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Miércoles, 10 de febrero de 2021
Núm 714/2021
Año XXXIV

Los jueces autorizan la reapertura de la hostelería en Euskadi (El Correo)

En su fallo la sala de lo contencioso-administrativo considera que no existe «claridad» respecto a que la actividad hostelera esté detrás del «elevado nivel de incidencia del virus tras la Navidad». Más bien lo atribuye a la relajación de las restricciones a la movilidad de aquellas fechas que favorecieron los encuentros sociales y familiares. Para ello se apoya en dos aspectos. Por un lado, que la hostelería se abrió en Euskadi el 12 de diciembre y los casos siguieron bajando hasta el 27. Quince días en los que estos negocios estuvieron abiertos con las medidas de seguridad decretadas por el Gobierno vasco «sin que la incidencia acumulada se elevase lo más mínimo». Los magistrados señalan que la apertura de bares y restaurantes en municipios en zona roja «no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública».

El Gobierno vasco arremete contra los jueces y cree "extremadamente grave que entren a valorar el riesgo epidemiológico" (El Correo, Diario Vasco)

«Mañana (por hoy) abrirán los bares. El sábado, ya veremos». La reflexión del entorno del lehendakari Urkullu inmediatamente después de conocer el nuevo varapalo judicial a la estrategia del Gobierno vasco contra la pandemia retrata a la perfección la incertidumbre que marca no ya la evolución del virus sino la propia viabilidad legal de las herramientas con que cuentan las instituciones para frenar la escalada de contagios. Y da la medida del monumental enfado del Ejecutivo de Vitoria con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), al que, en una declaración sin precedentes, lejos del habitual y aséptico respeto a las decisiones judiciales, acusó ayer de interferir en la lucha contra la pandemia y «debilitar» los cortafuegos que las instituciones construyen para contenerla. «Es especialmente grave que los tribunales entren a valorar ‘motu proprio’ la evolución y el riesgo epidemiológico». 

Economía habilita a las CCAA para dar más ayudas directas a las empresas (Expansión, El Correo, El País)

Junto a los mecanismos que diseña para aumentar las ayudas directas a escala estatal, la reforma del marco legal que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas para intensificar el apoyo público a las empresas habilitará a las comunidades y a los ayuntamientos a incrementar sus subvenciones directas al tejido productivo, permitiéndoles, por ejemplo, cubrir una parte de los costes fijos de las compañías. “Vamos a adaptar el marco legal para que todas las Administraciones Públicas puedan dar más ayudas directas a cada una de esas empresas. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos están mejor situados para saber las consecuencias de las decisiones que ellos toman de restricción de actividad económica”, señaló ayer la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El Ejecutivo hace recaer así parte del rescate directo de las empresas en autonomías y consistorios. Con el refuerzo de las ayudas directas, el Ejecutivo busca evitar una avalancha de suspensiones de pago en los próximos meses una vez expire, el próximo 14 de marzo, la moratoria concursal en vigor.

El Gobierno prevé que el comercio, las actividades profesionales y la industria se beneficien de dos tercios de los empleos creados a partir de los fondos europeos (El País)

Según un documento del Ministerio de Economía, esos sectores ganarán este año 130.000 puestos de trabajo, de un total de 200.000 generados por el plan. Sin embargo, los sectores de la hostelería y el ocio apenas se beneficiarán del programa. Más de dos tercios del empleo creado por los fondos europeos se generará en el comercio, las actividades profesionales y la industria. En 2021, de los 200.000 puestos de trabajo que prevé el Gobierno que se crearán por la inversión comunitaria, 130.000 estarán en estas actividades, según un documento elaborado por el Ministerio de Economía y remitido al consejo asesor de la vicepresidenta Nadia Calviño.

España tendrá que sacar buena nota para recibir los fondos europeos (Expansión)

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que aplicarse en los detalles de las propuestas de reformas e inversiones español para que la UE apruebe el plan de recuperación y resiliencia que está moldeando para poder acceder al maná de los fondos europeos para la salida de la crisis del Covid-19. Para lograr el visto bueno, la Comisión Europea analizará las partes de la propuesta y pondrá notas a cada elemento que, según su resultado, permitirá al Ejecutivo comunitario respaldar el plan nacional o rechazarlo. Así lo establece el reglamento de la Facilidad de Recuperación y Resiliencia, el pilar central del plan de ayudas comunitario que canalizará 672.500 de los 750.000 millones de euros con los que está dotado el fondo Next Generation. Una vez que la Comisión reciba el plan, el Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen evaluará los aspectos de la propuesta en base a una escala de notas: A (la máxima, que significa que cumple en gran medida con lo esperado), B (que cumple moderadamente) y C (el suspenso). Para lograr el beneplácito de Bruselas, España, como el resto de países, deberá lograr una nota de A en al menos siete de los once elementos que el Ejecutivo comunitario analizará, según señalaron fuentes comunitarias.

CC OO y UGT se movilizan contra la parálisis del Gobierno de Sánchez (El Correo)

UGT y CC OO, tras más de un año de tregua, se han cansado ya de que el Gobierno se escude en la pandemia para no aprobar las reformas comprometidas y exigen que se pongan en marcha temas tan urgentes como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –que ha comenzado el año congelado en 950 euros al mes– o la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones. Por eso, este jueves, a las 12 horas, están convocadas más de 50 concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las principales ciudades españolas. En Euskadi se llevará a cabo una única concentración de delegados sindicales que tendrá lugar a las 11.30 horas ante la Delegación del Gobierno central, en Vitoria. En ella estarán presentes los secretarios generales de CC OO y UGT en la comunidad, Loli García y Raúl Arza, respectivamente, así como Mari Cruz Vicente, secretaria estatal de Acción Sindical de CC OO.

El empleo del futuro exige adaptarse (El Correo)

Los empleos del futuro requerirán nuevas competencias relacionadas con el mundo digital, como el análisis de datos. Aun así, siempre serán necesarias las habilidades sociales, que incluso podrían adquirir mayor relevancia en los próximos años. Estos y muchos más asuntos centraron la tercera jornada del ciclo de debates Lan 2021 organizado por EL CORREO, junto al departamento de Empleo del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y BBK. La charla, titulada ‘Nuevas competencias profesionales’, se enfocó en dibujar las habilidades y características que deberán reunir los empleados del futuro y en ella participaron el director general de Bilbao Ekintza, Javier Garcinuño; la directora de Lanbide, Gloria Múgica; la directora de la Fundación Iseak, la catedrática Sara de la Rica; el asesor del departamento foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Javier Riaño; y el socio director de Grupo Lanak, Javier Gracia. Se puso el foco en la automatización de los puestos de trabajo, en la brecha de género de las carreras científico-tecnológicas (STEM por sus siglas en inglés), en el reto de los ‘nini’ y en la visión del mercado laboral del futuro.

Precariedad desbocada (por Marco-Gardoqui, El Correo)

Acabamos de conocer que la precariedad laboral se ha hecho fuerte en la Administración pública y alcanza un escandaloso 29,9%. En números eso supone un millón de personas...Es evidente que la terrible y rápida expansión de la pandemia ha obligado a cubrir numerosas plazas y trabajos...pero también lo es que, si la precariedad en el espacio laboral público se ha agravado con la pandemia, no ha surgido con ella. Ni mucho menos. La Administración arrastra desde lejos una exagerada presencia de temporales que prolongan su situación durante muchos años...En el País Vasco la cosa es aún peor, pues el nivel de precariedad se sitúa cerca del 40%. Un nivel que resulta incomprensible. ¿Es necesaria la prestación de esas personas? Si lo es, ¿por qué no se les contrata definitivamente? Y si no lo es ¿por qué se les emplea temporalmente? Y en todo caso, ¿dónde encuentra la Administración la autoridad moral necesaria para abroncar a las empresas por sus datos, que son bastante mejores?"

ELA critica la baja aportación de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades (El Correo, Diario Vasco)

El sindicato ELA cree que las grandes compañías pagan «entre poco y nada» por el Impuesto de Sociedades y que se amparan en la flexibilidad de la legislación, sobre todo en las deducciones por inversiones en investigación de desarrollo, para reducir al máximo su factura fiscal. El secretario general de la central, Mitxel Lakuntza, señaló ayer que «el drama es que esto es legal», al tiempo que anunció el inicio de una campaña de presión para animar a una «reforma fiscal antes del verano». La organización cree que, bajo ninguna circunstancia, una empresa debería pagar una tasa inferior al 25% sobre su beneficio bruto. Las deducciones hacen que en algunos casos el porcentaje sea muy inferior e incluso cero. Las cooperativas no se libran de los dardos del sindicato nacionalista. Ayer señalaron directamente a algunas de ellas por aprovechar la ingeniería fiscal para pagar pocos impuestos: "que las cooperativas apenas paguen Impuesto de Sociedades es inaceptable». Fuentes de Petronor, una de las empresas aludidas por la central, señalaron que la información facilitada por ELA no es correcta, al tiempo que indicaron que desde el año 2003 han abonado un total de 503 millones de euros por el Impuesto de Sociedades. En relación con los beneficios de 2019, la compañía asegura que ha pagado 8,5 millones por Sociedades y no «cero», como denunció el sindicato. Por su parte, Iberdrola también desmintió los datos proporcionados por ELA.

Mercedes abre la negociación del convenio con la premisa de contener los costes laborales (El Correo)

La negociación del convenio en la planta de Mercedes Benz en Vitoria, la principal industria vasca con alrededor de 4.600 trabajadores, se puso en marcha oficialmente ayer con una reunión en la que los máximos responsables de la fábrica empezaron exponiendo al comité de empresa el contexto macroeconómico, tanto del sector de la automoción como del grupo Daimler, y acabaron planteando sus líneas maestras de cara a la negociación. Portavoces sindicales coincidieron en destacar que Mercedes «ha insistido de manera vehemente en la importancia de reducir los costes laborales», una premisa que tiene la multinacional alemana no solo para la factoría alavesa sino en todas sus plantas –en torno al 25%–. «La movilidad funcional, la flexibilidad y la productividad han sido los otros tres pilares», destacaron desde UGT, la central mayoritaria aunque la presidencia la tiene ELA. «Nos parece una noticia positiva la apuesta de la empresa por hacer unas inversiones sin precedentes en Vitoria porque puede suponer la transformación industrial de la planta y garantizar su futuro» para, al menos, una década, añadieron en UGT. Aunque la dirección vincula esas actuaciones a conseguir la firma del convenio, para lo que considera la «confianza como un factor clave» durante la negociación, según los sindicatos.

El sector vasco de alimentación encara un año «turbulento» y con caídas de ventas de hasta un 9% (Diario Vasco)

«Comemos todos los días». El presidente del clúster vasco de Alimentación, Jon Ander Egaña, resume con esa frase la ‘suerte’ que tiene este sector porque, al responder a una necesidad básica, ha capeado mejor la crisis. Ahora bien, no oculta que 2021 será un año complicado, con un descenso de las ventas que puede llegar al 9%. Será, por otra parte, un ejercicio que resultará favorable para los consumidores porque todo indica que asistiremos a una ‘guerra de precios’ en los hipermecados. Estos necesitan recuperar la cuota de mercado perdida frente a la tienda de cercanía y atraer a unos consumidores temerosos de acudir a los grandes centros comerciales. Se espera un año difícil, pero el punto de partida es positivo. Egaña explica que en 2020 «hemos resistido el impacto de la pandemia mejor que, por ejemplo, la industria, con la aeronáutica o la automoción sufriendo mucho. No obstante, en nuestro sector habría que diferenciar por tipo de comercio».

El Puerto de Bilbao estima una pérdida de dos millones de toneladas por la huelga (El Correo, Deia)

La Autoridad Portuaria de Bilbao quiere dejar patente el «daño terrible» que ha causado la huelga de la estiba más larga de la historia (57 días), en un año ya difícil por los estragos del Covid. Por eso, al presentar ayer el balance de 2020 desglosó qué peso ha tenido cada factor en el desplome del tráfico. En el ejercicio se perdieron seis millones de toneladas, hasta dejar el total en 29,5 millones, el nivel más bajo desde 2013. Del retroceso, una parte corresponde a Petronor y otros líquidos, mientras que 3,2 millones son carga seca (producto siderúrgico, granel sólido, contenedores...). Pues bien, el organismo estima que el 60% de esta pérdida –dos millones de toneladas– se «fugó» a otros puertos por ‘culpa’ del conflicto. A todo ello hay que sumar que llegaron a los muelles 480 barcos menos, hasta un total de 2.338. «Si en Bilbao encuentran obstáculos, los cargadores sacan la mercancía por otros lugares y así ha sido». 

«No podemos perder energía renovable, porque abarata la luz» (El Correo)

Sara Aagesen Secretaria de Estado de Energía El Gobierno acelera el plan de almacenamiento tras los récord de enero, y prepara un bono social automático y con un «consumo mínimo vital». El Gobierno ha decidido acelerar una de las medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica para tratar de abaratar la factura de la luz. El Consejo de Ministros aprobó ayer la Estrategia de Almacenamiento, un programa con el que España contará con instalaciones para guardar la energía que llega de las centrales renovables pero que se desperdicia al no utilizarse en determinadas horas del día o jornadas concretas. En total, habrá hasta 20 gigavatios (Gw) en 2030 y hasta 30 Gw en 2050. La propuesta llega tras los precios récord de enero y en un contexto en el que los costes han caído de forma considerable en estos días gracias a la aportación de las eólicas, una de las centrales a las que el Ejecutivo fía la rebaja del recibo en el futuro.

La industria reclama a Maroto una mayor protección frente a Ribera (El Mundo)

La gran industria ha intensificado su presión sobre sobre la ministra Reyes Maroto para que intente frenar, o al menos mitigar, el impacto que según denuncia el sector va a suponer la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico sobre su ya precaria competitividad internacional. Varias de las principales patronales industriales han hecho llegar en las últimas semanas sus reivindicaciones a Maroto y a su equipo en un último y desesperado intento de obtener protección frente a la vicepresidencia de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. Exponen como principal conclusión que la traslación del coste de 7.000 millones de euros en renovables cargados históricamente sobre el recibo eléctrico a otras energías como los carburantes y, sobre todo, el gas elevará en gran medida sus costes y les hará más ineficientes frente a las fábricas alemanas, francesas y, no digamos, asiáticas.

Las petroleras europeas pierden más de 40.000 millones por el Covid (Cinco Días)

El impacto de la crisis del Covid-19 en la actividad económica y, por ende, en la demanda de energía, ha asestado un duro golpe a las grandes petroleras, que han pasado de controlar un negocio tradicionalmente milmillonario a registrar pérdidas también milmillonarias en 2020. En el caso de las europeas, las británicas BP y Shell y la francesa Total han perdido en conjunto 40.857 millones en 2020, que contrastan con los beneficios de 25.824 millones obtenido el año anterior. La próxima semana presentarán resultados las otras dos grandes petroleras europeas: la española Repsol, y la italiana Eni.

La tercera ola de la pandemia «vislumbra un cambio de tendencia» en Euskadi (El Correo, Diario Vasco)

Euskadi afronta días clave en la evolución de la pandemia. La tercera acometida de la covid se ha estabilizado con menos contagios diarios y un nivel de propagación más moderado. Ayer se notificaron 723 casos y una positividad del 5,9%. Se considera que lo peor ha quedado atrás. El techo se alcanzó el pasado martes con una incidencia acumulada a 14 días de 668 casos por cada 100.000 habitantes. Desde entonces, la curva ha dejado de crecer y eso ya por sí solo es esperanzador. El rumbo se ha invertido, pero por el momento cae a una velocidad muy lenta. De ahí que a los expertos todavía les hagan falta unos días para confirmar la consolidación de la trayectoria descendente o el inicio de una fase de valle o estancamiento, que, en caso de producirse, tiene lugar con un volumen de casos altamente preocupante.

El lehendakari fulmina al miembro del LABI que se saltó el confinamiento para jugar a golf (El Correo, Diario Vasco)

La presión para que Ibon Etxeberria fuese destituido de sus cargos públicos era ya muy fuerte a primera hora de la mañana. Pero, a mediodía, las voces que se sumaron reclamando su cese o su dimisión se convirtieron en un clamor. Y la decisión no se hizo esperar. El miembro del comité de expertos del LABI, el órgano encargado de asesorar al lehendakari en la gestión de la pandemia, fue destituido tras el Consejo de Gobierno de ayer. No se trata de una renuncia voluntaria, sino de un destitución promovida por el propio lehendakari, Iñigo Urkullu. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, justificó esta decisión ya que, según dijo, el Ejecutivo autónomo no comparte la «interpretación jurídica» realizada por Etxeberria. El cese pone en entredicho el respaldo que la irregular conducta recibió desde el propio Departamento de Salud.