marzo de 2022 estará resuelto”. Las eléctricas: “Son las gasistas las que más ganan, no nosotras”. Las gasistas: “¿Y las nucleares y las renovables cuánto están cobrando?”.

Metales, abonos y productos químicos, los otros perjudicados por la guerra en Ucrania (Cinco Días)

La relación comercial entre España y Rusia es mínima si se compara con otros Estados europeos. A nivel comunitario, en 2020 el país fue el undécimo suministrador de Moscú y el décimo cliente, según la Secretaría de Estado de Comercio. En ese año, las exportaciones españolas fueron mayoritariamente de maquinaria y aparatos mecánicos (17,1% del total), seguido por las prendas de vestir que no son de punto (11,2%) y vehículos (9,1%). En cuanto a lo que demanda Madrid de Rusia, los datos del Instituto de Comercio Exterior (Icex) revelan que en el primer año de pandemia los combustibles representaron el 75,5% del total de importaciones, seguidos de fundición de hierro y acero (5,9%) y productos químicos (2,2%). La balanza comercial arroja un déficit para España a causa de la adquisición de hidrocarburos. En 2020 la tasa de cobertura fue del 72,86%, por lo que hubo un saldo en contra de 698 millones.

El difícil equilibrio para subir salarios con la inflación (El País)

La situación ha obligado a que Gobierno y agentes sociales afronten una revisión de los sueldos por el encarecimiento desorbitado de las energías a través de dos vías distintas, pero que comparten un mismo destino. De un lado, se dirime el Pacto de Rentas promovido por el Ejecutivo con sindicatos y patronales, que hoy volverán a reunirse; y del otro, la definición del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), entre representantes de trabajadores y empresarios. Lo acordado en uno tendrá repercusión en el otro. En la negociación del AENC se trabaja, principalmente, en la delimitación de un marco que proyecte el aumento de los salarios tomando como referencia la inflación, con el objetivo de encontrar la medida exacta. El Pacto de Rentas, en cambio, tiene una dimensión mayor y podría recoger otras medidas, aunque su despliegue total todavía no está definido por el Gobierno. Entre las que se barajan, están fijar un tope en el precio de la electricidad, entregar ayudas como bonos energéticos, crear apoyos a la industria, emplear los nuevos ERTE para sectores perjudicados e, incluso, moderar las subidas de los alquileres de las viviendas. Sin embargo, la esencia del pacto se concentra en el acuerdo de negociación colectiva que firmen para los próximos años sindicatos y patronales.

La subida del SMI se llevó 161.000 empleos (El Mundo)

La patronal de la pequeña y mediana empresa en España (Cepyme) calcula que la subida continuada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que acumula un incremento del 52,6% desde 2016 al pasar de 655 a 1.000 euros, ha impedido que se crearan 161.000 empleos en el país y comprometerá la creación de decenas de miles de puestos este año. Así se desprende del estudio Repercusión de la subida del SMI en la pyme española, publicado este lunes, en el que lamentan que la última subida de este indicador hasta los 1.000 euros «no se ajusta al contexto económico y resulta especialmente gravosa para las pequeñas empresas, poniendo en riesgo decenas de miles de empleos». Señalan que la subida del SMI en España ha sido muy superior a la que se ha producido en otros países europeos. «En ninguno de los grandes países de la Unión Europea el salario mínimo ha subido tanto como en España: 52,6% desde 2016, frente a menos de 15% en Alemania, Francia y Holanda, por ejemplo. Sólo en 5 países de la UE el SMI supera el 50% del salario promedio», apuntan. El SMI de 1.000 euros en catorce pagas (equivalente a 1.167 en doce pagas mensuales) sitúa a España como el sexto país con un SMI más alto de la Eurozona. 

El salario mínimo supera ya el 60% de la retribución media en doce autonomías (Expansión)

En doce de las 17 comunidades autónomas, el SMI que fija el Gobierno para toda España supera ya el 60% del salario medio regional. En algún caso, como Islas Canarias o Extremadura, la renta supera el 73% y el 70% del salario medio, respectivamente. Esto se debe a que ambas comunidades autónomas tienen los salarios más bajos de España, porque tienen sectores como el turismo, en el caso de Canarias, o la agricultura, en el caso de Extremadura, que pesan mucho en su economía, según un informe de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, sobre la repercusión de la subida de esta renta en estas sociedades; que es tanto como decir en el 99% del tejido productivo español. En sentido contrario, las comunidades donde el Salario Mínimo Interprofesional no llega a suponer el 60% de su salario medio son las más ricas, con una actividad mas diversificada, y con más peso industrial. Por lo tanto, con los salarios más altos. Como se aprecia en el mapa de esta página, éstas son Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Asturias. El SMI, que afecta a dos millones de trabajadores en toda España, es este año de 1.000 euros mensuales, y de 14.000 euros anuales, si se multiplica la primera cantidad por las catorce pagas habituales en las empresas.

BIC Gipuzkoa estrena nueva sede con 6.000 m2 en Miramón (Diario Vasco)

Consagrado como indiscutible referente del emprendimiento en el territorio, estrena hoy en Donostia 6.000 metros cuadrados en el edificio Tándem, en el parque de Miramón. La institución, que nació allá por 1993, ha sido desde el primer momento un vivero de nuevas compañías y un lugar en el que los emprendedores –concepto que puede resultar ‘moderno’ pero que alude a soñadores que ya existían entonces– han encontrado, sobre todo, acompañamiento. Acompañamiento en un momento, el de concebir, diseñar, armar y alumbrar un proyecto y convertirlo en empresa, en el que todo es complicado. BIC Gipuzkoa inaugura mañana de manera oficial su nueva sede, en el edificio Tandem del Parque Científico y Tecnológico de Miramón, en Donostia (el antiguo edificio Ikusi). DV ya la ha visitado. Se trata de 6.000 metros cuadrados en los que literalmente ‘viven’ (las puertas están abiertas permanentemente) decenas de jóvenes empresas y cientos de emprendedores.

El campo exige un plan de choque urgente al Gobierno tras una movilización histórica (El Correo, El Mundo, El País, Cinco Días, Expansión)

Fue un grito de auxilio en una manifestación sin precedentes. Decenas de miles de personas –150.000, según las primeras estimaciones de Delegación y 400.000 según los convocantes– inundaron ayer el centro de Madrid en la que fue la mayor protesta del mundo rural de la historia de España. Una marea de gentes de lo más ecléctica. Personas de muy variada clase social pero con un denominador común: su orgullo de ser de campo. Esa muchedumbre movilizada por la plataforma ‘20MRural’ tomó el corazón de la capital de España para reclamar de los poderes públicos y de la ciudadanía ayuda –que no «caridad» ni «limosnas»– para poder seguir con su modo de vida. Fue una marcha ruidosa, pero no festiva, porque la zozobra por un futuro más que incierto lo copó todo. Los gritos contra el Gobierno, que fueron muchos, también se mezclaron con peticiones desesperadas. Un «SOS» para no dejar «morir el mundo rural», «asfixiado» desde hace años en algunos casos, y meses en otros, por el aumento del coste de los carburantes, de la electricidad, de las materias primas y por la sequía. También en las últimas semanas y días por el incremento de precios del cereal para las bestias por la invasión de Ucrania y la huelga de los transportistas, que impide sacar a los mercados la producción del mundo rural.

La bajada de impuestos y los contratos temporales, principales exigencias (El Correo)

El campo se ha unido de una forma nunca antes vista para defender sus derechos y exigir su protagonismo en la agenda política. Pese a ser nueve organizaciones de ámbitos del mundo rural muy diferentes, se han puesto de acuerdo en un mismo manifiesto con 20 puntos en los que reflejan su malestar con las políticas del Gobierno. Ante todo, exigen «respeto» a un sector que ocupa el 84% del territorio nacional y que es el «verdadero guardián del medio ambiente» y de lucha contra la despoblación. Entre sus demandas: plan de choque ante el incremento de los costes de producción agrarios y aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria para garantizar que los precios cubren los costes de producción; condiciones de contratación que permitan la temporalidad y estacionalidad intrínsecas del sector agrario; y reducción de las tarifas eléctricas, aplicación de la doble potencia e IVA reducido para suministros de riego.

“Las sanciones a empresarios rusos fuera de Rusia no tienen sentido” (Expansión)

Cuando un empresario al que hace apenas dos semanas se le atribuía una fortuna de más de 14.000 millones de dólares te responde a través de WhatsApp desde Londres para ahorrar dinero en la conferencia deduces el alcance de lo que está ocurriendo. Es Mikhail Fridman, dueño de Dia, la cuarta cadena de supermercados en España, y uno de los inversores rusos a los que Reino Unido y la Unión Europea (UE) han puesto en la lista negra. Es uno de los empresarios sancionados como parte de las medidas contra el régimen de Vladímir Putin por la guerra que ha desencadenado Rusia al invadir Ucrania. "Las sanciones son un cambio dramático en mi vida; se me arrebata de golpe lo que construí durante treinta años...Yo y mis socios de LetterOne estamos en contra de la guerra, el conflicto debe parar ya, inmediatamente”. 

Ultimátum de Rusia a Ucrania para que entregue ya Mariupol (El País)

Las fuerzas de Vladímir Putin se aplicaron ayer con ferocidad contra objetivos civiles y reforzaron el asedio a la ciudad portuaria de Mariupol, pieza clave para Rusia. El Ministerio de Defensa ruso dio un ultimátum de apenas unas horas, hasta este lunes por la mañana, a las fuerzas ucranias para que se rindan y entreguen el control completo de la ciudad. 24.000 personas han logrado salir de la ratonera en la que se ha convertido Mariupol —400.000 censados antes de esta guerra—, que lleva semanas estrangulada, bombardeada, sin agua, luz, gas o calefacción, donde escasean los alimentos y los fármacos. Los ataques son constantes. Una escuela de arte, en el este de la urbe, donde se escondían unas 400 personas, sufrió un bombardeo. Unos 4.000 civiles han muerto en Mariupol desde que comenzaron los combates, según las autoridades locales. Mientras tanto, Kiev ha acusado a Rusia de un nuevo bombardeo indiscriminado contra la población civil en su estrategia de tierra quemada. Moscú asegura que no ataca objetivos civiles y a su vez acusa a las autoridades ucranias y al Ejército de Kiev de montar farsas para culpar al Kremlin y de bombardear a sus propios ciudadanos.