20190209

Los cuatro actores de la Mesa vasca de Diálogo Social se han vuelto a dar una oportunidad y se reunirán el lunes a las 16.30 horas en Vitoria. El regreso a la normalidad se produce tras el profundo desencuentro acaecido el pasado abril a consecuencia del pacto bilateral entre el Gobierno vasco y Confebask. El ambicioso acuerdo en el ámbito formativo y laboral –planteaba 100.000 puestos en tres años– tuvo efectos inesperados con la inmediata renuncia de Comisiones y UGT a compartir mesa con los firmantes del documento. ELA y LAB ni están ni se les esperaba. Y ayer reiteraron su rechazo a la mesa y coincidieron en acusar al Gobierno vasco de querer «marginar» al sindicalismo mayoritario, usando a las centrales de ámbito estatal para legitimar sus políticas y las de la patronal.

La ministra de Economía Nadia Calviño, presentó ayer la Agenda del Cambio, una hoja de ruta de reformas económicas para el medio y largo plazo que Calviño negó que constituya un programa electoral. Se trata de 60 medidas que se distribuyen en seis ejes, entre las que destacan las relativas al mercado laboral, como la implantación de la mochila austriaca (fondo que acumulan los trabajadores y que pueden activar en caso de despido o de traslado o para emprender) y del registro horario y de la simplificación del número de contratos a tres, entre otras. También se pretende «derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral», lo que no se concreta.

El Gobierno de Pedro Sánchez dio por rotas ayer las negociaciones con los independentistas para impulsar una mesa de partidos sobre el futuro político de Cataluña. La vicepresidenta, Carmen Calvo, respondió así a la insistencia del secesionismo en discutir en dicho foro la autodeterminación. Con este gesto, el Ejecutivo lanza un ultimátum a PDeCAT y ERC, que tienen que decidir antes del miércoles si mantienen su rechazo a los Presupuestos del Estado. En este contexto, Calvo abrió la puerta a un adelanto electoral: «Sin Presupuestos, el tiempo de la legislatura se acorta», aseguró.

El Gobierno vasco recibió ayer una dosis de oxígeno para paliar, al menos por el momento, su debilidad parlamentaria. Elkarrekin Podemos se abstendrá en las votaciones para subir un 2,25% el sueldo de los funcionarios y un 3,5% de media las prestaciones de la RGI. Aunque lo hará desde una postura «crítica», permitirá así que salgan adelante dos de las tres medidas que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha activado para mitigar la prórroga presupuestaria. En cambio, tendrá que mirar hacia otro lado en el caso de la tercera pata, relativa a la educación concertada, ya que la coalición morada se opondrá al no ver garantizada la «gratuidad» de la enseñanza en esa misma red.

Los sindicatos ven cómo sus reivindicaciones desaparecen de la agenda pública. El terremoto catalán y sus constantes réplicas han borrado del mapa esta semana temas como la derogación de la reforma laboral, los salarios y la desigualdad. En respuesta, los líderes de UGT y CC OO exigieron ayer ante 10.000 delegados que la política cambie el foco. «A un país se le cose por los derechos colectivos, no por las banderas», clamó Unai Sordo, de CC OO. «Tenemos que conseguir que la mayoría piense en recuperar derechos», remachó Pepe Álvarez, de UGT.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño , que acaba de presentar un ambicioso proyecto de 60 medidas destinadas a configurar una «hoja de ruta» que defina «como queremos que sea nuestro país» en los próximos años, es optimista sobre la evolución de la economía española en un contexto de desaceleración generalizada en Europa. Subraya que sería una «lástima» que los presupuestos no sean aprobados, convencida como está de que traerían mayor «estabilidad financiera» de cara a los mercados internacionales al tiempo que refuerzan las «políticas sociales». No ha perdido la esperanza y, pese a las dificultades, todavía confía en que el Congreso permita la tramitación de los Presupuestos la próxima semana.

xLa comunidad autónoma vasca registró en 2018 un total de 3.074 nuevas empresas, lo que representa un incremento del 3,9% respecto a las sociedades creadas el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por el contrario, las disoluciones cayeron un 1,6%, hasta quedarse en 1.392. Con estos datos, Euskadi se situó el año pasado como la cuarta comunidad donde más aumentó la creación de empresas –de las cinco en las que subió–, y por encima de la media nacional, donde creció un 0,8% frente al 6,6% que decreció entre 2016 y 2017. Además, el País Vasco se posicionó como la segunda autonomía con una bajada más moderada en las disoluciones, que repuntaron en todas las autonomías salvo en cinco, de modo que aumentaron un 3,5% en el conjunto nacional.

Pese a exhibir la tasa de paro más baja del Estado, el mercado laboral vasco presenta algunas sombras que corren el peligro incluso de convertirse en agujeros negros. Una de ellas y quizás la más llamativa es la de la cifra de parados de larga duración, esas personas que llevan más de un año en búsqueda activa de empleo sin encontrarlo. Y es que Euskadi lidera la cronificación del paro en términos porcentuales, con el 59% de los desempleados. Es decir, que seis de cada diez desempleados llevan más de doce meses buscando trabajo.

Los concesionarios guipuzcoanos aplauden el plan ‘Renove’ auspiciado por el Gobierno Vasco, pero alertan de que la medida debe aplicarse de inmediato, porque de lo contrario las ventas se paralizarán. «Si estabas pensado en comprarte un coche, ¿qué vas a hacer ahora? Está claro, esperar a que el plan se active». Ander Aranburu, director general de Gorla, resume de esta manera la situación creada por Arantxa Tapia tras anunciar el jueves la puesta en marcha del plan de ayudas para la compra de vehículos nuevos. «La medida es muy acertada –afirma Aramburu–, pero se debería haber anunciado casi al mismo tiempo que su puesta en marcha. Ahora, lo normal es que la gente retrase la decisión de comprar un coche hasta que las ayudas sean una realidad».

Se puede decir que 2018 fue un mal año para la siniestralidad laboral en Euskadi, y también para Gipuzkoa, ya que los accidentes de trabajo se incrementaron un 1,6% en el conjunto de la CAV. Una realidad que preocupa a las instituciones y de la que no escapa ninguno de los tres territorios vascos. Pero mientras en Bizkaia el aumento es mínino, en Álava los accidentes laborales se disparan un 3,6% y en Gipuzkoa aumentan un 2,8%.

El Gobierno quiere engrosar la plantilla de la Administración Pública para hacer frente al impacto del Brexit. El Consejo de Ministros aprobó ayer mediante un real decreto una Oferta extraordinaria de Empleo Público con la que lanza 1.735 plazas con el objetivo de «reforzar los servicios afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea». Del total de plazas, 875 corresponden a la Administración general, y 860 efectivos para servicios de empresas públicas, como Aena y Puertos del Estado. Hacienda se adjudica la mayoría de efectivos, 462 en total, que reforzarán, entre otros, los servicios aduaneros. Junto a esta cartera, la mayoría de plazas se dirigirá a Política Territorial y Función Pública (135); Fomento (62); Interior (59) e Industria, Comercio y Turismo (51).

El conflicto laboral en la red de enseñanza concertada se agrava aún más. Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, CC OO y UGT acordaron ayer convocar diez nuevas huelgas intermitentes, cuatro consecutivas en marzo, cuatro en abril y dos en mayo, con las que suman ya 24 jornadas de paros durante este curso. Las centrales argumentan que las patronales no les dejan «otro camino» que «endurecer la dinámica de movilizaciones» porque «siguen sin presentar propuestas y contenidos que respondan a las reivindicaciones de los trabajadores».

Hace dos años, Finlandia se convirtió en el primer país del mundo en llevar a cabo un experimento a escala nacional sobre la renta básica universal. Este viernes se presentaron en Helsinki los resultados más preliminares, que indican que si bien la renta básica no estimuló el empleo, sí mejoró la calidad de vida de quienes la percibieron. El experimento fue lanzado en enero de 2017 por el primer ministro finlandés Juha Sipilä. Desde ese momento y durante dos años, 2.000 personas desempleadas de entre 25 y 58 años recibieron 560 euros al mes libres de impuestos, independientemente de su renta, de que buscaran o no trabajo y de que lo encontraran o no.

Dia entra en quiebra técnica, a la espera de que se resuelva la pugna entre su consejo y su principal accionista, Letterone, y salga adelante alguna de las iniciativas para recapitalizar la compañía. El grupo de distribución cerró 2018 con unas pérdidas de 352,6 millones, frente a un beneficio de 101,2 millones en 2017, lo que situó a la compañía con un patrimonio neto negativo de 166,1 millones al cierre del último ejercicio, según las cuentas comunicadas ayer por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  El grupo registró el 91% de sus pérdidas, 321,5 millones, en el mercado nacional, lo que ha generado ya una consecuencia inmediata. La empresa anunció ayer que ha decidido plantear un ERE que supondrá la eliminación de hasta 2.100 empleos en España.