20190413

Gipuzkoa contabiliza en lo que va de año 380 días de huelga, los que acumulan los cuatro principales contenciosos laborales que perduran en el territorio: los de la escuela concertada –común a toda Euskadi–, las residencias, la biblioteca Ubik de Tabakalera y el servicio de limpieza de juzgados y comisarías. Tanto ELA, cuyo nuevo secretario general, Mitxel Lakuntza, ha renovado la apuesta del sindicato por los paros de larga duración, como LAB pronostican un incremento de la conflictividad y el traslado al ámbito privado, mientras el resto de agentes considera que los paros no tienen que ser un objetivo en sí mismo

Adegi tiene muy claro que la huelga es un derecho de los trabajadores y que por lo tanto incumbe a ellos decidir cuándo lo ejercen. «Nosotros seguiremos trabajando para lograr acuerdos equilibrados para las partes que beneficien tanto a la empresa como a quienes trabajan en ella, porque estamos convencidos que a mejor empresa mejor empleo», destaca su responsable de Negociación Colectiva, Nerea Zamacola. Recueda que cada vez son más las empresas que realizan procesos de transformación cultural en clave de nueva cultura de empresa, haciendo que sus organizaciones se basen en la confianza mediante una profundización en la comunicación, la transparencia y la participación en la gestión y en los resultados. Y apunta que en estos momentos la conflictividad en las empresas es casi inexistente, salvo en algunos sectores muy concretos que tienen un amplio eco mediático y que son muy dependientes de lo público, pero sobre los que no se pronuncia. Tampoco lo hace Confebask por las mismas razones.

El País Vasco es la cuarta comunidad donde más repuntó en marzo la inflación –un 1,5% interanual, frente al 1,3% del conjunto de España–. El impuesto a la gasolina ha sido el detonante, como prueba que el aumento del IPC se haya concentrado en las regiones que no cobraban el tributo o lo hacían parcialmente: Navarra (1,7%), Castilla y León y Madrid (1,6%). Euskadi cuenta con una desventaja adicional. Euskadi cuenta con una desventaja adicional. Tiene la gasolina y el diésel más altos, con Gipuzkoa en cabeza. Este territorio registra un avance inflacionista del 1,7%, superior al del resto de Euskadi (1,4%)..

El presidente de la Federación Vizcaina del Metal (FVEM), José Luis López Gil, defiende la necesidad de cambiar el modelo empresarial en el País Vasco ante los retos del siglo XXI a través de la búsqueda de «una mayor implicación y participación» de los trabajadores en su funcionamiento, y decisiones desde una «corresponsabilidad» y «mayor transparencia interna». López Gil intervino ayer en el ciclo de conferencias organizadas por la Cámara de Comercio de Bilbao, bajo el título de Los viernes de la Cámara, y disertó sobre Un nuevo modelo de empresa para el siglo XXI, en la que también intervino el presidente de la Fundación Arizmendiarrieta, Juan Manuel Sinde, quien trasladó la necesidad de apostar por un concepto de gestión empresarial «menos jerárquico y más participativo».

La confianza de los empresarios vascos sobre la evolución de sus negocios en el segundo trimestre de este año cae un 0,2% respecto al trimestre anterior, cuando ya se produjo un descenso del 2,2% comparado con los tres últimos meses de 2018. El indicador de confianza empresarial publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en Euskadi los empresarios son más pesimistas que en la media de España, donde la confianza remonta un 0,3% frente a la caída del 1% en el primer trimestre del año.

El panorama económico es uno de los grandes olvidados en la campaña electoral, en un momento en el que la mayoría de los partidos proponen grandes aumentos de gasto o rebajas de impuestos que evitan decir cómo van a financiar e incluso tratan de inventar nuevas trabas a la creación de empleo, precisamente en un momento en el que la contratación ya se está frenando por el frenazo de las exportaciones, la industria y la inversión y la subida de costes laborales. Todo ello, unido a la complicada aritmética electoral tras las elecciones, ha llevado al mundo empresarial a movilizarse para reclamar dos cosas: recuperar la senda reformista, paralizada desde hace casi seis años, y tomar medidas contra la desaceleración. Y todo ello sólo es posible con un gobierno de amplio consenso o que, al menos, cuente con apoyos sólidos en el parlamento. Tanto la CEOE como el Círculo de Empresarios, Cepyme, la Cámara de Comercio de EEUU en España, las Multinacionales por la Marca España o el Consejo General de Economistas han hecho reclamaciones en este sentido, que se han visto respaldadas por organismos de la talla de Moody’s, Barclays o JPMorgan.

Las haciendas forales vascas mantienen un ritmo muy positivo de evolución de sus ingresos por impuestos, aunque la tasa de crecimiento se ha moderado bastante en relación con las que se han registrado en los dos últimos años. Bizkaia, Álava y Gipuzkoa han ingresado hasta finales de marzo un total de 3.227,9 millones de euros. Esa cifra supone un aumento del 2,58% en comparación con lo que sucedió en el primer trimestre de 2018 y, en términos absolutos, disponer de 81 millones de euros más. El primer trimestre de cada año suele marcar una tendencia, aunque no es el periodo de recaudación más decisivo del año y también está sometido a importantes variaciones, en función de las estrategias particulares de cada diputación en torno a las devoluciones.

El plan de ayudas de entre 2.000 y 3.000 euros para la adquisición de vehículos de bajas emisiones y de todas las tecnologías lanzado por el Gobierno vasco y gestionado por el Ente Vasco de la Energía (EVE), ha rebasado su ecuador puesto que a mediodía de ayer las peticiones superaban ya la mitad de las previstas. Así, hasta la fecha se habían enviado desde toda Euskadi al EVE 1.534 peticiones, de las que 1.329 eran válidas. Además había ya 394 expedientes completos validados, que suponían subvenciones por valor de 821.750 euros, con un promedio por operación de 2.086 euros. El EVE señala que «ya habríamos pasado la mitad del plan», al menos en lo que se refiere a las peticiones.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa (pyme) hasta 2020. El objetivo es estimular el crecimiento de nuevas empresas tecnológicas, la internacionalización y la eficiencia enérgica del conjunto de las pymes, para combatir el cambio climático. El programa tendrá una dotación de 452,8 millones de euros, según informó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

España se prepara para afrontar un contencioso diplomático y comercial con Estados Unidos. La Administración de Donald Trump tiene previsto reactivar la próxima semana la política de penalizaciones a empresas europeas con intereses en Cuba, la conocida como ley Helms Burton, que lleva más de 20 años congelada. Esta herramienta, que permite reclamar daños en los tribunales estadounidenses a cualquier firma que se haya asociado con otra cubana para hacer negocio en la isla, amenaza con desencadenar miles de litigios judiciales. El Gobierno ha expresado a Washington su malestar por esta decisión.

CC OO-Euskadi, sindicato mayoritario en el comité de empresa de Euskaltel, pidió ayer al Gobierno vasco que entre en el accionariado de la compañía de telecomunicaciones o bien promueva acuerdos entre los accionistas de la empresa que impidan a Zegona hacerse con la mayoría del capital, para evitar así el «desarraigo social» o el «troceo» y posterior venta de la firma «a cachos a fondos fuera de Euskadi». La secretaria general de CC OO de Euskadi, Loli García; la responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato, Maite Garabieta; y el presidente del comité de empresa de Euskaltel, Javier del Blanco, analizaron en rueda de prensa el hecho de que el fondo británico Zegona se haya convertido en el primer accionista de la compañía, con un 20,94% del capital.

Nissan anunció ayer que presentará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 600 trabajadores de sus centros en la Zona Franca de Barcelona y en Montcada, el 20% de la plantilla. Los sindicatos no consiguieron un acuerdo y el ERE, que priorizará las prejubilaciones, saldrá adelante para ajustar la dimensión de la plantilla a la baja producción de la planta, que trabaja al 40% de su capacidad. La fábrica de la Zona Franca se ha visto afectada por la pérdida de modelos de vehículo que no tienen sustituto en esta planta.

El nuevo Sociómetro del Gobierno vasco vuelve a ratificar que los vascos están muy lejos de embarcarse en aventuras independentistas como la catalana. Sólo el 23% dice estar a favor de adentrarse en esta vía, un punto más que hace un año. Por su parte, el 35% está en desacuerdo (dos puntos menos), el 27% afirma que todo dependería de las circunstancias y (dos puntos menos) y el 15% no sabe o no contesta (dos puntos más). El estudio viene a confirmar el estatus de oasis vasco que la comunidad se está ganando a pulso estos últimos años a tenor, sobre todo, de la creciente inestabilidad y crispación reinante en el resto del país. Entre los principales problemas que existen, el mercado laboral sigue dominando la clasificación de forma abrumadora, pese a mostrar una tendencia a la baja.

«El escenario de la economía española se parece cada vez más al que Japón vive desde hace casi treinta años: bajas tasas de crecimiento, un envejecimiento demográfico constante y un recurso al endeudamiento que no resuelve los problemas. Para solucionarlo, hacen falta más reformas».