20210305

Es una de las principales quejas del Gobierno vasco en relación con el destino de los fondos europeos y el secretario general de Industria, Raül Blanco, confirmó ayer que la sospecha es real. El diseño que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de las ayudas que llegarán de la Unión Europea dentro del programa Next Generation, primará el apoyo al turismo frente a la industria. Blanco desgranó los principales detalles de este programa en una conferencia que pronunció ayer en el Palacio Euskalduna de Bilbao, organizada por la Alumni de Deusto Business School. El secretario general reconoció que en el reparto de fondos que se ha hecho, el capítulo de ‘Industria y Turismo’ accederá al 17% de las subvenciones que se podrán conceder con cargo a los fondos europeos, que por el momento están cifrados en 60.000 millones de euros. Dentro de ese capítulo, las empresas turísticas accederán a ayudas por un importe de 3.800 millones, frente a los 2.800 millones reservados para las industriales. El resto será adjudicado a pymes, aunque el temor es que se siga también el mismo criterio proporcional para las pequeñas y medias empresas ligadas al turismo y a la industria.

La industria vasca ha empezado el presente año mejorando respecto a diciembre de 2020 pero todavía no ha logrado recuperar los niveles previos al covid pues la producción industrial de la CAV en enero de 2021 ha caído un 3,9% con respecto al mismo mes del pasado ejercicio cuando todavía no se había paralizado la actividad económica por efecto de la pandemia de coronavirus, según el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. La parte positiva es que, en términos homogéneos de calendario laboral, la producción industrial vasca creció en enero un 2% en relación a diciembre aunque está tendencia hacia la recuperación, según fuentes empresariales vascas, ha podido ser cortada por los rebrotes del covid. Aunque hay sectores industriales mucho más afectados que otros y cuya recuperación se antoja más lenta, –caso por ejemplo de los aeronáuticos y del petróleo, como bien notan compañías vascas como ITP, Aernnova, Tubos Reunidos o Tubacex–, la evolución del índice de enero de 2021 en términos interanuales presenta signos negativos para todos los grandes sectores industriales. Por el contrario, en términos intermensuales, enero de 2021 frente a diciembre de 2020, Bizkaia registró un alza del 3,1%, Álava del 1,9% y en Gipuzkoa la subida fue del 0,9%.

El Gobierno trabaja estos días en un nuevo paquete de medidas, que incluyen una dotación de 11.000 millones de euros para reforzar el balance empresarial para ayudar a mitigar ese riesgo este mismo mes. Aunque Economía trabaja para impulsarlo lo antes posible, desde el Ministerio confirman que un primer paso podría ser la aprobación de una nueva prórroga de la moratoria vigente sobre los concursos de acreedores para contener una sangría por este frente, pues la suspensión vigente acaba el 14 de marzo. Para evitar que el aniversario del primer estado de alarma del Covid-19 lleve aparejado un aluvión de procedimientos concursales ante los juzgados, el Gobierno baraja impulsar la nueva moratoria en el Consejo de Ministros del próximo martes, incluso si la medida debe ir dentro de otro real decreto porque el de las ayudas a la solvencia no esté terminado de definir. Esperar un martes dejaría el lunes 15 de marzo operativo para la reactivación de los concursos embalsados.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes el esquema con el que piensa ayudar a las empresas por la pandemia. El Ministerio de Economía ultima tres fondos que en total estarán dotados con los 11.000 millones que anunció el presidente Sánchez. Según fuentes gubernamentales, uno se dedicará a ayudas directas para empresas afectadas por las restricciones y se canalizará a través de las comunidades. Otro se destinará a reestructurar una parte de los 118.000 millones en créditos avalados por el ICO. Y el tercero se empleará en la recapitalización de firmas medianas y lo orquestará Cofides.

El poderoso financiero George Soros advierte en declaraciones a EL MUNDO de la inestabilidad que presenta España, en comparación con otros países de la Eurozona, para aprovechar a fondo las posibilidades únicas de liquidez de los mercados internacionales. «La situación política en España es demasiado incierta», afirma el influyente dueño de uno de los mayores fondos de inversión del mundo. En su opinión, una de las dudas es si el actual Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez acabará la legislatura y cómo evolucionará la fragmentación política que está impidiendo grandes pactos de Estado y reformas necesarias de la cuarta economía del euro. «No está claro cuándo tendrán lugar las próximas elecciones en España y cuál será su resultado», señala Soros. Y esa incertidumbre –unida a sus desequilibrios económicos– es una debilidad en un momento en el que, a su juicio, presentar una imagen sólida en los mercados es particularmente importante para aprovechar los bajos tipos de interés y financiar a muy largo plazo los enormes gastos de la pandemia. «Difícilmente pueden estar más bajos los tipos». 

Los grandes productores de petróleo sorprendieron ayer al mercado al prácticamente congelar la exportación de crudo a pesar del fuerte aumento de la demanda global en los últimos meses, que había provocado que la cotización del Brent, de referencia en Europa, se elevara más de un 60% en los últimos cuatro meses. Con la decisión de ayer de mantener tanto el recorte conjunto como el ajuste extra de un millón de barriles diarios de Arabia Saudí, los precios del crudo se dispararon casi un 5% adicional, cerca de los 67 dólares, con lo que quedan en niveles de los primeros días de 2020, cuando el coronavirus todavía era, según el Gobierno chino, un “falso rumor” acotado a la entonces casi desconocida ciudad de Wuhan. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios reconocieron ayer que “no hay ninguna duda de que el mercado global ha mejorado desde la pasada reunión de enero”, pero “la incertidumbre que rodea el camino de la recuperación no se ha disipado”, por lo que apostaron por mantener el rumbo de los meses anteriores.

El Gobierno británico ha decidido extender los ‘periodos de gracia’ hasta el establecimiento de varios controles aduaneros entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte sin consulta previa con la Unión Europea. La ampliación del plazo comenzaría el 1 de abril y se extendería hasta octubre. Constituye una quiebra del Acuerdo de Retirada, cuya última revisión fue consensuada en diciembre. La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que se reunía ayer con el objetivo de establecer una fecha para la ratificación del acuerdo comercial finalizado el día de Nochebuena, aplazó la decisión. Sus miembros no están dispuestos a proponer una votación mientras persista la amenaza de quebrar el otro tratado internacional que regula la marcha británica de la UE.

El Gobierno se ha aliado con Seat e Iberdrola para levantar cerca de Martorell (Barcelona) la primera fábrica de baterías para el coche eléctrico en España. La fórmula elegida es un consorcio público-privado que dispondrá de acceso a los fondos europeos del programa Next Generation, aseguró ayer la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante el Congreso Federal de UGT-Fica. Fuentes de Seat declinaron dar información adicional. La Generalitat afirmó que conocía el proyecto porque está implicada y avanzó algunos detalles, como que la inversión prevista en total se situaría en 6.870 millones. Una portavoz del Departamento de Economía matizó que no está confirmado completamente que la planta se ubique en Cataluña, aunque es la opción más probable. “El battery hub propone las siguientes infraestructuras: una planta de desarrollo de nuevas baterías, una planta de producción de battery box, una planta de reciclaje de baterías y el desarrollo de una nueva generación de cargadores públicos y otros elementos de la cadena, como la producción de inverters”, explica el Govern en relación a un proyecto que permitiría impulsar la transformación de toda la cadena de valor de la industria.

Las matriculaciones en enero sufrieron un hundimiento del 33,7% en el territorio frente al 32,96% y el 35,05% en Bizkaia y Álava. Pero entre tantos números rojos brota un dato que destaca en verde por encima de los demás; la venta de vehículos (turismos y todoterrenos) híbridos y eléctricos está por encima de los movidos por gasóleo, que ya hace mucho que perdieron la hegemonía frente a los de gasolina. Esta tendencia no es cosa de hace dos días. El 2020 ya va a pasar a la historia por ser el primer año en el que, tanto en Euskadi como en Gipuzkoa, se comercializaron más vehículos alternativos que diésel.

Aumenta la competencia en el sector de las telecomunicaciones en España. MásMóvil y El Corte Inglés han firmado un acuerdo estratégico para lanzar un operador virtual de móvil y fibra. La comercialización de servicios de telecomunicaciones convergentes se realizará a través de Sweno, marca propia del gigante de la distribución, que utilizará la red de la compañía que dirige Meinrad Spenger. En un comunicado, ambas empresas indicaron que, tras varios meses de trabajo conjunto, el acuerdo va a permitir a El Corte Inglés comercializar estos servicios de forma que cubran todas las necesidades de conectividad de sus clientes. “El acuerdo le va a permitir, además, combinar su oferta de tecnología con servicios de telecomunicaciones, especialmente en el entorno del hogar inteligente, y diversificar su actividad con el lanzamiento de estos servicios de nueva generación”, explicaron las partes.

Acuciada por la crisis de la aviación, Rolls-Royce vuelve a poner en el mercado a la compañía de aeronáutica ITP. Es un activo que, pese a lo delicado del sector, ha levantado apetito entre los mayores fondos de private equity del planeta. Pero los contratos en materia de defensa, joya de la corona del grupo, impiden que un inversor financiero se haga con el control total de la empresa, por lo que negocian que Rolls-Royce retenga una participación minoritaria que blinde estos contratos y evite un veto del Gobierno español.

El endémico problema de la elevada temporalidad de los trabajadores del sector público en España puede convertirse para el Gobierno en una traba que impida la llegada de los fondos europeos. Por eso, en el Ejecutivo ya están preparando cambios en la normativa laboral para acelerar el histórico objetivo de reducir el número de interinos que trabajan sobre todo en Educación y Sanidad, aunque de forma generalizada en todo el sector público. La llamada de atención de Bruselas ha encendido las alertas en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en cuya mesa se encuentra la posibilidad de habilitar sanciones para las administraciones que superen los límites de la temporalidad. Será la próxima semana cuando los responsables de este departamento –dirigido ahora por Miquel Iceta – se reúnan con los principales sindicatos (CSIF, UGT y CC OO) para retomar la negociación sobre el futuro de los interinos. España tiene una tasa de temporalidad pública cercana al 30%, diez puntos superior a la del sector privado.

Euskadi suele liderar las estadísticas de temporalidad en el empleo público, con tasas que duplican a la media empresarial privada y también muy superiores al promedio público español. A finales de 2020, en las administraciones vascas había 62.100 empleados con contratos temporales, lo que supone una tasa de temporalidad del 40,2%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Aquí se incluyen tanto el Gobierno vasco (que por si solo ronda los 50.000 temporales), como las diputaciones forales y los ayuntamientos. En Euskadi se ha visto agudizada la temporalidad, según fuentes de la consejería de Gobernanza, por las dificultades que desde hace años tienen las convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) debido a los constantes recursos judiciales sindicales. 

Tras más de ocho meses de interinidad, bajo la firme amenaza de un bloqueo ‘sine die’, en segunda votación y por la mínima. Iñaki Subijana Zunzunegui (San Sebastián, 1963) esquivó ayer todos los obstáculos habidos y por haber para convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En un escenario de profunda división en el seno del Poder Judicial, el magistrado guipuzcoano cosechó ayer un apoyo frágil pero más que suficiente para convertirse en el sustituto de Juan Luis Ibarra como máxima autoridad de la judicatura en Euskadi. Aunque aspiraban igualmente a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun y Antonio García al menos no se marcharon ayer con las manos vacías. La sustituta provisional de Juan Luis Ibarra fue ratificada al frente de la Sala de lo Social del propio órgano jurisdiccional autonómico, que ella misma presidía también de forma interina desde julio. Considerada como progresista −Podemos la tanteó como posible candidata a lehendakari−, será su tercer mandato consecutivo en este puesto, desde el que también ha obtenido una importante proyección pública con sus habituales participaciones en tertulias televisivas.

Las vacaciones de Semana Santa no supondrán una relajación en las medidas ante la pandemia. Sanidad y las comunidades autónomas, salvo Madrid, pactaron ayer mantener el nivel de alerta para el periodo vacacional y vetar la movilidad entre las regiones. Además, se fijó un toque de queda común de 22.00 horas a 6.00 horas y se acordó limitar las reuniones en espacios públicos o privados a un tope de 4 personas. Preguntado por el acuerdo, el Departamento de Salud vasco no especificó ayer si ve con buenos ojos todas las medidas incluidas en el documento y remitió a las decisiones del LABI de hoy y al próximo Consejo Interterritorial del miércoles, donde se ratificará el texto aprobado ayer.

La policía del Capitolio permanecía ayer en máxima alerta tras recibir información sobre una nueva amenaza de asalto al edificio que alberga al Congreso de Estados Unidos. La Cámara de Representantes suspendió sus sesiones, una muestra del impacto del extremismo en el país. El FBI investiga unos 2.000 casos sospechosos de terrorismo nacional, más del doble que en 2017. Fracasada la revuelta del 6 de enero y consumada dos semanas después la investidura de Joe Biden, la realidad se empeña en frustrar las delirantes profecías de los seguidores de QAnon, que vaticinan un regreso triunfal de Donald Trump para aplastar a unas fantasiosas élites corruptas que mueven los hilos del país. Una nueva amenaza que apuntaba a la jornada de ayer puso en alerta a la policía del Capitolio y llevó a la Cámara baja a suspender sus sesiones. EE UU se enfrenta a la amenaza duradera de un extremismo, cada vez más arrinconado y más fanático, que brota y crece dentro de sus propias fronteras.