20181210

Después de la tormenta de la crisis las empresas vascas atraviesan un período de relativa calma. Aunque hay algunas grandes firmas industriales en peligro, los principales indicadores del empleo coinciden en que las plantillas viven un momento de estabilidad. Las avalanchas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que sacudieron el mercado de trabajo de Euskadi en el inicio y en la parte final de la crisis se han diluido en los últimos años. El número de trabajadores afectados por un ERE continúa bajando en 2018, que va camino de registrar la cifra más corta desde que arranca la estadística histórica de Eustat en 1991. La parte final del año presenta dos grandes puntos negros - Tubos Reunidos y La Naval- que pueden hacer descarrilar los números registrados hasta octubre, mes en el que el Gobierno vasco había contabilizado 1.463 trabajadores incluidos en ERE -sumando los expedientes de extinción de contrato, suspensión temporal y reducción de jornada-.

El Gobierno Vasco y EH Bildu llevarán al límite la incertidumbre sobre si los Presupuestos vascos de 2019 superan el pleno de totalidad de mañana en el Parlamento Vasco, ya que los contactos que se han producido durante todo el puente festivo no han permitido que las posiciones se acerquen para alcanzar un acuerdo. El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ni siquiera tiene prevista una reunión con representantes de la coalición soberanista para hoy, víspera del pleno que decidirá si las Cuentas siguen su tramitación o son devueltas al Ejecutivo, por lo que ambas partes han asumido que el desenlace podría retrasarse hasta el mismo pleno de mañana. EH Bildu sigue esperando un último esfuerzo del Gobierno de Iñigo Urkullu a través de una propuesta que se acerque a sus pretensiones en torno al complemento de las pensiones más bajas.

Los programas lanzados por el Gobierno vasco que buscan el retorno de los trabajadores que se marcharon de Euskadi para buscar un futuro profesional atractivo se están saldando con un rotundo fracaso. Ni el denominado Programa de Retorno Juvenil ni el plan Landhome están consiguiendo su objetivo a pesar de contar con generosas ayudas económicas. Siete jóvenes se han acogido al primer programa y dos técnicos al segundo en cuatro años. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha respondido a una iniciativa parlamentaria de Elkarrekin Podemos sobre el programa lanzado el año pasado para la repatriación de jóvenes que trabajan fuera de Euskadi y quieren volver en la que constata que han sido siete los jóvenes que se han acogido a las ayudas para el retorno desde que se pusiera en marcha el año pasado.

Las Diputaciones vascas han desarrollado por decreto el nuevo régimen de incentivos fiscales para los trabajadores cualificados desplazados –conocidos como impatriados– al País Vasco para desempeñar actividades científicas, técnicas, de I+D, y financieras. Este régimen especial se introdujo en la última reforma tributaria foral, con la finalidad de atraer a Euskadi personal cualificado, y prevé exenciones y deducciones en el IRPF y en Patrimonio.

Los niveles de deuda pública marcan récord mes a mes y ya hasta ha dejado de ser noticia. La sociedad se ha acostumbrado a una realidad muy peligrosa y que afecta directamente al bolsillo de todos. Algunos datos: España paga 90 millones de euros al día solo en intereses de la deuda y es el 11º país del mundo con mayor volumen de deuda. Pero el dato que más toca es que la deuda pública per cápita –lo que cada español ‘debe’ por este concepto– es de 25.000 euros después de que solo en los seis primeros meses del año se haya incrementado en 400 euros con respecto a 2017.

El FMI reclama a España que empiece a seguir con atención la evolución de los precios inmobiliarios. Con datos de cierre de 2017, el organismo detecta las primeras señales de una «ligera sobrevaloración», si bien destaca que todavía se está lejos de una nueva burbuja. «Aunque aún no hay evidencia clara de una desviación significativa, las autoridades necesitan estar vigilantes», dice el Fondo. Por ese motivo, pide a los supervisores españoles que amplíen las herramientas de las que disponen para atajar los riesgos y controlar la concesión de crédito. Estos instrumentos deben estar ya «listos para ser empleados», concluye en una clara referencia a la autoridad para frenar burbujas que ultiman el Ministerio de Economía y el Banco de España.

El futuro de Reino Unido, y la carrera política de Theresa May, puede jugarse mañana a una carta en la Cámara de los Comunes, donde sus 650 miembros decidirán si respaldan el acuerdo alcanzado por la primera ministra con Bruselas para implementar el Brexit el próximo 29 de marzo de 2019. Ante las altas probabilidades de que May pierda esta votación, la líder conservadora ha lanzado una ofensiva para intentar convencer a los diputados hostiles, muchos de su propio partido, de que el pacto sellado en una cumbre europea en noviembre es la única manera de seguir adelante de manera ordenada con esa ruptura. Se estima que los apoyos de May quedarán alrededor de los 250 escaños, muy lejos de la mayoría. Theresa May estudia el posible aplazamiento del voto del acuerdo del Brexit, previsto para mañana, ante la perspectiva de una humillante derrota parlamentaria por más de 100 votos (propiciada por otros tantos diputados tories) que podría provocar su caída.

Tras otro sábado de manifestaciones —y destrozos— de los chalecos amarillos en París y otras ciudades, Gobierno y empresarios han sacado la calculadora para estimar el coste de las protestas, que se cifran en miles de millones de euros y que el Ejecutivo teme vayan a tener un impacto severo en el crecimiento del país en el último trimestre del año. Las protestas suponen «una catástrofe para el comercio y para nuestra economía», afirmó ayer el ministro de Economía, Bruno Le Maire, tras reunirse con comerciantes parisinos.

En España hay unos 27.000 empleados públicos que trabajan para la Seguridad Social. Y el propio Gobierno admitió a principios de este año que había unas 237 oficinas y agencias de la red de este sistema público con un máximo de tres trabajadores, esto supone una de cada cuatro (el 27%). Además, los gestores de personal de la Seguridad Social esperan jubilaciones masivas en los próximos años. Sin embargo, el equipo que gestiona este organismo en el nuevo Gobierno socialista, con Octavio Granado al frente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, tiene un plan para reestructurar esta importante parte de la Administración Central del Estado.

La gran industria lleva tiempo quejándose de los altos costes de la electricidad en España e incluso utilizando este argumento para amenazar con el cierre de sus plantas, como es el caso de Alcoa en A Coruña y Avilés. El Gobierno de Sánchez aprobó el viernes una batería de medidas a su favor pero está por ver si logran aplacar el descontento. Esta semana se presenta tensa porque se celebra una nueva subasta de interrumpibilidad y la última, la de mayo, causó un enorme malestar por el recorte de la retribución.

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), que reúne a un centenar de las compañías más grandes de España, está preparando un acto en Madrid, para el mes de marzo de 2019, en el que quiere elevar la reivindicación del papel del empresario en la sociedad. El IEF busca continuar el tono reivindicativo que instauró en el congreso que celebró en Valencia entre el 29 y 30 de octubre, según las fuentes empresariales consultadas. Allí, en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del Instituto, Francisco Riberas, dijo que, ante la posibilidad de que la economía vuelva a deteriorarse, «España está peor preparada de lo que estaba antes de la crisis que comenzó en 2008» y derivó en una profunda recesión.

China eleva la tensión en torno a la detención en Vancouver (Canadá) de la vicepresidenta de Huawei, Meng Wanzhou, acusada de haber violado las sanciones que Estados Unidos mantiene contra Irán. El sábado Pekín convocó al embajador canadiense, John McCallum, para expresar la «enérgica condena» a una medida que el Gobierno considera políticamente motivada. Un editorial del Diario del Pueblo, el periódico del Partido Comunista, advertía ayer a EE UU de «graves consecuencias» si no se pone de inmediato en libertad a Meng.

La digitalización y el fomento de la Industria 4.0 son indisociables de la competitividad. Sin embargo, llevan aparejados los consecuentes riesgos. Jesús Romero es el responsable en España de la Unidad de Soluciones de Seguridad de Negocio de PwC, que en los próximos meses doblará a sesenta los expertos de su centro de Bilbao ante la creciente demanda del tejido productivo. El experto evidencia que el disfrute de los beneficios de las nuevas tecnologías «que han llegado para quedarse» –nube, ‘big data’ o internet de las cosas– exige una estrategia de seguridad.

Voz autorizada del socialismo vasco, Iñaki Arriola repasa la actualidad política, tanto en Euskadi, donde espera un acuerdo presupuestario y mantener la estabilidad con el PNV, como en el resto de España, donde el consejero no lo ve tan claro. Sobre todo después de las elecciones andaluzas y su «inesperado resultado». «Ni por el forro esperábamos lo de la extrema derecha», reconoce

La defensa de la vía eslovena para conseguir la independencia de Cataluña que formuló el sábado en Bruselas el presidente de la Generalitat, Quim Torra, recibió ayer un aluvión de críticas de diversos líderes por dar a entender que admite la violencia para lograr la secesión. «Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres», dijo Torra. Diversos líderes políticos advirtieron al president que cualquier paralelismo entre Eslovenia y Cataluña resulta temerario y recordaron la guerra de diez días y los 62 muertos previos a aquel proceso secesionista.