20220510

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Martes, 10 de mayo de 2022
Núm 1127/2022
Año XXXV

Adegi alerta de un déficit de 80.000 trabajadores por el envejecimiento poblacional (Diario Vasco)

La patronal de empresas de Gipuzkoa Adegi alerta de un déficit de 80.000 trabajadores en los próximos veinte años a causa del envejecimiento de la población en el territorio. Hay 2.500 personas más con 65 años que con 30, lo que complica el futuro del escenario laboral. El 74% de las ofertas de empleo para universitarios son para carreras técnicas, ingeniería o científicas. El informe deja claro que la pirámide poblacional del territorio tiene más bien aspecto de champiñón y que, irremediablemente, va a faltar gente para trabajar en el futuro más próximo; al menos, empleados locales. Y pone cifras a ese ‘agujero’. «En los próximos veinte años se producirá un déficit de casi 80.000 personas en el mercado laboral guipuzcoano», apunta la organización presidida por Eduardo Junkera. Al tiempo, la organización saca a relucir otro desafío del territorio, este más de corto plazo, y resalta que casi ocho de cada diez compañías que contratan sufren «dificultades para encontrar los perfiles profesionales necesitados». «El 77% de las empresas que contratan no encuentran algunos de los aspectos que se priorizan en la selección de una nueva persona». Ese porcentaje se eleva al 90% en el sector servicios, mientras en la industria y la construcción se sitúa en el 67% y 68%, respectivamente. Ver nota de Adegi y gráficos. 

Los jóvenes vascos que no quieren tener hijos se triplican en seis años (El Correo, Diario Vasco)

El envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional ya no es algo que sólo preocupe a demógrafos, sociólogos y gente que mira hacia el horizonte. La ciudadanía en general identifica este asunto como el gran reto que afronta Euskadi, junto con las desigualdades sociales y la pobreza. Llama la atención que al mismo tiempo que ocurre esto, cada vez son más los jóvenes vascos que no quieren tener hijos. En sólo seis años se ha triplicado la proporción de quienes descartan la paternidad. Todos estos datos y reflexiones se encuentran en un estudio realizado por el Gobierno vasco basado en 1.202 entrevistas y con un nivel de confianza del 95,5%. «Es el estudio de base» con el que arranca la estrategia vasca para el reto demográfico, apunta Manu Castilla, director del gabinete de prospección sociológica que ha dirigido el informe. Depende de la Secretaría de Transición Social y Agenda 2030 del Ejecutivo, liderada por Jonan Fernández, a quien Iñigo Urkullu ha confiado este asunto tan vital. Quizás el resultado más llamativo de la encuesta es que el 15% de los jóvenes vascos de entre 18 y 29 años dice que no quiere tener hijos. En 2016 la proporción era del 4%, lo que supone que casi se ha cuadruplicado en sólo seis años. Puede parecer cosa menor porque el 85% aún se muestra proclive a la paternidad. Sin embargo, lo realmente preocupante es «la tendencia», señala Manu Castilla, es decir, que en tan poco tiempo aumente tanto este modo de afrontar el futuro, porque lo previsible es que siga creciendo. Refuerza esta tesis el hecho de que en la siguiente franja de edad, de los 30 a los 45 años, quienes no quieren descendencia también han subido enormemente, del 6% al 14% en esos seis años.

Euskadi agota las ayudas para coches eléctricos y el Gobierno prepara más subvenciones (El Correo)

La incertidumbre ante los cambios de regulación y la crisis han frenado la matriculación de vehículos nuevos. Las ventas se han desplomado... salvo en el caso de los híbridos y los eléctricos. Es cierto que se trata de un sector que partía de cifras residuales, pero consolida un crecimiento imparable. Así, en los primeros cuatro meses de este 2022 las matriculaciones de coches electrificados (híbridos enchufables y eléctricos 100%) en el País Vasco han ascendido hasta las 807 unidades. Son un 42% más que el pasado año, según se desprende de los datos de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles. Un fenómeno en el que las ayudas a la compra del coche parece que esta vez sí están empezando a funcionar. Los fondos europeos financian el Plan MOVES III, la línea más ambiciosa que se ha puesto en marcha para impulsar la compra de coches eléctricos e híbridos y que prevé alcanzar los 800 millones en toda España. Euskadi puso en marcha el pasado septiembre esta convocatoria con 16,3 millones de euros recibidos del Ministerio para la Transición Ecológica para un programa que durará dos años. Pues bien, en solo siete meses las solicitudes que ha recibido el Ejecutivo autonómico han superado la dotación presupuestaria, alcanzando los 21,8 millones. Los datos son muy superiores al anterior programa, que se quedó en 3 millones de euros.

Azpiazu pide que el reparto de los fondos de la UE «sea más sensato que hasta ahora» (El Correo, Diario Vasco)

 El Gobierno vasco mantiene el tono crítico en torno a la gestión que está haciendo el Ejecutivo central en relación a los fondos europeos de recuperación, el programa Next Generation. Así lo reiteró ayer el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, en el transcurso de un acto convocado para presentar una página web diseñada por la Administración vasca en la que se recoge la información sobre estas ayudas de la UE, sus características, la normativa, su filosofía e incluso los trámites que hay que realizar para acceder a las distintas convocatorias. «Espero que cuando acabe 2022 el reparto de las ayudas tenga una mayor sensatez de la que ha tenido hasta ahora», dijo el titular de Economía. Preguntado por el trasfondo de su valoración, Pedro Azpiazu explicó que los datos que hay sobre la mesa en torno a lo que ha sucedido permiten llegar a la conclusión de que Euskadi no sale bien parada de ese reparto. Así, aseguró que del dinero adjudicado ha llegado a Euskadi un 3,8% sobre el total, una tasa que dista mucho del 5,95% que es el peso relativo de la economía vasca en el conjunto de España, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El consejero también expuso su tesis de que la brecha que existe entre el reparto y el peso de Euskadi está relacionada con el hecho de que la Administración vasca no haya podido participar en la selección de los criterios que se debían emplear.

Aernnova se refuerza ante la reordenación de Airbus en Andalucía (El Correo)

Aernnova sigue dando pasos para reforzar su papel como actor principal en la fabricación de aeroestructuras para los grandes fabricantes de aviones. Tras adquirir dos plantas en Portugal a la brasileña Embraer, la empresa fundada por Iñaki López Gandásegui acaba de firmar una alianza con MyM. El acuerdo se ha vehiculizado a través de una de las filiales de Aernnova, Intec-Air, que podrá «participar de forma conjunta en los procesos de adjudicación del sector aeronáutico» junto a MyM (Mecanizados y Montajes). MyM es un proveedor de segundo eslabón (Tier-2) en la cadena de fabricación aeronáutica, pero con un posicionamiento importante en la zona geográfica de Cádiz que está afectada por la reorganización de las plantas de Airbus. De las cuatro factorías del gigante europeo en Andalucía, dos están allí, una en Puerto Real, que se cerrará, y otra en el Puerto de Santa María que ha recibido recientemente el encargo de piezas del avión estrella de la compañía, el A320. MyM es propiedad de Domingo Ureña, que fue presidente de Airbus España y juega un papel importante en la gestión del Aerofondo, el recurso impulsado por el Gobierno central y Airbus para financiar con 100 millones de euros a empresas del sector.

UGT y CC OO se desmarcan de la asamblea y piden a Mercedes reabrir la negociación del convenio (El Correo Araba)

La propuesta que llevaron ayer ELA, LAB y ESK al pleno extraordinario del comité para fijar ahí una convocatoria a la plantilla no encontró el respaldo en los otros sindicatos. Las centrales nacionalistas pretendían que fueran los operarios de la fábrica quienes expusieran en ese encuentro asambleario hacia dónde debe encaminarse la negociación del convenio y forzaran a la compañía a reabrir la mesa. Sin embargo, tanto UGT como CC OO se desmarcaron de ese planteamiento –también lo hizo la Plataforma Independiente de Mercedes (PIM) mientras que el otro sindicato, Ekintza, ni acudió al pleno– y recordaron que el 20 de abril ya decidieron, precisamente de manera conjunta con ELA, LAB y ESK, instar a la dirección de la factoría vitoriana a retomar la negociación del convenio. La empresa había decidido a primeros de abril, ‘motu proprio’, cancelar las reuniones ante la incertidumbre por la fabricación de los nuevos modelos de Daimler. «Una minoría está intentando hacer iniciativas al margen del comité sin tomar en cuenta» ese compromiso, recordaron portavoces de UGT, mientras que en CC OO recordaban que «no se puede ni se debe romper lo acordado por las mayorías». Es el momento, coinciden en ambas centrales, de que la dirección de Mercedes reabra la mesa, «nos traslade sus planes de inversiones y de futuro» para que se puedan vincular a la firma de un nuevo convenio. El anterior finalizó el 31 de diciembre de 2020.

CEOE apunta a subidas salariales máximas del 3,6% este año (Expansión, El Mundo)

CEOE ya anticipó que formularía “un documento propio de recomendaciones para la negociación colectiva”; esto es, un texto que sirva de referencia a las empresas para negociar los convenios que tengan que renovarse este año. Y ayer ya se puso una primera propuesta sobre la mesa: que los incrementos salariales que se pacten para 2022 no superen el 3,6%. Fue la cifra que se expuso durante la reunión que mantuvieron los secretarios generales de las patronales del ámbito de CEOE, según han señalado fuentes de las organizaciones empresariales. Ese porcentaje máximo de subida coincide con la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada para este año por el Ejecutivo (pasó de 965 a 1.000 euros mensuales) con el rotundo rechazo de la patronal, que se desmarcó del acuerdo de Gobierno y sindicatos advirtiendo de que esa nueva subida, la cuarta en cuatro años, contribuiría a “aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas, lo que (...) puede llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo”. De hecho, la patronal aconsejará que las subidas que se pacten tengan en cuenta aspectos como la productividad. El SMI ha subido un 36% desde 2018, un subida tan abrupta como rápida que el pasado enero llevó al presidente de CEOE, Antonio Garamendi, a señalar que “si sube más el salario mínimo, el Estado terminará por suprimir los convenios (...), en dos años puede fijar las retribuciones de los 16 millones de trabajadores en las empresas”. Además de coincidir con el incremento del 3,6% del SMI, la subida máxima a la que apunta CEOE está en consonancia con la última propuesta que formuló a los sindicatos, y que estos rechazaron, antes de que se diera por cerrada la negociación salarial para este año. 

Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña viven la mayor alza salarial ante la inflación (Expansión)

El servicio de estudios de CaixaBank ha desarrollado un indicador de salarios a tiempo real que revela que aunque el alza salarial media en marzo seguía contenida crece ya con fuerza en ciertas regiones y sectores. “En marzo de 2022 los salarios en España aumentaron el 2,2% interanual, un incremento similar al registrado antes de la pandemia (+2,1% interanual en promedio en 2018 y 2019) y superior al de 2020 y 2021”, detalla CaixaBank Research, que explica que “las nóminas de los trabajadores han experimentado desde el pasado verano una tendencia progresiva de mejora, con crecimientos moderados que dejan atrás las contenciones experimentadas durante la pandemia” en paralelo al aumento de los precios. A partir de ahí, el “termómetro de los salarios” desarrollado por el servicio de estudios de la entidad a partir de los datos anonimizados de las nóminas ingresadas en CaixaBank, muestra que la proporción de trabajadores cuyas nóminas aumentaron por encima del 3% interanual en marzo, el 45,3% del total, fue levemente inferior al que suponía este grupo antes de la irrupción del Covid, cuando era del 48,6%. Sin embargo, los asalariados con incrementos superiores al 0,5% son ya el 59,8% del total, frente al 59,1% previo a la pandemia. A su vez, el incremento de los sueldos públicos, del 2,4%, es mayor que el de las nóminas privadas, del 2,1%, si bien supone un descenso de cuatro décimas frente al ritmo prepandémico en el caso de los sueldos abonados por la administración y un aumento de otras tantas en las pagadas por las empresas.

Bruselas autoriza de forma preliminar la limitación ibérica al precio del gas (El Correo, El País)

La Comisión Europea ha autorizado la propuesta presentada por España y Portugal para limitar el precio del gas en el mercado mayorista, para conseguir moderar el precio de la luz que pagan 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada. La aprobación llega un mes y medio después de arduas negociaciones entre ambos países, antes de que el pasado viernes presentaran a Bruselas el texto definitivo, adaptado a la legislación comunitaria y también a las exigencias del resto de socios europeos. Ahora es el Consejo de Ministros el que tendrá que aprobar el decreto que fije las condiciones y detalles técnicos de una medida que será mucho más compleja de lo que aparentemente implica: topar el precio del gas en el mercado mayorista a 40 euros/MWh en un primer momento, para alcanzar los 50 euros/MWh en el resto del periodo, durante un plazo máximo de 12 meses. Al limitar esa referencia, el precio del ‘pool’ eléctrico podría caer hasta el entorno de los 130 o 140 euros/MWh, frente a los más de 200 euros/MWh en los que se mueve estas últimas semanas. La factura se vería rebajada en un 35%. Fuentes gubernamentales apuntan que será este mismo viernes cuando se celebre un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la medida. 

Portugal y España dicen tener el sí para topar el gas, pero Bruselas no lo reconoce (Cinco Días)

España y Portugal aseguran tener el visto bueno de la Comisión Europea (CE) para poner un tope máximo al precio del gas en el mercado eléctrico, y están trabajando para poder aprobar el mecanismo hoy mismo si es posible y aplicar inmediatamente esta medida, cuyo objetivo es abaratar el precio de la luz para empresas y hogares. El primer ministro portugués, António Costa, anunció ayer que la CE había dado luz verde a la propuesta ibérica para poner un máximo al precio del gas y que Portugal y España están trabajando para poder aprobar la legislación este mismo martes. Sin embargo, después de estas palabras del primer ministro portugués, la Comisión Europea matizó que “aún no se ha tomado una decisión formal” sobre este asunto. “La Comisión permanece en contacto cercano con las autoridades españolas y portuguesas sobre el diseño de la medida”, explicó a Europa Press un portavoz de la CE. El Ejecutivo comunitario indicó que ha recibido “recientemente” un borrador de la medida técnica que incluía “un gran número de detalles relevantes” sobre el acuerdo político de la excepción ibérica. No obstante, el portavoz de la Comisión Europea afirmó que solamente se ha compartido “una valoración preliminar”.

El Gobierno intenta rebajar hoy la luz hasta un 30% (Expansión)

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica confirmaron que, una vez recibido el visto bueno de Bruselas, la intención es intentar que hoy mismo lo apruebe el Consejo de Ministros o, en todo caso, “lo antes posible”. El primer ministro portugués, António Costa, dio ayer por hecho que ya estaba aprobado. La Comisión Europea, sin embargo, replicó a última hora de la tarde de ayer que todavía no se ha adoptado una decisión formal. España y Portugal plantean poner un tope inicial de 40 euros por megavatio hora al coste del gas, para luego situarlo en una media de 50 euros por megavatio. La medida, que inicialmente iba a durar hasta finales de 2022, va a extenderse 12 meses. Si la aprobación llega a tiempo, el Consejo de Ministros en España intentará hoy aprobar el decreto para que ese mecanismo sea efectivo de forma inmediata. Según explicó hace días la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la rebaja en la factura de la luz podría llegar al 30%. La denominada “excepción ibérica”, desde que fue remitida a Bruselas, ha contado con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico. De hecho, el grupo Omie, que gestiona los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal, advirtió de los “importantes y relevantes impactos” que esta excepción ibérica puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados.

Los supermercados piden reducir el IVA de los alimentos por el alza de precios (El País)

El encarecimiento de la energía, los combustibles y las materias primas ha sacudido al sector de la alimentación. La asociación empresarial Asedas, que agrupa a supermercados como Mercadona, Lidl, Dia, AhorraMas y Consum, reclama, en un documento que estos días presenta al Gobierno, medidas para paliar los efectos de las subidas de precios y evitar posibles problemas futuros de escasez. Entre ellas, reducir el IVA de los alimentos y dar ventajas a las empresas del sector para negociar los contratos de electricidad. Las empresas temen que la escalada de precios haga mella en el consumo de las familias —se hundió un 3,7% trimestral entre enero y marzo, según el INE— e indirectamente sobre sus resultados empresariales. Si bien las compañías han estado jugando con los márgenes para repercutir lo menos posible las subidas para evitar perder clientes, esta estrategia está cada vez más limitada. Hasta ahora, la inflación general ha subido por encima de los precios de los alimentos (un 9,8% frente a un 6,9% en marzo, último mes con los datos completos), pero las subidas son persistentes. La asociación, que agrupa a una veintena de empresas con un total de 19.000 tiendas y 282.600 empleados, además de pedir una rebaja del IVA, reclama que se aplique una moratoria en los impuestos especiales como el de gases fluorados y el nuevo impuesto al plástico de un solo uso.

Shell se alía a Capital Energy para pujar por eólica marina en España (Expansión)

Los gigantes energéticos europeos Shell, Equinor y Ørsted han hecho de España su nuevo objetivo estratégico en renovables. Cada grupo se ha aliado con un socio local para tener pasaporte español en este mercado de cara a las megasubastas que se van a celebrar para conceder licencias de eólica marina (off-shore), uno de los grandes nuevos negocios de las energías limpias. Tal como se ha ido anunciando en las últimas semanas, Equinor se ha aliado con Naturgy, y Ørsted se ha unido a Repsol. Según ha podido saber Expansión, Shell acaba de sellar un acuerdo con Capital Energy. Se configura así un nuevo mapa de alianzas empresariales para posicionarse en uno de los negocios con más expectativas de las renovables. El verso libre en ese entramado de ententes es Iberdrola, el primer grupo eléctrico en España. Paradójicamente, Shell, que selló una alianza con Iberdrola para subastas en Reino Unido, se ha decantado por Capital Energy para el mercado español. Aunque rezagado en la carrera off-shore mundial, el mercado español ha desatado unas enormes ambiciones.

La banca elevará el margen del negocio 3.100 millones si los tipos suben un punto (Cinco Días)

La banca española cuenta los días para que el Banco Central Europeo dé luz verde a un alza en los tipos de interés. Y es que, según las estimaciones de las entidades en base a la sensibilidad de sus carteras, un alza de 100 puntos básicos (un punto porcentual) permitiría aumentar en unos 3.100 millones de euros el margen de intereses a 12 meses vista, que es el tiempo que los bancos estiman que debe transcurrir para que sus cuentas reflejen ese incremento. En general, la sensibilidad del margen de intereses de los bancos españoles a un repunte de los tipos es bastante alta, debido al tipo de negocio, muy especializado en hipotecas, créditos y depósitos. En ese sentido, CaixaBank sería el banco más beneficiado por un alza. La entidad liderada por Gonzalo Gortázar como consejero delegado tiene una sensibilidad de en torno al 25% a una subida de tipos de 100 puntos básicos. Eso significa que su margen de intereses, pasado un año, aumentaría en 1.500 millones de euros, teniendo en cuenta las cifras a cierre de 2021. BBVA se encuentra en un contexto similar. En España su margen de intereses tiene una sensibilidad del 20% y eso se traduciría en un incremento de 700 millones de euros pasados 12 meses, según explicó recientemente su consejero delegado, Onur Genç. Por su parte, Santander refleja en su último informe trimestral que el margen de intereses en España aumentaría en 590 millones con una subida de 100 puntos básicos de los tipos, lo que supone una sensibilidad del 15%.

California cancela un pedido de 85 millones a Talgo (Expansión)

Mazazo para Talgo en EEUU, uno de los mercados ferroviarios con más potencial de crecimiento del mundo. La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (Lacmta) ha notificado a la empresa española la cancelación de un contrato de remodelación del metro de esa ciudad adjudicado en 2016 por 90 millones de dólares estadounidenses (unos 85 millones de euros). El contrato fue ampliado por el cliente un año después, lo que contribuyó a aumentar la cartera del grupo español en 18 millones de dólares. Según el fabricante español, este contrato comprende la actualización de 74 vehículos ferroviarios del suburbano angelino. La autoridad metropolitana alega incumplimientos en alcances y en plazos. Talgo ha notificado al cliente su desacuerdo por los incumplimientos contenidos en dicha notificación y los motivos que la generan, e iniciará de manera inmediata acciones legales. Tras la notificación de terminación recibida por parte del metro de Los Ángeles y hasta su resolución, según lo establecido en el contrato, Talgo paralizará la ejecución del contrato actualmente en curso en sus instalaciones de Wisconsin.

Putin justifica la invasión de Ucrania por «la amenaza de Occidente» contra Rusia (El Correo, El País, El Mundo)

En su discurso con motivo del desfile conmemorativo del 77 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, el presidente ruso, Vladímir Putin, repitió ayer en la Plaza Roja de Moscú los mismos argumentos que ha venido defendiendo desde que lanzó la ofensiva contra Ucrania: el despliegue de la OTAN junto a las fronteras de Rusia, el carácter «neonazi» de las autoridades ucranianas y los ataques del Ejército de Kiev contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Afirmó así que «la operación militar especial» contra Ucrania «era la única forma de que Rusia evitara la agresión contra su territorio». «Todo indicaba que sería inevitable el choque con los neonazis (…) por los que apostaron Estados Unidos y sus socios menores», declaró Putin ante las fuerzas formadas en la Plaza Roja antes del desfile. Según sus palabras, «vimos cómo se desplegaba infraestructura militar, cómo comenzaban a actuar cientos de asesores extranjeros y había entregas regulares de las armas más modernas de los países de la OTAN». «Estaban en marcha los preparativos para otra operación de castigo en Donbás, para una invasión de nuestras tierras históricas, incluida Crimea. En Kiev, anunciaron la posible adquisición de armas nucleares», agregó el primer mandatario ruso en referencia a la supuesta amenaza atómica que, según su opinión, emana desde suelo ucraniano.

Las universidades ofertarán microgrados para que los titulados puedan reciclarse (El Correo, El País)

Las universidades van a jugar un papel central en la actualización de conocimientos de los profesionales a lo largo de la vida –ahora solo un 6% de los estudiantes tiene más de 30 años–. Ofertarán microgrados de reciclaje, flexibles, de corta duración (semanas o pocos meses), pero con validez académica. Para titulados, pero también para profesionales que acrediten que tienen el nivel suficiente para recibirlos. Los titulados tendrán preferencia para cursarlos en su antigua universidad. El Gobierno dará luz verde en breve a su nueva ley de universidades, la norma que sustituirá a la LOU de 2001 y llamada a adaptar la educación superior española a los retos del siglo XXI. El Ejecutivo espera que el Congreso no tarde más de un año en debatir y aprobar el texto. Tras 140 días de encuentros con responsables de la comunidad universitaria de todos los campus, Joan Subirats ha terminado los 87 folios que elevará al Consejo de Ministros. La futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), para bien o para mal, ya no es la ‘ley Castells’ sino la ‘ley Subirats’. Ha respetado partes del borrador de su predecesor, ha introducido novedades, pero también ha suprimido bastantes aspectos, los que generaban más roces con rectores y formaciones nacionalistas. Ha limitado la regulación a lo básico. Deja los detalles para los reales decretos y órdenes que la desarrollen, pero también ha optado por poner en manos de cada autonomía y universidad la regulación de aspectos tan relevantes como las características concretas y el tamaño de los principales órganos de gobierno y representación o del perfil que deben cumplir los candidatos a rector y su elección.