20190412

El recién concluido marzo fue un buen mes para la creación de empresas en Euskadi, según un informe de la patronal vasca Confebask difundido ayer. Ha sido el mejor marzo desde 2007 gracias, sobre todo, a las nuevas firmas de la construcción y, en menor medida, a las de los servicios, ya que la industria sigue a la baja. Sin embargo, en la Seguridad Social todavía hay inscritas 5.300 firmas menos que antes de la crisis: son 59.306 frente a las 64.635 de mayo de 2008, el momento cumbre. En su análisis de lo sucedido, el empresariado vasco pone de relieve que el ritmo de crecimiento de empresas en la comunidad autónoma –el 0,5% en la comparación interanual– continúa siendo inferior a la del resto de España, del 1,2%, «si bien en esta ocasión se reduce algo esa diferencia».

La Consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, aboga por un modelo de relaciones laborales «más cooperativo y orientado a la calidad del empleo en términos de estabilidad y condiciones de trabajo». Dos de los ejes que centran la ‘Declaración de Oñati: Decálogo para un modelo renovado de relaciones laborales’, presentado ayer en la segunda y última jornada del Congreso Internacional sobre el futuro del trabajo celebrado en dicha localidad. El Congreso, que fue inaugurado el miércoles por el lehendakari, Iñigo Urkullu, contó ayer con la participación, por separado, de representantes de las organizaciones empresariales y sindicales (Confebask, ELA,LAB, CC OO y UGT).

La automoción vasca mantendrá el pulso este año. Prevé crecer de un 3% a un 5%, por encima del PIB estimado por el Ejecutivo de Urkullu para el ejercicio en curso, que es un 2,2%. El sector ya viene de un año notable: facturó en 2018 un total de 19.311 millones de euros –la cifra no incluye a Mercedes, de Vitoria–, un 5% más que en 2017. Unas buenas previsiones pese a las numerosas incertidumbres que acechan a la automoción, básica para la economía de Euskadi, ya que supone el 25% de su riqueza. En este contexto, José Esmoris, presidente de Acicae, el Clúster de Automoción de Euskadi, reclamó a los políticos «neutralidad tecnológica» y cautela a la hora de impulsar la expansión del vehículo eléctrico.

Ni la recuperación económica ni las mayores facilidades de financiación frenan el avance del alquiler en España. El porcentaje de inquilinos gana cuota poco a poco respecto al de propietarios, y el Banco de España bucea en las causas de esa tendencia en su último informe, Evolución reciente del mercado de la vivienda en España, publicado ayer. El supervisor destaca los problemas de los más jóvenes para acceder tanto a la vivienda en propiedad como al alquiler. Y pone el foco sobre el desempleo juvenil, la alta incidencia del paro de larga duración y el elevado índice de temporalidad como principales obstáculos.

Por segunda vez, la Unión Europea ha vuelto a conceder a Londres un aplazamiento del Brexit para evitar otra salida abrupta este mismo viernes. Así lo acordaron el miércoles de madrugada los miembros del club comunitario, que accedieron a retrasar la fecha de salida hasta el 31 de octubre. La premier Theresa May sigue, aun así, decidida a intentar sellar el acuerdo «lo antes posible» y a poder ser antes de las elecciones al Parlamento Europeo de finales de mayo, lo que le permitiría al país evitar participar en la cita electoral. Por ello, emplazó a todos los diputados a resolver la situación, en un acto de «deber nacional».

Según el estudio La empresa española ante el Brexit 2019, elaborado por KPMG en colaboración con CEOE (entre noviembre de 2018 y marzo de 2019), el 45% de los empresarios españoles tiene un plan de contingencia para el Brexit. Las principales áreas en las que se han centrado las compañías han sido fiscalidad y aduanas (64%); legal y regulatorio (47%), y financiera (36%). zzSe observa una mayor concienciación de las empresas españolas y un mayor nivel de preparación ante la previsible proximidad de la salida, tomando medidas en las principales áreas afectadas», señaló Antonio Hernández, socio de estrategia internacional y energética y responsable de Brexit de KPMG España.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló ayer la normativa española que prevé una indemnización inferior para los trabajadores temporales frente a los de plantilla en caso de despido por motivos económicos. La corte con sede en Luxemburgo dictó ayer sendas sentencias en relación, por un lado, con un litigio por el despido de tres trabajadores con contrato de obra o servicio vinculados a la empresa Cobra Servicios Auxiliares, que a su vez tenía una contrata con Unión Fenosa de servicios de lectura de contadores. Por otra parte, relativa al despido colectivo de 72 trabajadores fijos de la empresa Cobra, por motivos de producción. En las sentencias, el Tribunal deja claro que la legislación española respeta las normas europeas.

Si se cumpliera lo que vamos a escuchar durante los próximos 15 días, el mercado laboral mejorará notablemente en los próximos años. Habrá más empleo indefinido; menos contratos temporales no justificados, menos parcialidad involuntaria; más puestos para jóvenes y parados de larga duración, y una llegada ordenada de los inmigrantes cualificados que ya empieza a necesitar la economía española. Y esto ocurrirá gane quien gane las elecciones porque –salvo la excepción de Unidas Podemos que hace mayores concreciones– las propuestas de los principales partidos para el mercado laboral son lo suficientemente generales y coincidentes como para casar en cualquiera de sus programas electorales.

La Cámara de Comercio de EE UU en España, AmchamSpain, que agrupa a más de 300 empresas de ambos países cuya facturación conjunta suma un 24% del PIB nacional, confía en las potencialidades económicas del país pese al contexto de ralentización mundial y a desafíos internacionales como el Brexit o las tensiones comerciales. En una nota, esta asociación reclamó ayer reformas al próximo Gobierno para mantener la fortaleza de la recuperación. La asociación manifiesta que la economía española podría superar las previsiones oficiales, en función de las medidas y reformas estructurales que acometa el futuro Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 28 de abril.

El Fondo Monetario Internacional no ve con buenos ojos la llamada Teoría Monetaria Moderna, la corriente económica de moda en círculos progresistas que cuestiona el dogma del rigor presupuestario. «No es la panacea», sino que más bien puede ser «una trampa». Así lo dijo ayer Christine Lagarde, directora del Fondo, en una intervención en Washington. Lagarde se suma así a las voces críticas con la Teoría Monetaria Moderna, que abre el debate sobre los límites del gasto público. La idea es que los Gobiernos puedan endeudarse para reducir la desigualdad. La base es que países con su propio banco central y su moneda, como EE UU o Japón, no pueden quebrar porque siempre podrán imprimir dinero y, por tanto, no deben preocuparse por aumentar el gasto mientras la inflación siga baja.

La mochila austriaca lleva casi una década en la agenda política, después de que José Luis Rodríguez Zapatero la estudiara en 2010, para desecharla posteriormente. Más adelante, Mariano Rajoy la incluyó en su programa electoral de 2011 aunque no llegó a introducirla con la mayoría absoluta, quizá debido a que había otros problemas más graves. Y también apostaron por ella los populares en 2015 y 2016, viéndose respaldados además por Ciudadanos en este tema. Sin embargo, estos intentos no llegaron a (casi) nada: la aprobación de una propuesta en el Congreso de la mano de PNV y el PDeCAT que instaba al Gobierno a elaborar esta medida. Pero esta reforma ha encallado en múltiples ocasiones porque conllevaría un alza de costes laborales o una reducción de las indemnizaciones

El impacto económico de la brecha de género en las pensiones superó los 26.000 millones de euros durante el pasado año, lo que supone un 2,2% del PIB. La abultada cifra corresponde al valor añadido bruto derivado de una menor capacidad de consumo de las mujeres pensionistas, que perciben menores ingresos que los hombres a pesar de suponer el 48,4% de los pensionistas y recibir el 51,6% de las pensiones, más de una en muchas ocasiones. Es una de las conclusiones que se extraen del tercer estudio que publica el clúster ClosinGap, y que en esta ocasión ha elaborado Mapfre. El informe, El coste de oportunidad de la brecha de género en las pensiones, pone de relieve las consecuencias de esta desigualdad.

Arantxa Tapia cambió ayer la fecha prevista para la llegada del TAV a Euskadi. Ya no será en 2023, como hasta ahora se había publicitado desde los gobiernos central y vasco en todas las comparecencias sobre el asunto. Será al año siguiente, aunque la consejera no descartó, con cierta ironía, que sea el «1 de enero de 2024». El Ejecutivo vasco pidió ayer «tensión» para que las obras acaben cuanto antes y se puedan acometer los trabajos ferroviarios, y se atrevió a adelantar datos sobre la futura explotación, con precios de 8 euros para los viajes entre las tres capitales y servicios cada media hora.

«Por el momento, Zegona sólo ha deparado buenas noticias», aseguraba ayer el representante de un fondo de inversión que ha arriesgado parte de sus recursos en Euskaltel. La frase está vinculada a la revalorización de un 27% de la operadora vasca desde que la firma británica anunció su deseo de tomar el control de la empresa de telecomunicaciones a mediados del pasado mes de octubre. Y la opinión es generalizada. Todos los accionistas institucionales de Euskaltel sondeados por este periódico –con la excepción de Kutxabank, que guarda silencio– coinciden en señalar que el futuro de la compañía está ligado a su rentabilidad y «a la propuesta estratégica que permita revalorizar la firma», y no a criterios emocionales, geográficos o de ‘arraigo’.

Nuevo capítulo en la guerra por el control accionarial en Euskaltel, después de que Zegona se haya consolidado como el primer accionista con casi el 21% del capital. Ayer, Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, manifestó que el Ejecutivo de Vitoria «no descarta su entrada» en el capital de la operadora. Tapia insistió en que trabajará con los accionistas «de referencia» de Euskaltel, sin especificar cuáles son, y para garantizar que siga siendo una empresa que «no solamente tenga su sede social y fiscal en Euskadi, sino para que también trabaje tecnológicamente aquí y sea el soporte del tejido productivo».