20211012

egun On

Martes, 12 de octubre de 2021
Núm 924/2021
Año XXXIV

Euskadi aún no ha recuperado el 45% de las empresas perdidas por el Covid (El Correo, Diario Vasco, Deia)

Recuperar el terreno perdido tras una crisis abrupta siempre es más lento y más complicado de lo que inicialmente pudiera parecer, y desde luego de lo que se quisiera. Así, cuatro meses después del levantamiento del último estado de alarma y de la recuperación paulatina de la normalidad en los usos y costumbres en materia empresarial, el balance, aunque mejora, sigue siendo preocupante. Según reflejan los datos difundidos por la patronal vasca Confebask, Euskadi aún no ha lograr recuperar el tejido empresarial perdido a raíz de la pandemia. En septiembre se contabilizaron 57.946 empresas, casi un millar menos que en febrero de 2020, pero al mismo tiempo 1.002 sociedades más que el pasado agosto. En cualquier caso, aún faltaría por recuperar el 45% de las compañías perdidas por el Covid. «Septiembre ha sido un mes más positivo que otros anteriores en cuanto a la evolución tanto del número de empresas como de autónomos en Euskadi», según el análisis de Confebask que hace referencia a la preocupante tendencia que se registró durante este verano. Ver más en Confebask. 

Sidenor parará 20 días por el tarifazo eléctrico y pone en alerta a la industria (El Correo, Diario Vasco, El País, Cinco Días, Expansión)

Sidenor, el mayor grupo siderúrgico vasco, anunció ayer que parará su actividad 20 días de aquí a final de año por el «desorbitado» precio de la electricidad y del gas, que ha cuatriplicado su factura. Era algo que se veía venir después de que su presidente, José Antonio Jainaga, que ahora está también al frente de la asociación que representa a los grandes consumidores (AEGE), alertara de la que la situación era insostenible para la industria electrointensiva, forzada a operar en pérdidas. Ya hay plantas industriales como Asturiana de Zinc, Ferroatlántica o Fertiberia que han tomado medidas. Pero el hecho de que pare una compañía de su calibre, que estaba funcionando a muy buen ritmo, disparó ayer todas las alarmas en Euskadi y en el conjunto de España, donde el jueves se votará el real decreto de la ministra Ribera. Esta normativa detrae ingresos de las eléctricas, pero estas están repercutiendo la penalización a los contratos a precio fijo con los clientes industriales. La medida afectará de forma inmediata a la acería de Basauri, donde trabajan 800 personas, aunque se extenderá progresivamente al resto de plantas, con lo que alcanzará a Azkoitia y Vitoria en Euskadi y Reinosa en Cantabria. En total emplea a 1.600 personas, de ellas 1.140 en el País Vasco. El grupo justificó la decisión en que en estos momentos está pagando 260 euros por Mwh, cuando el año pasado apenas desembolsaba 60 euros. Este incremento, añadió, ha elevado los costes totales un 25%, con un impacto de 200 euros más por tonelada. «Así resulta imposible para Sidenor mantener el ritmo de producción actual». Ver nota Sidenor. 

La difícil papeleta del PNV con el decreto de las eléctricas (El Correo, Diario Vasco)

El polémico real-decreto de la ministra Teresa Ribera, que asesta un ‘hachazo’ a las eléctricas al detraer sus beneficios extraordinarios para rebajar la desbocada factura de la luz, ha situado al PNV entre la espada y la pared, con una compleja papeleta por resolver ante sí. Pendiente, es posible que hasta el último momento, del sentido de su voto en la convalidación del texto el jueves en el Congreso y sumamente preocupado por los efectos del terremoto que las medidas adoptadas por el Gobierno han provocado. Por un lado, asustan, y mucho, a los jeltzales las repercusiones en la industria vasca tractora –«la que tira de la recuperación económica» en Euskadi, lamentan–, acogotada, como demuestra el caso de Sidenor, por la decisión de las eléctricas de repercutir la penalización del real-decreto en los contratos a precio fijo con grandes empresas. Por otro, preocupa la guerra que ha emprendido el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, contra el Gobierno de Sánchez, al que acusa de intervencionismo y de propiciar una «inseguridad jurídica» letal para el funcionamiento de la economía. La decisión de la eléctrica de congelar la mayor parte de las inversiones en renovables y, con ello la compra de equipamiento –tenía previsto invertir 7.500 millones de euros en este sector hasta 2025–, ha encendido todas las alarmas en Sabin Etxea. Por si fuera poco, la merma en la cuenta de resultados de Iberdrola, uno de los principales contribuyentes vascos, afecta de manera determinante a la recaudación fiscal.

El Gobierno busca cómo «conciliar» con las eléctricas (El Correo, Diario Vasco)

El Gobierno deja abierta una puerta a algún tipo de cambio. Aunque no aclara si se trata de una modificación ‘in extremis’ del decreto o en otro tipo de leyes en tramitación, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, apuntó ayer que están «trabajando» para «conciliar todos los intereses» de las eléctricas, las industrias y los hogares. Es la primera vez que un representante del Gobierno realiza esta matización en público, después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya rechazado de forma recurrente que el decreto pueda sufrir algún cambio antes de pasar por la Cámara baja. Sin embargo, Rodríguez indicó que «no vamos a cesar en el empeño de trabajar en la dirección» de esa conciliación con un texto que aplicaba un recorte de ingresos de hasta 2.600 millones de euros a las empresas. Ribera prosigue los encuentros con los líderes energéticos y mañana se reúne con Iberdrola y Naturgy. En cualquier caso, la portavoz recordó que su vista está puesta en Bruselas. 

Bruselas rechaza reformar los mercados eléctricos y el de los derechos de CO2 (Cinco Días)

La Comisión Europea se muestra contraria a una reforma de los mercados marginalistas de la electricidad europeos y el de los derechos de emisión de CO2 para hacer frente a la actual crisis energética. Así lo expresa en un borrador de comunicación que incluye las recomendaciones o herramientas que los Estados miembros pueden utilizar ante la escalada de los precios de la electricidad y del gas que el colegio de comisarios debatirá y, en su caso, aprobarán en lo próximos días. Según el citado borrador, que han filtrado algunos medios digitales europeos, la CE es partidaria de cualquier exención fiscal o ayuda de Estado que suponga un apoyo específico a los consumidores más vulnerables o pymes, siempre que tengan carácter temporal. A pesar de las presiones de España y Francia y, pese a su promesa de revisar las reglas del mercado marginalista en Europa para disociar el precio de la luz del coste del gas, la Comisión se muestra reacia a revisar la directiva del mercado de la electricidad, modificada hace tres años, y se decanta por profundizar en la cooperación transfronteriza en los mercados minoristas y lanzar un estudio sobre la formación de precios. La corriente comunitaria que considera que no hay un modelo alternativo de mercado que contribuya a bajar los precios en la situación actual parece imponerse.

La suma de problemas en Asia amenaza la llegada a tiempo de los artículos navideños (El Correo, Diario Vasco)

«En Euskadi no vamos a estar como en Reino Unido. Las estanterías no se van a quedar vacías, pero muchas empresas van a sufrir para que la mercancía del ‘Black Friday’ y de Navidad llegue a tiempo. Quien no haya embarcado ya en Asia corre un gran riesgo de quedarse en el mar». Así de rotundo es Arturo Miguelez, agente de la naviera taiwanesa Evergreen para el norte de España, cuando habla de los problemas que aquejan a la cadena logística global. Sobre todo a la que une la fábrica del mundo, China, con el resto del planeta. «El tiempo de tránsito a Bilbao puede pasar de 40 días a 80. Basta con que haya un tifón para que todo salte por los aires», apostilla. Los fletes se han multiplicado por diez, los puertos están congestionados y son menos productivos debido al desorbitado incremento de la demanda y a las restricciones de la pandemia, y los mercantes viajan con más retraso que nunca. De hecho, la puntualidad en el transporte marítimo ha caído del 80% en 2019 a poco más del 30% en la actualidad, y los buques acumulan una demora media de 8 días, el doble que antes de la pandemia. Es una coyuntura que amenaza las campañas comerciales más relevantes de la recta final del año y que lleva a Miguelez a formular una predicción que ya se está haciendo realidad: «La inflación va a ser galopante».

Temor a un efecto bumerán en el sector del transporte marítimo de mercancías (El Correo, Diario Vasco)

Ante la problemática generalizada de ‘stock’ que se vive en el comercio de todo el mundo, Ikea está «explorando oportunidades para aumentar la oferta de productos procedentes de Europa». Y no es la única que trata de acercar y acortar la cadena de suministro de sus productos. Arturo Miguelez, agente de Evergreen para el norte de España, reconoce que el inventario de algunos de sus clientes está en niveles muy bajos o agotado, considera que la desglobalización coge fuerza «para evitar esta dependencia que introduce un elemento de incertidumbre que puede llegar a provocar pánico», y añade que cada vez salen de Asia menos productos de bajo valor añadido. No obstante, Miguelez señala que es un momento dulce para las navieras y que «todo el mundo está comprando barcos». Pero Miguelez cree que la situación no es sostenible. «Esta explosión en la demanda es producto de un consumo compulsivo e irracional provocado por la pandemia que nos ha pillado a contrapié». Y, como sucede con los contratos a largo plazo que ofrecen las eléctricas a sus clientes, ya se están cerrando ‘tenders’ para los próximos años entre Shanghái y Bilbao a 6.000 dólares por contenedor de 40 pies. Es una cifra muy inferior a los 17.000 que se pagan hoy, pero el triple de lo que costaba el viaje hace dos años. «No creo que vuelvan a estar en niveles como los de antes de la pandemia».

Trabajo prevé poner coto a los contratos de prácticas y de formación (El País)

Los contratos de prácticas y de formación reducirán su extensión actual en un año y tendrán una duración máxima de uno y dos años, respectivamente, según recoge un documento sindical sobre el diálogo social y asume el Ministerio de Trabajo. Los contratos de formación reducirán, además, el tiempo efectivo del 75% al 50% de la jornada máxima. La formación dual se limitará a menores de 25 años. La negociación sobre la reforma laboral que se dirime desde hace semanas en el marco del diálogo social se enfoca estos días en el debate de los contratos formativos. Gobierno y sindicatos consideran primordial el rearme de esta modalidad para que sintonice con la nueva Ley de Formación Profesional (FP), aprobada en septiembre, y con la que se pretende potenciar la simbiosis entre el mundo educativo y la empresa. El documento que entregaron en el último encuentro los sindicatos UGT y CC OO, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge algunas de las novedades que, según confirman distintas fuentes de la negociación consultadas, servirá de base para el diálogo. Por ejemplo, se propone reducir la duración máxima del contrato de prácticas de dos años a uno; se ajustarán los periodos en los que se deberá llevar a cabo la formación, y se redefinirán las condiciones de aquellos que podrán acceder a estos contratos. Los aspectos centrales de la propuesta de CC OO y UGT, que fueron bien recibidos por Trabajo, descansan sobre los contratos de formación dual. En esa propuesta se dice que tanto los contratos de prácticas como de formación deberán formalizarse por escrito, y si a su conclusión el trabajador continúa en la empresa pasará a hacerlo por tiempo indefinido. Desde la CEOE aseguran que no son reacios a trabajar “con la parte sistemática que proponen los sindicatos”, aunque sí “con la sustancial”. Además, apuntan, sin detallar expresamente a qué medidas se refieren, que “hay otras cosas inasumibles” que seguirán estudiando.

España, el segundo país con más jóvenes ‘ninis’ de Europa (El Mundo, Cinco Días)

España es uno de los países europeos con un porcentaje mayor de jóvenes que no estudian ni trabajan, según los datos de la Encuesta de Población Activa. Durante el segundo trimestre del año, casi medio millón de jóvenes menores de 25 años podrían haber sido calificados como ninis, pues no cursaron estudios y o se encontraron desempleados o formaban parte de la población inactiva. Los expertos advierten que el desánimo puede ser uno de los motivos. Según estos datos, 495.000 menores de 25 años –un 11,4% del total de personas en este sector de la población– pertenecerían a este grupo. De ellos, unos 300.000 son parados y cerca de 195.000, inactivos. La pandemia frenó su entrada en el mercado laboral (llegó a alcanzarse el mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan desde 2013) y, si bien la actual recuperación suaviza algo el número, aún resulta preocupante. Esto pone a España en segundo lugar en porcentaje de ninis en Europa, sólo por detrás de Italia (19%). La proporción de parados es de las más altas, mientras que la de inactivos se acerca más a la de otros países del entorno. No obstante, ha crecido considerablemente en el último año. Pasar de un porcentaje a otro es tan sencillo, en algunos casos, como tirar la toalla. Ni estudian, ni trabajan ni tienen ganas de seguir buscando empleo.

La vendimia alcanza su apogeo en Rioja alavesa con grandes dificultades para encontrar mano de obra (El Correo Araba)

Medio centenar de vendimias acumula a sus espaldas Juan Carlos López de Lacalle, patrón de Bodegas Pavoni de Lapuebla de Labarca, «y creo que jamás en la vida me había encontrado con el problema que hemos tenido este año»: la falta de mano de obra. En los viñedos de Rioja Alavesa no se ven tantas cuadrillas como en años anteriores –incluso menos que en 2020, cuando la pandemia azotaba con fuerza, existían mayores restricciones y aún no había llegado la vacunación– y con la campaña en pleno apogeo los viticultores están sufriendo «auténticas dificultades» para disponer de todo el personal necesario para cortar los racimos de los viñedos. El número de temporeros que llega a la comarca al sur de Álava en estas fechas se ha reducido «de manera considerable», reconoce José Antonio Ugarte, del sindicato UAGA. De hecho, a través de esta organización llegan cada año alrededor de 600 trabajadores «y en esta ocasión no creo que hayamos llegado a 380. Este problema que nos hemos encontrado en Rioja Alavesa también lo han tenido otras zonas agrícolas de España», añade. Hay factores comunes para justificar este descenso de temporeros como «el cierre de la frontera con Marruecos –como consecuencia de la epidemia sanitaria–, que ha impedido desplazarse a un buen número de trabajadores». Además, añade Ugarte, también existen restricciones «en otros países como puede ser Malí, de donde tradicionalmente han llegado operarios a nuestra vendimia. Pero este año no».

El precio de los alquileres marca máximos en Euskadi (Diario Vasco)

Alquilar un piso sigue siendo muy caro en Euskadi. Tanto como para situarse en récords una vez pasada la fase más aguda de la pandemia. El precio medio de un arrendamiento se cifra en 1.049 euros (1.138 en Gipuzkoa, cantidad solo superada en 2018). La nueva ley pactada por el PSOE y Unidas Podemos para regular los alquileres bebe de la vasca de hace seis años. El debate abierto en España sobre cómo limitar los precios de los alquileres tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, ha cogido a Euskadi con la lección estudiada y las prácticas hechas gracias a una regulación propia sobre la materia desde hace seis años más ambiciosa que la que ahora se plantea en Madrid. Lejos de conseguir abaratar el mercado, los precios de los alquileres en el mercado libre se han disparado desde 2015 un 20% en Euskadi y un 30% en Gipuzkoa, estando en estos momentos en su máximo histórico en el primer caso y rozándolo en el segundo. En cifras concretas, la renta media actual es de 1.049 euros al mes en Euskadi y de 1.138 en Gipuzkoa, tras haber subido un 2,1% y un 3,7% en el último año, según datos relativos al segundo trimestre recogidos en la Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria que elabora el Gobierno Vasco.

La obligación de edificar un 30% de pisos sociales aleja a los inversores (El País)

La futura ley de vivienda pactada por los socios de Gobierno (PSOE y Podemos) prevé obligar a los promotores a destinar a vivienda social un 30% de los pisos que se construyen en suelo consolidado (edificable), lo que reduce su margen de beneficio. Esa receta para aumentar el parque de pisos públicos tiene un precedente en Barcelona. La ciudad que gobierna la alcaldesa Ada Colau (En Comú Podem) aprobó una modificación urbanística con esta imposición a finales de 2018. En marzo pasado, Colau presentó al entonces ministro José Luis Ábalos un borrador de Ley de Vivienda que permitía extender la norma a toda España. Tres años después, se han proyectado edificios que sumarán 100 pisos sociales a la ciudad, pero el sector inmobiliario está indignado y los inversores apuestan por otras ciudades. La actividad promotora, sin embargo, se mantiene en torno a las 2.000 viviendas iniciadas cada año (1.892 en 2020 pese a la pandemia), y en el primer semestre de 2021 se han comenzado 920. Colau defiende que la modificación urbanística es una fórmula para que los privados se “corresponsabilicen” aportando pisos asequibles al parque público. La norma afecta a los edificios o grandes rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados, y está prevista en la ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007, un texto del Govern tripartito que no ha sido desplegado en su totalidad.

Portobello compra, a través de la vizcaína USA Group, la cántabra MSerrano (El Correo)

El fondo de capital riesgo español Portobello acaba de comprar otra empresa del sector de componentes de automoción, en esta ocasión la compañía familiar cántabra MSerrano, ubicada en el polígono industrial de Ambrosero. La operación se ha realizado a través de la compañía vizcaína USA Group, especializada en fabricación de piezas metálicas de precisión, que tiene sede en Mallabia y que fue adquirida por este mismo fondo en enero de 2020 con intención de apoyar su crecimiento y conformar un grupo más potente. MSerrano, fundada en Cantabria en 1989, es una empresa familiar dedicada al mecanizado de piezas metálicas de precisión desde su diseño y concepción. Por su parte, el origen del grupo vizcaíno USA Group surge en 1972 de la empresa familiar Ugarteburu, que se diversificó con la creación de las filiales Depresa, CNC Lan y USA Componentes. Cuando se planteó el relevo generacional entre las tres familias accionistas se produjo la entrada mayoritaria de Portobello, acompañado como socios minoritarios por la firma de capital riesgo guipuzcoana Easo Ventures, y se mantuvo en el capital y en la gestión su director general Mikel Uribe.

El Grupo Uvesco pondrá en marcha 19 nuevas tiendas propias antes de que acabe el año (El Correo, Cinco Días)

El Grupo Uvesco (BM Supermercados) afronta la recta final de 2021 con la apertura de 19 supermercados propios, que supondrán al grupo al menos una por semana en lo que queda de año. El plan de nuevas aperturas dio comienzo el pasado fin de semana con un establecimiento en Castro Urdiales (Cantabria), continuará otro en Logroño, previsto para el 15 de noviembre, y 17 más en la Comunidad de Madrid. De este modo, Uvesco sumará 260 supermercados propios y plataformas logísticas, ubicadas en País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid y Ávila. También avanzará en su modelo de franquicia con dos nuevas aperturas con las que alcanzará los 20 BM Shop. El grupo cerró el pasado ejercicio con 954 millones de euros de ventas netas y cuenta con un equipo formado por más de 6.000 personas. En cuanto al avance en Madrid, José Ramón Fernández de Barrena, CEO del Grupo Uvesco, indica que actualmente la Comunidad de Madrid supone un 11% de peso sobre el total del grupo, porcentaje que irá aumentando a lo largo del próximo año.

El Nobel de Economía premia un trabajo que desmitifica que subir el SMI reduzca el empleo (Diario Vasco, El País, Expansión, El Mundo)

David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens son los nuevos galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2021 por su trabajo en los campos de la economía laboral y el análisis de las relaciones causales, según la Real Academia Sueca de Ciencias. Card, natural de Canadá, ha sido seleccionado «por sus contribuciones empíricas a la economía laboral», que ha profundizado en el impacto del salario mínimo, la inmigración y la educación en el mercado de trabajo. «Los resultados de sus estudios mostraron, entre otras cosas, que aumentar el salario mínimo no necesariamente conduce a menos puestos de trabajo», explicó la Real Academia Sueca. Un argumentario exhibido por parte de diferentes gobiernos como el español para emprender subidas del SMI. Los análisis del nuevo Premio Nobel vienen a poner en cuestión las afirmaciones de organismos económicos –como el Banco de España–, servicios de estudios de entidades y organizaciones empresariales que sostienen que elevar el salario mínimo de los trabajadores conduce a una menor contratación e incluso a la destrucción de empleos por parte de las empresas.

El SMI presiona los salarios (El Mundo)

El pulso en el Gobierno por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene una explicación más relevante que un choque de jerarquías. El rechazo de los empresarios a respaldar esos aumentos también se justifica por razones que van más allá de negociar 15 euros más en la remuneración básica legal. Si el Gobierno decreta el próximo mes de diciembre que el SMI alcance los 1.000 euros en 2022 conseguirá mucho más que una cifra redonda. Con ese nivel, el SMI moverá a los salarios de hasta cuatro millones de trabajadores. Uno de cada cinco registrados en la Seguridad Social verán cómo, por decreto, sus remuneraciones se ven impulsadas en mayor o menor medida. El impacto no llega a ser el que tiene una subida a 8,9 millones de pensionistas pero supera de largo, por ejemplo, el aumento salarial a 2,7 millones de funcionarios. El alcance que tendrá el SMI de 1.000 euros lo anunció Pepe Álvarez, secretario general de UGT, el pasado 29 de septiembre, un día después de que el Consejo de Ministros decretara elevar esta referencia un 1,6% con efectos desde el 1 de septiembre, hasta 965 euros en 14 pagas. Álvarez explicó a su comité confederal que la negociación colectiva entre empresarios y representantes de los trabajadores ha sido desbordada por la vía del SMI, donde el Gobierno fija una cantidad previa consulta con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. La tesis de Álvarez coincide con la de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, quien tras rechazar dar su visto bueno a la subida en septiembre, advirtió de que el Gobierno ha asumido un papel intervencionista en la fijación de los salarios.