20200421

La Mesa vasca de Diálogo Social se reunió ayer tanto para debatir medidas a adoptar ante la crisis económica derivada del coronavirus como para analizar el proceso de reactivación de la industria y la construcción. Las partes –Gobierno vasco, Confebask, CC OO y UGT– volvieron a destacar su apuesta por este foro, pese a la ausencia de ELA y LAB. En la cita, los dos sindicatos coincidieron en solicitar al Ejecutivo de Urkullu que siga el modelo de otras comunidades y complemente la prestación de los afectados por ERTE, que ya suman 177.339 en Euskadi. Por su lado, Confebask no planteó demandas concretas, pero sí quiso destacar el «consenso» con el que se ha llevado a cabo la vuelta al trabajo en los sectores no esenciales: “trabajaremos entre todos medidas que permitan mantener el mayor número posible de empresas, autónomos y empleo”. Ver más en Confebask. 

En un artículo recién publicado en el quincenal ‘Empresa XXI’, la responsable de Medioambiente de Confebask, Amaia López Iriondo, subraya que “debemos comenzar a pensar cómo queremos replantear la reactivación de la economía y la reapertura de las empresas”. En ese sentido, la responsable de Medioambiente de Confebask se muestra convencida de que “no debiéramos olvidar, ni obviar las claves que la UE fija sobre la descarbonización y la economía circular. Una de las claves de esta transformación obligada radica en ser plenamente conscientes de que la Economía circular y descarbonizada está dejando de ser una asignatura optativa, para convertirse en esencial. Estamos ante una transformación de la economía europea e internacional. Si antes ya era, prácticamente, una hoja de ruta ineludible para las empresas, ahora lo será más tras la superación de la crisis sanitaria”.

El Banco de España decidió a finales de marzo, en pleno y virulento avance de la pandemia, posponer sus previsiones sobre la economía española en espera de recabar mayor información sobre el impacto de la crisis. La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos rompió ayer su silencio y lo hizo para trazar varios escenarios a cuál más sobrecogedor y que, incluso en los supuestos más benévolos, “apuntan a retrocesos del PIB español en 2020 sin precedentes en la historia reciente”. En el peor de los escenarios analizados por el supervisor, el PIB perdería en un solo ejercicio casi todo el crecimiento acumulado entre 2015 y 2019, mientras que la cifra de parados se dispararía hasta los 5 millones.

Cataclismo en el mercado petrolero en Estados Unidos. El sector nunca había vivido una jornada igual. Los tanques de reserva se han quedado sin espacio para almacenar más crudo tras la caída de la demanda por la pandemia. El precio de barril de referencia al otro lado del Atlántico, el West Texas Intermediate (WTI), cayó a terreno negativo por primera vez en su historia tras llegar a desplomarse un 305%. Los inversores llegaron a cobrar 37,63 dólares por comprar un barril en EE UU. La decisión del mercado de Chicago, principal plaza de negociación de futuros de WTI, de autorizar las ventas en negativo desató el pánico. El barril petróleo brent del mar del Norte, de referencia en Europa, también sufrió tras dejarse un 8% hasta intercambiarse por 25,8 dólares. El batacazo en Estado Unidos es más salvaje porque allí la potente industria del fracking ha contribuido a convertir al país en el primer productor de crudo del mundo. Por eso, ahora su mercado se ha desbordado.

El texas cotiza en negativo y el brent, en 25 dólares. La dificultad para almacenar el enorme exceso de oferta de crudo ha provocado un desplome histórico, aunque podría revertirse en los próximos meses. Por ejemplo, el barril para junio cotiza a 21 dólares (aunque es cierto que tras registrar una caída del 16% ayer) y su precio se va elevando progresivamente en los meses siguientes, hasta rebasar los 30 dólares por barril a partir de septiembre. Aunque se trata de cifras puramente especulativas, ilustran perfectamente hasta qué punto el mercado petrolero estadounidense se encuentra colapsado de cara a las próximas semanas y cómo se espera que la situación se empiece a aliviar dentro de unos meses. Sin embargo, estas expectativas se podrían ver truncadas si las medidas de precaución en los grandes países desarrollados, y especialmente en EEUU, se extienden durante los próximos meses, ya que esto acabaría con la temporada de verano, que implica más desplazamientos.

Con la cotización del petróleo en mínimos históricos, tanto el consejo de administración como el equipo directivo de Tubacex han decidido rebajarse un 30% el sueldo. Un recorte similar se extenderá a los mandos intermedios del grupo. En una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fabricante de tubos sin soldadura defiende su solidez financiera, con una tesorería de 140 millones al pasado 29 de febrero. Una posición de caja que le permite solventar la crisis provocada por la pandemia, según la empresa alavesa. El Covid-19 también ha afectado a los pozos de extracción de crudo, uno de sus principales clientes.

“Esta crisis [la del Covid-19] va a costar muchos miles de millones de euros [a la industria de automoción]”, aseguró el presidente de la patronal de fabricantes de vehículos en España, José Vicente de los Mozos, en una entrevista con CincoDías. Pues bien, ante esta tesitura, las principales patronales del automóvil reclaman al Gobierno un plan de impulso a la demanda con una dotación de entre 250 y 300 millones de euros prorrogables en el tiempo. Según un primer borrador del plan de choque en el que trabajan Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Ganvam (distribución) y Sernauto (proveedores) para relanzar la industria del automóvil tras el impacto sufrido por el coronavirus, y al que ha tenido acceso este diario, el sector reclama que las ayudas sean accesibles para todas las tecnologías disponibles en el mercado y no solo para modelos eléctricos. 

Los empleadores anuncian despidos en los próximos doce meses. El 86% teme la desaparición de su sociedad si se prolonga la crisis. La razón de este aviso es que el 55% de las pequeñas y medianas empresas que soliciten un ERTE al Gobierno o a las comunidades autónomas, no piensa cumplir la condición de mantener el número de trabajadores seis meses después de terminado el estado de alarma, que decide el Ejecutivo. Así lo refleja el último Barómetro de la pequeña y mediana empresa, del mes de abril, publicado ayer por Cepyme, la patronal del sector. La encuesta se realizó con 2.000 empresas, entre los días 3 y 18 de abril, en plena escalada de la pandemia. Hay que recordar que la principal premisa del ERTE es que las empresas se comprometan a conservar el empleo durante ese periodo. 

El Gobierno prevé ampliar las ayudas a los ERTE por fuerza mayor a actividades que no han sido suspendidas pero que están afectadas por las medidas de reducción de movilidad del estado de alarma. Así lo establece el borrador de Real Decreto-ley que va a estudiar hoy el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, y que también extiende otros dos meses el teletrabajo. El texto que se ultima “modifica la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor para dar cabida a las actividades que hayan sido afectadas por las medidas de reducción de la movilidad, aunque no fueran actividades que hayan sido sujetas a suspensión total por parte de las autoridades. De esta manera, podrán acogerse a los ERTE de fuerza mayor las empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo u otras normas.

Aena prevé una vez que se alivie la crisis desatada por el coronavirus recuperar el tráfico aéreo en tres fases, comenzando con los vuelos domésticos, luego las rutas con países de la Unión Europea y, posteriormente, las conexiones al resto de países. El gestor aeroportuario se ha visto duramente golpeado por la crisis. Por ello, ha dejado en suspenso el dividendo, se ha dotado de una línea de liquidez de más de 1.000 millones de euros y tiene pendiente decidir sobre los planes de inversión en los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Entrevista con Jon Ansoleaga director de Eraikune, el Cluster Vasco de la Construcción: "las perspectivas no son optimistas porque las grandes obras públicas van a acusar los problemas presupuestarios de las administraciones, las empresas se van a cuestionar inversiones y los particulares, hasta saber cómo les afecta la situación en el empleo, difícilmente van a cambiar de vivienda".

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), la mayor empresa de Gipuzkoa y todo un referente para el sector del Metal en el territorio, volvió ayer al trabajo en sus plantas de Beasain e Irun, después de haber cesado su actividad el pasado 16 de marzo. Y lo hizo bajo estrictas normas de seguridad e higiene –las pactadas entre la empresa, los sindicatos y los servicios de prevención dentro del protocolo ‘Osasuna Zainduz, berriz lanera’– y rodeada de una más que notable normalidad. La empresa subraya la involucración de toda la plantilla con el exhaustivo protocolo de regreso y el comité corrobora una jornada «sin incidentes». 

La llegada de este pedido se produce una semana después del retorno a la producción de la planta, en la que trabajan casi 200 personas. De vez en cuando surgen luces en el horizonte que despejan el futuro más inmediato para algunas instalaciones productivas. Este es el caso de la planta que la multinacional canadiense Bombardier tiene en la localidad vizcaína de Trapagaran. La dirección de la multinacional ha adjudicado a esta factoría, en la que trabajan casi 200 personas, la fabricación y suministro de los motores para 19 trenes regionales de Francia. El conjunto del pedido de 19 trenes está valorado en 176 millones. 

El Gobierno vasco ha acelerado este año sus planes de endeudamiento para responder a la actual crisis del Covid-19 con medidas de choque y ayudas públicas, con lo que ha agotado ya el límite de 886 millones de euros de emisiones a largo plazo autorizado para todo 2020 en los Presupuestos autonómicos. La última operación, publicada ayer en el boletín oficial del País Vasco, supone el lanzamiento de obligaciones por 81,5 millones, con un interés nominal anual del 1,75% y pago el 22 de abril de cada año.

Si el coste anual se eleva a 5.000 millones, Euskadi deberá incrementar más de un 20% su aportación anual al Estado. El gabinete de Pedro Sánchez ha demorado la presentación de este proyecto –que figuraba en el pacto de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos– a la espera de definir todos los detalles técnicos, pero el Gobierno vasco lo sigue ya de cerca porque va a tener consecuencias económicas en su Presupuesto. En realidad, lo tendrá en el de todos los niveles institucionales del País Vasco, ya que ayuntamientos, diputaciones y Ejecutivo autonómico se reparten lo que resta de los ingresos fiscales después de realizar la aportación a los Presupuestos del Estado. A menor Cupo, más dinero para las instituciones vascas y todo lo contrario si esa factura anual crece.

Reducir la dependencia del complicado y «estresado» mercado exterior para el suministro de material de protección de primera necesidad en plena pandemia. España y Euskadi están desde ayer más cerca de lograr este objetivo. Las primeras tres máquinas para fabricar mascarillas quirúrgicas llegaron ayer al municipio de Etxebarria, ubicado a dos kilómetros de Markina. Los responsables de la firma Bexen Medical, del Grupo Mondragón, confían en comenzar la producción dentro de ocho días. Los tres robots serán capaces de dar forma a 10 millones de unidades al mes. La operación va viento en popa y se espera que se lleve a cabo una segunda fase en cuestión de semanas, lo que doblaría la manufactura de mascarillas ‘made in Euskadi’ desde junio.

El coronavirus está remitiendo en Euskadi, pero no conviene confiarse. La evolución de la pandemia en el País Vasco arrojó ayer datos que invitan al optimismo. Los mejores desde hace semanas. Según informó el director de planificación sanitaria de Osakidetza, Mikel Sánchez, se detectaron un total de 59 personas infectadas, lo que hace que la CAV sume 12.628 casos en total. Por su parte, los altibajos en las cifras de muertes continúan: después de los 42 decesos del domingo, la cifra bajó a 19, muy lejos de los 54 del pasado jueves, el máximo registrado desde que saltó la alarma sanitaria. El virus importado de Wuhan se ha cobrado ya la vida de 1.081 personas.

La evolución del informe oficial sobre la pandemia de coronavirus en España continúa con su buena tendencia. Por primera vez desde el 22 de marzo, el número de fallecidos diario es de menos de 400 personas diarias. En concreto, el informe del Ministerio de Sanidad de ayer registraba 399 muertes (los datos se refieren al domingo), con un total de 20.852 fallecidos desde que comenzó la crisis. Si se mira la tendencia, el aumento respecto al día anterior es del 1,95%, el menor desde el inicio del estado de alarma. Como todos los lunes, hay que tener en cuenta que es posible que algunas comunidades hayan informado de menos casos de los reales, ya que los fines de semana hay menos personal.

La primera fase de un proceso muy gradual y que deberá conducir a Alemania a una nueva normalidad marcada por la irrupción del coronavirus arrancó ayer en Alemania. El ritmo de contagios se ha desacelerado en los últimos días, lo que ha dado pie a una cierta flexibilización de las restricciones. Las tiendas de menos de 800 metros cuadrados pudieron ayer levantar la persiana por primera vez desde que se decretó el cierre, hace algo más de un mes, en algunas partes del país. Los bares y los restaurantes continuarán cerrados y la distancia obligatoria de un metro y medio seguirá vigente por lo menos dos semanas más.

Las sociedades miden el desempeño de los presidentes de la región, su respuesta ante el reto sanitario pero también su políticas económicas, los acuerdos con la oposición, la comunicación y la vulneración de los derechos humanos. Tiempos peligrosos, preñados de hiperliderazgos y populismos, con la recesión económica asomando en el horizonte más cercano y con la Policía y las fuerzas Armadas convertidas en las instituciones mejor valoradas.