20210324

El supervisor rebaja en ocho décimas la estimación de PIB para 2021, al 6%, y anticipa una caída del 0,4% en el primer trimestre. Cree que el Gobierno no podrá ejecutar más del 55% de la inversión prevista de los fondos de la UE. Cree que la selección de proyectos con fondos de la UE es “más farragosa” de lo previsto. El Banco de España actualizó ayer sus proyecciones macro, que anticipan un semestre de clara “debilidad”. De hecho, aunque en los tres escenarios que plantea (suave, central y severo) el supervisor no descarta un repunte del PIB del 0,4% en el primer trimestre, su escenario central es de una caída del 0,4%, que podría elevarse al 0,9% en la hipótesis más adversa. Esto es, en el supuesto de un nuevo rebrote de la epidemia que conlleve más restricciones y en el que el proceso de inmunización se dilate aún más, a pesar de que parte de la premisa de que no se alcanzará un porcentaje significativo de inmunidad antes de final de año. El Banco de España se alinea así con las predicciones que parecen abocar a la economía a la contracción en el primer trimestre (aunque señala que la bajada de contagios en las últimas semanas habría permitido un alivio de las restricciones y “una cierta mejora de los niveles de actividad” ya en marzo), entre las que sobresale la de la AIReF, que vaticina una caída del PIB del 1,4% hasta marzo.

Yolanda Díaz, que en abril será vicepresidenta Tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, está decidida a derogar la profunda reforma laboral que hizo el Gobierno del PP en 2012. Así lo comunicó el lunes en el Congreso de los Diputados, y en contra de la opinión de Nadia Calviño, máxima responsable económica del Ejecutivo y futura vicepresidenta segunda. Las intenciones de Díaz también chocan con los empresarios, en la CEOE y Cepyme, y con la advertencia que Standard & Poor’s acaba de hacer a España. En todo caso, éstas son las propuestas más importantes de reforma laboral que Díaz tiene en su programa: Reducir y simplificar el número de contratos. Los ERTE, como fórmula para impedir despidos. Prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa. Recuperar la prórroga indefinida del convenio caducado. Obstaculizar el incumplimiento del convenio sectorial. Reforma de la subcontratación para aumentar la protección de los trabajadores. Reorientar las subvenciones y bonificaciones en la contratación laboral. Cambio de las políticas de apoyo al empleo. Nueva regulación del trabajo a distancia. Los repartidores son asalariados. Y plan de igualdad y registro salarial.

La plantilla de Petronor celebró ayer su primera concentración frente a las instalaciones de la refinería de Muskiz para denunciar el incumplimiento de los acuerdos alcanzados tras la desconvocatoria de huelga del pasado año. Asimismo, los representantes de los trabajadores alertaron sobre la propuesta de ERTE que la empresa les viene presentando desde febrero y que podría llegar a afectar hasta 349 personas de forma rotatoria. Los representantes de los trabajadores entregaron ayer una carta al presidente de Petronor mostrando su rechazo a las medidas que se pretenden ejecutar. «El futuro de Petronor está en las personas que nos concentramos aquí, no en los grandes planes de la dirección de la empresa», aseguraron.

La planta de Mercedes Benz volverá a cancelar su producción este próximo sábado 27 debido a las dificultades de suministro que están teniendo las plantas automovilísticas a la hora de recibir los microchips procedentes de Asia. Al igual que sucedió hace dos semanas, cuando también se suspendió la jornada del 13, la factoría ha optado por parar la maquinaria en un único turno –los sábados solo se trabaja por la mañana en las líneas de pintura y montaje bruto y final–, en previsión de que esa falta de piezas se agrave la semana que viene con la cadena de producción a pleno rendimiento. La dirección de la principal industria vasca reconoce la situación de «alta incertidumbre» derivada de los problemas de disponibilidad en el mercado de estas piezas. Y por este motivo quie- re tener reservas para esos días –aunque también es una semana corta, con tres jornadas de actividad, porque luego llegan las vacaciones de Semana Santa– y no verse obligada a parar la fabricación de manera prolongada si tampoco desde la multinacional en Alemania le pueden enviar los chips. «Aunque hasta la fecha no hemos sufrido ninguna distorsión, no estamos exentos de que pudiera suceder en las próximas semanas», traslada Mercedes a sus trabajadores en una comunicación interna.

El grupo elige las fábricas de Valladolid y Palencia para su nueva apuesta por la automoción electrificada. Creará 1.000 empleos fijos en los próximos años e invertirá más de 750 millones. De Meo, ex presidente ejecutivo de Seat, dijo que “España es un país clave para Renault y es nuestra segunda casa”. Y dijo de Palencia como fábrica que es “una de las joyas de la corona del grupo”. En este sentido, De Meo señaló que esta factoría recibirá tres modelos, dos del segmento C (segmento donde están los actuales Mégane y Kadjar que la planta palentina dejará de fabricar cuando terminen sus ciclos de vida), y un coche del segmento D-SUV, es decir, un todocamino grande. Estos modelos llegarían “de forma escalada, uno en el año 2022, otro en 2023 y otro en 2024”. El plan industrial contempla también la llegada de un nuevo motor híbrido a la factoría de motores de Valladolid en 2023 y de dos cajas de cambio electrificadas a la planta de Sevilla en 2022 y 2024. 

Sébastien Guigues, director general del Grupo Renault, explicó la apuesta de la compañía, que avanza «rumbo a las cero emisiones». «Las ayudas de los gobiernos son imprescindibles para abaratar los coches eléctricos». La movilidad y la contaminación que esta produce son a día de hoy es uno de los grandes retos de las ciudades. En 2030, el 70% de la población mundial vivirá en grandes urbes, por lo que es necesaria una transformación que tenga en cuenta las necesidades del nuevo panorama. En este cambio juega un papel importante el sector de la automoción. «Nos enfrentamos al desafío más importante de nuestra historia». «Son procesos largos porque además de la tecnología requieren procesos de seguridad y financieros. Nuestra maquinaria es lenta», explicó el directivo. Por ello, puso el foco en las autoridades, a las que pidió que «no cambien las normativas demasiado rápido». «Las compañías estamos dispuestas a invertir todo nuestro esfuerzo en crear vehículos libres de CO2, pero deben respetar los ritmos, si no no nos da tiempo a sacar el coche». 

 Solaris (la filial de CAF especializada en autobuses ‘limpios’) presentó ayer a las Administraciones su propuesta ‘Acelerar 2025’ para agilizar la descarbonización del transporte colectivo en España y cumplir con los objetivos vinculantes en materia de sostenibilidad. Durante la celebración telemática de su 25º aniversario, la compañía recordó que España está aún por detrás de otros países europeos en cuota de buses eléctricos o de hidrógeno pese a que éstos son una pieza clave de la estrategia de reducción de emisiones. La firma considera que haría falta una inversión de al menos 600 millones de euros hasta 2025 en este tipo de vehículos y en infraestructura de recarga. Y, en este sentido, cree que «los fondos europeos son una oportunidad única de situar al transporte colectivo en el centro de la estrategia de sostenibilidad». «Solo un 6% de los autobuses son cero emisiones, aunque se trata de un tipo de vehículo que se está adoptando de modo masivo por las grandes ciudades europeas», dijo Solaris. Ver nota de CAF. 

El duro informe de la Cámara de Comercio sobre las carencias que arrastra Álava para crecer en el sector de la logística ha resultado acertado. Las administraciones locales reconocieron ayer que la falta de parcelas de las que se puede disponer de forma inmediata, el retraso de proyectos clave y la rigidez urbanística –los principales problemas que detecta el documento- lastran el futuro del territorio histórico, pero atribuyeron esta situación a otras instituciones o a la falta de grandes acuerdos políticos. El diputado general, Ramiro González, admitió ayer que algunas empresas que inicialmente habían trasladado su interés por desarrollar sus proyectos en el territorio finalmente arrojaron la toalla por carecer de alternativas. «Ha habido propuestas por parte de compañías para venir, pero no se les ha podido dar respuesta porque no se dispone de espacio», reconoció el mandatario foral. Sólo Arasur, en Ribabellosa, cuenta con parcelas ‘XXL’, con una superficie de más de 100.000 metros cuadrados, como denunció la institución que preside Gregorio Rojo, pero tampoco están disponibles de forma inmediata. Según fuentes empresariales, una de esas firmas fue Amazon, que finalmente eligió Asturias para una gran zona logística para el norte de España.

Preocupa tanto el futuro del Valle de Ayala que no se esperará a las conclusiones de la ponencia del Parlamento vasco que estudia su situación económica. El Gobierno autonómico destinará 24 millones de euros a través del programa Berpiztu para la reactivación de la comarca y el empleo. Un dinero que, según explicó ayer el diputado general de Álava, Ramiro González, se dedicará a impulsar una comarca que «está pasando un momento complicado», aunque todavía se está en «un proceso de identificación» de cuáles son sus necesidades concretas. La idea es que las instituciones trabajen a partir de ahora en descubrir cuáles son «los proyectos que realmente pueden ser tractores para su recuperación». Si bien no hay plazos para su desarrollo e implantación, González reconoció que existe «la constancia de que la crisis provocada por el Covid ha afectado a algunas empresas importantes, aunque otras siguen con planes de crecimiento».

El sindicato ELA anunció ayer la firma del preacuerdo para el primer convenio sectorial de reparto a domicilio de Bizkaia, que incluye un salario mínimo de 1.200 euros/mes y el derecho de los repartidores a la subrogación ante cambios de empresa. Este convenio, calificado de «histórico» y que se ha negociado con la patronal Cebek, abarca a las compañías dedicadas a la distribución para supermercados y otras cadenas de alimentación.

Las deducciones podrán ser aplicadas por pymes y autónomos, principalmente de sectores como la hostelería, el comercio minorista, el turismo y las actividades culturales, que hayan experimentado caídas de ingresos superiores al 25% en 2020. Pero habrá diferencias. Así, Bizkaia permitirá que esas inversiones extraordinarias tengan una deducción del 15% en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades, sin límite alguno. En Álava y Gipuzkoa, sin embargo, la deducción será del 10% del importe de la inversión y estará limitada a un máximo de 5.000 euros. Bizkaia también ha aprobado otra medida claramente dirigida a una parte del sector de la hostelería, vinculada a las máquinas tragaperras. El Impuesto sobre el Juego al que están sometidas esas máquinas tenía un periodo de devengo semestral. El pasado año se pasó a mensual, pero el Ejecutivo foral vizcaíno ha decidido hacerlo diario. Con ello, los afectados podrán tributar por los días que hayan tenido abiertos sus establecimientos desde principios de enero.

Ademi, la asociación de accionistas del IMQ que propugna que el control de la compañía siga en manos de médicos, ha presentado su propuesta para intentar buscar una solución a la guerra que enfrenta a los dueños de la principal aseguradora de salud vasca: un grupo de unos 1.100 médicos, de los cuales el 45% ya no ejercen la profesión y son pensionistas, y entre los que nació un movimiento para vender y desligarse de la sociedad. En sus aspectos básicos, la propuesta fue presentada el pasado lunes a los miembros de la asociación y contempla la posibilidad de incorporar a un «socio financiero estratégico», si es necesario reforzar la liquidez de la compañía para facilitar la salida de quienes quieran vender sus acciones.

La directora del departamento de Empleo de la CEOE, Rosa Santos, y encargada dirigir las negociaciones del diálogo social por parte de los empresarios, abogó ayer por la necesidad de revisar en profundidad los complementos salariales, como una de las vías para avanzar en la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Durante su comparecencia ayer en la Comisión de Igualdad del Congreso, Santos explicó que tradicionalmente en muchos de los complementos salariales han primado cuestiones como la disponibilidad, más vinculadas por razones culturales a los hombres. Además, esta responsable de la patronal aseguró que para la patronal CEOE es esencial, en ese camino de atajar la brecha salarial y romper techos de cristal, orientar la formación y las expectativas profesionales de las jóvenes hacia la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, actividades que van a liderar la economía en los próximos años. “Las mujeres tenemos que ser capaces de liderar esas actividades económicas”, manifestó.

El grupo de distribución y los sindicatos CC OO, Fasga, Fetico y UGT llegaron ayer a un acuerdo para formalizar las condiciones del ajuste de plantilla que afectará finalmente a 3.292 empleados (casi un 4% del grupo) dentro de su plan de reestructuración por la crisis del coronavirus. Ambas partes han llegado a un consenso en dos semanas. Y lo han hecho fijando unas condiciones que se asemejan a lo que dicta el Estatuto de los Trabajadores en materia de indemnización. Los empleados que se adhieran voluntariamente al ERE recibirán una indemnización equivalente a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades del sueldo bruto (incluido el variable) que tuvieran en 2019. Se corresponde con la máxima que se encuentra en vigor desde la última reforma laboral para abordar un despido improcedente. La intención inicial de la compañía pasaba por pagar 25 días por año trabajado y los sindicatos exigían 36 .

El último año ha sido demoledor para la economía española en general y para el comercio en particular, que se ha dejado 20.000 millones de euros y 60.000 puestos de trabajo a raíz de la pandemia del coronavirus, de acuerdo con el informe Un año de pandemia en el comercio, publicado ayer por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). De hecho, el comercio en España no sólo ha sido el más castigado de Europa sino también el único, junto a Italia, que todavía no ha retomado la senda de crecimiento. Por ello, la patronal es pesimista y prevé que la facturación del sector apenas crezca este año un 4%, tras la caída del 8% sufrida el año pasado. Y eso, siempre que la vacunación, la movilidad y el turismo respalden la actividad.

Competidores acérrimos en el sector eléctrico, pero aliados sin fisuras en la lucha contra el cambio climático. Son Ignacio Galán y Francesco Starace, respectivamente los primeros ejecutivos de Iberdrola y Enel, las dos mayores eléctricas en Europa y dos de las cinco mayores eléctricas en el mundo. Galán y Starace han sumado fuerzas y se han convertido en el máximo exponente energético de la nueva alianza formada por diez grandes compañías europeas, que se han unido para reivindicar la lucha empresarial contra el cambio climático, como si fueran los nuevos Robin Hood de lo que en estos momentos es la mayor causa justa económica a nivel global: la sostenibilidad. Galán y Starace han creado el mayor Action Tank corporativo (lobby empresarial) para promover la lucha contra el cambio climático. Les acompañan los primeros ejecutivos de ABB (Björn Rosengren), AkzoNobel (Thierry Vanlancker), E.ON (Leonhard Birnbaum), Maersk (Søren Skou , SAP (Christian Klein), Scania (Henrik Henriksson), Schneider Electric (Jean-Pascale Tricoire) y Volkswagen (Herbert Diess). Aunque empezó a forjarse hace meses, en plena pandemia, es ahora cuando la agrupación, a la que se ha bautizado Alianza CEO (CEO Alliance, en inglés) ha empezado a desplegar todo su poder de persuasión, con reuniones al más alto nivel y la elaboración de un manifiesto, coincidiendo con la séptima huelga climática internacional, un acto a favor de la lucha contra el cambio climático.

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, anunció ayer que Euskadi prevé comenzar la semana que viene a inmunizar a la población general de hasta 65 años y «se continuará de manera descendente» con la vacuna de AstraZeneca. Este proceso se compaginará además con aquellos colectivos a los que se debe ampliar la vacunación hasta los 65 años, es decir, Ertzaintza, policías municipales, bomberos y otros colectivos sociosanitarios. Hasta ahora se ha vacunado con el fármaco británico a personas de colectivos esenciales de menos de 55 años. Después de que la semana pasada la Agencia Europea del Medicamento (EMA) anunciara que la vacuna de AstraZeneca es segura y el Consejo Interterritorial ratificara que va a vacunar con estas dosis a la población de hasta 65 años, hoy se reanudará la administración del preparado de la Universidad de Oxford. La previsión del Gobierno Vasco es que esta semana se administren 27.000 dosis de AstraZeneca a profesionales del ámbito educativo no universitario que no pudieron ser vacunados por la paralización. La consejera anunció que esta población diana comenzará a recibir mensajes a partir de este mediodía para que pueda coger cita a través de la web de Osakidetza.