20200217

La empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero de Zaldibar, ha contratado a un equipo de geólogos y expertos en construcción para demostrar que la principal causa del derrumbe fueron las obras de construcción de la nueva variante de Ermua que se inauguró en 2018. La empresa Verter Recycling, que gestiona el vertedero de Zaldibar, está en el ojo del huracán desde que el pasado día 6 una avalancha de tierra y desechos convirtiera la escombrera en una trampa mortal que se tragó a dos operarios. Entre acusaciones de irregularidades, amenazas de sanciones y sospechas de connivencias, la compañía ha comenzado a armar el entramado de sus alegaciones. Su principal argumento es que el alud se produjo por causas ajenas que no tienen nada que ver con el funcionamiento del vertedero.

Las tareas de rescate de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán avanzan a un ritmo tan lento que sus familiares afearon ayer al lehendakari que «no se está haciendo lo suficiente». Los expertos advierten de que estabilizar la ladera del vertedero de Zaldibar costará al menos seis meses de trabajo, y aseguran que rescatar antes a los desaparecidos será complicado. El Gobierno vasco confía en extinguir las llamas en los próximos días, después de que dos máquinas –de las seis que hay en la parte superior de la escombrera– estén ya arrojando tierra para tratar de sofocar el incendio.

La economía vasca está en los niveles más altos de su historia en inversión en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) con 1.420 millones de euros, pero esto no se traduce en una avalancha de solicitudes de patentes. Al contrario, en el periodo 2014-2018, últimos datos oficiales disponibles, las peticiones están estancadas e incluso tienden a la baja, con un 13% acumulado. En cifras reales, desde Euskadi se registran unas 380 solicitudes anuales, incluyendo el registro español y el europeo. No hay una explicación sencilla para este fenómeno: mientras en algunas producciones industriales estamos al nivel de Alemania, lo cierto es que la tasa de solicitud de patentes alemanas por millón de habitantes llega hasta las 321 cuando la vasca se queda en 102 y la española se limita a 38. Lo que registran las empresas vascas son las ‘marcas’, su tarjeta de presentación en el mercado. Se tramitan anualmente unas 2.000. Otro tipo de registros, el ‘diseño industrial’, bajan; y los ‘modelos de utilidad’ (ventaja adicional en uso o fabricación) avanzan de una forma errática.

Entrevista con Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Tapia, un valor seguro en el Ejecutivo de Urkullu, quiere exprimir la legislatura y ha redoblado su apretada agenda para dar un nuevo acelerón a las obras del TAV tras convencer a Ábalos de que deben trabajar juntos  “Somos conscientes de que el sistema de movilidad está cambiando y también lo está haciendo todo el sector del automóvil. Daimler es la única fábrica que tenemos en Euskadi que ha dado resultados y que parece que está acusando esta situación de incertidumbre que se vive en todo el mundo y que, quizá, es más acusada en Europa. Hasta que no se aclare hacia dónde vamos a ir, mientras no se defina una regulación clara de, por ejemplo, la circulación en las ciudades o hasta que esté claramente definidos los planes de movilidad y energía en Europa vamos a sufrir dos o tres años de incertidumbres”.

Aunque cada vez las organizaciones están más conectadas, sigue habiendo una mayoría que no es consciente de la relación directa que tiene la protección con la supervivencia del negocio. Así, el director del Basque Cibersecurity Center (BCSC), Javier Diéguez, advierte de que hay compañías que no logran sobrevivir a un ciberataque. Pero además de esta labor divulgativa, el centro que forma parte de la estructura de Spri aspira a crear un ecosistema vasco de confianza digital.

El selecto club de los contribuyentes más poderosos de Gipuzkoa se ha reducido en el último año. Según los datos publicados por el departamento de Hacienda correspondientes al ejercicio fiscal de 2018 –con las declaraciones presentadas en 2019–, la nómina de guipuzcoanos que declaran más de siete millones de euros en el Impuesto de Patrimonio se ha reducido en diez personas en un año. El número de contribuyentes que engrosa el tramo más elevado del tributo ha pasado de 204 en 2017 a 194 en 2018. Los responsables del fisco foral, invitados a explicar las causas de estas ‘deserciones’ entre estos patrimonios millonarios –posible pérdida de patrimonio, fallecimiento o traslado a otro territorio–, declinaron dar más detalles justificándolo en razones de confidencialidad.

La primera edición del galardón Arizmendiarrieta Saria, instituido por la Fundación Arizmendiarrieta para promover el modelo inclusivo participativo de empresa, ha correspondido a la empresa Alcorta Forging Group. Fundada en 1911 y con sede en Elgoibar, cuenta con una plantilla de 200 trabajadores y se ha convertido en un referente en el sector de componentes para automoción. La fundación quiere reconocer con este galardón a las empresas que facilitan la participación de los trabajadores. La empresa de Elgoibar ofreció a los trabajadores parte de las acciones, tras salir de la sociedad un inversor alemán. 

El jueves, la empresa Sniace tiró la toalla. Tras dos décadas de caminar sobre ascuas, la firma cántabra ha dicho basta. Un nuevo obstáculo la aboca a echar el cierre y pedir la liquidación: la decisión de interrumpir el suministro de gas en su planta de cogeneración por parte de Cogen, contra la que presentará una querella por incumplimiento de contrato. Al tiempo, culpa de la situación a la iniciativa del Gobierno de reducir hasta un 35% la retribución de la cogeneración. Es la crónica de una muerte anunciada que, no obstante, ha caído como una bomba en la comarca de Torrelavega, donde Sniace ha sido un símbolo industrial durante gran parte de sus 80 años de existencia. El impacto ha llevado al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, a reclamar el apoyo del Gobierno central. “No podemos consentir que Sniace se cierre y punto”, dijo Revilla, que hoy se reunirá con el comité de empresa y el Ayuntamiento de Torrelavega para analizar “alguna posibilidad de futuro”.

La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya tiene sobre la mesa el primer conflicto contable sobre las cuentas de formación. La patronal CEOE ha decidido demandar al Ministerio ante la Audiencia Nacional para reclamarle la devolución de cuatro millones de euros. La patronal ha tomado esta decisión después de comprobar que el equipo anterior del Ministerio, que dirigía Magdalena Valerio, aceptó devolverle 8,5 millones y no los 12,5 millones de euros que reclamaba la patronal al ganar al Gobierno un largo conflicto sobre los planes de formación de 2010. Posteriormente, en uno de sus habituales controles sobre el empleo de los fondos de formación en los trabajadores ocupados y desempleados, el Tribunal de Cuentas acusó en 2014 a CEOE y Cepyme de no justificar debidamente el empleo de doce millones de euros en años anteriores.

Las horas extra de los asalariados cayeron en todo 2019. Pero entre la segunda parte del año (-9,3%) y la primera (-11,6%) hay una gran diferencia: en el segundo semestre, especialmente en los últimos tres meses, la caída estuvo protagonizada por el importante bajón de las no pagadas. De julio a diciembre, el tiempo de trabajo por encima de la jornada pactada sin retribuir cayó un 13,3% respecto al mismo semestre de 2018, según el INE. Es justo el periodo en el que estuvo vigente la obligación de las empresas de registrar todas las horas que trabajan sus empleados para que pueda consultarlo la Inspección. Las fuentes consultadas coinciden en que esta medida ha contribuido a reducir las horas extra, aunque admiten que también pudieron influir otros factores.

Dos grandes expedientes de regulación de empleo (ERE) provocaron la salida de más de 5.000 trabajadores de la banca durante el año pasado. Los ajustes protagonizados por Santander y CaixaBank acumularon la mayor parte de la destrucción de puestos de trabajo de un sector en el que los recortes no cesan, a pesar de que el peor momento de la crisis financiera, en 2013, queda ya lejos. El saldo de empleados de las diez grandes entidades financieras españolas se dejó en 2019 un total de 6.275 trabajadores menos, lo que supuso una reducción del 4% con respecto al año anterior. El pasado ejercicio cerró con 153.146 personas ocupadas en el sector frente a las 159.421 de 2018, según los datos de las propias entidades. El número de despidos ejecutados durante el año pasado supone, además, el mayor registro de bajas laborales en el sector bancario de los tres últimos años.

La baja rentabilidad de la banca española debido entre otras razones a los tipos de interés negativos, unida a unos niveles de solvencia claramente inferiores a los de sus competidores europeos, dibujan un panorama complejo para este ejercicio. A todo ello hay que sumar los problemas específicos a los que tienen que hacer frente cada entidad. El año no se presenta especialmente positivo para la actividad de los bancos en España debido sobre todo a la desaceleración económica, que parece que se ha ralentizado, a los tipos de interés negativos, a la baja demanda de crédito y a los temores a que la creciente morosidad registrada en los últimos meses repunte más de lo que lo viene haciendo. Pero, frente a estos problemas que podrían calificarse de generales para todo el sector, cada banco tiene su propio afán, que diría Emilio Botín.

El impacto del coronavirus surgido en China está provocando una avalancha de rebajas de las previsiones de resultados (profit warning) para este año entre multinacionales de sectores muy variados. China no sólo es la segunda economía mundial y el mayor o uno de los principales mercados para tecnológicas, automovilísticas, empresas de lujo y gran consumo, aerolíneas o farmacéuticas sino que también es la gran fábrica global, por lo que la crisis sanitaria ha interrumpido la cadena de suministro de muchas compañías. La crisis en China ha obligado a gigantes como Alibaba, Nissan, Pernod Ricard, Nestlé, AstraZeneca y Carnival a bajar su previsión de resultados para este año.

La inesperada irrupción del brote del coronavirus, que hasta la fecha ha causado alrededor de 1.700 muertes y unos 70.000 casos de contagio detectados, y la incertidumbre sobre el alcance de sus impacto en la economía global han puesto en alerta a los principales organismos económicos internacionales. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, alertó ayer desde Dubái de que el crecimiento mundial, estimado en un 3,3% para este año, podría verse recortado entre una y dos décimas por la pandemia. La institución reconoce, sin embargo, que aún es pronto para evaluar su verdadero alcance.

"El efecto impacto más acusado se producirá en China. Alrededor de su reciente año nuevo las industrias chinas habían cerrado sus puertas y la mayoría permanecen así. Los fabricantes de automóviles de capital extranjero dudan entre continuar el cierre o abrir...La incidencia económica sobre el resto del mundo se basa en las mismas causas citadas: el colapso del abastecimiento de productos intermedios que representan elementos esenciales para la producción de bienes finales en sus respectivos países. Las empresas de todo el mundo se están desabastecimiento de componentes, en particular eléctricos y electrónicos de los que China es el principal exportador mundial. El impacto económico del Covid-19 va ser mucho más importante que el del SARS en 2003, pero la segunda potencia mundial no va a permitir que el progreso alcanzado durante años se le vaya de las manos. Una corta recesión en ‘V’ es lo más probable".