20211117

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Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Núm 959/2021
Año XXXIV

La subida de las cotizaciones sociales penalizará sobre todo al País Vasco (El Correo)

La subida de las cotizaciones sociales que contempla el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de las pensiones acordado entre Gobierno y sindicatos, con oposición de la patronal, tendrá mayor impacto en Euskadi que en el resto de comunidades. La razón es que el País Vasco tiene las mayores bases de cotización de toda España, por encima de otras regiones con salarios altos como Madrid. En concreto, la base media se sitúa en 2.317 euros (en el régimen general) y el sistema de ajuste aprobado consiste en aplicar durante diez años, a partir de 2023, una carga de 0,6 puntos, de los que 0,5 recaen en la empresa y 0,1 en los trabajadores. Surgen dudas de si va a servir para garantizar el sistema cuando el gasto de pensiones está desbocado. Euskadi, que tiene las cotizaciones más altas y también las pensiones más elevadas, es el mejor ejemplo de ello. El gasto superará este año el récord de 10.000 millones de euros, tras doblarse en 15 años, y su déficit rondará los 4.000 millones. La patronal CEOE se negó a firmar el acuerdo por el incremento de las cargas empresariales y la vasca Confebask suscribe totalmente sus argumentos. «Pone plomo en las alas a la contratación», señala. Pablo Martín, responsable de su departamento Económico y Fiscal, desgrana sus objeciones. En primer lugar, dice, «no es una medida que vaya a resolver la sostenibilidad de las pensiones, es solo un parche». En segundo, advierte de que lo necesario ahora es impulsar la creación de empleo porque aún no se ha alcanzado el nivel prepandemia, sobre todo en el ámbito privado. Y como tercer punto, clama contra la injusticia en el reparto. «Cargan en la empresa más del 80% cuando en otros países como Alemania la compañía asume menos del 50%», apunta.

Los empresarios vascos consideran un lastre el alza de las cotizaciones y ELA y LAB lo consideran insuficiente (Diario Vasco)

El acuerdo alcanzado a última hora del lunes entre el Gobierno central y los sindicatos CC OO y UGT, sin el respaldo de la CEOE, para elevar las cotizaciones sociales un 0,6%, de los que cinco décimas correrán a cargo de los empresarios y la otra la soportarán los trabajadores, no contenta en Euskadi ni a los empresarios ni a los sindicatos nacionalistas, aunque por motivos bien diferentes. Los expertos consultados también consideran que se trata de un «parche más» y reclaman un abordaje integral del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo. Confebask mostró ayer su rechazo al acuerdo para engordar la hucha de las pensiones a partir de 2023 en línea con lo señalado la víspera por la CEOE, a la que pertenece. De hecho, indicó que suscribe «completamente lo ya dicho por confederación española». La patronal vasca considera que el pacto supone «un aumento de las cargas empresariales, que van a perjudicar a su competitividad». De hecho, fue más allá y lamentó que se «insista en poner plomo a las alas de la contratación y la recuperación».

«Lo de Escrivá no es sostenible. Hablaremos con Bruselas» (El Mundo)

Iñigo Fernández de Mesa (Madrid, 1967) preside la Comisión de Economía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y se pronunció en contra de aprobar la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el Comité Ejecutivo de la patronal del lunes. «El llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional no arregla nada y es contraproducente. Es un parche que pone Escrivá. Recauda hasta 2.000 millones de euros para tapar un déficit de la Seguridad Social que supera los 20.000 millones. No es sostenible. Hablaremos con Bruselas, porque es una irresponsabilidad que se apruebe una reforma de pensiones así», declara a este diario Fernández de Mesa. «Que no hagan trampa con los datos". 

La UE acoge con recelo un pacto que ha dejado al margen a los empresarios (El Correo, Diario Vasco)

La Comisión Europea no entrará a fondo en la evaluación de las dos reformas estructurales clave de España (la laboral y la del sistema de pensiones) hasta que puedan ser verificadas técnicamente. Y eso no llegará hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado. La primera, el 31 de diciembre de este año como tope. Y la segunda con la misma referencia, pero en 2022. En ese momento el Gobierno tendrá que aportar a Bruselas un completo resumen con todas las disposiciones, los requisitos y una pormenorizada descripción de todo ello. Pero no hay que olvidar que Bruselas hará un marcaje ferreo en el ‘durante’. Y ya hay dos situaciones que generan recelo. La primera, el retraso que lleva la reforma laboral. No solo no existe siquiera una suerte de borrador con suficiente consenso. Sino que ésta por ver la postura de los empresarios después de que la CEOE no aceptase el lunes el factor de equidad intergeneracional pactado por Gobierno y sindicatos; un elemento fundamental para garantizar la pervivencia de las pensiones. Y ahí está la segunda clave: Bruselas quiere propuestas que lleguen con el beneplácito de todos los agentes implicados en la negociación: de los sindicatos y de la patronal. Paolo Gentiloni, comisario de Economía, defendió el diálogo social como «el método que nosotros apoyamos con firmeza». Y otras voces han insistido en que esa fórmula es ya una garantía para Bruselas teniendo en cuenta la pervivencia y el largo alcance de las reformas.

La hucha de las pensiones necesita rendir un 7% anual para llegar a 50.000 millones (El País)

La subida de cotización solo cubrirá un 4% del aumento de gasto. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, había declarado que con la subida de cotizaciones que acaba de plantear conseguirá al cabo de una década unos 50.000 millones para el Fondo de Reserva de las pensiones. Si bien en una entrevista en la Cadena SER el lunes matizó que en realidad se trata de una horquilla entre 40.000 y 50.000 millones. En cualquier caso, estas cifras no incluyen la letra pequeña: para alcanzar los 50.000 millones en la hucha de las pensiones, esos fondos han de obtener una rentabilidad anual del 7%, según la documentación que ha elaborado la Seguridad Social sobre el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional. La rentabilidad del bono español, el activo seguro en el que tradicionalmente invertía el Fondo de Reserva, se sitúa ahora en el 0,5% a diez años. Dadas las actuales condiciones de mercado, habría que poner el dinero en un país emergente o en acciones para intentar lograr un rendimiento tan alto como el 7% al año. Pero eso sí: con un elevado riesgo de sufrir pérdidas.

Las bases máximas de cotización subirán hasta 60.000 euros en 25 años (Expansión)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere aumentar la aportación de los salarios más altos al sistema de pensiones. Con este fin, quiere elevar en 25 años las bases máximas de cotización de la Seguridad Social, desde los 48.840 a los 60.000 euros anuales. Esto supone un incremento del 22,8% en un proceso paulatino hasta la proximidad de 2050. Es decir que supondría una subida anual de las bases de cotización de 0,9 puntos. Así lo manifestó ayer Escrivá en la ronda de declaraciones por las emisoras de radio que hizo para explicar el acuerdo al que llegó con los sindicatos el lunes sobre la subida del tipo de las cotizaciones en un 0,6% desde 2023 hasta 2035. Escrivá dijo que la Seguridad Social “topa la pensión básica muy abajo en comparación con otros países. Aunque el tipo [de cotización] sea razonablemente alto lo aplicamos sobre una base que está topada”. El ministro quiere decir que la parte de los salarios más altos que aporta a la Seguridad Social es baja en relación con el salario real. Por lo tanto, el ministro añadió en la Cadena Ser: “Es razonable armonizar esta parte [la diferencia entre el salario total y la base del mismo que cotiza a la Seguridad Social] y lo vamos a hacer. Se va a subir razonablemente el tope y se va a ir progresivamente. La base máxima de cotización me parece que está en 47.000 euros [en 48.840], y progresivamente en 25 años podríamos llegar a 60.000. De forma muy suave”.

El descuelgue de la CEOE complica aún más el acuerdo para la reforma laboral (El Correo, El País)

Se avecina un fin de año caliente. El Gobierno ha vuelto a recibir un ‘no’ de la CEOE después de su rechazo a la subida del salario mínimo aprobada en septiembre. Pero este ‘no’ al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) es más relevante que el anterior, puesto que el pasado julio se había alcanzado un pacto para la primera fase de la reforma de las pensiones que ahora ha saltado por los aires. Además, desde la Comisión Europea ven fundamental que el Ejecutivo cuente con el respaldo de los agentes sociales en dos temas clave como la reforma de las pensiones y la laboral. En juego están los fondos europeos. Este ambiente de tensión complica aún más un acuerdo para la contrarreforma laboral que ya de por sí se antojaba difícil. No obstante, el Gobierno descarta que esta negativa de la patronal pueda interferir en las negociaciones abiertas, precisamente en la semana en que se intensifica con dos reuniones semanales en lugar de una. Así lo aseguraron ayer tanto el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, como la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. «No, no tengo esa impresión», apuntó Escrivá. «El reto de transformación del mercado laboral es muy alto, complejo, pero no es imposible», vaticinó Díaz, que precisó que el problema está en la temporalidad.

Díaz endurece la inspección para vigilar la aplicación de la reforma laboral (Expansión)

Yolanda Díaz, vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, está preparando a la Inspección de Trabajo para vigilar de forma muy estrecha la aplicación en las empresas de la reforma laboral, que está negociando con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. Este el mensaje que se desprende del plan estratégico de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Varios de esos puntos van en es esa dirección. En primer lugar, el Gobierno se propone restaurar, en cierta manera, la autorización administrativa en el despido colectivo. Autorización que fue abolida por la reforma laboral, para reforzar el poder del empresario, reducir la burocracia y agilizar las decisiones de la compañía en las regulaciones de empleo. Pues bien, el plan cambiará la normativa laboral “con el objetivo de ampliar el contenido del informe de la Inspección de Trabajo a las causas motivadoras de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión y reducción de la jornada de trabajo”. Esta propuesta tiene relación con la reforma de los ERTE, que ahora se llamará mecanismo RED de flexibilización y estabilidad en el empleo. RED de protección para no dejar caer a las empresas en crisis y, por tanto, a sus trabajadores. Tras el Consejo de Ministros, Díaz explicó cuál es el fin de esta actuación de la Inspección de Trabajo. “Vamos a reforzar las capacidades de actuación de la Inspección, porque las tiene bastante limitadas por la legislación del PP”. Es decir, por la reforma laboral.

El BEI respalda a Elkargi para canalizar más de 110 millones a empresas vascas (El Correo, Diario Vasco)

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha suscrito un acuerdo con la compañía vasca Elkargi, especializada en financiación empresarial, con vistas a canalizar algo más de 110 millones de euros para empresas vascas y, particularmente, para las afectadas por la crisis económica provocada por el Covid-19. En esta ocasión el respaldo se amplía también a compañías de tamaño mediano y grande. En un comunicado conjunto, Elkargi y el BEI destacan que se trata de la primera vez en que ambas organizaciones colaboran directamente y lo califican de «operación histórica». La forma de articularlo es que el Banco Europeo de Inversiones establece un «esquema de contragarantía» –lo que también se conoce como reaval– con el que respaldará a la compañía vasca con hasta 75 millones de euros. Al ser además este acuerdo de riesgo compartido con otros avales de Elkargi, permitirá que la financiación que puedan llegar a recibir las empresas supere en total los 110 millones de euros.

El alcalde de Vitoria y todos los partidos salvo el PNV lamentan la pérdida de peso alavés en Kutxabank (El Correo Araba)

Empresarios critican la «bizkainización» del banco vasco, que sustituye a uno de los dos consejeros de la Vital por otro que nombra la BBK. La decisión de Kutxabank de cubrir la vacante que deja uno de los dos representantes de la Fundación Vital en el consejo de administración del banco con un miembro nombrado por la BBK vizcaína ha causado un hondo malestar en círculos políticos y empresariales alaveses. El alcalde de Vitoria, el jeltzale Gorka Urtaran, y todas las formaciones con representación en el territorio salvo el PNV lamentaron ayer esta pérdida de peso de Álava. La decisión se ha tomado fruto del acuerdo entre las tres fundaciones propietarias de la entidad financiera vasca y en virtud de los porcentajes que tiene cada una en el accionariado: la Vital suma un 11%, la BBK tiene un 57% y la Kutxa guipuzcoana, un 32%. Ese miembro que pierde la fundación alavesa y que en la práctica supone la salida del que fuera diputado general Juan María Ollora, según adelantó Crónica Vasca, lo ganará la BBK que pasa de tres a cuatro –la Kutxa conserva los tres consejeros–. 

Las empresas guipuzcoanas confían en ‘pescar’ en la riada inversora de EE UU (Diario Vasco)

Una auténtica riada de dinero. Así se pueden describir los 1,2 billones de dólares que Estados Unidos destinará a la renovación de las grandes infraestructuras del país. El pasado día 5, viernes, la Cámara de Representantes dio finalmente su aprobación a un paquete de inversiones que el presidente Joe Biden consideró como «única en una generación». Ahora queda a la espera de votación el segundo proyecto insignia, el plan ‘Build Back Better’ de 1,75 billones de dólares, destinado a políticas sociales y medioambientales. Las empresas guipuzcoanas analizan con sumo interés estas decisiones. No es de extrañar. Estados Unidos es el cuarto destino de nuestras exportaciones y empresas señeras del territorio cuentan con plantas productivas allí. Hemos hablado con tres de ellas y coinciden en afirmar que la catarata de inversiones abre nuevas oportunidades de negocio en el gigante norteamericano.

Máquina-herramienta, armas de caza y automoción, principales exportaciones (Diario Vasco)

Estados Unidos es un socio comercial clave para Gipuzkoa. En concreto, ocupa el cuarto puesto en el ránking de países a donde se dirigen las exportaciones del territorio, solo por detrás de Francia, Alemania y Reino Unido. Así se recoge en el último informe del ICEX, correspondiente al periodo eneroagosto. Hasta ese mes se vendieron a Estados Unidos mercancías por valor de 319 millones de euros, un 24,6% más que en el mismo periodo de 2020, en tanto que se importaron 49,6 millones, de manera que el saldo es abultadamente positivo para Gipuzkoa, con una tasa de cobertura del 644%. De todas formas, las exportaciones todavía se encuentran lejos de las alcanzadas en 2019, antes de la pandemia, cuando se alcanzó el récord de 520 millones. Las principales ventas hasta agosto fueron las de máquina herramienta, con 39 millones, seguidas de las armas de caza y deportivas, con 27 millones; y los equipos y componentes para automoción, con 25 millones.

Las eléctricas evitan la rebaja de ingresos que temían tras el recorte del Gobierno (El Correo)

La primera liquidación periódica del recorte de ingresos aprobado en septiembre para las compañías eléctricas por beneficiarse del alza del gas ha resultado prácticamente neutra para las cuentas de las grandes empresas. En el caso de Endesa la minoración de los ingresos ha sido nula; y en el de Iberdrola, de una cuantía mucho menor de la inicialmente estimada por el Ministerio de Transición Ecológica, según fuentes del sector. El Ejecutivo estimaba un recorte de al menos 2.800 millones de euros hasta marzo del próximo año. Ese cálculo se rebajó después de que el Congreso avalara el decreto de recortes de mediados de septiembre, y a finales de octubre el Consejo de Ministros suavizaba el recorte de los ingresos a condición de que las eléctricas ofrecieran a la industria contratos de luz a precio fijo y a largo plazo. Las compañías quedarían exentas de la conocida como «minoración de ganancias» que suponía una reducción relevante de los ingresos de las centrales que no emiten CO2: nucleares, hidroeléctricas y parte de renovables. Transcurridos apenas dos meses del primer recorte aprobado, las compañías han rendido sus primeras cuentas provisionales con Red Eléctrica. Le han informado sobre el precio al que han vendido su electricidad procedente de sus nucleares e hidroeléctricas –las dos tecnologías más castigadas con los recortes– con contratos a largo plazo, con precios estables y a un nivel inferior al del ‘pool’ diario. 

El retraso en el pago de la luz provoca un agujero en la caja de las eléctricas (Cinco Días)

Tres normas que entraron en vigor en junio (la resolución de la CNMC por la que se establecía una nueva de estructura de peajes –las famosas tarifas por tramos horarios– y el RD del Gobierno con los nuevos cargos de la factura, ambos aprobados en marzo y aplicados en junio, así como el RDL del 24 de junio por el que el Gobierno redujo el IVA de la electricidad del 21% al 10%), hicieron saltar por los aires los sistemas informáticos de distribuidoras y comercializadoras. Otras medidas posteriores del Gobierno para aliviar la subida de la luz han seguido alimentando el caos. Cinco meses después de aprobadas dichas normas, una de las grandes del sector, Endesa, lleva un retraso en la facturación a sus clientes por 400 millones de euros, frente a una media anual de 15.000 millones, según datos de la empresa. Sobre 11 millones de facturas que envía cada mes, le falta por cobrar entre 200.000 y 300.000. La situación ha provocado en las energéticas un working capital negativo o fondo de maniobra negativo. Esto es, que tienen que pagar el producto o servicio antes de llegar a cobrarlo. “El cambio en los peajes y cargos, desde el 1 de junio, supuso un cambio tremendo en los sistemas de las empresas”, señalan fuentes empresariales. 

Alemania frena un polémico gasoducto controlado por Rusia (El País, Cinco Días)

La suspensión temporal del polémico proyecto impacta en el suministro energético a la UE. El retraso en la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, que transportará por el lecho del mar Báltico el gas ruso hasta Alemania, tuvo ayer un impacto casi inmediato en los precios en Europa. La decisión del regulador alemán de suspender temporalmente el proceso de certificación de la infraestructura provocó que el precio del gas natural, que ya se encontraba en cifras muy elevadas, se disparara ayer un 18%. Los analistas creen que el nuevo traspiés del polémico gasoducto demorará su entrada en funcionamiento varios meses, probablemente hasta el próximo verano.

La Agencia de la Energía anuncia el fin de la era del petróleo para 2025 (Expansión)

La Agencia Internacional de la Energía, un referente empresarial, prevé que dentro de cuatro años el consumo de petróleo toque techo, con 97 millones de barriles al día, y a partir de ahí empiece a desmoronarse. También hay otro escenario incluso más drástico para el petróleo, con políticas muy activas de lucha contra el cambio climático y a favor de acelerar los procesos de descarbonización. Entonces, el consumo de petróleo también tocaría techo dentro de cuatro años aproximadamente, pero el declive a partir de ahí sería mucho más acelerado que lo que contempla el primer escenario. También mete presión al sector energético en general, porque en su conjunto, va a tener que abordar un esfuerzo inversor enorme para desarrollar energías limpias alternativas al petróleo. El informe destaca que las promesas climáticas actuales solo alcanzarían el 20% de las reducciones de emisiones necesarias en 2030 para ir en la senda adecuada hacia la neutralidad climática. Alcanzar ese camino requeriría invertir tres veces más en proyectos e infraestructuras de energía renovable durante la próxima década. El 70% de esa inversión debería realizarse en las economías emergentes y en desarrollo. La AIE alerta de que cuanto más persista el desajuste actual en la inversión en energía, mayores serán los riesgos para la seguridad de suministro y la volatilidad de los precios.

El mayor parque solar de Euskadi deberá rediseñarse por las limitaciones medioambientales (El Correo Araba)

Ekienea será la mayor planta fotovoltaica de Euskadi y a partir de 2023 suministrará energía a cerca de 60.000 hogares desde el municipio de Armiñón. Y eso que el proyecto original impulsado por Iberdrola, Grupo Mondragon, la Diputación y el Ente de la Energía del Gobierno vasco (EVE) ha tenido que modificarse tras un informe del Departamento foral de Medio Ambiente y Urbanismo al que ha tenido acceso EL CORREO. Los técnicos advertían sobre problemas en «la conectividad ecológica entre espacios naturales protegidos, la fauna silvestre, los suelos agrícolas y el paisaje». Unas conclusiones que en ningún caso impiden o ponen en entredicho esta instalación que pretendía ocupar hasta 170 hectáreas. Si bien esta parcela que pertenece al pueblo de Lacorzana reúne unas características ideales para este tipo de actividades –terreno muy llano, orientación hacia el Sur y próxima a la subestación de Miranda de Ebro– hay distintas masas de agua que hacen necesario adoptar medidas correctivas. 

Los jueces se inclinan por autorizar que se exija el pasaporte covid en Euskadi (El Correo, Diario Vasco)

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se inclinan por dar el visto bueno a que en Euskadi se pida el pasaporte covid en determinadas actividades y en condiciones muy concretas. Así lo aseguraron ayer a este periódico fuentes cercanas al alto tribunal horas después de que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, anunciase que enviarán a la Sala de lo ContenciosoAdministrativo una consulta formal para saber si se puede exigir el certificado de vacunación para acceder a restaurantes, conciertos y discotecas. Fuentes conocedoras del procedimiento advirtieron que el dictamen no debería diferir de la sentencia dictada por el Supremo el 21 de septiembre. En aquella resolución el tribunal autorizó a Galicia a aplicar este salvoconducto en el acceso a discotecas y locales hosteleros. El fallo, además, remarca que el certificado covid no podrá exigirse de forma «indiscriminada» en el conjunto de la comunidad, sino solo en los municipios que muestren una alta tasa de contagios. La sentencia llegó en un procedimiento de «casación» por lo que, explican juristas de reconocido prestigio, «sienta jurisprudencia» y debe ser aplicada por el resto de tribunales de inferior rango. «Esa sentencia es la referencia», insisten en el Palacio de Justicia.

Sin límite de suspensos ya ni para pasar de curso ni para el título de la ESO (Diario Vasco, El Mundo)

El decreto de evaluación aprobado ayer convierte la repetición en algo excepcional y liquida las recuperaciones finales en la educación obligatoria. Obtener o no el título en ESO ya no dependerá del número de suspensos que se tengan al término del cuarto y último curso. El decreto ya no fija una cifra concreta de materias no superadas que impide graduarse. Es una decisión que deja en manos del equipo de profesores que dan clase al estudiante. Hasta ahora un alumno solo podía graduarse en ESO si lo aprobaba todo o si suspendía un máximo de dos asignaturas, siempre que no fueran Matemáticas y Lengua al tiempo. Ahora no hay límites. Obtendrán el título de ESO los alumnos que terminen cuarto y hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias fijadas y alcanzado los objetivos de la etapa. Es una decisión colegiada de sus profesores. El título de secundaria obligatoria será único y no contendrá calificación final alguna. También lo recibirán los estudiantes que superen todos los módulos del ciclo de FP Básica.