20220512

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Jueves, 12 de mayo de 2022
Núm 1129/2022
Año XXXV

Urkullu niega ante los empresarios ser «autocomplaciente» y les pide «confianza» (El Correo, Diario Vasco)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, rechazó ayer que la actitud de las instituciones vascas sea de «autocomplacencia», una acusación que se ha vertido desde algunos análisis económicos recientes ante la pérdida de pujanza en nuevas inversiones, la deslocalización de centros de decisión de grandes compañías y el retraso respecto a las regiones más avanzadas de Europa. El jefe del Ejecutivo clausuró la asamblea anual de la patronal vizcaína Cebek en medio de una coyuntura muy especial, enmarcada en notables tensiones entre colectivos empresariales y el Gobierno vasco –también con la dirección del PNV– fruto del informe elaborado por el grupo Zedarriak, que hizo una descripción crítica de la situación económica de Euskadi para concluir que se ha perdido «la posición de liderazgo». Aunque comedido en las formas, la reprimenda que Urkullu dedicó ayer a los empresarios puso de manifiesto algo que había trascendido desde hace semanas. El informe de Zedarriak, su radiografía de la economía vasca y las valoraciones cualitativas, habían enfadado al lehendakari. En su opinión –y así lo dejó patente ayer–, hay una especie de ola catastrofista que tiende a ver el lado negativo de las cosas y que incluso ligó a las consecuencias de la pandemia. «Encuentro una tendencia contraria, condicionada por el virus, de la búsqueda permanente de lo negativo; en ocasiones, incluso, sin correspondencia con la realidad objetiva que vivimos», dijo ante cientos de empresarios congregados en el Palacio Euskalduna para asistir al acto de Cebek, a quienes reclamó «confianza». «Esta tendencia negativa pretendería hacer creer que hemos perdido la confianza en cada una y cada uno de nosotros mismos y que nos dejamos arrastrar por la comodidad de volcar en los demás la responsabilidad de nuestras carencias», dijo en lo que se entendió como una crítica directa a Zedarriak y a los dirigentes empresariales que han mostrado su coincidencia con el informe. 

Rementeria dice que «o lo hacemos juntos o no lo hacemos» (El Correo)

 El diputado general de Bizkaia tiró ayer de inteligencia emocional para mandar un mensaje de reconciliación al empresariado, tras las últimas tensiones que se han generado entre este sector y las instituciones públicas del País Vasco a raíz del diagnóstico crítico elaborado por el grupo Zedarriak. Unai Rementeria hizo un llamamiento a los empresarios para «trabajar junto a las instituciones» en el camino de resolver los problemas. En el acto de Cebek, su mensaje fue claro y directo: «O lo hacemos juntos o no lo hacemos», dijo en referencia a la necesidad de solventar las dificultades que existen. «Sabéis que respeto y agradezco mucho vuestro trabajo», dijo el diputado general vizcaíno en el inicio de su intervención, para destacar que el «empleo y la actividad son el motor de la sociedad». En ese contexto, eludió cualquier crítica a los empresarios y al detalle de ese diagnóstico de situación, aunque sí apuntó algunas coincidencias con el documento elaborado por Zedarriak. Así, admitió que Euskadi tiene un problema demográfico y también una desconexión entre la formación a la que pueden acceder los jóvenes y la demanda actual de las empresas, en especial en el campo digital. «Sois el motor de la sociedad y eso hay que cuidarlo», dijo Rementeria a la audiencia de la organización empresarial.

«Ojalá hubiera muchas más multinacionales en Euskadi» (El Correo)

Sobre ese eje giró uno de los mensajes lanzados ayer por la presidenta de los empresarios vizcaínos, Carolina Pérez Toledo, durante la nutrida asamblea celebrada por la patronal del territorio, Cebek, en el Palacio Euskalduna. «Ojalá hubiera muchas más multinacionales y grandes empresas que se instalaran e invirtieran en nuestro territorio», dijo, «porque no cabe duda de que son ellas las que traccionan de las pequeñas y generan ese ecosistema admirable que tanto nos diferencia a Euskadi de otros territorios». Subraya que las empresas no quieren «pagar menos impuestos», sino un modelo que no lastre el futuro con más deuda. tras recordar que la inmensa mayoría del tejido empresarial está formado por empresas con menos de diez trabajadores, a las que quiso homenajear por «romperse cada mañana la cabeza para mantener a sus clientes y plantillas», Pérez Toledo puso el foco en la necesidad de tener empresas grandes. La líder de Cebek aseguró que las compañías no han repercutido en los precios todos los incrementos de costes de los últimos meses, y aprovechó la presencia de los secretarios generales de CC OO –Loli García– y UGT –Raúl Arza– para pedir a los sindicatos «responsabilidad». En resumen, que no exijan trasladar a los salarios el 100% del incremento del IPC, que ronda los dos dígitos. «Necesitamos mantener un margen comercial mínimo que nos permita la supervivencia y la posibilidad de reinvertir para crear una riqueza que incide de forma directa en el bienestar y en la cohesión social».

Álvarez deja Zedarriak por la «polémica mediática» creada (Diario Vasco)

Zedarriak, el colectivo de personalidades de prestigio ligadas al mundo de la empresa, se ha reducido a 12, tras decidir abandonar el grupo dos de los miembros fundadores: el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, Juan José Alvarez, y Elena Zarraga, directora de la consultora LKS Next, perteneciente al Grupo Mondragon, y consejera de Laboral Kutxa. Álvarez, que ayer participó en una mesa redonda de la asamblea general de Cebek, se limitó a señalar, en unas breves declaraciones a este periódico, que ha renunciado a mantenerse dentro del foro porque su intención al entrar era la «de aportar desde un diagnóstico independiente y construir discreta y calladamente, pero le he dado muchas vueltas y no estoy cómodo una vez que este trabajo desgraciadamente se ha contaminado por una polémica mediática», señaló.

Imaz dice que «estamos haciendo mal la transición energética» (El Correo, Diario Vasco)

La energía, la transición que está asociada a los carburantes y las consecuencias de la crisis desatada desde hace meses y que la invasión de Ucrania no ha hecho sino aumentar, fueron ayer el eje central de la mesa redonda organizada por la patronal vizcaína Cebek como parte de su asamblea anual. En el debate participaron la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia; el catedrático de Derecho Internacional de la UPV, Juan José Álvarez; el director general de negocio de Iberdrola, Armando Martínez, y el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Imaz y Tapia coincidieron en censurar el hecho de que al mismo tiempo que se denuncia «el elevado precio del gas», se haya renunciado a la exploración de las reservas de este combustible. Algo que ya se ha decidido por ley en España y que también fue respaldado por el Parlamento vasco. «No tenemos recursos suficientes porque hemos decidido no explotarlos, pero no nos importa traer un buque de gas desde Estados Unidos», dijo la consejera. La mesa redonda sirvió para apreciar las dos sensibilidades que existen en torno a la transición energética, con dos mensajes muy diferentes. De un lado el protagonizado por Imaz, que apostó por «revisar el ritmo» de esa transición para acomodarlo a las capacidades que existen. Y de otro el de Armando Martínez –en la práctica el ‘número dos’ de Iberdrola–, que apostó por mantener el reto porque, insistió, «no hay que perder de vista el objetivo, que es descarbonizar».

Adiós a los coches diésel y gasolina a partir de 2035 (El Mundo)

La Comisión de Medio Ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo ha aprobado hoy la prohibición de la venta de coches nuevos que emitan gases contaminantes en los países miembros de la Unión Europea a partir de 2035. Esto supone reducir en cinco años el plazo anterior que se establecía en el año 2040. El resultado de la votación deberá ser ratificado por el plenario del Parlamento europeo, donde no se suelen cambiar las decisiones tomadas por los eurodiputados participantes en la Comisión. En la votación se ha tomado también la decisión de prohibir los coches nuevos que se muevan con e-fuels (combustibles sintéticos que no derivan del petróleo) como pretendían las marcas de superdeportivos como Porsche, que está invirtiendo en este tipo de combustibles para que sus clientes de vehículos clásicos puedan seguir circulando con ellos por las carreteras. Otra de las novedades introducidas es que los objetivos de reducción de emisiones que se establecían en un 15% respecto a 2021, pasan a reducirse un 20% para los turismos en 2025, mientras que para las furgonetas y vehículos comerciales ligeros continúa situándose en el 15%. Los límites de emisiones de los turismos están desde 2021 en 95 gr/km de CO2 y en 147 gr/km de CO2 para las furgonetas. Pero no quedan ahí las novedades. También se ha aprobado que a partir de 2030 no se podrán comercializar vehículos que excedan de 123 gr/km de CO2. Para contextualizar este dato, el Volkswagen T-Roc, el SUV de de la marca que fue el más vendido en España el pasado abril sólo podría vender su versión TSI 1.0 de gasolina que homologa 123 gr/km de CO2 y la TDI de 110 CV que homologa 122 gr/km de CO2. El resto de motorizaciones que tiene a la venta estarían prohibidas. 

Imaz advierte de problemas de suministro de gas en 6 o 7 meses (Expansión, Cinco Días)

Europa no va a poder sustituir todo el gas que importa de Rusia, y esa excesiva dependencia amenaza con provocar problemas de abastecimiento el próximo invierno. Éste es el vaticinio del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que advirtió de que en seis o siete meses pueden surgir problemas de suministro. “No va a haber forma de cubrir el 40% del gas ruso, y eso va a provocar un tensionamiento brutal”, vaticinó. En un acto organizado por la patronal vizcaína Cebek, en Bilbao, Imaz insistió en que es necesario “repensar” la transición energética si queremos que la economía y la industria sean competitivas, y que los consumidores paguen precios razonables por la energía. En la actual situación de emergencia energética, las instituciones europeas tienen que resolver el problema de la dependencia en el corto plazo. Esto no va a ser fácil, a su juicio, dado que países como Alemania apostaron por un monocultivo energético basado en el gas ruso, y no se posibilitó la construcción de una conexión gasista con capacidad suficiente entre la Península y el Continente. Esta falta de previsión en las interconexiones gasistas impediría ahora que el gas procedente de África actúe como un “factor de estabilización”.

Ucrania detiene el flujo de gas a la UE desde la zona ocupada (El País, El Correo)

Por primera vez en dos meses y medio de guerra, los envíos de gas hacia Europa a través de Ucrania se vieron ayer afectados por el conflicto. Kiev detuvo el martes el flujo de gas a través de una estación de la provincia oriental de Lugansk, en la región de Donbás, ahora controlada por Moscú. Las autoridades ucranias alegaron razones de seguridad y “de fuerza mayor”, porque en la zona se libran duros combates. Kiev reclamó a Gazprom, el monopolio ruso, que desvíe el flujo por otra ruta, pero la compañía lo consideró “técnicamente imposible”. De esta forma, el tránsito de gas a Europa a través de Ucrania se redujo en una cuarta parte. La Comisión Europea aseguró que no existe un problema inmediato para el suministro. Ucrania detuvo ayer el flujo de gas a través de una estación de la provincia oriental de Lugansk, en la región de Donbás, ahora en poder de las fuerzas de Moscú. Desde la ruta de interconexión de Sojranivka y por el punto de compresión ahora comprometido de Novopskov, en Lugansk, circulan alrededor de un tercio de las exportaciones de gas ruso a Europa a través de Ucrania.

Las empresas de máquina-herramienta prevén recuperar este año todo lo perdido por la pandemia (Diario Vasco)

La máquina-herramienta, que emplea a más de 16.500 personas en España y que en Euskadi –sobre todo en Gipuzkoa– forma parte del corazón de la industria y por tanto del PIB, goza de muy buena salud, atesora una cartera de pedidos más que notable y confía en que los buenos datos registrados en 2021 y en el arranque de este 2022 –a pesar de la guerra– permitan a finales del presente ejercicio «dejar atrás todo lo perdido en la pandemia». Así lo aseguraron ayer a DV el presidente y el director general de la AFM, César Garbalena y Xabier Ortueta, respectivamente, quienes no eludieron la otra parte de la fotografía, la menos luminosa. Y es que, reconocieron ambos, los costes, tanto los energéticos como los ligados a las materias primas y los componentes, así como las complicaciones en el transporte internacional, suponen «el gran desafío» del sector en el corto plazo. «Desde el segundo semestre del pasado año han ido surgiendo dificultades que ponen en compromiso la rentabilidad necesaria para mantener los niveles de inversión que la competitividad de nuestras empresas necesita», señaló Garbalena, en la tradicional comparecencia de los responsables de la AFM previa a la asamblea anual del clúster, que se celebra mañana en Donostia.

Arteche cumple un año en Bolsa y estrena un dividendo de 2,5 millones (El Correo)

Arteche, la compañía con sede en la localidad vizcaína de Mungia y uno de los gigantes mundiales en la construcción de transformadores eléctricos para la gestión de la red de distribución de energía, completa el mes que viene su primer año cotizando en Bolsa. El estreno en los mercados para la empresa presidida por Alexander Artetxe ha logrado el objetivo de obtener 40 millones con los que realizar compras en Turquía, Indonesia y Australia para mantener así un crecimiento que le permitió el pasado ejercicio aumentar sus ventas un 6,6%, hasta los 282 millones de euros, y consolidar un beneficio neto de 8,5 millones. Es precisamente sobre esas ganancias sobre las que descansa el primer reparto de dividendos a los accionistas de la compañía que aprobó la Junta General celebrada ayer por la mañana. El compromiso de Arteche es aplicar un ‘pay-out’ del 30% de las ganancias. Se repartirán 2,5 millones, es decir, 0,045 euros por acción.

“La fusión de MásMóvil y Orange no reducirá la competencia en España” (Expansión)

Meinrad Spenger (Knittelfeld, Austria, 1975), es fundador y CEO de MásMóvil, la cuarta teleco española, que el 8 de marzo anunció su futura fusión al 50% con Orange, la segunda del sector. En su primera entrevista tras el anuncio de la integración, el directivo elude concretar detalles de la gobernanza o del plan de negocio de la futura joint venture, pero insiste en recalcar los dos mantras para justificar la operación: que no se va a reducir la competencia a pesar de la desaparición de un operador, y que ante la crítica situación que atraviesa el sector, el objetivo es lograr más escala para crear una teleco sostenible que invierta más. Así, Spenger realiza un análisis global de las telecos preocupante: “Este sector ha ganado en reputación durante los últimos años por el buen rendimiento de las redes durante la pandemia, manteniendo conectado a todo el mundo y con una bajada continua de las tarifas o de la factura de los clientes. Pero los resultados de los operadores no reflejan, para nada, esta mejora en su rendimiento y reputación. En España, en los últimos diez años hemos perdido un 35% de los ingresos del sector”, afirma el directivo, que extiende el problema al conjunto del sector mundial. “En los últimos 15 años, el peso de los operadores de telecos en la capitalización bursátil en todo el mundo de todas las compañías cotizadas ha pasado de representar un 7% a un 2%. En términos de retorno a los accionistas, el sector teleco es el peor y si hacemos zoom, el peor comportamiento en retorno es el de los operadores europeos. Y, probablemente, si nos fijamos en España, no encontraríamos buenas noticias”.

Lagarde acerca a julio la primera subida de tipos del BCE en 11 años (Expansión, Cinco Días)

En pleno cruce de declaraciones de sus miembros sobre si adelantar a julio la primera subida de los tipos de interés en 11 años era “lo adecuado” o “una imprudencia”, la presidenta parece haber inclinado definitivamente la balanza por la primera opción. A falta de que las proyecciones macroeconómicas que se publiquen en junio ratifiquen esta postura, Lagarde sugirió que el encarecimiento del precio del dinero podría llegar en el séptimo mes del año y que, una vez que eso ocurra, “el proceso de normalización será gradual”. Lagarde lo hizo, eso sí, de forma sutil. La presidenta del BCE recalcó que las subidas de tipos llegarán “algún tiempo después” del fin de las compras de deuda que se producirá en julio e insistió en que ese algún tiempo después podría referirse a “apenas unas semanas”. Esto, para los analistas de política monetaria supone un significativo cambio respecto a anteriores discursos en los que aseguraba que la frase de que los tipos subirán “algún tiempo después” del fin de las compras de deuda podía hacer mención “desde semanas hasta a meses”. La retirada de esta última opción elimina también la idea de que el encarecimiento del dinero se pudiera producir en septiembre, la otra posibilidad barajada. La presidenta del BCE quiere actuar ya. 

El Banco de España ve margen para subir la fiscalidad verde en 10.000 millones (Expansión, El País)

El Banco de España defiende que “tanto las propuestas contenidas en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria como la considerable brecha negativa que España mantiene con otras economías de nuestro entorno en cuanto a la recaudación por tributos medioambientales apuntan a que existe un amplio margen para elevar los ingresos de la fiscalidad medioambiental en la economía española”. Así lo sostiene el supervisor en el capítulo de su informe anual titulado La economía española ante el reto climático, publicado ayer, en el que viene a cifrar el diferencial de recaudación fiscal verde frente a la Unión Europea en unos 10.000 millones de euros. “España se encuentra, de manera persistente, en el grupo de economías de la UE 27 en las que la fiscalidad medioambiental presenta una menor recaudación relativa”, subraya el documento, que estima que “la brecha de recaudación en España” respecto a la media aritmética de los Veintisiete, “se ha mantenido estable y cercana a 1 punto porcentual durante las dos últimas décadas”. Así, detalla, en 2019, antes de que la irrupción de la pandemia de Covid desvirtuara las estadísticas, la suma de los ingresos públicos obtenidos por España por impuestos medioambientales equivalía al 1,77% del PIB nacional. En términos comparativos, la cifra coloca a España en antepenúltima posición de toda la UE, superando solamente el 1,41% de Irlanda y el 1,72% de Luxemburgo, dos Estados célebres por su baja fiscalidad. La media aritmética de los 27 Estados miembros se situaba en el 2,58%, por lo que España tendría que incrementar su recaudación en 0,81 puntos de PIB para igualar la marca, el equivalente a esos 10.000 millones.

La construcción pacta el primer gran plan sectorial de pensiones y una subida salarial del 10% en tres años (Cinco Días, El País)

La patronal y los sindicatos de la construcción comunicaron ayer un preacuerdo para la firma del VII convenio general del sector, que recoge importantes novedades como un pacto para “la promoción, en su caso, de un plan de pensiones de empleo sectorial una vez se promulgue, y desarrolle, la ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo”, indica el texto preacordado al que ha accedido este periódico. Se trata, por tanto, del primer gran plan de empleo que se consensúa promover adscrito al futuro fondo de promoción pública, cuya regulación se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Este convenio –que afectará a cerca de 1,3 millones de trabajadores de la construcción de toda España– recoge un incremento salarial del 10% que se repartirá entre 2022 y 2024. Concretamente, este pacto general tendrá una duración de cinco años, “pero los incrementos salariales serán firmados a tres años, dejando la concreción de los dos últimos una vez analizada la situación económica de España a la vista de los problemas de desabastecimiento y la crisis por el conflicto bélico en Ucrania”, explican los firmantes. Según esto, el reparto de los incrementos salariales será el siguiente: un alza del 4,0% para el año 2022; 3,0% para el año 2023, y 3,0% para el año 2024. Si bien, el texto precisa que de estos aumentos de sueldos, “cuando se formalice el indicado plan de pensiones, una parte se destinaría a aportaciones al plan de pensiones que se promueva”.

Escrivá aboga por “la prolongación de la vida laboral” para sostener las pensiones y, ante la empresa familiar, arremete contra los esquemas de jubilación anticipada (Expansión)

Mientras organismos como el Banco de España insisten desde hace tiempo en que la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por ajustes tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, e incluso su gobernador, Pablo Hernández de Cos, sugirió recientemente que solo las pensiones mínimas se revaloricen con el IPC, el Gobierno defiende a ultranza seguir haciéndolo con la inflación para preservar el poder adquisitivo de los mayores, porque los pensionistas “no tienen ya capacidad de reacción y de reajustarse”. Así lo afirmó ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante la clausura de la Asamblea anual del Instituto de la Empresa Familiar, en la que si bien aseguró no ser partidario de esa indiciación en otros ámbitos de la economía, sí lo es en el de las pensiones, “ya sea con salarios, ya sea con el IPC”. Una afirmación que se produce en un contexto en el que, mes tras mes, el gasto en pensiones bate nuevos récords, hasta superar la nómina mensual los 10.700 millones en abril. En opinión del ministro, “lo que hay que hacer es asegurarse de que el sistema de pensiones sea absolutamente sostenible” y para conseguirlo defiende que la “medida más eficaz” es “la prolongación de la vida laboral”. Esto no significa que el titular de la Seguridad Social abogue por retrasar aún más la edad de jubilación; de hecho, recordó que en 2011 el Gobierno, entonces bajo la batuta de José Luis Rodríguez Zapatero, ya retrasó de 65 a 67 años la edad legal de retiro a partir de 2027. Pero sí buscando fórmulas para aproximar la edad real de jubilación, que en la actualidad ronda los 64,5 años, a la edad legal y estimular la extensión de la vida laboral activa más allá de la edad de retiro.

Urkullu buscará otro acuerdo «de país» frente a la crisis demográfica (El Correo Araba)

El Parlamento vasco celebrará el próximo miércoles su segundo pleno monográfico en apenas un mes, otra vez a petición de EH Bildu. Abordará la crisis demográfica a la que se enfrenta el territorio, una cuestión que el Gobierno incluye entre sus prioridades del mandato a la que intentará sumar algunas de las iniciativas que ponga sobre la mesa la oposición. Aunque no es obligatorio en este tipo de sesiones, el lehendakari tiene decidido ya tomar la palabra y volver a ofrecer a EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs conformar un «acuerdo de país». Ocurrió lo mismo en el monográfico celebrado a comienzos de abril para plantear respuestas ante la crisis generada por la invasión de Ucrania, aunque aquel día el resultado final fue inesperado.

El 40% de los beneficiarios de la RGI son pensionistas o exentos de trabajar (Diario Vasco)

Alrededor de un 40% de los beneficiarios pertenecen a dos colectivos –pensionistas (25%) y personas que han sido declaradas exentas de trabajar (14%)– cuyos integrantes tienen más complicado reintegrarse en el mercado laboral. Hay un cuarto grupo, el de los trabajadores precarios (16%), que sí que aspira a encontrar un empleo que le permita mejorar sus ingresos. Lanbide ha introducido recientemente la división por colectivos de beneficiarios en su portal de transparencia sobre la RGI. El proyecto de ley que presentó el martes la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, incluye novedades para conectar con los servicios sociales y el tercer sector a los grupos de personas que no estén en condiciones de aspirar a la inserción laboral, ya sea porque han cumplido la edad de jubilación, tengan una incapacidad permanente o porque un profesional de Lanbide haya determinado su exención del mercado laboral por razones sanitarias, sociales o personales.

Los sindicatos extenderán los conflictos, que ya afectan a más de un millón de trabajadores (Cinco Días)

Las negociaciones de convenios colectivos en los sectores y en las empresas pueden ponerse feas. Los conflictos laborales en sectores y empresas, que ya afectan en la actualidad a más de un millón de asalariados, pueden multiplicarse en los próximos meses a cuenta, sobre todo, de las demandas salariales en un escenario inflacionista de una incertidumbre aún muy elevada. Esa es previsiblemente la principal advertencia que van a lanzar hoy los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez que tienen previsto reunirse para fijar las estrategias que seguirán los sindicatos en la negociación de miles de convenios en lo que resta de año, después de haber roto las negociaciones con los empresarios y que estos reclamaran que los sueldos no se liguen en ningún caso a la inflación. Pero la vinculación de los salarios al IPC a través de la inclusión en los convenios de cláusulas de garantía salarial, será el principal caballo de batalla de los sindicatos en la negociación.

La inflación de EEUU se sitúa en el 8,3% en abril (Expansión)

La inflación en EEUU da señales de moderación y ofreció ayer un respiro a la economía estadounidense al situarse en un 8,3% en abril, es decir, dos décimas menos que en marzo, gracias principalmente a una ligera caída en el precio de la gasolina y a las menores tensiones en la cadena de suministros global, que si bien todavía está lejos de alcanzar la normalidad, ya da muestras de una mayor fluidez. Se trata del primer mes en el que la inflación se modera desde agosto de 2021, cuando empezó a escalar, hasta dispararse durante el primer trimestre de 2021 y terminar en marzo en el 8,5% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EEUU. Pese a la caída de dos décimas en la tasa interanual, en términos mensuales y ajustados, los precios subieron un 0,3% en abril respecto a marzo, lo que podría indicar que la presión inflacionista no ha remitido, pero sí que se está suavizando, ya que el alza de marzo respecto a febrero fue del 1,2%. En cuanto a la inflación subyacente (que excluye las variables más volátiles, como la energía o los alimentos), se situó en el 6,2% en abril respecto al mismo mes del año anterior. 

La nueva ley del aborto plantea un IVA cero para tampones y una baja por dolor menstrual grave (El Correo, Diario Vasco, El País)

El Gobierno enviará el martes al Congreso su proyecto de nueva ley del aborto con tiempo para que la debata, apruebe y entre vigor en el primer trimestre de 2023. Es el último empujón político a un texto que ensanchará el camino abierto en 2010 por la ‘ley Aído’ justo cuando el derecho al aborto libre está en cuestión, con el mundo pendiente de que el Tribunal Supremo de EE UU, de mayoría ultraconservadora, lo prohíba en ese país medio siglo después de autorizarlo. El Ejecutivo debate vacunarse contra un riesgo similar. Los negociadores que ultiman el texto barajan no hacer una reforma sino una nueva ley del aborto, que amplíe, sustituya y derogue la anterior. De triunfar la fórmula, la nueva norma vaciará de contenido el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP hace 12 años contra la ley de plazos y que ahora el presidente conservador de la corte, Pedro González Trevijano, quiere sacar del cajón y llevar al pleno. Al anularse la norma de 2010, el debate del recurso perdería todo su contenido y sentido jurídico. La nueva regulación derriba los obstáculos que sabotearon la norma de 2010 en muchas autonomías. Cualquier mujer mayor de 16 años será la única que decida qué hace con su embarazo y, si opta por un aborto, lo tendrá asegurado en un centro público, cerca de su casa y eligiendo método. Además de blindar el aborto libre en las primeras 14 semanas, aprueba medidas de salud menstrual y reproductiva y persigue malas prácticas como el abuso de cesáreas o de episiotomías.