20210312

Un año después de que se desatara la pandemia, el tejido industrial vasco continúa con su lenta recuperación y lo hace además a mayor ritmo que el conjunto del Estado, según destacó ayer Confebask en su informe mensual, ya que si se compara con febrero de 2020, Euskadi muestra una menor pérdida que la media estatal. En febrero de este año ha crecido el número de empresas en los territorios vascos en 149, una cifra similar a la registrada el año pasado, de forma que el total de compañías inscritas en Euskadi alcanza ya las 57.424. Con todo, las huellas de la pandemia son visibles ya que todavía restan por recuperar 1.469 firmas respecto a un año antes. Ver más en Confebask. 

Irán enfocadas a las actividades perjudicadas, como turismo, hostelería y comercio, y serán gestionadas por las comunidades autónomas. El programa contará con tres pilares. Por una parte, las ayudas directas por 7.000 millones; por otro, el fondo de reestructuración de los créditos avalados por el ICO durante el año pasado, que gestionará la banca, por otros 3.000. Y los últimos 1.000 millones irán destinados al plan de rescate para pymes a través de la empresa estatal Cofides. Economía también tiene clara ya la gestión de las ayudas. Finalmente serán las comunidades autónomas las que ejerzan esa labor. 

Las tres diputaciones vascas han decidido aplicar un incentivo destinado a los dueños de locales comerciales, con el objetivo de facilitar rebajas en los precios de los alquileres que ayuden a superar la difícil situación de muchos inquilinos. La medida está especialmente dirigida al sector de la hostelería aunque se aplicará al conjunto de locales comerciales, debido a que son establecimientos que tienen una actividad muy limitada, para facilitar que haya acuerdos entre propietarios y arrendatarios. Fuentes de las haciendas forales matizaron que la iniciativa será extensiva a «todos los locales en los que se realicen actividades económicas», lo que permite incluir también a los que albergan oficinas o almacenes. La fórmula, que será aprobada en las próximas semanas por los consejos de gobierno de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año y su aplicación práctica se producirá cuando los propietarios de locales hagan sus declaraciones de IRPF o del Impuesto de Sociedades en la primavera de 2022.

Pedro Campo, reelegido presidente de Cecobi. Campo, que revalida el cargo tras derrotar a Aingeru Alonso, está convencido de que el pequeño comercio «no va a desaparecer nunca». "Llevo ya unos cuantos años en esto y, cuando aparecieron las grandes superficies de las afueras, ya se decía ‘se llevarán por delante al comercio de cercanías’. Vinieron multinacionales, franquicias... ¡y aquí seguimos! Que la cuota de mercado va a variar? Pues posiblemente. Pero para todos. No podemos desaparecer porque aportamos unos valores que otros formatos no ofrecen". 

El Ayuntamiento de Bilbao lanzará este lunes una nueva remesa de bonos descuento que en esta ocasión, por primera vez, irán dirigidos al sector de la hostelería. Es algo inédito hasta ahora y no sólo en la capital vizcaína. Ninguna otra gran ciudad en toda España ha lanzado hasta ahora una iniciativa similar –sólo Irún realizó algo similar el pasado año–. Saldrán a la venta el lunes y tendrán un valor final de 10 y 20 euros. El Ayuntamiento aportará la mitad de esa cantidad gracias a una inversión de un millón de euros que los responsables municipales confían que tenga un impacto global en la villa de 3,4 millones. Cada bilbaíno o visitante –no hay que estar empadronado para beneficiarse de esta campaña– podrá adquirir tickets que le costarán 5 o 10 euros pero con los que podrá gastar 10 y 20, respectivamente. Tendrán validez hasta el 31 de julio.

España se convertirá en los próximos días en el primer país de Europa en legislar sobre las plataformas digitales. El Gobierno logró a última hora del miércoles un nuevo acuerdo con los agentes sociales –y ya van ocho en esta legislatura– para aprobar la nueva norma por la que los repartidores de cualquier producto de consumo o mercancía pasarán a ser asalariados. Los ‘riders’ podrán disfrutar así de los mismos derechos laborales que otros afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, como paro, vacaciones, bajas médicas, indemnización por despido... Además, con la nueva legislación todas las plataformas digitales estarán obligadas a informar a los sindicatos sobre los algoritmos que utilizan y que afectan a las condiciones laborales de sus trabajadores. Las empresas tendrán tres meses de plazo para adecuarse a esta nueva norma, aunque la ministra dejó claro que sus repartidores son ya asalariados puesto que así lo ha reconocido el Tribunal Supremo en su sentencia. La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que engloba a empresas como Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, mostró su decepción con esta norma y cargó contra la patronal CEOE por las «cesiones totales» que ha hecho al llegar a este acuerdo. Le acusó de no haber presentado ninguna propuesta de un sector que –según sus estimaciones– da trabajo a 30.000 repartidores y aporta 700 millones al PIB español.

El objetivo de la minisra de Trabajo, Yolanda Díaz, es que la contrarreforma laboral –que cabe recordar es uno de los compromisos del Gobierno de coalición– se convierta en el noveno acuerdo social de la legislatura. Representantes del Ejecutivo, sindicatos y patronal volverán a reunirse el próximo miércoles para abordar uno de los temas más espinosos, un año después de que la pandemia paralizara una negociación que tenían «ya muy avanzada», según anunció ayer la ministra, que evitó pronunciar la palabra «derogación». Díaz avanzó que van a incluir «muchísimas más materias» en esta mesa, como las de contratación y temporalidad.

En España, la sobrerregulación y el empleo ensombrecen las buenas perspectivas. Los presidentes y consejeros delegados de las mayores empresas mundiales confían abrumadoramente (76%) en una clara mejora de la economía este ejercicio, el nivel más alto desde 2012. Entre ejecutivos españoles el índice sube al 82%. Extrapolando los datos al PIB, PwC anticipa un crecimiento global del 5%, por debajo del 5,5% que prevé el Fondo Monetario Internacional, y la recuperación de los niveles prepandemia a finales de 2021 o inicios de 2022. La encuesta rebosa optimismo tanto a nivel global como entre los españoles. Salvo en un punto: el empleo. Mientras un 44% de ejecutivos mundiales esperan aumentar su plantilla este año —y el 35% mantenerla—, la mayoría de españoles (42%) creen que llevarán a cabo despidos. 

ITP Aero, el fabricante de componentes de motores de aviación que tiene su cuartel general en el Parque Tecnológico de Bizkaia, cerró el año 2020 con 13 millones de euros de pérdidas. Un hecho singular que sucede por primera vez desde que la compañía fue creada en 1989, originalmente para atender la demanda del Eurofighter, el avión europeo de combate. Los responsables de la empresa creen que la crisis del sector aeronáutico va para largo, aunque no son capaces de definir plazos certeros, ya que ello depende del proceso de vacunación en todo el mundo y de la recuperación de la movilidad en el tráfico aéreo. La empresa facturó el pasado año 735 millones de euros, lo que supuso un descenso del 25% en comparación con el ejercicio de 2019. El ajuste laboral que emprendió la empresa en el segundo semestre del pasado año ya está «prácticamente completado». Ha afectado aproximadamente a un 15% de la plantilla global, lo que supone la pérdida de unos 600 empleos. 

La guerra entre ACS e Iberdrola vuelve a recrudecerse. El grupo de Florentino Pérez reaccionó ayer ante el inicio de una acción judicial por parte de la eléctrica que podría acabar en demanda por competencia desleal. El choque se produce años después de que la constructora viera vetada su entrada en el consejo de Iberdrola, de la que fue primer accionista. La energética ha sacado adelante la petición de una diligencia preliminar para determinar la autoría de una filtración, a un medio de comunicación, que perjudicó sus intereses. La energética sospecha de ACS, y esta última lo niega y habla de “maniobra de distracción [de Iberdrola] para tratar de diluir sus responsabilidades” ante el caso Villarejo. El grupo de infraestructuras se refiere al intento de creación de un montaje contra Pérez, supuestamente acordado por el excomisario Villarejo y quien fue director de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo.

Movistar, Orange y Vodafone han pactado acudir juntos a los proyectos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones móviles en zonas rurales que serán sufragados con los fondos europeos de reconstrucción. Las tres compañías han comunicado al Ministerio de Economía la intención de aliarse para dar cumplimiento a los planes de extensión de las redes para acabar con la llamada brecha digital. La idea de los tres operadores sería la creación de una alianza, que tomaría una figura jurídica todavía sin definir aunque un consorcio, una UTE o una agrupación de interés económico podrían ser contemplados como modelo. Este pacto permitirá que las tres operadoras presentasen una oferta conjunta para optar a las ayudas europeas, que prevén destinar al despliegue de redes hasta 4.320 millones en cinco años, entre 2021 y 2025, de los más de casi 900 millones que están presupuestados para este ejercicio.

La Seguridad Social ha tramitado 237.735 prestaciones en Euskadi por incapacidad temporal por Covid-19 desde que hace un año el Gobierno aprobó una mejora de la protección de las personas contagiadas y aisladas. Según los datos hechos públicos ayer, de las 237.735 ‘bajas Covid’ tramitadas, 48.343 corresponden a contagios de Covid y 189.392 a casos de aislamientos. Por territorios, Bizkaia contabiliza 118.494 bajas (24.587 por contagios y 93.907 por aislamiento), Gipuzkoa 83.002 (15.895 por contagio y 67.107 por aislamiento) y Álava 36.239 (7.861 por contagio y 28.378 por aislamiento). De media, las personas que se han acogido a una baja por Covid lo han estado durante 19,4 días en el caso de contagio y 12,6 días en el caso de aislamiento. En toda España, se han destinado unos 1.800 millones de euros al pago de 3,77 millones de bajas.

Idoia Mendia destaca la importancia del diálogo social en el XIII Congreso de UGT-Euskadi, que aprobó la gestión de la ejecutiva de Raúl Arza. UGTEuskadi celebra en Vitoria su XIII Congreso bajo el lema ‘Respuestas’, que entre ayer y hoy espera aportar soluciones a los grandes retos del futuro. 205 delegados ugetistas participan en la cita, en la que anoche se aprobó por unanimidad la gestión de la ejecutiva liderada por Raúl Arza, al frente de la central desde 2013. Este será el tercer y último mandato para Arza, de cuya gestión destaca el haber «institucionalizado» el diálogo social en Euskadi. El acto de apertura contó con una amplia presencia institucional y sindical. Entre los asistentes estuvieron Idoia Mendia; los consejeros Arriola, Hurtado y Artolazabal; y el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso. Así como la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas; la líder de CC OO en Euskadi, Loli García; la presidenta del Consejo Económico y Social, Emilia Málaga; representantes de las patronales Cebek y Confebask, y de los sindicatos LSB-USO y LAB.

El sindicato LAB obtuvo 3.449 delegados en Euskadi en 2020, tres representantes menos que en 2019, que le otorgan una representatividad en la comunidad autónoma del 19,90%. Se consolida así como la segunda fuerza sindical tras el 41,27% que ostenta ELA y por delante de Comisiones Obreras, con el 18,30%, y de UGT, con el 10,19%. Sumada Navarra, la central abertzale cerró el año con 4.528 delegados, 24 más. El 40,42% de sus afiliados son mujeres y casi la mitad de los nuevos inscritos en la organización, el 48%, tiene menos de 30 años. En la última década, LAB ha subido casi 4 puntos y en 551 representantes en Euskadi y en Navarra, «mientras que el resto de sindicatos han perdido cientos de delegados y delegadas».

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), intentó frenar ayer la escalada de desconfianza sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, después de que la aparición de varios casos de embolias en personas inoculadas con este preparado llevara a una decena de países a suspender su utilización con carácter preventivo –en unos casos en su totalidad y en otros de alguna remesa concreta–. La EMA aseguró tajante en un comunicado que el «número de tromboembolias en individuos vacunados no es mayor que el observado en la población general».  Explica que tras cinco millones de inoculaciones sólo se han producido 30 episodios de trombos, en consonancia con la media entre los no vacunados. También el Gobierno británico aseguró por medio de un portavoz del primer ministro, Boris Johnson, que la profilaxis desarrollada por la Universidad de Oxford es «segura y eficaz». «Y de hecho se están empezando a ver los resultados del programa de vacunación en cuanto al número de casos que estamos viendo en todo el país, el de muertes y el de hospitalizaciones», añadió.

España contará en el segundo trimestre de este año con 5,5 millones de estos inyectables, de los que 250.000 podrían recalar en Euskadi. La farmacéutica –filial del grupo estadounidense Johnson & Johnson– prevé que se cumplan los plazos previstos y cuenta para ello con una ventaja frente a las otras disponibles hasta el momento (de Pfizer, Moderna y AstraZeneca): la inmunización con ella sólo requiere una dosis, de manera que «cada dosis administrada es una persona vacunada», según explica a EL MUNDO Hanneke Schuitemaker, responsable global de Vacunas Víricas de Janssen, y una de las personas que han liderado su desarrollo. «Nuestra vacuna también es muy eficaz contra las nuevas cepas». 

Un nuevo estudio acaba de aportar buenas noticias sobre la eficacia inmunitaria tanto de quienes ya han pasado la infección como de los que han recibido la vacuna de ARN mensajero —Pfizer y Moderna—. El trabajo, dirigido por investigadores del centro de vacunas de La Jolla, en California, muestra que el sistema inmune de estas personas genera diferentes tipos de glóbulos blancos que son capaces de neutralizar las variantes del coronavirus más preocupantes: británica, sudafricana, brasileña y la nueva versión detectada en California.

Ese fue el dinero que captaron el pasado año los investigadores de Ikerbasque para realizar proyectos y que suponen no solo un nuevo récord – han sido tres millones más que en 2019– sino la constatación, una vez más, de que investigar es una buena apuesta. Desde 2007, la fundación encargada de atraer talento científico a Euskadi, ha conseguido traer al País Vasco un total de 240 millones de euros. «Los resultados logrados permiten afirmar que Euskadi se posiciona como un referente europeo en ciencia», señaló ayer el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossío, durante la presentación de las actividades del año pasado. En la comparecencia también intervino el consejero de Educación, Jokin Bildarratz quien destacó «por cada euro que se invierte en Ikerbasque se obtiene un retorno directo de dos euros, que van dirigidos a la investigación».