20190731

El lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió ayer en la sede de Lehendakaritza al comité ejecutivo de Confebask y a su nuevo presidente, Eduardo Zubiaurre. En el encuentro, en el que también estuvo presente la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, la patronal vasca presentó sus últimas previsiones económicas. Confebask prevé un crecimiento del PIB en el entorno del 2,5% y un aumento cercano a los 14.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. (Ver más en Confebask)

La economía vasca ha tenido un pasado reciente bueno y el futuro también lo es. La traslación a los salarios, en cambio, no resulta tan evidente. La subida salarial se sitúa en el 1,9% en Euskadi, por debajo de la registrada en el conjunto de España, del 2,2%. Es el resumen de los tres informes difundidos ayer por distintas instancias oficiales. A primera hora de la mañana, el Instituto vasco de Estadística (Eustat) apuntó que Euskadi mantuvo durante el segundo trimestre del año un crecimiento del 2,3% respecto al mismo período de 2018, el mismo aumento interanual que entre enero y marzo. Es un dato que confirma punto por punto las previsiones efectuadas por el Gobierno de Urkullu hace solo un mes: prevé ese crecimiento para el conjunto del año, así como una mejora de la contratación, hasta crear 16.000 empleos. 

La filial de autobuses eléctricos Solaris empuja con casi 600 millones de euros unos resultados semestrales en los que las ventas se disparan un 34%. Construcciones y Axiliar de Ferrocarriles (CAF) presentó ayer sus resultados semestrales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Unas cuentas en las que, ante todo, destaca la cartera de pedidos de la empresa de Beasain, que se ha disparado un 11% respecto al cierre del pasado ejercicio hasta sumar 8.535 millones de euros, un nuevo récord y al tiempo, un bálsamo de tranquilidad, pues ese colchón supone 3,6 veces las ventas. Todo un colchón de cara al futuro.

CAF registró unas pérdidas netas de 13 millones de euros en los primeros seis meses del año, frente a unas ganancias de 18 millones de euros un año antes, al realizar una dotación de 38,5 millones de euros ante una multa impuesta por la autoridad de Competencia de Brasil (CADE), que la compañía recurrirá al “rechazar la valoración de los hechos”. El fabricante de trenes indicó que esta sanción no supone por el momento impacto alguno en su caja. Además, apunta a la “razonable posibilidad” de reducir su importe e incluso anularlo en virtud del proceso judicial, si bien reconoce que durará varios años. En el caso de descontarse esta dotación, CAF cerraría el periodo con unos beneficios de 25 millones de euros, lo que arroja un incremento del 46% respecto al año pasado.

Las acciones de Siemens Gamesa se desplomaron ayer más de un 17,65%, liderando las caídas de un Ibex a la baja, tras verse lastradas por los resultados correspondientes a los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal –de octubre a junio–. Siemens Gamesa obtuvo un beneficio neto de 88 millones, lo que supone casi duplicar las ganancias. Sin embargo, en el tercer trimestre las ganancias ascendieron a 21 millones, con una caída del 53% debido al impacto positivo de los ingresos fiscales del pasado año.

El tráfico de cruceros se desliza sobre dientes de sierra. El presidente del Puerto de Bilbao, Ricardo Barkala, describió así la pasada semana la caída de pasajeros en el primer semestre. «No hay razones concretas, simplemente oscila». Y anticipó una favorable evolución el próximo año. Desde luego, la elección de la terminal por parte de Repsol para instalar su primera ‘gasinera’ a escala global –fruto de un acuerdo con Brittany Ferries– reafirma el potencial del sector en Bizkaia. Empezará a edificarse en 2020 para atender barcos propulsados por GNL, combustible que gana presencia de forma acelerada en el tráfico marítimo. El gas natural licuado minimiza la emisión de azufre y partículas, y reduce un 20% la de CO2. 

Puede considerarse un gesto de cara a la galería o un paso firme para mostrar con rotundidad su postura. El tiempo lo dirá. Lo que está claro es que con la declaración de emergencia climática aprobada ayer el Gobierno vasco mantiene el foco en la situación medioambiental que atraviesa el planeta. Y se pone deberes para lograr su mejora. El gesto de ayer no fue casual. El Ejecutivo de Urkullu lleva tiempo advirtiendo de cuál va a ser uno de los ejes centrales que marcará las políticas públicas de Euskadi en los próximos 30 años. Nadie podrá hacerse luego el sorprendido. Los anteproyectos de las leyes vascas de cambio climático y de administración ambiental persiguen un objetivo claro: que en 2050 el País Vasco sea un territorio neutro en emisiones de carbono a la atmósfera; esto es, que no se dispersen más partículas contaminantes de las que puede absorber la propia naturaleza.

 César Salvador, quien dejó el cargo en abril por motivos de salud, vuelve a ocupar el puesto de director del Puerto de Pasaia. El Consejo de Administración aprobó ayer su nombramiento en una reunión tensionada por la crisis interna que enfrenta a ocho jefes de área, de los diez existentes en el puerto, con el presidente Félix Garciandia. Salvador logró el voto a favor de catorce consejeros y una abstención (LAB). Por tanto, sumó el respaldo de los representantes de Puertos del Estado, Gobierno Vasco, Cámara de Comercio, Diputación y de los ayuntamientos de Pasaia y Errenteria. Salvador se enfrenta a dos retos claves, reactivar los tráficos del puerto y reconducir la crisis interna. Este segundo problema se presenta especialmente peliagudo dado que los jefes de área denunciaron al presidente ante dos instancias, primero ante el Comité de Ética del Gobierno Vasco y después ante la propia Autoridad Portuaria.

El Consejo de Gobierno rechaza una proposición de ley de Podemos para crear el gravamen al tener una «deficiente regulación técnica». El Gobierno Vasco se desmarca e insinúa que hará falta un amplio acuerdo, ahora inexistente, si se quiere implantar una tasa turística en Euskadi. Más concretamente las palabras del portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, han sido que «el Gobierno no tiene previsto adoptar medidas, entre otras cosas, porque el sector (turístico) está radicalmente en contra». Este gravamen no se ha caracterizado precisamente por generar consenso entre las partes, pero la peculiaridad de este nuevo episodio que ayer se abrió es que pese a abanderar las mismas siglas políticas el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa y el Ejecutivo autonómico no terminan de aunar criterios en este asunto.

El Gobierno va a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la explotación en el mercado laboral. En agosto lanzará dos planes de lucha contra el fraude: uno por los abusos en la contratación temporal; y el otro por los excesos en la jornada de quienes están contratados a tiempo parcial. El primer paso consistirá en un envío masivo de cartas a las empresas de las que se sospecha que pueden estar quebrando la ley. Después, si no se regulariza la situación, llegará la visita de la Inspección de Trabajo. Se reeditan así las acciones de 2018, que se saldaron con el afloramiento de 70.000 fraudes laborales.

En la primera mitad del año los gastos del Estado crecieron más que los ingresos, lo que derivó en la acumulación de un déficit de 10.514 millones de euros, que equivale al 0,84% del PIB y un aumento del 27,1% respecto al primer semestre de 2018, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. El Estado gastó un 3,8% más, en total unos 105.250 millones en estos seis meses, sobre todo por el aumento del sueldo de los funcionarios públicos y de las pensiones aplicado el 1 de enero. Hacienda explicó que los gastos de personal alcanzaron los 8.386 millones hasta junio, un 8% más, también por la equiparación salarial de los cuerpos policiales con los autonómicos. A ello se sumó el incremento de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y a los gastos electorales, que no hubo en 2018. Sin embargo, por el lado de los ingresos, estos aumentaron casi la mitad.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha puesto la sombra de la sospecha sobre el consejo de administración de BBVA presidido por Francisco González desde 2004 hasta 2018, prácticamente el periodo en el que la entidad habría encargado supuestamente trabajos de espionaje al excomisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión. En una parte del auto en el que imputa a la corporación financiera, el magistrado sostiene que «la cúpula» de la entidad consitió la contratación de la empresa de seguridad Cenyt –vinculada al antiguo policía–, en vista del «beneficio personal y empresarial» que le podían aportar. Francisco González reaparece para deslindar la imagen del banco de la actuación de directivos de la que, dice, se enteró por la Prensa: "el banco ha actuado con un cumplimiento por encima de lo exigible".

La apuesta del primer ministro Boris Johnson por un Brexit definitivo a finales de octubre con o sin acuerdo está provocando graves turbulencias en los mercados. La libra sufrió ayer un significativo retroceso, lo que le lleva a cerrar julio con su mayor desplome mensual desde octubre de 2016. La moneda cotiza en 1,21 unidades frente al dólar, lo que supone una caída del 4% en un mes y 2,4% desde que Johnson asumió el cargo. Frente al euro, la libra cotiza en su nivel más bajo desde 2017, hasta las 1,09 unidades, con una caída del 2,5% en apenas dos sesiones, con lo que se acerca cada vez más a la paridad.

Los inversores no han aguardado a la gran cita de la temporada, la reunión de la Reserva Federal que se celebra hoy, para apretar el botón de las ventas. Un cúmulo de factores se acumularon ayer, imponiendo el tono negativo en las Bolsas europeas y en especial en la española. El Ibex cerró con una caída del 2,48%, la mayor del año y la más profunda desde diciembre. Perdió además los 9.000 puntos, al cerrar en los 8.986,6, con lo que retrocede a niveles de mediados de febrero. El presidente de EE UU carga contra China la víspera de la reunión de la Fed, y la libra británica apunta a su peor mes desde el referéndum. 

Poco más de un tercio de las personas con discapacidad en edad laboral forma parte de la población activa, alrededor de 650.000 personas. Sin embargo, su tasa de paro supera el 26%, es decir, una de cada cuatro personas con discapacidad que puede trabajar se encuentra desempleada. Aunque los registros interanuales mejoran poco a poco, este porcentaje supera en 9 puntos al del resto de la población. Por lo tanto, el ámbito corporativo debe incrementar el ritmo en este camino hacia la igualdad de oportunidades, como se resaltó durante el evento que sirvió para clausurar el ciclo de jornadas sobre empleo y diversidad que se ha celebrado a lo largo de los últimos meses en diversas comunidades autónomas, organizadas por EXPANSIÓN con la colaboración del Foro Inserta de Fundación Once y el Fondo Social Europeo.