20201007

«Van a ser unos Presupuestos valientes que no van a contemplar recortes en las políticas públicas. La austeridad ya no va a ser nuestro camino», aseguró ayer el consejero de Economía, Pedro Azpiazu. El Covid-19 va a marcar un giro de 180 grados en la estrategia de gasto del Gobierno vasco, porque hasta la declaración del estado de alarma el objetivo no era otro que la contención y la reducción de deuda. Sin ir más lejos, el pasado 10 de marzo las administraciones central y vasca sellaron un pacto para terminar ya este año sin déficit. Pero el virus ha obligado a cambiar el paso. «No puede ser de otra manera, porque estos van a ser los Presupuestos de la reconstrucción y de la transformación económica y social. Unos Presupuestos que no van a contemplar recortes en las políticas públicas», anticipó Azpiazu. Confía en el endeudamiento para cubrir la brecha que se abrirá por el importante descenso de la recaudación fiscal. El margen pactado con el Estado para el próximo año se sitúa en 1.600 millones de euros. Azpiazu advierte de que a partir de 2021 la UE volverá a exigir una senda de ajuste en las Cuentas. 

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales cierran filas para, abiertas a la colaboración con el resto de administraciones de Euskadi así como con el sector privado, combatir la crisis derivada de la pandemia de una manera «global y conjunta». Así lo explicaron ayer fuentes de estas instituciones tras una reunión al más alto nivel, presidida por el lehendakari. «Desde el diagnóstico y compromiso compartidos, se ha decidido establecer un Compromiso por la Reactivación Económica y el Empleo», explicaron fuentes de Lehendakaritza tras la cita, en la que se acordaron unas bases generales para ofrecer esa respuesta unívoca.

Una cifra histórica para un momento que también lo es. El Consejo de Ministros arrancó ayer el diseño de los Presupuestos Generales del Estado con la presentación del techo de gasto para 2021: lo situó en un nivel récord de 196.097 millones de euros. Este límite se coloca muy por encima de los 182.439 millones de 2010, cuando se afrontó la anterior crisis financiera global. Y supone un incremento de casi 70.000 millones de euros, un 53,7%, desde los 127.609 millones en que se calculó el techo de gasto para 2020, cuando comenzaron a prepararse el pasado febrero las Cuentas públicas para este ejercicio; un proceso abortado por la extensión y la gravedad de la pandemia. Dentro del techo de gasto se incluyen los 27.436 millones que llegarán en 2021 y que no suman déficit. 

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, asumió ayer que España caerá este año aún más de lo estimado inicialmente por el Gobierno, debido a los continuos brotes del coronavirus y los confinamientos selectivos que siguen afectando a la actividad de buena parte del país. Con la movilidad restringida estos días entre más de cinco millones de personas, y a la espera de un último trimestre condicionado por los altibajos derivados de la pandemia, el PIB nacional se desplomará un 11,2% este ejercicio. Dos puntos más de lo que el Ejecutivo había calculado en abril, cuando ofreció una expectativa de caída del 9,2%. Calcula que el número de ocupados caiga en más de 1,5 millones, aunque mejora su estimación sobre la tasa de paro, que cerrará 2020 en el 17,2%. Para el año que viene, Calviño señala que con el plan de recuperación europeo, la economía podría crecer un 9,8%. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lanzó ayer un mensaje que el sector empresarial seguramente no deseaba oír: no se puede salvar a todo el tejido productivo; habrá que elegir porque no hay recursos para todos. No lo dijo con estas palabras, pero sí con gran nitidez: “En el caso de las empresas con modelos de negocio no viables, debería facilitarse su salida ordenada del mercado, ya que ello redundaría en una asignación más eficiente de los recursos”. Hernández de Cos hizo esta afirmación durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso para presentar el informe anual del Banco de España, en la que, ante la clase política, dibujó un panorama económico poco tranquilizador ante el vertiginoso avance de la pandemia, que puede provocar escenarios aún más adversos que los contemplados hasta ahora por el supervisor (una caída del PIB de hasta el 12,6% este año) y que advirtió de que la recuperación en España está siendo “frágil”, “desigual” y “parcial”, amén de haberse frenado durante los meses de verano.

En las últimas ocasiones, Kristalina Georgieva y su antecesora, Christine Lagarde, alertaron de un empeoramiento de la economía por el auge del proteccionismo y otras amenazas. Pero ahora es diferente. No hay negros augurios sobre un futuro próximo. La crisis ya está aquí en todo su esplendor. El Fondo anuncia que revisará su previsión de crecimiento global para 2021, pero alerta de que la salida del túnel será muy, muy problemática.  En su discurso previo a la reunión de la próxima semana, la búlgara alertó ayer de los riesgos a los que se enfrenta la economía internacional: la deuda pública igualará por primera vez el PIB global, prácticamente todos los países sufrirán un revés en los niveles de vida de su población y, cuando llegue el fin de esta crisis, todo apunta a que se hará muy cuesta arriba. “Esta calamidad está muy lejos de haber acabado. Todos los países afrontan lo que llamaría la Larga Ascensión, una escalada difícil que será larga, desigual e incierta. Y propensa a los reveses”. 

La producción manufacturera cayó un 4,9% en agosto en el territorio frente al desplome del 14,5% en el conjunto de Euskadi. Así lo indican los números del Índice de Producción Industrial (IPI) ofrecidos ayer por el Eustat, que frente a la caída interanual del 14,5% del indicador en agosto (tras el 11,8% de julio) en el conjunto del País Vasco, dejan el retroceso en Gipuzkoa en el 4,9%, muy por debajo del 10,4% en negativo del mes anterior. Si bien en Álava el retroceso mensual (13,3%) mejora la media vasca, no es menos cierto que ese guarismo supone un empeoramiento sobre el 9,5% de caída de julio. En Bizkaia, donde la pandemia está golpeando más duro a las fábricas, la caída fue del 21,4%, tras el 14,7% de un mes antes. El balance hasta agosto se cierra con una contracción acumulada de la actividad industrial del 16,0%. 

CAF habría quedado excluida del gran contrato de 1.700 millones de euros para la fabricación de hasta 200 unidades de gran capacidad (Cercanías) que Renfe tiene previsto adjudicar antes de que acabe el año, y en el que la compañía beasaindarra tenía depositadas grandes esperanzas en un año especialmente complicado por la pandemia del Covid 19. Así lo aseguró ayer en el pleno de control al Gobierno en el Senado, la jeltzale Mertxe Garmendia, quien afeó a la ministra de Industria, Reyes Maroto, el castigo a la firma presidida por Andrés Arizkorreta mientras quedaban ‘vivos’ en el proceso dos grupos «extranjeros», en alusión de Alstom y Stadler. Garmendia subrayó el malestar de su formación ante el hecho de que, explicó, las razones para descartar a CAF de ese importante concurso fueran de orden técnico. «No ha habido opción a aclarar o justificar esa supuesta deficiencia técnica», denunció Garmendia, quien insistió en su sorpresa ante el hecho de que fuera un motivo técnico el argumento para descartar a «una empresa de solvencia técnica internacional demostrada en la fabricación de vagones».

La posible aprobación del convenio provincial del Metal de Gipuzkoa –Adegi ha dado a LAB, CC OO y UGT 15 días de plazo para aceptarlo y sumarse así a ELA– permitiría dar un impulso significativo a la negociación colectiva del territorio, que se encuentra rezagada con respecto a la de los territorios vecinos y muy alicaída. El acuerdo dará cobertura a muchos trabajadores que tiene sus sueldos congelados desde 2011. Cuatro de cada seis trabajadores tienen su convenio decaído y entre estos figuran además del siderometalúrgico, desde 2011, el de Hostelería y el de Oficinas y Despachos. En concreto, el 42,2%, muy por encima de Bizkaia, donde esta situación solo afecta al 8% de los trabajadores, y de Álava, donde se eleva al 26,2%. La cifra tan baja que ofrece Bizkaia responde precisamente a que el año pasaron se acordó el convenio del Metal, aunque su registro no se ha efectuado hasta este año en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), según constata este organismo laboral.

Unos 300 trabajadores de Tubacex secundaron ayer la concentración convocada por los sindicatos al mediodía frente a la fábrica de Llodio. La convocatoria fue el acto más visible de una huelga de 24 horas que contó con un seguimiento «prácticamente total», afirmaron los convocantes. Todo ello con el fin de forzar a la dirección a retirar de su propuesta de reducción de costes el despido de 150 trabajadores de las factorías de la comarca de Ayala. La empresa quiere reducir los gastos en 10 millones de euros y una de las posibilidades es esa. Sin embargo, el comité de empresa la rechaza de plano y de hecho no cree que sea realista. «Es imposible que Tubacex sea viable con 150 trabajadores menos». Así, ante el marco de negociaciones que ambas partes aún mantienen abierto, es imperativo que la dirección «retire la amenaza de los despidos», en palabras de Eduardo Ibernia, de ELA, el sindicato mayoritario. Tubacex emplea a unos 800 operarios en las plantas de Llodio y Amurrio.

Los sindicatos USO, UGT y CC OO han decidido iniciar los trámites para recurrir judicialmente el ERTE anunciado por la dirección de la empresa siderúrgica Sidenor, cuyas negociaciones terminaron sin acuerdo. La suspensión temporal se aplicará hasta finales del próximo mes de marzo a la totalidad de la plantilla, casi 1.600 trabajadores en el grupo. Estos sindicatos ya han registrado en el Ministerio de Trabajo el documento en el que se oponen a la aplicación del ERTE. En su argumentación, los representantes de la plantilla señalan que el expediente es desproporcionado en relación al retroceso que ha podido experimentar la demanda del automóvil, así como de los resultados que ha obtenido la empresa en los últimos años.

El Gobierno vasco no cree necesario que Kutxabank afronte ahora una operación de fusión como la que le ha propuesto el Banco Sabadell, porque estima que la entidad financiera propiedad de las antiguas cajas de ahorros tiene los mimbres suficientes para seguir en solitario. Fue el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, el encargado de fijar ayer la posición en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, con más nitidez de lo que se había manifestado hasta ahora. Azpiazu aseguró desconocer las conversaciones que han existido entre los máximos responsables del Banco Sabadell y la cúpula de Kutxabank, y también reiteró el lógico formalismo de que «las decisiones le corresponden a la entidad financiera», pero dejó un mensaje nítido sobre la mesa. Kutxabank «tiene la fortaleza suficiente para seguir como hasta ahora y un país en el que poder desarrollar su labor». 

Nuevo paso de Repsol en su ofensiva hacia las energías renovables, y en concreto hacia la fotovoltaica. El grupo petrolero ha cerrado un acuerdo con Kutxabank para financiar las placas solares al ciudadano de a pie, la primera alianza de este tipo en España entre un banco y una energética. Kutxabank dará un interés preferente y un plazo de amortización de hasta 10 años a los interesados en instalar en los tejados de sus viviendas unifamiliares, pareadas o adosadas las placas solares de Repsol Solify, con un préstamo de ágil tramitación. Para ambos grupos –socios en la refinería vizcaína Petronor, que controla Repsol–, el acuerdo refleja su compromiso con el desarrollo sostenible, el cuidado medioambiental y la descarbonización.

El PP vasco tendrá nuevo presidente mañana. La junta directiva regional fue convocada ayer a una reunión extraordinaria en la que se elegirá líder y, lo más importante, se establecerá el rumbo para unos próximos años en los que los conservadores están obligados a intentar recuperar el terreno perdido en Euskadi. La presidencia estaba vacante desde la marcha de Alfonso Alonso el pasado febrero, casi ocho meses en los que la ‘número dos’ de la formación, la secretaria general, Amaya Fernández, ha estado al mando de manera provisional. Aunque no es totalmente descartable que se presenten otras candidaturas, hoy por hoy parece una situación improbable. Las fuentes consultadas aseguran que Iturgaiz, además del aval de Génova, cuenta con los apoyos internos necesarios para ser elegido. Si se cumple el guión, la parlamentaria alavesa Laura Garrido será elegida nueva secretaria general. Una apuesta personal de Pablo Casado para afrontar la reconstrucción del PP vasco. 

Tras su bochornosa actuación en el primer debate presidencial de la semana pasada, Joe Biden ha ampliado la ventaja y le saca 16 puntos entre los votantes registrados que más probabilidades tienen de ejercer el sufragio, según la encuesta nacional que hizo SSRS por encargo de la CNN. El resultado nacional que da ventaja a Biden por 57% a 41% no se mantiene en los Estados bisagra que necesitará para ganar el colegio electoral, pero aun así obtiene una estrecha ventaja en la mayor parte de esos Estados críticos. Tras ver a los dos frente a frente, los votantes prefieren a Biden en temas como el manejo de la pandemia, la sanidad, las desigualdades raciales, las nominaciones al Supremo y hasta la seguridad ciudadana, pese a que Trump se ha vendido como el presidente de la ley, el orden, el único capaz de ejercer mano dura. Es más, incluso confían más en Biden para mejorar la economía, que era el fuerte del mandatario hasta que empezó la crisis del coronavirus. El 52% de los estadounidenses dice ahora tener una impresión positiva del exvicepresidente de Obama, en comparación al 39% que ve a Trump con buenos ojos.

De seguir la tendencia de lento descenso de contagios como hasta ahora, la segunda ola de la pandemia de coronavirus aún se alargará al menos entre 6 y 8 semanas, según las previsiones de los responsables sanitarios en Euskadi. De hecho, el Gobierno Vasco advirtió ayer de que las actuales restricciones, que principalmente afectan a cuestiones de horarios en hostelería, aforos, uso obligatorio de la mascarilla y limitación de grupos, se mantendrán hasta «al menos» principios de diciembre. El portavoz del Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu, Bingen Zupiria, llamó a la población vasca «a no engañarse», porque el escenario de la pandemia «puede durar más de lo que nos gustaría». El también consejero de Cultura recordó en este sentido que la alcaldesa de París, Ane Hidalgo, ya ha hablado de que esta situación puede durar «entre 12 y 18 meses».

Euskadi busca oxígeno en las nuevas medidas de control de la pandemia, como son los nuevos test rápidos de diagnóstico, cuya utilización ultima Osakidetza, y el menor tiempo de confinamiento que pasará de 14 a 10 días. Ambas estrategias permitirán aliviar el aislamiento a miles de familias vascas. Los últimos datos publicados cifran en 8.728 personas confinadas en casa, la mayoría por contacto estrecho con un positivo. El Ejecutivo vasco considera muy importante la reducción de la cuarentena a 10 días sin necesidad de hacerse la PCR previa. «El avance en el conocimiento» de la epidemia permite dar este tipo de pasos. Este cambio, además de «disminuir» las necesidades de PCR «implica consecuencias sociales y económicas positivas», reconoce el Ejecutivo vasco, y por tanto, «aliviará» el impacto de la pandemia en ambos sentidos. Hasta el pasado 1 de octubre había en Euskadi 4.248 casos activos por coronavirus y 8.728 personas en aislamiento.

Un informe entregado a la Comisión Europea por el grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña ha concluido que las tres primeras semanas de curso no han tenido un impacto significativo en la evolución de la epidemia en España. “Si las escuelas hubieran actuado como amplificadoras de los contagios, ya debería observarse un efecto en la incidencia global”, tras haberse superado el periodo de dos semanas que se utiliza como indicador de la marcha de la enfermedad, señala el documento donde, además del conjunto del país, se analiza de forma específica la situación en Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana (entre las cuatro suman el 61% de la población escolar) y Castilla y León.