20181121

El presidente de Adegi, Eduardo Junkera, defendió ayer que, antes de tomar decisiones en relación con la prohibición de vehículos de combustión y de «salir a la prensa a hacer grandes anuncios», es necesario que «todo esté bien cocinado» y «contar con la industria». En este sentido, advirtió de que «las repercusiones y las incertidumbres que se pueden introducir son muy graves». En una entrevista en Radio Euskadi, el responsable de la patronal se pronunció de este modo en relación a los planes del Gobierno central para no permitir la matriculación de vehículos diésel, de gasolina e hibridos a partir de 2040. «Todo lo que son decisiones sobre temas tan trascendentales como las cosas de comer, la actividad de nuestra industria,  hay que reflexionar y pensárselas muy mucho», subrayó.

Bruselas ha pasado de los avisos a la sentencia: el borrador de Presupuestos que le ha llevado España para el año que viene presenta un riesgo de incumplimiento con lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El veredicto de la Comisión Europea advierte de un riesgo de desviación significativa de los objetivos presupuestarios fijados a medio plazo. Además, prevé que incumpla con las metas de reducción de la deuda pública. El varapalo de Bruselas puede ser el desencadenante para que el Gobierno arroje la toalla en su intento de sacar adelante los Presupuestos.

La posibilidad de que se celebren elecciones generales en 2019 va ganando enteros a medida que pasan los días. Los rumores alentados el lunes por José Luis Ábalos fueron confirmados ayer por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien por primera vez admitió que tendrá que adelantar la convocatoria a las urnas si finalmente no consigue sacar adelante su proyecto presupuestario. «Si no se aprueban los Presupuestos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada», reconocía ayer el líder socialista durante un encuentro informativo organizado por el semanario The Economist. Un mensaje cuidadosamente lanzado que Sánchez no quiso acompañar de ninguna pista sobre cuándo llamará a los españoles a las urnas.

Las numerosas trabas burocráticas que presenta la legislación española es uno de los principales obstáculos que los empresarios detectan a la hora de desarrollar sus negocios. Un problema del que la ministra de Economía, Nadia Calviño, culpa a la estructura del Estado autonómico, por la que en España existe más fragmentación regulatoria que en la mayoría de países. Así lo indicó en el acto organizado ayer por The Economist, donde fue preguntada por las razones de que España se encuentre por detrás de Paraguay o Guatemala en el índice Doing Business, del Banco Mundial que mide la facilidad para hacer negocios en los distintos países a lo largo del globo.

La segunda ronda de contactos entre el Gobierno vasco y EH Bildu para alcanzar un acuerdo presupuestario se saldó ayer con el resultado previsto. No cerraron ningún pacto pero tampoco ninguna de las partes se levantó definitivamente de la mesa. Simplemente coincidieron en la necesidad de darse un tiempo y en volver a reunirse «en breve», aunque ayer por la tarde aún no se había fijado ninguna fecha pese a que los «tiempos corren». «El Gobierno quiere sacar adelante este Presupuesto, que no le quepa duda a nadie», dejó claro el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu en una breve comparecencia ante los medios una vez finalizada la reunión.

Los Gobiernos central y vasco acordaron ayer «la próxima transferencia» a Euskadi del tramo de la AP-1 entre Armiñón y Burgos –unos 5 kilómetros–, así como de dos líneas de ferrocarril de mercancías: la Alonsotegi-Barakaldo y la Bilbao-Basauri. Los traspasos, de limitado impacto económico, adquieren relevancia política por el apoyo del PNV a Sánchez.

Antonio Garamendi se convertirá hoy previsiblemente en el quinto presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Relevará en el cargo a Juan Rosell, quien ha sido el líder patronal durante los últimos ocho años. Entre los planes del próximo líder empresarial está recordar a todos los representantes patronales que le elegirán hoy el fuerte peso de CEOE en la sociedad civil y recuperar la capacidad de influencia de esta organización en el panorama económico, político y social. Si bien, no se espera que dé un cambio de rumbo radical en su gestión.

La CEOE revisó ayer una décima a la baja su estimación del crecimiento de la economía española para el año que viene, al 2,6%. Para 2019 mantiene su estimación en el 2,3%. CEOE justifica la revisión a la baja de su estimación de PIB para este año en la estabilización del crecimiento trimestral de la economía española en el entorno del 0,6%. «La economía española continúa creciendo a ritmos notables dentro de un contexto europeo más debilitado», argumenta la patronal, que advierte de que el patrón de crecimiento de este año está «más desequilibrado» que en 2017 por el debilitamiento de las exportaciones.

El secretario general del Forum Internacional de Energía, Sun Xiansheng, ve «altamente posible» que en el año 2050 toda la energía que se genere en España provenga de fuentes renovables, objetivo fijado por el actual Gobierno en su borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El máximo responsable de este organismo –agrupa a más de 70 países que representan el 90% de la producción mundial de energía y el 80% de su demanda– felicitó ayer en una conferencia coloquio que pronunció en la Universidad de Deusto, en Bilbao, al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su «agresivo» planteamiento en esta materia. Si bien precisó que, para lograrlo, deberá ir acompañado por «diferentes medidas» y el necesario «desarrollo tecnológico».

España se ha puesto al frente de los países que cuestionan el borrador del acuerdo de salida de la UE pactado por la Comisión Europea con el Gobierno británico. El conato de revuelta, que cuestiona desde el tratamiento del peñón de Gibraltar hasta el control de las posibles ventajas de Londres durante el periodo de salida, inquieta en Bruselas porque el frágil equilibrio logrado hasta ahora podría saltar por los aires. La Comisión empezó ayer a maniobrar para salvar un pacto imprescindible para que la cumbre europea del domingo ponga en marcha el proceso de ratificación del tratado que regulará el Brexit.

Euskadi se mantiene a la cabeza de las exportaciones del Estado español, según se puso de manifiesto en el transcurso de un encuentro en la Cámara de Comercio de Bilbao sobre el proceso de globalización y los acuerdos comerciales, en el que intervinieron, entre otros, el consejero politico y comercial de la Comisión Europea para España, Jochen Müller, y el director de Asuntos Europeos del Gobierno vasco, Mikel Antón. En el acto se recordó que el comercio exterior de bienes de la CAV en los ocho primeros meses de 2018 ha generado un saldo positivo de 3. 771 millones de euros, 432 millones más que en 2017, tras registrar un crecimiento del 9%, según Eustat. En España el crecimiento ha sido del 4,2%.

Los partidos acordaron ayer un aumento de las cantidades impagadas necesarias para que se pueda iniciar el procedimiento de ejecución de la hipoteca que acaba, en última instancia, con el desahucio. En lugar de dejar de pagar tres cuotas como dictaba hasta ahora la ley, hará falta el impago de entre 12 y 15 mensualidades o entre un 3% y un 7% del valor del préstamo. Los grupos lo han consensuado en el texto de la nueva ley de crédito inmobiliario, que aún tiene que votarse en el pleno del Congreso y en el Senado. En ambas podrán introducirse cambios.

El Poder Judicial se sumió ayer en una crisis sin precedentes en España después de que Manuel Marchena, candidato consensuado por el PSOE y el PP para presidir el Tribunal Supremo, renunciara al cargo al considerar que se había puesto en cuestión su independencia. La decisión de Marchena se produjo horas después de que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, enviara un mensaje a 146 parlamentarios de su partido felicitándose por haber logrado el control del alto tribunal. La renuncia de Marchena supone además que el pacto entre los dos principales partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha saltado por los aires. Las asociaciones de jueces aplaudieron la decisión de Marchena y reclamaron que los miembros de la carrera judicial, y no los partidos, elijan a 12 de los 20 vocales del CGPJ.

Efectivos de la Guardia Civil registraron ayer la sede central de la ingeniería vasca Sener, en Getxo, en el curso de una operación relacionada, al parecer, con el supuesto amaño de contratos de obras civiles para la Generalitat de Cataluña. La operación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, titular de la sección número cinco, dentro del caso conocido como ‘el 3%’, que trata de esclarecer si entre los años 2008 y 2010 se produjo un amaño de contratos de la Generalitat, con un aumento artificial de los costes, para desviar dinero a la antigua Convergència.