20210407

Las estadísticas económicas reflejan una parte de la realidad pero no toda ella, máxime en una coyuntura tan peculiar como la actual marcada por la pandemia de coronavirus. Así, los datos de la evolución del mercado laboral de la Comunidad Autónoma Vasca en el pasado mes de marzo señalan elementos positivos como que el número de trabajadores vascos acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se ha reducido significativamente hasta las 28.576 personas, lo que supone un recorte de casi 10.000 respecto a febrero. Al mismo se ha producido un incremento en la afiliación a la Seguridad Social, al sumar 3.289 cotizantes vascos más, el 0,35%, hasta un total de 955.061 en la CAV. Los dos datos anteriores son positivos dentro de lo que cabe esperar en la actual y adversa coyuntura económica pero hay una cifra que no permite ser tan optimistas sobre la evolución del empleo en Euskadi y esa no es otra que el aumento del número de personas sin trabajo que engrosan las filas del paro. Así, en marzo unos 993 vascos más se han sumado a las listas de Lanbide hasta sumar un total de 130.021 personas en la Comunidad Autónoma Vasca que demandan un puesto de trabajo.

El viceconsejero de Empleo del Gobierno Vasco, Alfonso Gurpegui, ofreció ayer una valoración sobre los datos del ámbito laboral dados a conocer por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Lanbide en la que, además de resaltar la «fortaleza» de la economía vasca y su «posición sólida en la salida de la crisis», reveló una circunstancia que pudo ser determinante para que la estadística de paro vasca presentara peor cara que la del resto de comunidades autónomas. De hecho, Euskadi fue la única autonomía en la que creció el paro; en concreto, en 993 personas. Gurpegui explicó que ante el ciberataque sufrido por el SEPE, «Lanbide optó por proteger su propio sistema informático». «Desde el 9 de marzo, y ante la dificultad de materializarla en sistemas informáticos y presenciales, se activó la renovación automática de la demanda de empleo», dijo. Este gesto, aclaró, «evitó la salida natural del desempleo» de muchas personas, al no renovar su demanda de empleo en condiciones normales. Gurpegui resaltó que la decisión se tomó para «dar prioridad a la garantía de las prestaciones de quienes estaban en desempleo antes que a preservar el dato estadístico». El departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco insistió en que cualquier comparación con el año 2020 en materia de empleo podría llevar a confusión. 

Datos mixtos y contradictorios en el mercado laboral vasco durante marzo, cuando se cumple un año de la debacle económica derivada de la pandemia. Euskadi fue el pasado mes la única comunidad autónoma que sufrió un repunte en el paro, con 993 personas más apuntadas a Lanbide hasta elevar el total a 130.021. Pese a que por ese lado fue el ‘farolillo rojo’, registró un incremento en la afiliación a la Seguridad Social de 3.289 cotizantes, una cifra que se sitúa en línea con la media nacional y con el incremento habitual de los años de crecimiento económico. Y eso que se notaron los coletazos de la tercera ola. En su valoración, el Gobierno vasco dio una explicación que puede matizar ese dato discordante del paro en Euskadi. Así el viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegui, detalló que, ante el ataque informático al SEPE, Lanbide renovó de forma automática las demandas de empleo desde el 9 de marzo para que nadie se quedase sin cobrar. Esta forma de proceder, señaló, pudo evitar bajas en el registro del paro.

 La actividad económica del territorio de Gipuzkoa, tomando como termómetro de la misma la afiliación a la Seguridad Social, avanza con paso firme, aunque no exenta del peso que supone un año ya de crisis derivada de la pandemia. Y lo mismo sucede en el conjunto de Euskadi. Tras un buen, aunque tímido, arranque de año, los datos de marzo permiten hablar de una consolidada senda de recuperación y, sobre todo, de un cierto alivio respecto al eventual impacto que pudiera haber tenido la llamada tercera ola, cuyos efectos aunque se temían notables han sido menores. La de marzo es una luz (aún insuficiente para poder afirmar que se llega por fin al final del túnel, aunque sí ciertamente esperanzadora) que se traduce en una mejora de la afiliación a la Seguridad Social –la pura actividad económica–. 

En Euskadi, la contratación creció un 21% respecto a marzo de 2020 y un 28% sobre los datos de febrero. Se firmaron 67.240 contratos y de ellos un 13% fueron indefinidos.  «Nos estamos acercando ya de manera importante al ritmo y los flujos de contratación prepandemia», presumió el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. El ‘número dos’ de Trabajo remarcó el «gran número» de contratos estables, hasta el punto de que suponen la cifra más alta en un mes de marzo de toda la serie histórica.

Un año después de que la pandemia atacara, sus consecuencias en un mercado ya endeble son demoledoras: 400.000 parados más, 86.000 empleos menos (330.000 si se compara con febrero de 2020), cerca de 750.000 personas afectadas aún por un ERTE y 440.000 autónomos en cese de actividad. En 50 días se destruyeron casi un millón de puestos, desplome del que será difícil recuperarse, aunque se han recobrado casi 670.000 afiliados desde mayo, el punto más bajo. Y marzo ha contribuido en algo al convertirse en el mejor mes para el mercado laboral desde octubre, y sin haber Semana Santa. La Seguridad Social ha sumado 70.790 cotizantes más de media que en febrero, con lo que la cifra total de afiliados se situó en los 18.920.902. El alivio de las restricciones adoptadas ha permitido recuperar algo de fuelle, aunque se trata de una cifra muy inferior a la de otros ejercicios; de hecho, es la menor subida desde marzo de 2013. Además, se ha conseguido revertir la tendencia de los últimos cinco meses y el número de parados registrados en las oficinas del SEPE se ha reducido en 59.149, la tercera mayor bajada de la serie histórica y el mejor dato para un marzo desde 2015.

La titular del juzgado número 2 de Bilbao deberá valorar tres alegaciones en el proceso de liquidación del antiguo astillero La Naval de Sestao. El plazo de presentación finaliza hoy, pero sus protagonistas ya han anticipado que recurrirán la decisión del administrador concursal de adjudicar los terrenos al grupo belga VGP, que quiere desarrollar un polígono dedicado a actividades industriales y logísticas en los casi 300.000 metros cuadrados. Dos alegaciones corresponden a sendos grupos empresariales que habían optado a la adjudicación –Marina Meridional y el grupo A&M–, mientras que la tercera está firmada por el sindicato UGT. Las dos compañías mencionadas fueron descartadas en la puja ya que sus ofertas –29,3 y 23 millones de euros, respectivamente– fueron inferiores a los 36 millones ofrecidos por la firma belga VGP. El objetivo no es otro que pedir a la titular del juzgado que supervisa la quiebra de La Naval que revise el proceso de adjudicación y atienda a criterios cualitativos y no cuantitativos. Un extremo que todos los expertos en procedimientos concursales descartan, ya que los planes sobre el contenido sí podían considerarse cuando se trató de vender como astillero, pero no en esta fase. La Naval ha tenido que despiezarse y venderse por partes después de que durante más de un año permaneciese el plazo de recepción de ofertas por el conjunto. Pero nadie presentó sus propuestas entonces, en gran medida porque existía una reclamación de los sindicatos ELA, CC OO y CAT, que se oponían al despido de la plantilla del astillero.

«Ahora que los gobiernos comenzarán a repartir ayudas, es especialmente importante que sean eliminadas para evitar destinar recursos a compañías que no van a generar ningún resultado positivo», Nathalie Gianese, autora del informe que ayer publicó Informa D&B sobre las empresas zombis en España. «Calculamos que ahora en torno al 6% de todo el tejido empresarial español pertenece a la categoría zombi, algo más que en países como Italia –5%– o Francia –4,5%–. Posiblemente esto se deba a que las empresas españolas tienden a presentar menos concursos de acreedores que las de otros países, y las insolvencias están íntimamente relacionadas con las empresas zombis», analiza Gianese. Su informe también recoge otra clasificación relevante, la de empresas sin actividad que no publican cuentas. Ese segundo número es mucho mayor: 1.439.168 en todo el Estado. El País Vasco no sale especialmente bien parado. Es más, aloja más empresas zombis de las que le corresponden en proporción. Concretamente son 2.274, un 5,75% del total. Es un porcentaje que supera en un punto al que le correspondería por la cantidad de sociedades mercantiles. En el caso de las empresas inactivas, Euskadi sí que se sitúa en la representación que le corresponde: suman 68.044, un 4,73% del total. 

La compañía vasca Haizea Wind, especializada en la fabricación de torres eólicas, participará en la construcción del parque marino que Iberdrola levanta en la Bretaña francesa, con el montaje de las 62 torres que lo integran. Ha sido seleccionada por Siemens Gamesa –proveedor de los aerogeneradores– para llevar a cabo esta tarea, que supone una inversión de 11,8 millones de euros. El proyecto supone un gran espaldarazo para su planta en el puerto de Bilbao, con 231 trabajadores, ya que el pedido absorbe un 30% de su capacidad. La producción de las torres comenzará en esas instalaciones, donde se fabricarán y se pintarán. Finalizado este proceso, serán enviadas al taller del puerto de Brest y allí se completará el montaje.

Golpeada por el coronavirus, H&M ha anunciado un fuerte ajuste en el mercado español. La compañía sueca de distribución de moda, número dos en el mundo por cifra de negocio después de Inditex, comunicó ayer su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) en España, que afectará a un máximo de 1.100 empleados, lo que supone alrededor del 17% de su plantilla total de unos 6.200 trabajadores entre tiendas y almacenes. Además, anunció que ejecutará una modificación “sustancial” de las condiciones de trabajo y que cerrará 30 tiendas, de sus 155 establecimientos en el país. La empresa precisó que se encuentra en un proceso de transformación y reorganización mundial, y que pretende adaptar su operativa y estructura con el objetivo de crear una organización “más eficiente, integrar aún más las tiendas físicas y online y crear una mejor experiencia omnicanal para sus clientes”.

España será una de las economías del mundo que más crecerá en 2021, según el Fondo Monetario Internacional. Pero eso no significa que vaya a recuperarse de la crisis del Covid-19 antes que otras. Entre otras cosas porque también España fue de las economías que más se hundieron en 2020. El batacazo económico fue tal que ni el mejor rebote de 2021 será suficiente para recuperar lo perdido, y España será de las últimas economías en ver completamente la luz y volver a niveles precrisis: no lo hará hasta 2023. El Fondo prevé que el PIB español crecerá un 6,4% en 2021, una mejora de cinco décimas respecto a la última estimación del organismo, que ayer presentó su actualización de perspectivas económicas mundiales. El organismo dirigido por Kristalina Georgieva sitúa a España por encima de Francia, Alemania, Italia y la mayoría de economías avanzadas, y a la par que Estados Unidos en crecimiento en 2021. En 2022, en cambio, mantiene la previsión de subida del PIB más moderada, en el 4,7%.

La Comisión Europea ha aprobado este martes que Francia conceda hasta 4.000 millones de euros para la recapitalización de Air France con el fin de ayudar a la aerolínea a afrontar las dificultades financieras derivadas del coronavirus. Así, el Estado francés se convertirá en el primer accionista de la compañía aérea con casi el 30% de la participación. La medida, que ha sido aprobada en el marco de ayudas estatales por la crisis del coronavirus, está sujeta a condiciones, precisó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. “El apoyo público vendrá con condiciones, en particular para garantizar que el Estado francés reciba una remuneración suficiente, y otras medidas para limitar las distorsiones de la competencia”, señaló la vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager.

El Gobierno no contempla el más mínimo retraso en su plan de vacunación a pesar de los continuos problemas en los suministros de los laboratorios o de las dudas surgidas sobre la seguridad de alguno de los antígenos contra el coronavirus, particularmente AstraZeneca, cuya continuidad en el mercado europeo no está ni mucho menos garantizada. Según las nuevas y optimistas previsiones que el Ejecutivo central hizo públicas ayer, no habrá nuevas demoras antes del verano y estamos a las puertas de registrar un notable acelerón en el acceso a los sueros. Lejos de reajustar calendarios, Pedro Sánchez redobló su apuesta de que se avecina una revolución en el ritmo de la campaña. No solo insistió en su ya conocida promesa de que España conseguirá alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño a finales de agosto con el 70% de la población inoculada con la «pauta completa» (unos 33 millones de personas), sino que mucho antes, a mediados de julio, 25 millones de españoles, más de la mitad de los 47 millones de habitantes del país, habrán recibido la profilaxis, por lo que, en teoría, estarán protegidos contra el virus.

En esta línea de escepticismo se pronunció ayer el lehendakari, que advirtió de que las comunidades autónomas, y Euskadi en particular, se quedarían sin casi margen legal para establecer las medidas preventivas que consideren necesarias para combatir la pujanza del coronavirus en la comunidad. Los gobiernos regionales ya no podrían decretar cierres perimetrales, modular los toques de queda ni tomar otras decisiones como limitar los grupos de personas a cuatro o seis personas. Ante esta tesitura, y en opinión de Urkullu, el final del estado de alarma abriría «un tiempo» que sería «complejo de gestionar» porque quedaría sujeto a «que esté garantizado el suministro de vacunas y a que sigamos cumpliendo las medidas preventivas a nivel individual y colectivo». Además de sus dudas ante la conveniencia de levantar el estado de alarma –algo que las comunidades autonómicas unieron más a una estrategia política ante las elecciones autonómicas convocadas en Madrid para el 4 de mayo que a motivos epidemiológicos–, Iñigo Urkullu afeó a Pedro Sánchez que haya desvelado sus intenciones «sin contraste con las comunidades autónomas, responsables de la atención sanitaria y en primera línea de lucha contra el virus desde el primer día».

Las tres principales asociaciones de hostelería de Euskadi impugnarán ante los tribunales el acuerdo del Gobierno vasco que recortará los horarios de los bares y restaurantes emplazados en municipios con una incidencia superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El sector juzga «inadecuada» la medida planteada por el lehendakari, al considerar que resultará estéril para frenar la ola de contagios, «como se ha comprobado en comunidades como Cataluña, que apostaron sin éxito por estas restricciones. Les ha ido igual que a los demás», subrayó ayer Héctor Sánchez, gerente de los hosteleros vizcaínos, que incidió en los «graves quebrantos económicos» que acarreará esta limitación. En vísperas de la Semana Santa, el Ejecutivo autonómico avanzó que los negocios de hostelería y restauración de localidades con una tasa superior a los 400 casos deberían cerrar sus espacios interiores y ofrecer sus servicios únicamente en las terrazas, salvo durante las horas del desayuno –entre las 06.30 y las 9.30 horas– y de la comida –entre las 13.00 y las 16.30–.