20210318

La Fiscalía del Tribunal Supremo va a presentar recurso contra la sentencia del Superior (TSJ) vasco que condenó a una empresa de maquinaria agrícola de Abadiño por reanudar su actividad durante el confinamiento, a pesar de que cumplía con lo establecido por el Ministerio de Industria sobre los servicios esenciales. Las patronales FVEM (Metal), Cebek y Agragex (Asociación española de fabricantes y exportadores de maquinaria agrícola) han logrado abrir esta vía jurídica que es totalmente novedosa para impugnar una resolución que consideran «un sinsentido». El 31 de marzo el Ministerio de Industria sacó una nota interpretativa en la que incluía entre las excepciones «las actividades de importación y exportación». Tras esta aclaración, la empresa Transmisiones La Magdalena reanudó su actividad el 2 de abril e hizo volver al trabajo a su plantilla de 56 personas.  El tribunal que dictó la sentencia –compuesto por la presidenta de la Sala de lo Social, Garbiñe Biurrun, José Luis Asenjo (ponente) y José Félix Lajo– argumentó que el Ministerio de Industria no tenía competencias para establecer esa excepción, ya que era una materia de Sanidad. De esa forma, consideró que su interpretación no era aplicable y, por tanto, condenó a la empresa. «Es una opción muy poco explorada, pero se trataba de ayudar a una empresa que ha obrado de buena fe y solo ha cumplido lo que indicaba el ministerio», señala Adolfo Rey, director gerente de FVEM. «Es que nosotros desde Cebek estuvimos mandando a las empresas la interpretación del ministerio y el Gobierno vasco para que supieran cómo actuar», señala el responsable del área jurídico laboral de la patronal, Mikel Anderez, que hace poco expresó también su «disconformidad» con otra sentencia de ese mismo tribunal sobre la prohibición de despedir. 

El presidente de Siemens Gamesa, Miguel Ángel López, reconoció ayer que los ajustes laborales y el cierre de fábricas en España que ha abordado la compañía en el último año han generado dudas sobre el compromiso de la empresa. En ese contexto, garantizó que «nuestra sede social está en el País Vasco, no hay ningún plan para cambiarlo y es un tema que no se debate. Nuestro compromiso con España, donde tenemos importantes intereses en investigación y desarrollo, nueve factorías y 4.400 empleados, no está en cuestión En 2020 hemos incluso aumentado un 7% las compras a proveedores nacionales». Un mensaje con el que quiere acallar las voces que apuntan a una progresiva fuga de la compañía en dirección a Alemania, país sede del principal propietario de la sociedad, el grupo Siemens. Por su parte, el CEO Andreas Nauen cree que la generación eólica marina en España, aún incipiente, «terminará por despegar».

El grupo Siemens Gamesa está abierto a recibir ofertas de compra sobre algunos de sus activos de fabricación. Así lo aseguró ayer el consejero delegado de la compañía, Andreas Nauen, en una rueda de prensa posterior a la junta de accionistas del grupo. Ante la pregunta de si Siemens Gamesa está abierta a recibir ofertas por algunos activos, Nauen dijo que el grupo “siempre está abierto a escuchar ofertas si son buenas”. Los responsables de la compañía matizaron luego que esa afirmación se circunscribe a algunos activos, como podrían ser algunas fábricas, y que en todo caso, mantienen su compromiso con España. El presidente de Siemens Gamesa, Miguel Ángel López, aseguró que la sede de la compañía seguirá en el País Vasco y que España “sigue siendo un centro de fabricación e I+D tremendamente importante” para el grupo. Durante su intervención en la junta, López lamentó que la empresa haya tenido que tomar decisiones “difíciles” que han conllevado “el cierre de fábricas en España” como las de As Somozas (A Coruña) o Cuenca.

El consejero de Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, admitió ayer que el Ejecutivo de Vitoria estudia acompañar a Aernnova en la formación de un grupo que tome el control de la empresa ITP, fabricante de componentes de motores de avión y que su propietario, la multinacional británica Rolls Royce, ha puesto en venta. «A falta de detalles, la operación parece buena y razonable». Así valoró el consejero de Economía la posible participación del Gobierno vasco junto con Aernnova en la compra de ITP Aero.

El Gobierno Vasco ya lo hizo en enero, rebajando la previsión del PIB en tres décimas hasta situarla en el 8,6% y «probablemente» lo volverá a hacer, tal y como adelantó ayer el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, en su intervención en el encuentro telemático organizado por Forum Europa-Tribuna Euskadi. El consejero recordó que, en términos intertrimestrales, el avance de la economía vasca durante el cuarto trimestre de 2020 fue tan solo del 0,5%, frenándose de este modo el crecimiento del 15,5% alcanzado tres meses antes. Esa ralentización, señaló Azpiazu, «sugiere que la recuperación de la economía se va a retrasar», como consecuencia de las continuas olas de contagios que obligan a aplicar nuevas restricciones. En consecuencia, adelantó que la tercera ola, aún no recogida en esas tasas intertrimestrales, «exigirá una revisión a la baja probablemente en nuestras próximas previsiones». El consejero añadió que, en el mejor de los casos, no será hasta 2023 cuando se recupere todo lo perdido en 2020.

El Ministerio de Trabajo convocó ayer a la patronal y a los sindicatos para modernizar el mercado laboral. Si bien, la cita era más concreta: se trataba de reactivar la mesa sobre la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que, según ha reiterado en numerosas ocasiones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tenía muy avanzados sus trabajos –interrumpidos hace un año por la pandemia–. Dos de estos asuntos que en teoría ya estaban suficientemente negociados supondrían un desmontaje de parte de la polémica reforma de hace nueve años (eliminar los límites a la ultraactividad de los convenios colectivos y devolver la prioridad aplicativa a los convenios sectoriales). Y una tercera cuestión tendría que ver con un proyecto de ley para regular con nuevas limitaciones las cadenas de subcontratación (artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores) que estuvo a punto de aprobarse en el Parlamento en la legislatura anterior.

Los empresarios empezaron ayer con su estrategia de exigir contrapartidas en la negociación que el Gobierno ha comenzado con los sindicatos para derogar, o cambiar, la reforma laboral que aprobó el Ejecutivo del PP en 2012. Tal como avanzó el martes Gerardo Cuerva, el presidente de Cepyme, en la asamblea electoral de la confederación. Antes de la primera reunión que tuvo el Ministerio de Trabajo con la patronal y los sindicatos, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, anunció, en la Junta Directiva de la patronal, que va a empezar exigiendo que antes de negociar una contrarreforma laboral, el Gobierno derogue la prohibición de despedir trabajadores a todas aquellas empresas que se acogen a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para hacer frente a la crisis del coronavirus. La segunda condición que va a poner la patronal para empezar a negociar la reforma laboral es que antes haya un acuerdo sobre la modificación del sistema de pensiones. Los empresarios están preocupados porque, en su opinión, esta sí es una reforma de la que está pendiente la Comisión Europea. 

El desplome de la economía en un 11% en 2020, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, ha tenido una repercusión gravísima en el tejido empresarial. E incluso, como ya apunta la Autoridad Fiscal, la caída puede ser más dura, si se confirma el descenso en un 1,4% del PIB en el primer trimestre del año. De momento, la recesión económica provocó en 2020 una pérdida de facturación de las empresas de 287.000 millones de euros, lo que supone una caída anual sin precedentes en el conjunto de los balances empresariales, y que, en conjunto, equivale al 14,2%. O, visto de otra manera, 287.000 millones es el 23% del PIB que estaba generando la economía española –1,250 billones– hasta que estalló la pandemia. Es el dato contundente del impacto de la pandemia en las empresas, que ayer publicó la patronal CEOE en un informe sobre la situación del tejido productivo español. Las causas específicas de esta hecatombe empresarial están en las consecuencias de la pandemia.

El Estado está a punto de conceder su ayuda para la siderúrgica con un máximo de 550 millones de euros. De momento, al perder el amparo de los tribunales, la empresa ha de afrontar el pago de cerca de 200 millones entre capital e intereses del crédito firmado a finales de 2017 por 900 millones, hasta el momento paralizado por el juez número 60 de Madrid, que ha decidido revocar el blindaje. Las medidas cautelares para no tener que pagar nada del crédito que acordó hace tres años y medio fueron levantadas el viernes pasado, y fuentes de la empresa aseguran que se analizará la decisión y se tomarán las medidas “oportunas”. La firma deberá afrontar el pago de unos 200 millones de manera inmediata, salvo que vuelva a acudir a los tribunales. En todo caso, las fuentes consultadas señalan que este importe pasará a negociarse junto con el resto del rescate con la SEPI, que aprobará en las próximas semana la inyección de un máximo de 550 millones, y también con los acreedores.

La empresa Eaton Industries, dedicada a la fabricación de material eléctrico, ha anunciado el cierre de su planta en Derio, lo que implicará el despido de sus 37 empleados. Desde la multinacional con sede en Irlanda se señala que se encuentran en un «proceso de negociación» para acordar las condiciones del cese de los trabajadores. Ante este escenario, el sindicato ELA ha anunciado movilizaciones que «serán proporcionales al ataque que supone este ERE». En un comunicado, la central sindical informó de que el pasado martes la empresa anunció su decisión de presentar un ERE para «despedir a toda la plantilla y, con ello, cerrar la planta» de Derio. 

Las exportaciones de bienes y servicios de Euskadi ascendieron el pasado mes de euro a 1.724,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 12,4% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la caída en las importaciones, por un total de 1.362,1 millones, fue del 13,5% interanual, según los datos dados a conocer ayer por el Eustat. La caída de las exportaciones tuvo mucho que ver con el desplome de las ventas al exterior de los productos energéticos vascos, que registró un decremento muy acusado del 66,5%, mientras que la exportaciones de productos no energéticos, aunque retrocedieron, lo hicieron en un 5,7%.

La Reserva Federal de EE UU (Fed) presentó ayer sus proyecciones económicas para 2021. Tras meses de cautela, el horizonte de rápida recuperación de la pandemia, gracias al plan de estímulos de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden y el buen ritmo de la vacunación, ha propiciado un cierto optimismo en la institución. La Fed mejora hasta el 6,5% el pronóstico del PIB en 2021 para un país donde el consumo se sitúa en niveles precovid. El principal riesgo que se cierne sobre la segunda economía global es ahora la inflación.

La empresa que ha logrado hasta ahora el mayor rescate estatal de la pandemia en relación a su plantilla es insignificante en su sector. Plus Ultra Líneas Aéreas ha recibido una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) de 53 millones, que es equivalente a 150.000 euros por cada uno de sus trabajadores, según se desprende de los datos oficiales suministrados ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. Montero calificó a Plus Ultra de «compañía relevante y estratégica» para el sector turístico, pero, según los datos oficiales del grupo público Aena recabados por este diario, representó en 2019, antes de la crisis, apenas el 0,03% del total de los vuelos operados en España. La ministra de Hacienda defendió ayer que Plus Ultra se haya beneficiado del llamado Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

El 50% de sus ventas serán eléctricos puros en 2030 y Mini sólo sacará coches a pilas. Entre otros muchos detalles, pasó casi desapercibido el comentario de que la empresa alemana sigue trabajando en vías alternativas al vehículo 100% eléctrico. «Seguimos considerando el hidrógeno y los combustibles sintéticos como una oportunidad de futuro», explicó Zipse, quien añadía su creencia de que «no es realista pensar que en los más de 140 países en los que estamos presentes podamos utilizar el mismo tipo de tecnología y en los mismos plazos de tiempo». Como apoyo a estas declaraciones, Frank Weber, director de Desarrollo de BMW, manifestaba: «Las próximas arquitecturas sobre las que construiremos nuestros futuros vehículos seguirán estando preparadas para incorporar la pila de combustible de hidrógeno», en contraste con lo que dijo anteayer Volkswagen.

Los trabajadores de Kutxabank salieron ayer a la calle en las tres capitales vascas para exigir que se retome la negociación de su convenio colectivo y para mostrar su rechazo a la intención de la entidad de reducir los costes laborales. La inusual jornada de huelga, convocada por ELA, LAB, ALE y Asprobank, tuvo «un elevado seguimiento que podría situarse por encima del 50%», según los promotores de la protesta. Kutxabank, por su parte, redujo la participación en el paro al 20% de la plantilla. Los 3.600 empleados del banco, tanto en Euskadi como en el resto del país, estaban llamados a la huelga para exigir «un convenio colectivo justo». 

El Ayuntamiento de Vitoria gestionará ayudas para la contratación en el comercio, el turismo, la hostelería y cualquier otro sector que se haya visto afectado por la crisis económica derivada de la pandemia. El departamento de Promoción Económica que encabeza Maider Etxebarria (PSE) ampliará el plan de ayudas de los últimos años para incentivar la creación de empleo con entre 1.500 y 9.900 euros por contrato realizado. La convocatoria, que contará con 3,4 millones de euros procedentes de Lanbide, tratará de «beneficiar a los colectivos más vulnerables» en el mercado laboral. Es decir, menores de 35 años, mujeres, mayores de 55 años, parados de larga duración y perceptores de la RGI.

Las primeras fricciones entre el presidente de EE UU, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, ya han salido a relucir. El demócrata ha asegurado que Moscú “pagará un precio” por haber intentado interferir en las elecciones del 3 de noviembre, como reveló el martes un informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. Preguntado en una entrevista sobre si cree que Putin es “un asesino”, Biden respondió que sí, y contó que, en una reciente conversación telefónica, amenazó al líder ruso con represalias si se confirmaba que el Kremlin trató de influir en las presidenciales, como en 2016. “¿Cree que Vladímir Putin es un asesino?”. “Sí, lo creo”. Con esa dureza cargó Biden contra Putin en una entrevista con la cadena NBC que se emitió ayer por la mañana en Estados Unidos. El mandatario contó al presentador George Stephanopoulos que durante la conversación telefónica de una hora que sostuvo con Putin el pasado 26 de enero, al poco de llegar a la Casa Blanca, le advirtió: “Te conozco y tú me conoces. Si averiguo que hubo [una injerencia electoral], entonces prepárate”.

El presidente se enzarza con las empresas energéticas, la justicia y el feminismo. Una batalla en cada terreno. Andrés Manuel López Obrador ha optado por enfrentarse a todo lo que, en su opinión, representa el pasado reciente de México. El presidente del país acumula conflictos con el sector energético, el poder judicial o el movimiento feminista y en las últimas semanas ha profundizado su pulso con vistas a las elecciones de la Cámara baja y de la mitad de los Estados en junio. Esta estrategia le permite, pese a las críticas, sostener un discurso de confrontación constante con sus adversarios y afinar su proyecto, la llamada cuarta transformación, que siempre ha tenido una base esencialmente ideológica y que ahora responde también a cálculos electorales. “Todo es político”, repite López Obrador en sus comparecencias.