20210322

Entre el 17 de marzo de 2020 –día en el que se aprobaron las primeras ayudas para las empresas afectadas– y el pasado 28 de febrero, la línea especial abierta por el ICO para combatir los efectos secundarios del Covid19 ha servido para mantener a flote a 18.709 empresas y autónomos vascos. Concretamente, el instituto público ha avalado en Euskadi 4.875,8 millones de euros en 31.355 préstamos, lo que les ha permitido acceder a 6.604,3 millones para garantizar liquidez y cubrir necesidades de circulante. La cifra sitúa al País Vasco en el quinto puesto de las comunidades más beneficiadas, por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia, y por delante de regiones más pobladas, como Galicia o Castilla y León. «El ICO es un socio del tejido económico vasco. Un colchón financiero para empresas y autónomos ante las urgentes necesidades de liquidez. Sin olvidar los diferentes reavales de CERSA –Compañía Española de Reafianzamiento–, que ha permitido potenciar el trabajo de Elkargi», explica el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso.

Apenas una de cada doce empresas podrá obtener las ayudas directas que ha aprobado el Gobierno, según estimaciones de EL PAÍS a partir de datos de Axesor, la Agencia Tributaria y la CEOE. El Ejecutivo aprobó un paquete de ayudas a empresas por valor de 11.000 millones, de las cuales 7.000 serán subvenciones directas. Sin embargo, el Gobierno ha limitado el acceso centrándolo en actividades que han recurrido a los ERTE para salvar el empleo. Así que únicamente serán elegibles unas 180.000 sociedades de las 2,2 millones que existen. Los autónomos se beneficiarán en mayor porcentaje, aunque con cuantías menores. Los requisitos que ha fijado el Gobierno para que las empresas y autónomos puedan acceder a las ayudas directas son bastante restrictivos. Solo podrán recibir subvenciones 95 de las 538 ramas de actividad que hay clasificadas: una quinta parte.

Cuatro empresas vascas de sectores muy diversos explican cómo han reaccionado a la crisis generada por la pandemia y han sobrevivido a un órdago sin precedentes. Las cuatro han encontrado un camino para sortear la crisis y han sentado las bases de una nueva forma de desarrollar el negocio. Un modelo diferente y que ha venido para quedarse. La primera compañía es una ingeniería y fabricante de bienes de equipo, la azpeitiarra Sarralle, que tuvo que enfrentarse al parón de las inversiones de uno de sus principales clientes, el sector siderúrgico. La segunda, La Salve, la marca bilbaina de cervezas, afectada por el cierre de la hostelería y las restricciones que todavía hoy siguen marcando el paso a los establecimientos. El tercer protagonista es un histórico de la economía vasca, el fabricante de copas, Vicrila, que afronta un nuevo proyecto empresarial desde su sede de Leioa y que también ha visto frenado su recorrido por las estrecheces que genera el coronavirus en las actividades hosteleras. Y por último el operador de telecomunicaciones Euskaltel, que ha tenido que dar respuesta a las necesidades de conexión de las empresas y ha tenido una gran actividad. Los cuatro coinciden en destacar la capacidad de reacción del conjunto de la economía vasca ante el coronavirus, no solo para amortiguar el impacto en las cuentas de resultados, también en el capítulo más importante: garantizar la salud de los trabajadores y mantener al mismo tiempo el pulso en la actividad. 

Los expertos creen que los jóvenes serán los grandes perjudicados por la crisis económica provocada por el Covid-19 y reclaman cambios en la formación y reformas para acabar con la excesiva temporalidad del empleo juvenil, como reforzar la Formación Profesional (FP) y reducir la brecha entre los costes del despido para los contratos temporales y fijos, entre otros. Esta es una de las principales conclusiones del consenso económico, correspondiente al primer trimestre de 2021, que elabora PwC a partir de la opinión de un panel de más de 400 expertos, directivos y empresarios. Para fomentar su incorporación al mercado de laboral, los panelistas proponen en primer lugar modificar la formación que reciben, vinculándola más directamente a las necesidades productivas. En segundo lugar, creen que es necesario cambiar los mecanismos de entrada en el empleo, poniendo mayor énfasis en el aprendizaje. 

En el País Vasco hay 294.000 personas con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Son, en su mayoría, los más preparados de la historia, y se ven ahora ante la situación de buscar su primer trabajo, en un momento en el que la pandemia, el paro y la importancia de la formación son tres aspectos a tener muy en cuenta en la realidad del empleo juvenil. El paro juvenil se ha disparado un 20% este año. Sin embargo, según el informe sobre incorporación a la vida laboral realizado por Lanbide, las personas tituladas en grados universitarios de los campos técnicos y de la salud son las que tienen mayor tasa de empleo y, además, más trabajo relacionado con sus estudios. En Euskadi el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no están estudiando ni trabajando es más bajo que la media de España y de toda la Unión Europea. Antes de la pandemia poco más del 7% de la juventud vasca de entre 15 y 24 años no estaba estudiando ni trabajando. Un porcentaje mucho más bajo que la media nacional, que se situaba en el 12,2%, y también bastante menor a las cifras que se manejan en el resto de los países de la Unión Europea, donde el porcentaje de ‘ni-nis’ se sitúa de media en el 10,1%.

La semana pasada, los datos del Gobierno británico ya dieron un primer avance del fuerte impacto que el cambio de régimen ha tenido en el comercio. Las exportaciones de Reino Unido a la UE bajaron un 41%, mientras que los envíos en dirección contraria disminuyeron un 29%. En el caso español, los primeros datos del Icex –analizados por EXPANSIÓN–apuntan también a un serio efecto negativo del Brexit. Los intercambios totales de mercancías entre España y Reino Unido durante enero descendieron un 39% respecto a diciembre, situándose en 1.487 millones de euros. Las exportaciones españolas aguantaron mejor, al caer a 1.188 millones en enero, un 21% menos. Pero las ventas de las empresas británicas en nuestro mercado se desplomaron un 68%. Al quedar fuera de la UE (y del mercado común y la unión aduanera), los exportadores de Reino Unido tienen que declarar sus envíos, y además certificar que cumplen con los estándares de calidad de los productos que rigen en Europa. Lo mismo sucede en sentido contrario.

La crisis abierta por la pandemia del Covid-19 está dejando un reguero de decenas de miles de empresas españolas que se quedan sin actividad. Como es habitual que la disolución efectiva de estas compañías se dilate ampliamente en el tiempo, y a veces no llegue a ejecutarse siquiera, y dado el riesgo que comporta el uso fraudulento de estas empresas fantasma para operaciones ilegales, el fisco ha decidido tomar cartas en el asunto. La Agencia Tributaria ha solicitado colaboración a notarios y registradores para acelerar el cribado de empresas vivas y prevenir así que el ingente cementerio empresarial sirva para ocultar entramados societarios, actividades no declaradas, fraudes u operaciones de blanqueo de capitales, entre otros potenciales delitos. “En el ámbito de la prevención, uno de los problemas a los que estamos haciendo frente es el de las sociedades inactivas que no se dan de baja. Los organismos internacionales ponen de manifiesto que esto es un altísimo riesgo para las Administraciones tributarias porque se pueden utilizar fraudulentamente”. 

La inquietud de un apasionado de la automoción como Daniel Teso Fernández de Betoño, el trabajo en equipo durante tres años en la Escuela de Ingenieros de la UPV en Vitoria y la apuesta de la planta alavesa de Mercedes Benz por mejorar sus procesos han sido los factores que han alumbrado el primer robot colaborativo que trabajará con vehículos en movimiento. El prototipo ya está en la ‘fábrica laboratorio’ que la factoría tiene en su línea de montaje final, donde prueba las nuevas tecnologías previas a su entrada en producción. «Ahora tenemos que ir evolucionándolo y optimizándolo para darle un carácter industrial», explica el doctor en Ingeniería de Automatización, Control y Robótica en la Universidad del País Vasco. Porque el objetivo es que en próximas fechas esta plataforma se mueva ya por la cadena al mismo tiempo que los operarios de Mercedes a la hora de montar los vehículos. «La idea es que puedan compartir tareas y mientras un trabajador coloca, por ejemplo, una pieza de plástico y la adapta al hueco existente, el robot puede ir atornillando piezas», señala Teso.

Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar (la sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles), está convencida de que los fondos europeos nos sitúan ante una ocasión histórica para transformar el sector naval en España. Un sector que da trabajo, entre empleos directos, indirectos e inducidos, a 75.000 personas en todo el país y que exporta más del 90% de lo que produce. Pymar agrupa a los 19 astilleros privados que aún existen en España. Centros de producción puramente industrial que llevan décadas luchando a brazo partido para sobrevivir en una importante actividad sujeta a una competencia feroz. "La cartera de pedidos en España se ha reducido solo un 2% respecto al nivel de 2019, mientras que en la Unión Europea ha caído un 12% y a nivel mundial, un 24%. Los astilleros al principio de la pandemia tuvieron que enfrentarse a una situación inédita, pero en términos generales lo hemos llevado bien. Ahora tenemos en cartera 44 barcos por valor de 2.000 millones". "La oferta que se ha quedado con la naval ha sido la de una empresa belga, VGP, que en principio va a hacer un parque logístico. Es una decisión que respetamos, pero es importante que se siga manteniendo la actividad industrial en parte de esas instalaciones. Una cosa que me gustaría destacar es el impulso y el trabajo de las instituciones vascas durante todo este tiempo para que pudiera haber un proyecto naval en ese espacio". 

"La gran crisis inacabada de 2008 llevó al ánimo colectivo el convencimiento de que la economía española debía buena parte de su fragilidad diferencial respecto de los países punteros de la Unión Europea a las específicas características de su modelo productivo, uno basado en la competitividad en los precios, en el desarrollo exorbitado de la construcción y en la masificación de la oferta en el sector servicios. La lección que no se supo o que no hubo tiempo de aprender ha recobrado su dramática actualidad a lo largo de los últimos meses...Reformar estructuras es algo fácil de entender, pero muy difícil de realizar, porque por lo general deben vencerse las resistencias regulatorias, las miopías de los diagnósticos y las apatías de las voluntades, además de requerirse como regla ordinaria una amplia asignación de tiempo. Se trata de mejorar la respuesta de nuestra oferta productiva hoy, para asegurar la demanda de lo que produzcamos el día de mañana...la última razón de nuestras flaquezas se halla en el nulo incremento de la productividad de nuestro sistema, que hunde sus raíces no sólo en factores sectoriales como la escasa industrialización o la raquítica talla de nuestras empresas sino, sobre todo, en el bajo nivel cultural y en la menguada tasa de conocimientos de nuestra población, lo cual se erige en una espinosa barrera para nuestra competitividad..."

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de gestionar las prestaciones de desempleo y de ERTE de un cada vez más elevado número de personas, se encuentra atascado y condenado al colapso salvo que se tomen medidas. Nunca había estado tantas veces en el ojo del huracán como este año, cuando la avalancha de ayudas y subsidios que ha tenido que gestionar se ha multiplicado por más de cinco a consecuencia de esta pandemia. Pese al innegable esfuerzo que hicieron sus trabajadores, el cobro para muchos de los afectados se retrasó durante meses y al mismo tiempo se sucedieron los errores con los pagos. Para colmo, la actividad en el organismo público se paralizó completamente el pasado 9 de marzo durante casi una semana a consecuencia de un ciberataque que bloqueó sus sistemas informáticos y que todavía le impide funcionar con total normalidad. 

En solo dos años, el beneficio de Saudi Aramco ha pasado de más de 111.000 millones de dólares a menos de 50.000. Aunque tiene la ventaja de contar con uno de los costes de extracción más bajos del mundo, una extensa red de refinerías y una de las cuentas de pérdidas y ganancias más prolíficas por décadas, su posición de futuro es complicada por dos motivos. Primero, porque un país entero, Arabia Saudí, depende casi íntegramente de la buena marcha de su joya de la corona para financiar un gasto público que lejos de menguar no deja de crecer. Segundo, porque sus planes de diversificación hacia un mundo en el que las renovables dominarán la matriz energética marchan varios cuerpos por detrás de sus principales competidores estadounidenses y, sobre todo, europeos.

La Asamblea del gigante asiático inaugura una “nueva etapa de desarrollo” con foco en la tecnología. El plan quinquenal no explicita un objetivo de PIB por primera vez Pekín fija sus miras en la autosuficiencia y en el aumento de la productividad. La redacción del texto ha estado supervisada “personalmente” —prensa estatal dixit— por el líder Xi Jinping. Su contenido fue debatido en la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP) y refrendado con 2.873 votos a favor, 12 abstenciones y 11 anecdóticos rechazos. Las 148 paginas resultantes comprenden veinte indicadores estructurados en cinco áreas: desarrollo, innovación, bienestar popular, sostenibilidad y seguridad. Un detalle evidencia el trance histórico que encara el Gobierno: a diferencia de los trece anteriores, esta vez no se establece un objetivo de crecimiento. El precedente preveía una expansión anual media del 6,5%, propósito truncado por la pandemia, la cual arrojó un 2,3% para 2020, el peor resultado en casi medio siglo, aunque también hace de ella la única gran economía que la crisis no arrastró al rojo.

Los datos en torno a la pandemia del Covid-19 en Euskadi dan una tregua después de una semana de empeoramiento progresivo. El sábado se detectaron 280 nuevos contagios en las 6.119 pruebas diagnósticas realizadas. Es decir, descendieron los nuevos positivos detectados (46 menos que la jornada previa) pese a aumentar las pruebas realizadas. En definitiva, una tregua dos semanas después de la apertura de la movilidad en toda la comunidad y en vísperas de que arranque la Semana Santa. De hecho y por primera vez esta semana (sin tener en cuenta los datos condicionados por el viernes festivo de San José) los contagios registrados en una jornada son inferiores al mismo día de la anterior semana. La nota más positiva la registra la evolución en los ingresos de pacientes Covid en UCI. A cierre del sábado, eran 87 las personas con coronavirus que tratan de recuperarse en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales vascos, cuatro menos que la jornada precedente y la cifra más baja desde el 15 de enero.