20191221

El repunte de las exportaciones vascas en septiembre solo fue un espejismo. En octubre volvieron a caer con fuerza, arrastradas principalmente por el desplome en los productos energéticos –es decir, Petronor– y por la siderurgia, que no levanta cabeza. Por contra, el automóvil, muy castigado este año, se ha estabilizado, al menos en lo que a Mercedes se refiere, mientras que las ventas de CAF siguen disparadas.

El ritmo de crecimiento de la economía será más estable de lo previsto. El Banco de España calcula que en el cuarto trimestre el Producto Interior Bruto (PIB) avanzará un 0,4%, lo mismo que en el tercero, pero con una composición del crecimiento «más equilibrada». Así, la economía prolongaría su trayectoria expansiva gracias a que la contribución del sector exterior volvería a ser positiva por la recuperación de las exportaciones, a pesar de que la demanda nacional se reduce a tasas «más moderadas». Pero la cara positiva es que después de un año de desaceleración, sobre todo a nivel internacional, ya se aprecian signos de «estabilización» económica por la reducción de las incertidumbres ligadas a la guerra comercial entre China y Estados Unidos y las buenas perspectivas de resolución del Brexit.

Puede asegurarse que la jornada de ayer fue un gran día para el sector cooperativo vasco. Ha visto cómo, por fin, tras dos intentos legislativos y 26 años desde la última regulación, ha quedado aprobada la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi. Según sus impulsores, el marco legal del sector, que databa de 1993, se había quedado obsoleto para hacer frente a los nuevos requerimientos del mercado en el que han de trabajar las cooperativas. La nueva legislación se convierte así en un trampolín para favorecer su competitividad y asegurar la sostenibilidad y el relevo generacional de un sector que da empleo directo a más de 60.000 personas en el País Vasco.

Entrevista con María Jesús San José, Consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco: "en lo que se refiere a la elaboración, hemos trabajado con la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop) y con las tres universidades vascas. Ha sido una ley consensuada y con un intenso trabajo previo. Se han puesto todas las cuestiones sobre la mesa y creo que ha salido una ley de futuro, con futuro y que cumple con las expectativas del sector...-Al sector le queda la espinita de ser reconocido como ‘agente social’ pero sin poder entrar en el consejo de administración de Lanbide. ¿Tenían que estar?- Hay un argumento compartido con el Gobierno Vasco de que la tramitación de esta ley no debe entrar en una decisión que corresponde a otro ámbito competencial, la ley de empleo - ¿Es un asunto resoluble?– Creo que sí....- En cualquier caso, la reacción de Confebask en contra de esa posibilidad no se hizo esperar...–Están en su legítimo derecho de reivindicar lo que consideren". 

El grupo Eroski estudia nuevas desinversiones para cumplir con los compromisos adquiridos con la banca tras el acuerdo de refinanciación alcanzado el verano pasado por 1.540 millones. En ese pacto no se concretó de qué activos desprenderse, pero la reciente contratación de la consultora PwC hace que los mercados especulen con la venta de la filial catalana Caprabo, una de las menos rentables del grupo y que fue señalada en su día por la propia banca. Eroski confirmó ayer la contratación de PwC con el fin de que «elabore un estudio para explorar diferentes vías o posibilidades de mercado para cumplir con el acuerdo de refinanciación», pero negó que «a día de hoy» ya esté decidida la venta de Caprabo. 

Los sindicatos CCOO, LAB y UGT y la patronal Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) firmaron ayer el texto definitivo del convenio del sector en Bizkaia para el periodo 20192021, el más importante de los existentes en la provincia al afectar a más de 50.000 trabajadores, después de que el acuerdo base fuese respaldado por los delegados de los tres sindicatos el pasado 27 de noviembre. El convenio, que contempla su ultraactividd indefinida, recoge subidas salariales por encima del IPC y un ligero incremento de la flexibilidad, y reconoce la subrogación en determinados servicios privados.

En el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura y en la sede del Instituto de Arquitectura de Euskadi (convento de Santa Teresa), la Asociación de Constructores y Promotores de Gipuzkoa, Ascongi, integrada en Adegi, celebró hace unos días su asamblea general que incluía una jornada abierta a invitados bajo la pregunta ‘¿Es posible una nueva cultura de empresa en el sector de la construcción?’. En la misma y tras la intervención del presidente de Ascongi, Txema Muñoz, y el director de Asociaciones Sectoriales de Adegi, Paul Liceaga, intervino Jon Karla Liceaga con una charla inspiradora. Siguió una conversación de nueva cultura de empresa entre Aitziber Sukia, presidenta de Sukia Eraikuntzak y Javier Roquero, director general de Salto Systems, moderada por el propio Jon Karla, finalizando el evento con la intervención de Pablo García Astrain, director general de Vivienda del Gobierno Vasco y un cóctel servido en el singular claustro del edificio. 

Por primera vez desde la salida de la crisis, la Comunidad de Madrid supera a Cataluña como la principal economía regional, al representar el 19,2% del PIB total de España frente al 19% de la comunidad catalana. La economía de Madrid roza los 230.800 millones de euros, mientras que la de Cataluña es 2.100 millones menor. Entre las dos suman el 40% del PIB nacional. Desde 2013 la economía catalana crecía más que la madrileña por el tirón del turismo y la industria, pero el estallido del ‘procés’ provocó la salida de empresas y un descenso del comercio internacional y del turismo. Casi 4.000 sociedades se llevaron su sede de Cataluña en 2018, y desde finales de 2017 la comunidad crece por debajo de la media nacional.

La empresa de telecomunicaciones francesa France Telecom (que en 2013 se cambió de nombre a Orange) y sus antiguos dirigentes fueron culpables de la ola de suicidios que sacudió a la plantilla de este antiguo monopolio telefónico hace ya una década. Así se deduce de la condena sin precedentes que ayer dictó un tribunal galo y que puede servir de palanca para que las grandes compañías se impliquen en el bienestar y salud mental de sus trabajadores. El Tribunal Correccional de París condenó al exconsejero delegado y a otros ejecutivos de la empresa por «acoso moral» a 39 trabajadores, de los cuales 19 se suicidaron, 12 intentaron hacerlo y 8 sufrieron depresión. Por ello, la empresa ha sido condenada a pagar 75.000 euros, la pena máxima que contemplaba entonces la legislación, y se convierte en la primera gran firma francesa sentenciada por acoso moral.

El lehendakari Iñigo Urkullu no quiso rehuir ayer, en la tradicional recepción navideña a la sociedad vasca, los ecos de la sentencia del ‘caso De Miguel’, que condena a elevadas penas de cárcel a parte de la antigua cúpula del PNV alavés. Aunque, en un gesto del todo inusual, el jefe del Ejecutivo de Vitoria ya salió a la palestra tras hacerse público el fallo el martes para pedir perdón a los vascos, ayer creyó necesario insistir en la idea e incluso fue más allá que en sus primeras palabras sobre el caso. Urkullu admitió que la manera de proceder de ‘Txitxo’ de Miguel y el resto de encausados fue contraria «a los valores y el compromiso ético que defiendo» y «empaña la trayectoria del partido al que pertenezco».

El Gobierno holandés es el primero del mundo obligado por la justicia a reducir las emisiones de CO2 : “Los peligros del clima pueden afectar el derecho a la vida”. El Tribunal Supremo holandés ha ordenado al Gobierno que reduzca los gases de efecto invernadero, porque “debe proteger al ciudadano del deterioro del entorno, y la lucha contra el cambio climático es un asunto de interés general”. El fallo es un hito en la batalla mundial contra el calentamiento porque obliga por primera vez a un Estado a recortar emisiones y supone, además, una victoria histórica para Urgenda, una pequeña ONG medioambiental que en 2015 sentó un precedente en el mundo al lograr que los jueces exigieran al Ejecutivo una rebaja, para 2020, del 25% de las emisiones de CO2 respecto a las de 1990.