20210415

"Un año más, ya es el cuarto, Adegi participa en CITA Emprende como coorganizador. Como es bien sabido, somos una asociación de empresas, de manera que está en nuestro ADN apoyar a las compañías desde que inician su camino y acompañarlas a lo largo de su recorrido vital. No hay que olvidar que la empresa es, ha sido y será el motor del desarrollo, progreso y bienestar de Gipuzkoa. El 85% de las personas que trabajan en Gipuzkoa lo hacen en empresas privadas. Y las startups son las futuras empresas. Por otra parte, Adegi se impuso como reto estratégico ser una plataforma de colaboración entre empresas. CITA Emprende está alineada para nosotros con este desafío y es una oportunidad para fomentar la relación entre pymes y startups, así como de aportar valor a ambas partes. Todos ganan..."

El resultado ha sido dispar en cada territorio, pero también es cierto que hay diferentes protocolos de contabilización en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, con fechas de cierre particulares, que impiden que la comparación sea homogénea. Pese a todo, ese aumento del 4,7% se realiza en comparación con un periodo de normalidad, como fue casi todo el primer trimestre del pasado año –hasta la declaración del primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020–, y los ingresos de las haciendas forales no recogen aún citas clave, como la que se producirá a finales de este mes con la recaudación de IRPF e IVA del primer trimestre de las pymes. Las haciendas vascas han ingresado hasta finales de marzo un total de 3.136 millones de euros, lo que supone 141 millones más que en el mismo periodo del pasado año. El aumento más importante se ha registrado en Bizkaia, donde la recaudación ha crecido el 11,3%, mientras que en Gipuzkoa hay un descenso del 3,85% y algo más acusado, del 7,08%, en Álava. Buena parte de ese desequilibrio se debe a que Bizkaia contabiliza en marzo los ingresos que se producen hasta el día 31 de ese mes, mientras que Álava y Gipuzkoa tan sólo incorporan la recaudación hasta el día 10. Así, la comparación de estos dos últimos territorios se produce con un periodo de 2020 en el que aún no había estado de alarma. 

Los proyectos abarcan el hidrógeno, la aeronáutica, la salud o el sector agroalimentario. El Gobierno tiene ya perfilados seis proyectos estratégicos en los que participará inyectando fondos europeos. Además del anuncio del coche eléctrico, que todavía tiene que aprobarse en Consejo de Ministros. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son aquellos “de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, según recoge el real decreto-ley que regula los fondos europeos y que crea esta figura. Básicamente, el PERTE es una autopista administrativa que permite agilizar todos los procesos; debe contar además con financiación privada, que se estima en el rango de unos cuatro euros privados por cada uno público, y se puede articular mediante contratos, subvenciones, consorcios o agrupaciones. 

Cuando el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, planteó hace semanas que muchos planes de recuperación nacionales requerían «objetivos y metas más detallados», estaba dibujando el estado de situación de las negociaciones que desde hace meses mantienen los gobiernos con la propia Comisión Europea. Algo que no ha variado sustancialmente en la recta final de la presentación de la mayoría de ellos. El objetivo de Bruselas es conseguir que los desembolsos (dos anuales hasta 2026) que se irán realizando «fluyan» en cada uno de los tramos, que no se atasquen por dudas o desviaciones. Y el proyecto de España, pese a ser uno de los más avanzados de la UE, tiene aún asuntos clave que para Bruselas requieren una mayor precisión. «Hitos y calendario», se remarca. Aunque lo más probable es que queden abiertos y que su evolución se supervise cada seis meses. La lupa seguirá sobre la presión fiscal, la reforma del mercado laboral y la sostenibilidad de las pensiones.

La hoja de ruta económica del Ejecutivo también confirma que España solicitará parte de los otros 70.000 millones en créditos blandos disponibles hasta 2026, que lo hará ya desde el próximo ejercicio, y que su aprovechamiento será clave para el mercado laboral, las pymes y los emprendedores. El documento, cuya versión definitiva será remitida a Bruselas en los próximos días, una vez cerrados los últimos flecos, detalla de hecho el calendario de financiación previsto por el Gobierno. Este asume que el plan de recuperación deberá arrancar sufragado con los 27.000 millones de euros anticipados vía deuda que recogen los Presupuestos Generales de 2021. El desembolso europeo, pendiente del plácet del Tribunal Constitucional alemán entre otros factores, no se prevé hasta la segunda mitad del año y en dos partes. De un lado, “los 9.000 millones de prefinanciación” que España aspira a recibir en cuanto la UE dé el visto bueno a su programa, y de otro, “un primer pago semestral de 16.000 millones” antes de final de año.

El plan supone una emisión de deuda comunitaria sin precedentes en la historia de la UE. Bruselas se prepara para inundar los mercados de deuda europea con la que financiar el macro plan de recuperación de la crisis económica que ha dejado el Covid-19, el nuevo Plan Marshall comunitario con el que la UE quiere impulsar la salida de la pandemia y la transición ecológica y digital de la economía. La Comisión Europea presentó ayer su estrategia de emisiones para dotar de recursos al fondo con la emisión de hasta 800.000 millones de euros a precios actuales desde previsiblemente julio, mes en el que confía en poder salir a los mercados, hasta 2026, lo que convertirá a la UE en uno de los mayores emisores de deuda del mundo. El plan está preparado para ejecutarse en cuanto todos los países ratifiquen en sus parlamentos nacionales la Decisión de Recursos Propios, el mecanismo que permitirá a la UE salir a los mercados a financiar el paquete de estímulos. “Tan pronto como se permita legalmente a la Comisión pedir préstamos, estaremos preparados para ponernos en marcha”, señaló el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn.

Los empresarios mostraron ayer su rechazo más rotundo al anuncio de subida de impuestos en 2022, que hizo el pasado lunes María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno. Montero se refirió a un incremento de los impuestos de Sociedades, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. Impuestos que afectan a las familias, pero, especialmente, a los empresarios. Además, quiere obligar a subir tributos a las comunidades autónomas que los tienen más bajos. Especialmente, a Madrid, gobernada por el PP, que tiene bonificados Sucesiones y Donaciones y Patrimonio al 99% y 100%, respectivamente. En medio de una crisis económica gravísima, provocada por la pandemia del coronavirus, es en el que los empresarios consideran que la política fiscal del Gobierno es especialmente inoportuna. El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, recoge perfectamente el sentimiento de los empresarios: “La economía española todavía se encuentra en un estado de debilidad extrema. En este momento, familias y empresas necesitan estímulos y ayudas para superar la crisis y no subidas de impuestos que puedan comprometer ese relanzamiento de la actividad. La patronal CEOE, que preside Antonio Garamendi, opina que no existe más espacio fiscal para presionar a las empresas y a las familias. “La imposición directa tanto a empresas como a individuos ya es muy alta y no hay margen para más subidas de tipos”. 

"...Hay que subir los impuestos porque el agujero que nos están provocando la pandemia y la crisis que arrastra es de tal dimensión que serán necesarios mayores ingresos. Si hablamos de eso y no del tradicional postureo político, no hay más remedio que subir los impuestos que tienen potencia recaudatoria y que, básicamente, son tres: el IVA, los impuestos especiales y los tramos medios del IRPF. Subirlos provoca siempre una reacción airada de la población, así que es necesario envolver el principio activo de la medicina en el excipiente de una subida en paralelo de los llamados impuestos a los ricos. Ya sabe, el Patrimonio, Sucesiones y los tramos altos del IRPF. Pero no dude de que eso es solo la envoltura que hace más digerible la cruda realidad de que, si de verdad necesitamos aumentar sensiblemente la recaudación, es imprescindible tocar el núcleo duro de la fiscalidad. Así que soy partidario de subir los impuestos. Todos estos, unos para recaudar y otros para justificar. Pero me parecería absolutamente injusto e intolerable que antes de subir los impuestos el sector público no haga un severo ajuste de sus gastos, muchos de los cuales eran ya innecesarios antes y la pandemia los ha convertido en injustificables..."

Los países europeos con bajos impuestos han respondido positivamente a los planes de la Administración Biden de llevar a cabo una reforma radical del Impuesto sobre Sociedades a nivel mundial, a pesar de que saldrán perdiendo, pero han advertido que las negociaciones sobre muchos aspectos del plan serán muy duras. La propuesta, presentada la semana pasada, pretende poner fin al punto muerto en el que se encuentran las conversaciones globales sobre el tema auspiciadas por la OCDE. Daría a los países el poder de aumentar el impuesto de sociedades a los gigantes tecnológicos estadounidenses y a otras grandes multinacionales e impondría un impuesto de sociedades mínimo mundial a las empresas. Esto supondría un duro golpe para Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Malta y Chipre, países donde tienen sus sedes fiscales muchas de las mayores empresas del mundo y que defienden con contundencia su derecho a fijar el impuesto de sociedades al nivel que deseen.

El Plan de Recuperación que el Gobierno español remitirá antes del próximo 30 de abril a la Comisión Europea incluye una batería de medidas fiscales cuyo objetivo es mejorar los ingresos tributarios por la ‘vía verde’. El documento deja entrever que el Ejecutivo pretende retomar cuanto antes la polémica subida del impuesto al diésel, eliminando la bonificación fiscal de la que goza este carburante frente a la gasolina. En concreto, el plan presentado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indica que «se revisarán las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante». No es la primera vez que el Ejecutivo hace esta intentona para igualar el precio del diésel al de la gasolina vía impuestos. Incluso el pasado año llegó a incluir la medida en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Sin embargo, el rechazo del PNV, poniendo en riesgo el apoyo de la formación nacionalista para sacar adelante las cuentas públicas, provocó que la propuesta no se incluyera finalmente en el texto. Ahora, y en pleno análisis de la reforma tributaria por parte del Ministerio de Hacienda, el Gobierno ha aprovechado el Plan de Recuperación que dará acceso a los fondos europeos para plantear de nuevo esta posibilidad.

La propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de incentivar con hasta 12.000 euros cada año que se retrase la jubilación y endurecer las prejubilacioes para garantizar la sostenibilidad del sistema es un arma de doble filo. Así lo entiende Íñigo de la Peña, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa, quien afirma que una medida de este tipo conlleva añadir dificultades al acceso de los jóvenes al mercado laboral. A su vez, señala que la mayor parte de las personas con 62 o 63 años que quieren prejubilarse lo hacen porque llegan «muy justas de fuerzas» y que el incentivo económico no hará que cambien de planes.

El Gobierno ha acordado definitivamente el orden con el que abordará la crisis y modernización del mercado laboral dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Con los criterios establecidos en el proyecto presentado por Pedro Sánchez el pasado martes, las tesis de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejan paso a la puesta en marcha de medidas urgentes ya en este primer semestre. Los aspectos más lesivos de la reforma laboral, el caballo de batalla de Díaz, quedarían supeditados a ser negociados «en paralelo», una fórmula que da vía libre a Trabajo para promover un acuerdo con empresarios y sindicatos en, al menos, dos de esas cuestiones que aparecen expresamente citadas en el proyecto aprobado por el Gobierno: modernización de la negociación colectiva y regulación de subcontratas. Ambas son compromisos de Díaz para el desmontaje de la reforma laboral. La primera ya está sobre la mesa de los agentes sociales que conduce el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey con una propuesta por parte del Gobierno. Además, las mesas de diálogo social deberán negociar otras cuestiones como son la revisión de criterios de bonificaciones a las contrataciones, simplificación de contratos, o el nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó la semana pasada de las cicatrices que la crisis del coronavirus dejará en la economía global, sobre todo en los países más pobres. Ahora, el organismo que encabeza Kristalina Georgieva también habla de esas disparidades, pero centrando su vista en Europa. El remedio para salir del hoyo provocado por la pandemia es doble: acelerar la vacunación y que los gobiernos mantengan sus políticas de estímulo. Es decir, seguir gastando a manos llenas. Los bancos centrales están a punto de agotar sus herramientas para impulsar el crecimiento. Así que solo el gasto público podrá salvar los muebles. “Mientras la política monetaria es cada vez menos eficaz para impulsar el crecimiento, la política fiscal debe desempeñar un papel cada vez más importante”, avisó ayer el Fondo Monetario Internacional en la actualización de su informe regional sobre Europa. Por si no había quedado claro, apunta de nuevo en la misma dirección: “Las medidas fiscales para estimular la inversión y facilitar la creación de empleo acelerarían la recuperación”.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) amarró ayer definitivamente uno de los contratos más importantes de su historia reciente que, por el desplante de su rival Alstom, ha estado en la cuerda floja durante los últimos tres meses. La firma beasaindarra ya puede decir con todas las de ley que construirá, por nada menos que 1.000 millones de euros, buena parte del pedido de trenes de Cercanías adjudicado en enero por las autoridades de París al consorcio CAF/Bombardier para renovar la maltrecha flota que hoy circula en la línea que une el norte y el sur de la capital francesa; la que se conoce como RER B, y por la que hoy circulan unidades muy viejas e incómodas, lo que ha generado cierta presión ciudadana para poner en marcha el contrato cuanto antes que, a su vez, ha elevado la presión sobre la díscola Alstom.

Madoff fue condenado a 150 años de prisión en 2009 por estafar 64.800 millones de dólares (más de 54.000 millones de euros) gracias a las artimañas del conocido como esquema Ponzi o trama piramidal. Fue, según la justicia, el mayor fraude cometido por una sola persona. El engaño consistía en captar el dinero de inversores, a los que se prometían pingües ganancias. Cuando las reclamaban, se les daba largas o, en algunos casos, se les abonaban con los ingresos de nuevos inversores captados. El que lograba retirarse a tiempo, ganaba; el nivel inferior quedaba siempre a la intemperie. Los delitos fueron revelados a las autoridades por sus dos hijos, que no formaban parte de la trama, en 2008. La justicia no emprendió acciones contra ellos, pero sí contra Ruth Madoff, su esposa, por supuesta connivencia en los desfalcos. La revelación dejó de manifiesto los agujeros en la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC, en sus siglas inglesas). El regulador bursátil, por incompetencia o negligencia, frustró media docena de evaluaciones de los negocios de Madoff.

La inmunización de grupo en Europa corre prisa, ya que el verano se aproxima y cada semana surgen obstáculos que obligan a tomar decisiones sobre la marcha. Y la Comisión Europa ha de definir bien cómo y con quién se alía en esta misión. En este sentido, desde la institución se ha logrado pactar un servicio exprés con Pfizer, que adelanta 50 millones de dosis correspondientes al último trimestre. Lo anunció ayer la presidenta Ursula von der Leyen. A España le corresponderían en torno a cinco millones, pues la distribución se hará per cápita en función de la población. Von der Leyen declaró que «es un socio de fiar, está cumpliendo y responde a las necesidades». Y aseguró que «pensando a medio plazo para preparar el futuro, estamos aprendiendo las lecciones (...). Teniendo todo en mente, necesitamos centrarnos en tecnologías que funcionan. Las de mRNA son claramente un ejemplo y por eso vamos a entrar en negociaciones con Pfizer para un tercer contrato, que prevé 1.800 dosis adicionales en 2022 y 2023. No solo la producción de vacunas sino también componentes esenciales. Las negociaciones empiezan hoy y esperamos cerrarlas pronto».