20181206

Aunque admitió que hay un buen número de incertidumbres en el horizonte, el lehendakari trasladó ayer un mensaje cargado de optimismo en el Foro Expectativas Económicas. En su opinión, la coyuntura económica vasca –con un crecimiento del 2,6% interanual del PIB en el tercer trimestre de 2018– «refleja una desaceleración, pero en un contexto de crecimiento. No soy pesimista, en absoluto, y espero que podamos seguir en una senda de crecimiento en el entorno del 2,5%», matizó. Urkullu quitó así trascendencia inmediata a esa aparente relajación de la actividad económica registrada en los últimos meses, porque los datos sobre creación de empleo y también el índice de producción industrial, junto a la evolución de las exportaciones, aún tienen tasas muy positivas.

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue manteniendo un discurso que, a tenor de las múltiples advertencias de los organismos nacionales e internacionales, no refleja la situación real de la economía española. La ministra de Economía, Nadia Calviño, volvió a defender ayer que España cumplirá con los objetivos de déficit y que la desaceleración es menos importante de lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea estiman, no dudó en afirmar que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no destruirá puestos de trabajo e, incluso, adelantó que habrá buenas noticas en términos de deuda porque se reducirá hasta un 97% del Producto Interior Bruto (PIB) al cierre de este ejercicio.

La producción industrial volvió a recuperar el tono positivo en octubre, después de que la caída registrada el mes anterior disparase las dudas sobre el sector. El Índice de Producción Industrial avanzó un 0,8% en el décimo mes del año con respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística, un dato que contrasta con el retroceso del 0,2% marcado en septiembre. Con todo, la cifra tampoco consigue revertir la progresiva desaceleración del sector a lo largo del año, ya que la producción manufacturera apenas ha avanzado un 1,4% en lo que va de 2018, frente al 3,2% en el conjunto del pasado ejercicio. El repunte del mes de octubre se debió principalmente al fuerte cambio de tendencia de los bienes de equipo (que pasaron de caer un 0,6% a avanzar un 3,6%) y al menor descenso de los bienes de consumo duradero (que frenaron el retroceso del 4,9% en septiembre al 0,7% en octubre)

El Gobierno ha conseguido que el plan de choque por el empleo juvenil salga adelante con el aval de los sindicatos y los empresarios. La marcha de las conversaciones de las últimas semanas hacía pensar que las patronales CEOE y Cepyme no se sumarían al acuerdo, ya casi ultimado que tenían UGT, CC OO y el Ministerio de Trabajo. Pero finalmente, tras la llegada de Antonio Garamendi a la presidencia de CEOE el 21 de noviembre, la organización se sumó ayer. Este pacto permite al nuevo presidente de CEOE comenzar su andadura con un acuerdo con el Gobierno y con los sindicatos. Además, lo hace en la parte más sencilla: un plan de choque por el empleo juvenil en el que las medidas planteadas no suponen desgaste alguno para la organización que dirige Garamendi. Más difícil puede ser llegar a pactos en otras negociaciones abiertas, como la de la negociación colectiva.

Tras el plantón que realizaron desde el sector hace apenas un mes por lo que consideraban «falta de información», la reunión de ayer entre los representantes de las patronales de fabricantes de automóviles (Anfac) y de proveedores (Sernauto) con Reyes Maroto y Teresa Ribera, las ministras de Industria y Transición Ecológica, respectivamente, sirvió para calmar las aguas en un contexto marcado por la intención del Gobierno de prohibir la matriculación de los vehículos de combustión a partir de 2040. Entre todas las reivindicaciones que el sector planteó a los representantes del Ejecutivo subyace la necesidad de lo que, consideran, debería ser dejar de dar señales de alarma al mercado por parte de los miembros del Gobierno.

El dólar es la divisa que domina las transacciones financieras a nivel global y en la que se pagan las compras de petróleo, lo que da al billete verde una hegemonía indiscutible sobre el resto de monedas que la Comisión Europea está decidida a cuestionar. El comisario europeo de asuntos económicos, Pierre Moscovici, presentó ayer una batería de medidas con las que aspira a fomentar el uso del euro en los mercados globales y en particular en las transacciones energéticas. La decisión no es casual y llega en un momento en que las políticas de Trump advierten al resto del mundo del dominio que está dispuesto a ejercer la mayor economía del planeta. Las amenazas de guerra comercial, que también han puesto a la UE en la diana, son un ejemplo de esta apuesta geopolítica, que también incide en el mercado de divisas.

Las comunidades autónomas volverán a necesitar ayuda para financiar su déficit público el próximo año. Precisarán unos 27.000 millones de euros, según calcula Moody’s. De esta cantidad, unos 20.000 millones procederán de los mecanismos extraordinarios de liquidez (FLA y Facilidad Financiera) que proporciona el Estado central. La agencia de calificación prevé que las autonomías sigan reduciendo sus desequilibrios presupuestarios, pero también espera que el volumen de deuda neta siga creciendo y avisa en su informe que la valoración sobre las cuentas autonómicas podría cambiar de estable a negativa en caso de que el crecimiento fuera más lento de lo estimado actualmente, lo que podría conducir a nuevas bajadas de ráting.

Theresa May se ha quedado sin estrategia y corre el riesgo de perder la poca autoridad que le queda para comandar el proceso del Brexit. El Parlamento respaldó a última hora del lunes una moción del conservador proeuropeo Dominic Grieve que otorga poder al Legislativo para presentar alternativas al acuerdo de salida de la UE si el actual texto pactado con Bruselas es rechazado en la votación del martes. La dramática disyuntiva que repetía estos días la primera ministra —o su plan o un Brexit sin acuerdo— queda desmontada con la moción, que añade aún más incertidumbre al debate político.

La desaceleración está ahí, llegará y se notará en los datos, pero al calor de los últimos indicadores conocidos sobre las empresas guipuzcoanas, no se puede deducir que el fantasma tenga ya un efecto freno significativo en la actividad o en las ventas. El Eustat apuntó el martes que la producción industrial guipuzcoana avanzó un 5,4% hasta el décimo mes del año en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. Ayer, la Hacienda foral publicó que esa misma industria ha engordado en idéntico periodo sus cifras de facturación en un 6,3%. Y los servicios se han apuntado un aumento del 8,8%. En total, las firmas del territorio acumulan un incremento de ventas hasta octubre del 7%, un ritmo similar al que se apuntaban en 2017 a estas alturas.

El ritmo de recuperación de la crisis ha sido muy diferente en los diferentes sectores que conforman la economía guipuzcoana, donde el de la construcción se presenta como la actividad a la que más le ha costado dar la vuelta a la situación. Sin embargo, a partir de 2017 inició una senda positiva que se vio truncada en el primer trimestre de 2018 pero que ha sabido corregir en el segundo y tercero. Según los datos que ayer hizo públicos el Departamento de Hacienda  y Finanzas de la Diputación de Gipuzkoa, el sector ha aumentado sus ventas en los diez primeros meses del año dos décimas porcentuales que, si bien en una valoración inicial puede parecer un pobre resultado, adquiere su significado si se tiene en cuenta que cerró los tres primeros meses de 2018 con una caída del 13%.

Los sindicatos ELA, LAB y CC OO han acusado a la patronal del sector del metal de Bizkaia (FVEM), tras la reunión mantenida ayer por ambas partes, de no tener «ningún interés en acordar un convenio sectorial con contenidos dignos y garantías», de «despreciar» a los trabajadores con propuestas «regresivas» y, en definitiva, de «bloquear» la negociación.

Los impuestos sobre la vivienda en España —IBI, plusvalía municipal y transmisiones patrimoniales— están entre los más elevados de los países más desarrollados, según un informe publicado ayer por la OCDE. La recaudación del IBI, el tributo municipal que grava la propiedad, se ha multiplicado por ocho desde 1990. Este impuesto es el que más ha crecido en términos relativos en los últimos 30 años. La OCDE ha analizado las tendencias fiscales de los 34 países más ricos del mundo y constata cómo en los últimos años se ha recurrido a alzas del IVA, cotizaciones sociales e impuesto de sociedades en detrimento del IRPF.

El rechazo a la independencia crece en Euskadi. Sólo el 22% de los vascos apoya la secesión vasca, mientras que el 37% no está de acuerdo. Así lo atestigua el último Sociómetro elaborado por el Gobierno vasco, que confirma una tendencia de los últimos seis años, en los que el rechazo a un proceso de secesión es la opción mayoritaria entre los ciudadanos de la comunidad autónoma. De hecho, ese 37% supone la cifra más alta de la serie histórica de este estudio sociológico, cuyos datos se remontan a 1998.

El barómetro político mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de noviembre volvió a otorgar al PSOE una destacada ventaja sobre los demás partidos, con una predicción del 19,4% en intención directa de voto, frente al 11,5% que le da al PP, con la que regresa a la segunda posición, o el 11,4% que concede a Ciudadanos, que sería el partido que más baja desde el sondeo anterior de octubre (casi tres puntos). El trabajo se efectuó antes de las elecciones autonómicas andaluzas que han dado un vuelco al panorama político en España. Vox pasa del 1% al 1,7%. Unidos Podemos desciende del 12,1% al 11%. En este trabajo no hay estimación de voto, como sí se incluyó en el polémico sondeo preelectoral sobre Andalucía.