20190408

La economía global ha iniciado una «ralentización sincronizada», una tendencia que será difícil de invertir en 2019, según el último índice elaborado por el think-tank Brookings Institution y Financial Times. Los indicadores de confianza y los datos de las economías avanzadas y emergentes han ido empeorando desde otoño del año pasado, lo que hace pensar en una ralentización del crecimiento global y en la necesidad de recurrir a nuevas formas de estímulo. El empeoramiento de las perspectivas ha llevado a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, a lanzar serias advertencias. Esta misma semana, Lagarde anunció que el Fondo recortaría sus previsiones de crecimiento. Además, la Organización Mundial del Comercio ha declarado que las constantes amenazas a la actividad comercial han contribuido al deterioro de los pronósticos.

El paro sigue siendo el gran problema de España y, once años después de que estallara la crisis, aún hay más de 3,2 millones de personas registradas en las oficinas del antiguo Inem. Pero aún hay otro dato peor: de ellos casi 1,3 millones son parados de larga duración, es decir, llevan más de un año buscando empleo sin éxito, lo que representa cuatro de cada diez. Un porcentaje que es superior en el caso de Euskadi, que lidera el ranking de comunidades con el porcentaje más elevado, al representar el 59% es decir, casi seis de cada diez desempleados, según los datos de la EPA del cuarto trimestre del año pasado, lo que se traduce en 56.100 personas. En el conjunto del Estado, pese a que desde el máximo alcanzado en el año 2014, cuando el número total de este colectivo con serias dificultades de reinserción superó los 2,1 millones, se ha reducido en un 38,4%, aún suponen el doble de los que había antes de que se produjera la Gran Recesión: poco más de 648.000 en 2008.

Por más que hayan aumentado las posibilidades de financiación, y en un entorno de tipos de interés en mínimos históricos (0%) desde marzo de 2016, las empresas siguen recurriendo de forma mayoritaria a los préstamos bancarios para financiar su expansión. Este año el 78% prevé pedir un crédito para realizar sus adquisiciones de activos. Así se desprende del último informe Perspectivas de M&A en España 2019, elaborado por la consultora KPMG en colaboración con la patronal CEOE tras entrevistar a los responsables de un centenar de empresas. Y aunque se prevé que durante este ejercicio desciendan las peticiones de préstamos a entidades financieras, sobre todo estatales, la siguiente vía de financiación alternativa queda aún bastante lejos.

La recaudación de la Seguridad Social se ha acelerado en 2019. Hasta febrero las cotizaciones habían aportado 20.094 millones, un 6,5% más que en el mismo periodo del año anterior. La recuperación del empleo y la subida lenta de los salarios ya llevan años mejorando los ingresos. Pero en lo que va de 2019 el incremento es sustancial. El aumento de las bases máximas de cotización un 7% y el de las mínimas un 22,3% (en paralelo al salario mínimo) desempeñan un papel muy importante.

Las prisas, el desconcierto y las sospechas mutuas entre el Parlamento británico y Theresa May amenazan con arruinar los intentos de última hora para evitar un Brexit salvaje el viernes. La ley impulsada la semana pasada por laboristas y conservadores para obligar a la primera ministra a pedir una prórroga, que será sometida a votación hoy en la Cámara de los Lores, torpedea la capacidad negociadora de May, arrebata la última palabra a la UE y puede provocar un Brexit por accidente que ha hecho saltar las alarmas en Bruselas.

Un nuevo bloqueo político en las elecciones del 28 de abril dañaría la economía y provocaría una reacción negativa en los mercados, pero la caída de Podemos en las encuestas y la posibilidad de un gobierno más centrista con posible alianza PSOE-Ciudadanos tranquiliza por ahora a los inversores. Así se desprende de los informes de bancos y agencias de valores remitidos a clientes.  Un informe de Barclays titulado Elecciones españolas: incógnitas conocidas resume, según fuentes empresariales consultadas, lo que trasladan actualmente los inversores en las últimas reuniones de inversores en Londres con grupos del Ibex.

El Tribunal Supremo reabre la batalla por la libertad de horarios comerciales. En una sentencia hecha pública la pasada semana, el Tribunal revoca su propio criterio de 2016 y obliga al Ayuntamiento de Cádiz a rehacer su zona de gran afluencia turística (ZGAT) al considerar que sus limitaciones físicas y temporales a la libertad de horarios comerciales no están bien justificadas. La demanda, presentada por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), denunciaba que el Ayuntamiento de Cádiz había restringido la libertad de horarios comerciales a una zona muy determinada del casco histórico, que dejaba fuera de esa ventaja competitiva a una parte muy importante de las grandes superficies, y que solo les permitía disfrutarla durante dos quincenas del año (la primera de mayo y la segunda de septiembre), coincidiendo con la llegada de cruceristas a la ciudad.

La consejera vasca de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, subrayó ayer la aportación al empleo que suponen para Euskadi el comercio y el turismo con más de 230.000 afiliados a la Seguridad Social. La consejera participó en la Asamblea Anual de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, donde hizo hincapié en la relevancia de los sectores que representa su Departamento «que en Euskadi suponen en torno al 17% del PIB». Según explicó, el sector del comercio alcanzó en 2018 los 136.OOO afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 83.000 pertenecen al comercio minorista, mientras que el sector del turismo sigue mostrando un comportamiento «mejor que el de la economía general», con crecimiento sostenido, lo que ha convertido a Euskadi en la Comunidad «más competitiva», según el estudio Monitur de Exceltur.

Los Presupuestos de las administraciones públicas no dejan de ser una previsión de gastos e ingresos y la realidad siempre toma otro camino. Es lo que ocurrió sin ir más lejos el año pasado, cuando el Gobierno vasco gastó 473 millones de euros menos de lo estimado inicialmente. Si a esa cifra se le restan las ínejecuciones imputables al tren de Alta Velocidad, que Euskadi asume en algunos tramos aunque el Estado es el pagador final, el remanente fue de 386 millones y se ejecutó un 97,48% del presupuesto, el porcentaje más alto de todas las comunidades y del Estado.

El caso de un informático estatutario temporal interino del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que suma 18 años en ese puesto eventual y los de cuatro odontólogas, también de la sanidad pública madrileña, que llevan entre 12 y 17 años encadenando distintos contratos temporales han llegado ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Todos ellos demandan que la Administración autonómica que les emplea sea sancionada por haber abusado de la contratación temporal y que esa sanción sea su conversión en personal fijo.

El ejercicio 2018 no ha sido muy brillante para las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de Euskadi, por segunda vez en su historia han visto descender su patrimonio, pero sin perder la cota acumulada de 24.000 millones. Al margen de la coyuntural merma de la rentabilidad de las inversiones del pasado año, lo que hay detrás es un sector maduro, capaz de hacer frente sin problemas al pago de 887 millones en prestaciones, pero que no está logrando alcanzar su relevo generacional. La incorporación de nuevos ahorradores es poco intensa en un contexto de claro descenso de las pensiones públicas de jubilación. Ignacio Javier Etxebarria, presidente de la Federación de EPSV de Euskadi, estima que los incentivos fiscales para favorecer este ahorro previsión son bajos y después se penalizan con una alta tributación en el momento del cobro

Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo de intervención ante crisis bancarias, defiende el papel que ejerció en la crisis del Popular, que fue su primera actuación. «La alternativa a una resolución es que los jóvenes lo paguen durante los próximos 20 años», declara en esta entrevista. La intervención del Popular, y su venta por un euro al Santander, se anunció el 7 junio de 2017, «a las siete de la mañana y sin haber dormido». Con esta fórmula se evitó inyectar fondos públicos, pero los accionistas y bonistas lo perdieron todo. «La gente tiene que entender que si compras acciones o bonos asumes el riesgo de perder el dinero», explica König. La presidenta de la JUR considera que no está obligada a compensar a los perjudicados del Popular.

«[…] ¿Cómo será el mundo dentro de 30 años? ¿Cómo vivirán los seres humanos en el año 2050? ¿Cómo cambiarán las cosas en las próximas décadas? Aprovechando el 30º aniversario de nuestro Encuentro Empresarial, el mismo que desde hace tres décadas acompaña a nuestra Junta General de Socios, en Elkargi nos hemos planteado esas y otras cuestiones. Y como ocurre siempre, después de hacerlo, tenemos más preguntas que respuestas. Pero a pesar de ello, hemos querido intentarlo, deseamos arrojar luz, por débil que ésta sea, sobre algunos de los temas que marcarán nuestro devenir como personas y como sociedad».

Al límite del inicio de la campaña electoral, los gobiernos vasco y central rubricarán este jueves los traspasos del tramo vasco de la autopista AP-68, las ayudas a los ERE, la legislación sobre productos farmacéuticos y la de seguro escolar. Previamente a la oficialización del acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará ese día, aún sin convocatoria formal, los representantes de ambas administraciones se reunirán hoy, por videoconferencia, para ultimar los flecos del acuerdo sobre las cuatro nuevas materias que anunció el miércoles el Ejecutivo de Pedro Sánchez, apenas unas horas después de que el PNV apoyara los decretos sociales en el Congreso.