20180205

Coincidiendo con los primeros síntomas de mejoría, registrados a finales de 2013, el absentismo laboral (ausencias, excluidas vacaciones y fines de semana) ha ido creciendo: casi ocho décimas desde entonces hasta alcanzar una tasa del 4,8% en 2016, el mismo nivel de 2008. La causa principal se debe –según el citado estudio– a las bajas por incapacidad temporal (IT), que descendieron mucho con la crisis pero en estos últimos años suben, y sin que disminuya el absentismo ‘por otras causas’. España se sitúa a la cabeza de las economías desarrolladas (OCDE) en ausencias laborales por enfermedad. Un promedio histórico de 11 días perdidos por trabajador y año, según cifras de la propia organización y que engloba el periodo 1970-2013. Se trata del mismo nivel que Suiza y más del doble que EE UU (apenas llega a 5 días).

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, asegura que el Gobierno seguirá trabajando para conseguir la plena igualdad salarial, tanto a través de la Inspección de Trabajo como con medidas legislativas como, por ejemplo, la propuesta de que las empresas con más de 250 empleados ofrezcan información salarial desagregada en función del género. Báñez se muestra satisfecha con los logros alcanzados en materia de empleo y se reafirma en el compromiso de seguir luchando contra la temporalidad.

En una entrevista publicada por el diario DEIA, la directora de Estudiantes de la UPV/EHU Montse Maritxalar, asegura que se debe elegir carrera pensando más en el gusto del estudiante que en el mercado laboral: "yo siempre lo he tenido claro. Lo que le gusta a una persona y su motivación es lo primordial...Tenemos que crear personas comprometidas con la sociedad, que la ayuden a mejorar, y eso sólo puede hacerse desde la motivación". Además añade que "hay titulaciones que están muy sesgadas desde el punto de vista de género, tanto masculino como femenino. En las Ingenierías hay un techo de cristal en torno al 30% para las mujeres; y en las relacionadas con los cuidados y la educación, los hombres son minoría". 

Esta semana hemos recibido abundante información sobre la situación de la economía española. Todos los datos confirman que la economía española evoluciona favorablemente gracias a que aumentan las exportaciones. Efectivamente, los datos publicados esta semana por el Banco de España de balanza de pagos de noviembre del año pasado confirman que las exportaciones de bienes y servicios siguen creciendo. En los once primeros meses del año 2017, un 8% respecto al mismo periodo del año 2016. Esto facilitó que el saldo exterior (balanza por cuenta corriente) fuera positivo en 2017 por quinto año consecutivo.

Se buscan encofradores, ferrallistas, expertos en fachadas, solados, alicatados, capataces... La falta de mano de obra especializada, especialmente en Madrid y Barcelona y la costa levantina, comienza a preocupar en el sector de la construcción y está empezando a disparar los costes. Según un informe de ACR, los costes de construcción residencial se han incrementado un 17,5% en los últimos 24 meses y un 12,1% tan solo en el último año. «Esto se explica principalmente por dos motivos», señala Michel Elizalde, consejero delegado de este grupo constructor navarro. «Por la falta de mano de obra y por la falta de capacidad de fabricación en oficios como estructuras o fachadas».

El sindicalismo en España  ha empezado a recuperar en 2016-2017 las cifras de afiliación y delegados de la mano de la mejora económica y del empleo, según fuentes sindicales. En concreto, ha recuperado cerca del 10% del número de afiliados perdidos en los últimos diez años y que sumaban casi 600.000 trabajadores. Acercarse a los más jóvenes y buscar fórmulas con las que ayudar a los trabajadores que sufren las condiciones más precarias del mercado laboral como, por ejemplo, los que desarrollan su actividad en empresas multiservicio, los que trabajan para plataformas digitales o los falsos autónomos es, según reconocen los sindicatos, la única solución para intentar aumentar la afiliación.

El Pacto de Toledo debe ofrecer sus recomendaciones para asegurar el futuro de las pensiones, evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y, en definitiva, hacer que el sistema de la Seguridad Social sea sostenible y viable. El problema es que los representantes de esta comisión no consiguen avanzar y ponerse de acuerdo sobre cómo abordar un objetivo tan importante. Así quedó patente en la comparecencia que la pasada semana realizó en el Congreso la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y así lo confirman los representantes del PSOE y Ciudadanos.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró el miércoles que entre 2007 y 2017 los pensionistas habían mantenido su capacidad adquisitiva. ¿Es cierto el dato? Si se toma la inflación media anual, en esos años sufren una pérdida del entorno del 2,2%. Sin embargo, el ministerio añade a ese dato las subidas de pensiones mínimas que aprobó Zapatero. Incluso con la congelación de 2011, la cifra sobre la que saca pecho Báñez solo sale positiva gracias al periodo socialista. Bajo el mandato de Rajoy, los jubilados han perdido un 1,4% de poder de compra.

Los ánimos en la Asociación de Usuarios del Puerto de Pasaia (Giport) están más que encendidos después de que la semana pasada un estudio de PwC –elaborado de acuerdo a las opiniones de directivos y empresarios vascos, según explicó la consultora, y presentado en Bilbao con la presencia de las consejeras del Gobierno vasco de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y Justicia y Trabajo, María Jesús San José– dibujara para la dársena guipuzcoana un futuro poco menos que apocalíptico. De hecho, el trabajo señala que «Pasajes funciona básicamente con la importación de chatarra y la exportación de coches». Algo que las cifras rebaten, pues el peso de la chatarra es ya casi residual (solo un 3% del tráfico total) en la instalación después del cierre de Arcelor-Zumarraga y Corrugados-Azpeitia.

La reforma del euro y los presupuestos de la UE son las dos próximas batallas políticas en Bruselas. España muestra una actitud conservadora con el presupuesto: la posición del Gobierno está claramente a la defensiva. El objetivo es limitar al máximo la pérdida de fondos de cohesión y de ayudas agrícolas. Para ello, España está dispuesta a aportar más recursos en la negociación, según fuentes del Gobierno. Berlín y París quieren un presupuesto de la UE más ambicioso políticamente para dar respuesta al Brexit y a las nuevas prioridades en seguridad, defensa y migración.

Ha estallado un enfrentamiento en la cúpula de la CEOE. El presidente, Juan Rosell, choca constantemente con Juan Pablo Lázaro, el líder de la patronal madrileña CEIM. Es un clamor que no se soportan. El último enfrentamiento entre ambos lo ha provocado el acuerdo que Rosell ha firmado con fundación FAES, que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar. El centro de estudios conservador y liberal y la organización empresarial elaborarán informes sobre Iberoamérica, o El desafío demográfico: el impacto de la longevidad en las sociedades europeas. El contrato tiene un coste de 75.000 euros, informan fuentes empresariales. El enfrentamiento surge porque Juan Pablo Lázaro no sólo es el presidente de los empresarios madrileños, sino también uno de los cuatro vicepresidentes de la patronal, además de su tesorero. Y como tal, no se enteró del acuerdo que suscribió Rosell con FAES.

El nuevo Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC, por sus siglas en inglés), en marcha desde octubre y ubicado en el parque tecnológico de Álava, tiene como misión, entre otras, «vigilar las redes de uso público de Euskadi», según señala su director, Javier Diéguez. Licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto, Diéguez cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad informática. El responsable del BCSC señala que la formación en los riesgos del uso de los medios digitales debería hacerse desde la educación primaria y asegura que «las empresas vascas no están preparadas en esta materia, pero yo lo veo como una oportunidad».

Aunque los datos de enero no hayan sido positivos, el crecimiento previsto de la economía para 2018 también vaticina un aumento del empleo, según la directora regional norte de Adecco, Ana Verano. Si bien Euskadi cuenta con una situación más favorable por su tejido económico, la responsable del grupo de recursos humanos considera clave incidir en la cualificación de las personas, y que esta se traduzca en los salarios de los trabajadores.

Eduardo Cobas, secretario general de la patronal de empresas de seguridad privada Aproser, está implicado en la mejora de los procesos de contratación de servicios por parte de la administración y cree que la nueva ley abrirá posibilidades para avanzar.

«El efecto de una subida de salarios para una economía dada es determinante. Solo hay que pensar que las retribuciones salariales suponen la mitad de la renta nacional. De modo que cualquier porcentaje de aumento promedio de los sueldos en una economía resulta en un porcentaje equivalente a su mitad sobre la renta nacional: un impacto espectacular. No puede sorprender, por tanto, el doble clamor que se escucha a favor de un alza de la retribución a los trabajadores. De una parte, con procedencia y carácter reivindicativo de quienes perciben dichos emolumentos, porque han visto como entre 2008 y 2016, sus ingresos han resultado prácticamente congelados. Pero la petición incluye también a los estamentos públicos, conscientes de los beneficios macroeconómicos y sociales señalados».

«A principios de la década de los setenta ‘Los Cabras’, la primera escisión ‘militarista’ de ETA, inventaron lo que luego sería conocido como ‘impuesto revolucionario’: la extorsión, mediante el envío de cartas amenazadoras, a industriales, banqueros, ejecutivos y profesionales liberales del País Vasco y Navarra. […]Una minoría pagó el ‘impuesto revolucionario’. […] La gran mayoría de los empresarios, directivos y profesionales no cedieron al chantaje. […]El coste de su heroicidad fue muy alto: hubo decenas de secuestros y casi un centenar de atentados, que produjeron cuantiosos daños materiales y humanos. La lista de las víctimas mortales del ‘impuesto revolucionario’ es larga: se inauguró con el constructor José Legasa, al que ETAm mató en noviembre de 1978, por haber denunciado la extorsión a la Policía francesa; y se cerró con el asesinato de José María Korta en agosto de 2000 y de Ignacio Uria en diciembre de 2008, empresarios que se habían negado a ceder al chantaje. Todos estos justos merecen nuestro reconocimiento público. Y que no se blanquee la historia de ETA».