20200220

Los Gobiernos central y del País Vasco firmarán hoy el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, una de las grandes reivindicaciones del PNV en las últimas décadas. La cesión a Euskadi de esta competencia, prevista en el Estatuto de Gernika, ha sido desde entonces una causa de conflicto entre las dos Administraciones. La gestión y control de las prestaciones y las cotizaciones no significa la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. “Las pensiones la va a seguir pagando y garantizando el Gobierno de España, pero la gestión de los fondos, los materiales y edificios dependerán del Gobierno vasco”, resumió Idoia Mendia, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. El régimen económico de la Seguridad Social, una de las históricas reclamaciones del PNV para su asunción por Euskadi, también se incluirá en el calendario de las transferencias del Gobierno a esa comunidad.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que encabeza la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, aprobará a finales de este mes la nueva orden ministerial que actualiza la retribución de las energías renovables, la cogeneración y los residuos –conocida como Recore– para el periodo 2020-2025–. Incluye un recorte sustancial de la retribución en los tres capítulos, pero penaliza especialmente a la cogeneración (producción de calor y electricidad en instalaciones industriales), según denuncian las empresas a través de su Asociación Española de Cogeneración (Acogen). Para el conjunto del sector de cogeneración español y las industrias asociadas a esas plantas, la nueva retribución supone un coste de 450 millones de euros al año, que en el caso de compañías en dificultades como Sniace ha sido la puntilla que ha llevado a la firma a anunciar su cierre en Torrelavega por no poder asumir este sobrecoste. El PNV exige a la vicepresidenta Ribera que no hipoteque a la industria con decisiones cortoplacistas. 

El viceconsejero de economía del Gobierno vasco, Alberto Alberdi, destacó ayer la importancia para las empresas vascas de recurrir a los instrumentos complementarios a la banca, como el capital riesgo o el mercado bursátil alternativo, para lograr una "financiación sostenible". En su opinión estas fuentes alternativas están experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años, tienen "un gran futuro" y están contribuyendo a "cambiar el paradigma de la financiación" desde la crisis económica.

La patronal CEOE ha rechazado la propuesta que le ha trasladado el Ministerio de Trabajo para obligar a que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, al considerar que «muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo». No apoya que estas empresas se rijan por las condiciones de la firma principal, como pretende el Gobierno. En un comunicado posterior a la celebración de su junta directiva, la patronal explicó que Trabajo ha propuesto la modificación inminente de algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el 42, que regula la subcontratación de obras y servicios «pese a que este punto no fue objeto de la última reforma laboral».

Las tres organizaciones empresariales más grandes de España respondieron ayer con contundencia a las decisiones que tomó el Consejo de Ministros el pasado martes: la instauración de las llamadas tasas Google y Tobin, y la derogación del despido del empleado por faltas reiteradas al trabajo. El Gobierno ha enviado a Las Cortes sendos proyectos de ley con los que pretende gravar a las grandes empresas tecnológicas, con la Tasa Google, y a las transacciones financieras, con la tasa Tobin. En el primer caso el Ejecutivo espera recaudar 968 millones de los 1.200 millones previstos. En el segundo caso, 850 millones de euros. Los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, avisaron al Ejecutivo de que el impuesto a las transacciones financieras puede provocar que los inversores “se vayan a otros mercados a invertir en otras empresas porque les va a ser más rentable al pagar menos impuestos”. 

El Gobierno dio el martes el pistoletazo de salida para la puesta en marcha de la que llama una “fiscalidad del siglo XXI”, una reforma tributaria que arranca con el impulso de dos nuevos impuestos, las llamadas tasas Tobin y Google. La primera de ellas está ideada como un impuesto sobre las transacciones financieras que gravará la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. A cierre de la sesión de ayer, la medida afectaría a la adquisición de títulos de un total de 60 compañías patrias presentes en el parqué. El nuevo impuesto gravará al 0,2% cada adquisición de acciones de sociedades de nacionalidad española negociadas en el país o en otros de la Unión Europea, a cuenta del intermediario financiero que ejecute la orden.

La recaudación estimada por el Gobierno con la ‘tasa Google’ aprobada el martes es un 20% inferior a la de hace un año. Precisamente la cifra (968 millones en lugar de los 1.200 previstos en 2019) es la parte alta de la horquilla que calculó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hace un año, cuando el Ejecutivo presentó su propuesta por primera vez. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no mencionó a la Autoridad Fiscal a la hora de justificar su nueva previsión de recaudación, sino que argumentó la rebaja por la experiencia internacional y la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento de España.

“Si finalmente se impone, EEUU tomará todas las medidas apropiadas para defender nuestros intereses”, asegura un portavoz oficial de la Embajada de EEUU en Madrid. No precisa cuáles serían las sanciones, pero el presidente Donald Trump ya estableció aranceles del 100% ante un intento similar de Francia que castigaba en el mercado estadounidense a los productos estelares galos, desde el vino a bienes de lujo. El embajador de EEUU en España, Duke Buchan, es amigo personal de Trump y ha mantenido diversos encuentros con miembros del Gobierno en contra de la tasa Google.

Europa perdió el primer gran asalto tecnológico, que se saldó con el dominio de EE UU y China. La UE quiere plantarles cara con una estrategia digital para estar en la primera línea de la próxima revolución industrial y recuperar la “soberanía tecnológica”, en especial en el almacenaje y la gestión de datos, más del 90% están custodiados por empresas extracomunitarias. Bruselas quiere forzar a los gigantes digitales a compartirlos. La Comisión, además, planea movilizar más de 20.000 millones anuales en la próxima década para impulsar la inteligencia artificial y otros 6.000 millones en siete años para una gran nube europea.

El consorcio aeronáutico europeo Airbus, para el que trabajan 133.700 personas en 35 países, ha decidido hacer una reestructuración de plantilla dada la mala aceptación de su avión militar A400M, que no ha dado los ingresos esperados. Afectará en gran medida a España, ya que de los 2.362 empleos que recortará en la sección de Defensa y Espacio en todo el mundo, 630 serán principalmente en las fábricas de Sevilla y Cádiz, un 8,3% de los 7.560 empleados de esta división en el país. La compañía tomó esta decisión ayer tras reunirse con los sindicatos europeos en Alemania. Los planes de Airbus suponen la reducción en dos años de 829 puestos en Alemania, 357 en Reino Unido, los 630 en España, 404 en Francia y 142 en otros países.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra siete empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de la intermediación inmobiliaria, derivado de las inspecciones llevadas a cabo en noviembre del pasado año. El objetivo, en caso de demostrarse la práctica ilegal, sería pactar los precios de los pisos, provocando de esta manera un encarecimiento artificial de los mismos. La CNMC señala que el uso de algoritmos habría tenido especial relevancia en la conducta ilícita que se investiga. 

Gipuzkoa atraviesa un periodo de bonanza económica que se traduce en un mayor crecimiento del PIB y un aumento de la recaudación por tributos concertados derivado fundamentalmente de la fortaleza del empleo y de los salarios. Sin embargo, la brecha de ingresos entre los hombres y las mujeres del territorio, antes y ahora, siempre ha existido. Esa diferencia nunca ha sobrepasado los 8.000 euros en la última década, aunque se han producido pequeñas oscilaciones. La diferencia entre lo que declararon ambos sexos en el IRPF se elevó hasta los 7.745 euros en 2018 frente a los 7.619 de 2013, cuando la economía del territorio tocó fondo. La mayor presencia de mujeres en sectores más precarizados, con salarios más bajos que la industria, ahonda la diferencia. 

Los sindicatos agrarios vascos coinciden en el diagnóstico del sector estatal, salvo en la afección de la subida del SMI, que aquí es nula. Los baserritarras cierran filas con los agricultores estatales. Desde los sindicatos agrarios ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna) y EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) se suman, tal y como aseguraron ayer a DV, a las reivindicaciones que el sector viene realizando en los últimos días en diferentes puntos del Estado, como las de ayer en Navarra, que se resumen en lograr unos precios justos en origen que les permitan cubrir los costes de producción y en mejorar la distribución de las ayudas. Con todo, desde las organizaciones vascas descartan de momento movilizarse en la calle tal y como lo hicieron ayer los agricultores navarros en Pamplona en una masiva protesta con tractores –encierro de San Fermín incluido– que colapsó la capital. «Aquí lo estamos analizando», aseguran.

A partir del 1 de enero conseguir un visado para residir en Reino Unido exigirá tener una oferta de trabajo de al menos 30.800 euros, un buen nivel de inglés y una preparación académica mínima similar al bachiller. La evaluación del solicitante se realiza a través de un sistema que otorga diez o veinte puntos por cada uno de los requisitos requeridos y el peticionario debe alcanzar los 70 para optar al visado. En la actualidad son 140.000 los españoles que viven allí, con un colectivo notable de profesionales sanitarios que, si abandonan Reino Unido, provocarían el colapso del Servicio Nacional de Salud. La ministra de Interior, Priti Patel, elogió ayer este plan del Gobierno británico porque «pondrá fin al libre movimiento» en el nuevo escenario creado tras el Brexit. Su objetivo es «atraer a los más inteligentes y mejores del mundo».

El vertedero de Zaldibar era un monstruo que engullía cada año 500.000 toneladas de residuos, casi la cuarta parte de los 2,2 millones de desechos que Euskadi envía anualmente a sus escombreras. Su colapso no sólo ha generado una alerta medioambiental y sanitaria sin precedentes sino que también ha puesto en evidencia la incapacidad de las instalaciones de depósito del territorio para almacenar los despojos de la industria. Así lo admitió ayer la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno. La responsable socialista avanzó que el Ejecutivo autonómico ha abierto «contactos» con otras comunidades autónomas –como Cantabria, donde sólo queda fijar la fecha de la reunión– para llevar parte de esas 500.000 toneladas que acogía Zaldibar y que ahora tienen un destino incierto.

Por el momento, buena parte de las preguntas de la Ertzaintza se han centrado en determinar cómo se gestionaba el vertedero y por qué colapsó. En este sentido, según los mismos medios, los trabajadores han confirmado a la Ertzaintza que en el vertedero de Zaldibar se introducían residuos que no estaban autorizados y que no se cuidaban las proporciones entre tierra y residuos para garantizar la estabilidad del vaso. Por ejemplo, en las semanas previas al derrumbe entró un camión con pescado podrido procedente del puerto. También llegaba madera, mucho plástico y papel. Incluso sofás y colchones. En esta línea, al menos dos de los trabajadores desvelaron a la Ertzaintza que tampoco se cumplía con otra de las obligaciones del vertedero. Esto es, separar los materiales que podían ser susceptibles de ser reciclados de los camiones que llegaban al barrio de Eitzaga. «Todo lo que se podía se metía dentro», afirmaron.