20220208

Las empresas que forman parte del denominado Corredor Vasco del Hidrógeno tienen previsto invertir ya este año una cifra aproximada a los 200 millones de euros. Serán los primeros pasos en la implantación masiva de una tecnología que ha tomado un gran protagonismo en la transición energética y en el proceso de descarbonización. Estos proyectos de inversión, que tendrán continuidad e incluso cifras más elevadas en los años siguientes, aspiran a conseguir una ayuda importante de los fondos europeos. Una tasa de subvención que se sitúa entre el 30% y el 40%, según los casos. El presidente de la asociación creada para agrupar los intereses de estas empresas, José Zudaire, destacó ayer que los primeros proyectos de inversión van a estar ligados a una primigenia fase de desarrollo tecnológico, para atacar como segundo paso la «sustitución de consumos de hidrógeno que ya existen, principalmente en procesos industriales». Es el caso de Petronor, que va a protagonizar una parte importante de las inversiones de este primer año, aunque con la instalación de una pequeña planta de producción de hidrógeno en la refinería y que alimentará las instalaciones del Energy Intelligence Center (EIC) de la localidad de Abanto.

«Gipuzkoa tendrá una de nuestras tres hidrogeneras, sí o sí». Así se expresó ayer José Ignacio Zudaire, director de Personas y Organización de Petronor durante una charla ofrecida por la Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C) –que él mismo preside– para dar cuenta de los proyectos y la filosofía de esta gran alianza en torno a lo que se perfila como el gran vector energético con el que descarbonizar la industria. Una entente que, aseguraron sus protagonistas, presenta claras ventajas respecto a otros proyectos parecidos que hoy hay armados en España. En la sesión, que contó con la presencia de representantes de Irizar, Nortegas y de la propia firma de Muskiz, el Corredor, que prevé invertir este año 200 millones de euros, reclamó mucha más celeridad en la aplicación de los fondos europeos Next Generation. «Es el momento de la verdad, es ahora o nunca», dijo Zudaire. El presidente del Corredor insistió en que «los proyectos ya están en marcha, llevan su tiempo y requieren inversión», con lo que si se espera mucho más para que se lancen las convocatorias de los fondos se habrá perdido un tiempo precioso. «Es el momento de la verdad».

El año 2021 ha sido un año difícil, pero 2020 lo fue aún más. Tal como explica el director general de FVEM, Adolfo Rey, el año ha cerrado con mejores cifras que las de 2020, pero sin alcanzar los datos previos a la Covid, fuertemente impactados por los factores de riesgo que surgieron en la últi­ma parte del año y que mantendrán la di­námica de ralentización en la primera par­te de 2022. Según manifiesta, "esperamos que la curva de la recuperación se acelere en la segunda mitad del año, aunque ·a al­gunos subsectores les costará más recupe­rar cifras de negocio de 2019". La realidad es que el escenario de incertidumbre se mantiene. Las empresas tienen una percepción de sus mercados mejor, pe­ro aún lejos de ser buena en el conjunto del sector, reitera el responsable. Por tanto, el reto más inmediato de la industria, y casi de cualquier sector, es sobrevivir en las me­jores condiciones posibles a esta crisis, y se­guir adelante, en lo que "posiblemente es uno de los entornos más complejos que nos ha tocado vivir en bastante tiempo". 

El gobierno se pliega a la petición de los sindicatos de un alza del 3,6%, en línea con la horquilla recomendada, y pretende aprobarlo «con carácter inmediato». En este caso no quiere eternizarse en esta lucha y pretende cerrar una nueva subida a 1.000 euros en esta misma semana, a poder ser mañana, para aprobarlo en Consejo de Ministros antes de que termine febrero. Es más, para dar una mayor relevancia al asunto, ha sido la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha tomado las riendas de esta negociación en la primera reunión que mantuvieron ayer con los sindicatos y la patronal, pese a que desde el departamento habían dicho la semana pasada que iba a ser un encuentro técnico al que no acudirían los primeros espadas. «Seguiremos defendiendo las políticas que realmente cambian las vidas de la gente, singularmente el salario mínimo», aseguró. También deja constancia de la rapidez con que Moncloa quiere cerrar el nuevo alza el hecho de que ya hayan presentado una primera propuesta oficial, algo que habían rechazado hacer la semana pasada, cuando dijeron que se iban a limitar a escuchar las posturas de los interlocutores sociales. Así, el Gobierno se pliega al deseo de los sindicatos y propone subir el salario mínimo 35 euros al mes para situarlo en los 1.000 euros en 14 pagas, tal y como se había comprometido con UGT y CC OO el pasado mes de septiembre. Y lo hará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, según confirmó la propia ministra. En Euskadi no hay cifras oficiales al respecto, aunque sí algunas estimaciones, como la realizada por la patronal vasca Confebask, que calculó en cerca de unos 40.000 empleados los que actualmente perciben el sueldo mínimo, lo que supone el 5% de los trabajadores vascos. Un colectivo, coinciden empresarios y sindicatos, formado principalmente por unas 28.000 empleadas del hogar, además de trabajadores del sector primario, de peluquerías y de hostelería, principalmente.

La secretaria general de CC OO de Euskadi, Loli García, entiende que las posturas mantenidas en la votación y debate de la Reforma Laboral deben llevar a una reflexión profunda a todos los partidos vascos que han votado en contra, especialmente a los de izquierdas, pero también al PNV, y más tras «escudarse en que la mayoría sindical vasca no participó en el proceso». Una cuestión que ha hecho que la central haya pedido el aplazamiento de la reunión de la Mesa de Diálogo Social vasca que iba a tener lugar hoy. Y adelanta que, con toda probabilidad, solicitarán una reunión con el PNV y el PSE. "Entiendo que la prevalencia de los convenios vascos tal y como se recoge en el Acuerdo de Estructura de 2017 es clarísima. Desde entonces no ha habido un problema de competencia. Puede que le diera mayor seguridad jurídica, pero se ha intentado poner encima de la mesa que en Euskadi hay un problema donde no lo hay. Puede ser una reivindicación razonable, pero no justifica un ‘no’ sin alternativa a un avance tan importante en derechos". «A Aitor Esteban se le olvidó decir que la mayoría sindical no está en el diálogo social porque no quiere estar». «Nos parece de muchísima gravedad lo que pasó la semana pasada en el Congreso. Es de una gran irresponsabilidad». 

La agónica aprobación de la reforma laboral no sólo ha causado estragos en la política nacional. Sus efectos también se están dejando notar en Euskadi, donde la mesa de diálogo social ha quedado tocada. El PNV se afana en reconducir la crisis tras la polvareda que levantó su portazo al decreto acordado con la CEOE, UGT y CC OO. Este último sindicato ha amenazado con abandonar el foro autonómico, un extremo que tratan de evitar a toda costa los jeltzales, sabedores de que otra fuga –las centrales mayoritarias, ELA y LAB, no participan– abriría una vía de agua casi imposible de taponar. La negativa del PNV a avalar la reforma laboral ya venía generando un importante malestar entre los sindicatos firmantes del acuerdo. Pero lo que definitivamente prendió la mecha fue la defensa del ‘no’ que Aitor Esteban hizo antes de la votación del jueves. En su intervención desde la tribuna del Congreso, se quejó de que la mayoría sindical vasca no haya estado representada en el diálogo social donde se pactó el decreto. Se refería a las centrales nacionalistas, ELA y LAB, que a su vez reniegan del mismo foro a nivel autonómico en el que sí están presentes el Gobierno vasco, la patronal Confebask, UGT y CC OO.

Orange y MásMóvil exploran una integración en España. Las dos compañías se han acercado alrededor de una propuesta de integración al 50%, de forma que los accionistas de los dos grupos –por un lado, el grupo Orange y por otro, principalmente los fondos KKR, Cinven y Providence– dispongan de la misma participación de la empresa resultante. Esta operación, como cualquier otra integración en el mercado español de telecomunicaciones, tendría mucho sentido industrial, y en este caso especialmente desde el punto de vista de Orange, puesto que otra posible alternativa –una integración de MásMóvil con Vodafone– sería bastante perjudicial para los intereses de la filial española de Orange. España es el segundo mercado más importante del mundo para el grupo galo, donde factura casi lo mismo que en los otros países de Europa donde está presente, excluyendo Francia, o que en toda África. Con un acuerdo entre MásMóvil y Vodafone, que suman unos 7.000 millones de ingresos conjuntos, la filial española de Orange quedaría como tercera del sector. 

Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, ha advertido de que en ausencia de un nuevo marco que permita la transferencia a Estados Unidos desde Europa de los datos de los usuarios europeos «es probable» que cierren en el Viejo Continente servicios como Facebook o Instagram. En un registro ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, la firma alerta de que si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no puede seguir confiando en las SCC (cláusulas contractuales estándar) o en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, puede verse abocada a dejar de ofrecer algunos de sus productos principales al otro lado del Atlántico. «Es probable que no podamos ofrecer algunos de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría material y adversamente a nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones», señala la multinacional cofundada y dirigida por Mark Zuckerberg. El origen del conflicto con las autoridades europeas se remonta a la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de julio de 2020 de invalidar el conocido como ‘Escudo de privacidad’, un marco para la transferencia de datos desde la Unión Europea a los Estados Unidos. 

El patrimonio gestionado por el Grupo Kutxabak que incluye a Kutxabank Gestión y Fineco (Banca Privada de Kutxabank), ha incrementado a lo largo de 2021 «de forma significativa» su cuota de mercado, que se ha situado en un 6,65% en el segmento de los fondos de inversión (5,42% Kutxabank Gestión y 1,24% Fineco Banca Privada de Kutxabank). En los últimos cinco años, el patrimonio gestionado se incrementó un 62,8%, hasta los 21.149 millones de euros. Las rentabilidades anuales de Kutxabank Gestión superaron el 8% en 2019, se mantuvieron en torno al 4% en 2020 –año del inicio de la pandemia que «condicionó completamente la evolución de los mercados»–, y alcanzaron el 5,79% en 2021.

El edificio de la calle Dato que albergó las oficinas municipales de Hacienda y que acumula casi siete años vacío busca nuevo dueño. Según ha podido saber El Correo, Kutxabank, propietario de este inmueble situado en la confluencia con General Álava, en plena ‘milla de oro’ de la capital, lo ha puesto a la venta. Su próximo titular podrá reformarlo y convertirlo en un bloque de hasta 30 modernas viviendas. La fórmula escogida para llevar a cabo la transacción es una subasta privada por internet «únicamente accesible a inversores y operadores cualificados». Solo estos participantes podrán conocer el precio de salida del inmueble. El proceso competitivo se lanzará «en los próximos días» con el objetivo de que la operación quede cerrada el próximo mes de marzo. 

La Audiencia Nacional ha ordenado que se vuelva a investigar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, al que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y a sus respectivas compañías como personas jurídicas en el denominado caso Villarejo. Esta macrocausa judicial, también conocida como caso Tándem, investiga las relaciones comerciales de algunas empresas con el antiguo comisario de Policía José Manuel Villarejo cuando éste estaba en activo. La sección tercera de la sala de lo Penal ha estimado los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero y Unidas Podemos contra el auto del juez Manuel García Castellón de 29 de julio de 2021, en el que acordó el sobreseimiento provisional de la imputación a Brufau y Fainé. La sala obliga a seguir analizando si Brufau y Fainé participaron en el encargo a Cenyt, empresa vinculada al policía Villarejo, ya jubilado, para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex. En la causa están procesados los exjefes de Seguridad de Repsol, Rafael Araújo, y de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, así como el propio Villarejo, su socio Rafael Redondo y el policía Enrique García Castaño, así como el subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona.

En una sentencia de muy difícil ejecución, el Tribunal Supremo estimó el pasado lunes el recurso contencioso-administrativo que Iberdrola había presentado en 2017 contra la obligación que imponía a las  comercializadoras eléctricas de financiar el bono social de la tarifa de la luz, incluida en el real decreto que reguló ese mismo año la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los domésticos. El fallo se hace extensivo a todas las afectadas. Además de anular “el régimen de financiación del bono social” que recae sobre todas las comercializadoras en activo (ya sean libres o reguladas, lo que incluye tanto a las grandes eléctricas como a centenares de compañías independientes) y el de “cofinanciación” junto con las comunidades autónomas del descuento a los denominados vulnerables severos en riesgo de exclusión social, el alto tribunal impone el derecho de las empresas a ser indemnizadas por las cantidades que hayan asumido estos años. El coste del bono social es de unos 200 millones de euros anuales (unos 800 millones en total), según datos de la CNMC. Ahora la cuestión es cuánto será la indemnización y quién la asumirá, si Hacienda o el sistema eléctrico, esto es, los consumidores en su factura. La opción debe aprobarse en una norma. 

La digitalización de la economía española creció 3 puntos y alcanzó el 22% del PIB en 2020, según la segunda edición del informe Economía digital en España elaborado por Adigital y Boston Consulting Group (BCG). El estudio destaca que las restricciones provocadas por el Covid-19 provocaron en 2020 un impulso del teletrabajo y un mayor uso del canal digital tanto en empresas como en particulares, y a esa aceleración digital se unieron una caída del PIB del 10,8% y la reducción de inversiones estructurales en transformación digital, sobre todo en las pymes, lo que llevó a ese mencionado incremento de la digitalización medida como porcentaje del PIB. El informe, que sitúa a la economía digital como segundo sector con más impacto en el PIB solo por detrás de la construcción, llama la atención sobre el crecimiento de 2 puntos del impacto directo de la economía digital, que alcanzó el 10,9%, acentuando una tendencia ya observada el año pasado. Pese a la evolución positiva, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, indicó ayer que ese aumento en el porcentaje del PIB “hay que ponerlo en valor, pero no es suficiente” y dijo que el objetivo del Gobierno es llegar al 40% a finales de 2025.

«El objetivo es que produzcamos el 20% de todos los microchips del mundo en 2030, y eso requiere que multipliquemos por cuatro la producción de semiconductores en apenas ocho años. Es un reto, un desafío, pero es posible». Lo explicaba Thierry Breton, empresario antes que comisario y responsable del Mercado Interior de la UE, ayer antes de que la Comisión presentara su esperada Chips Act, la legislación que aspira a movilizar 12.000 millones de euros «de dinero fresco, no artificios contables, entre inversión pública y privada» para competir con EEUU y con las grandes potencias asiáticas, que dominan desde hace años el mercado. Los números de Bruselas, esos 12.000 millones más 30.000 que ya estaban contemplados en todo tipo de partidas continentales o nacionales, aspiran a rivalizar con los más de 50.000 millones de dólares anunciados por Washington por esa misma carrera, que pasa inevitablemente por la construcción de lo que se conoce como megafabs, fábricas gigantescas (con poco personal y carísimos robots). «Necesitamos megafabs, todas las posibles. Pero dos o tres como inicio estaría bien», dijo Breton. «Si empezamos una de cero en 2022 quizás podríamos ver apertura en 2026», calcula. La propuesta es una de las ideas estrellas del francés, y la presidenta Ursula von der Leyen ya ha hecho suyo el proyecto, pero en la capital comunitaria hay dudas: sobre la capacidad real de movilizar ese dinero, sobre la legalidad de algunas de sus implicaciones, y también sobre la filosofía del proyecto, que los más críticos, en especial desde Alemania, consideran «subvencionar sin necesidad a empresas de por sí rentables».

El presidente francés visitó ayer al líder ruso en Moscú, donde fue recibido con frialdad: nadie le esperó en el aeropuerto, fue saludado de lejos por su anfitrión y en la reunión los separó una enorme mesa. “Una respuesta útil es la que permita evitar la guerra”, le dijo Macron a Putin; y este le reconoció su “posición muy activa” en las conversaciones. Separados por una enorme mesa —casi tan grande como la distancia que hoy aleja a Moscú de la OTAN—, los presidentes de Rusia y Francia trataron ayer de buscar una respuesta al avispero ucranio. Sin embargo, la visita de Emmanuel Macron a Moscú no logró arrancar ninguna concesión en firme del Kremlin en torno a Ucrania. “Los próximos días serán decisivos para una desescalada”, afirmó el líder francés tras más de cinco horas de reunión con Vladímir Putin. Como es habitual, el mandatario ruso ofreció una de cal y una de arena. No movió ninguna de sus líneas rojas. Pero admitió que algunas de las propuestas expresadas por Macron pueden ser una base para futuros pasos conjuntos y tildó de realistas algunas de las ideas del líder galo sobre la seguridad de Europa. Según fuentes del Elíseo, Putin se comprometió a no adoptar nuevas iniciativas militares, "lo que permite contemplar una desescalada", de acuerdo con esas fuentes.

Diez días después de que cientos de camioneros tomaran el centro de Ottawa en protesta por las normas que obligan a vacunarse a todo transportista que trabaja a los dos lados de la frontera con Estados Unidos, el alcalde, Jim Watson, declaró el «estado de emergencia». La decisión fue adoptada el domingo (madrugada de ayer en España) después de que el Ayuntamiento y la Policía concluyeran que la situación está «fuera de control», con el centro de la capital canadiense paralizado y el miedo metido en el cuerpo de los vecinos que denuncian insultos, acoso, robos y amenazas. El deterioro al que ha llegado la protesta causa enfado e incredulidad entre los canadienses, que se preguntan cómo la falta de reacción policial e institucional ha ocasionado un «asedio» que empieza a ser comparado con el asalto al Capitolio de EE UU del 6 de enero de 2021. Políticos locales y regionales de Ontario hablan ya de una «insurreción nacional» y algunos significados miembros del Partido Liberal, al que pertenece el primer ministro, Justin Trudeau, se preguntan qué hace el Gobierno ante la aparente impunidad de los manifestantes acampados y de cientos de camiones cerrando el paso al tránsito.

Se reducen los contagios y cae la presión hospitalaria. Pero aún sigue dejando muchas muertes. 74 en la última semana, una menos que la anterior. Según la información publicada por el Gobierno vasco, desde que comenzó este año, 394 vascos han tenido al virus como causa directa de su fallecimiento. Es una de las cifras más elevadas de la pandemia; datos similares a los registrados en la tercera ola, justo hace ahora un año. Solo en la primera hubo, con claridad, más muertes que ahora. Aunque los estudios científicos atribuyen a ómicron una severidad menor que otras variantes, está sumando unas cifras de defunciones que no se veían en Euskadi desde hace muchos meses. Proporcionalmente, tiene una letalidad inferior que otras cepas, pero su capacidad para multiplicar por diez los casos que provoca –es lo que ha ocurrido en enero en Euskadi con respecto al mismo mes del pasado año– le empareja en decesos a algunos de los peores momentos de la crisis sanitaria.

Las personas con lesión completa de la médula espinal podrían volver a caminar, incluso a realizar actividades deportivas. Un estudio suizo que avanza a una velocidad de vértigo ha permitido a tres parapléjicos ponerse en pie, caminar, y realizar actividades deportivas como natación, ciclismo y manejar una piragua. Un chip que utiliza la estimulación eléctrica para reactivar neuronas espinales ha permitido este hito, que abre la puerta a su uso por afectados. Así lo consideran los investigadores suizos Gregoire Courtine y Jocelyne Bloch, que publicaron ayer los resultados de su trabajo en la reconocida revista ‘Nature Medicine’. Hace sólo cuatro años –dos antes de la pandemia que ha paralizado toda investigación que no fuera covid– el grupo informó al mundo de que habían logrado que personas parapléjicas –sin capacidad de movimiento en sus extremidades inferiores y el tronco– recuperaran la movilidad. Ahora han dado un salto de gigante al lograr que hagan deporte. «Los primeros pasos fueron increíbles, ¡un sueño hecho realidad», declaró ayer Michael Roccati. Es un italiano que quedó paralizado por un accidente de moto en 2014 y que, según informaron ayer los investigadores, «desafío el viento helado del centro de Lausana para probar el sistema al aire libre». Roccati hacía poco que se había sometido a una intervención quirúrgica para implantarle un ‘cable’ en la médula.