20190205

Enero es un mal mes para el mercado laboral porque el fin de la campaña navideña también supone el finiquito para las contrataciones que se realizan en esa época. Esta vez no ha sido diferente y el paro repuntó en Euskadi en un millar de personas –en concreto, 1.076– hasta las 120.750. En el registro de la Seguridad Social el efecto fue aún más grave, con un descenso de afiliados de 8.580. En ambos casos se trata de datos más negativos que los de enero del año pasado, aunque el Gobierno vasco hizo una lectura benévola. «Ha sido el segundo menor aumento del desempleo de los últimos 15 años», destacó en una nota la consejera Beatriz Artolazabal. Los sindicatos, sin embargo, insistieron en que estos altibajos son reflejo del «mal modelo productivo y de la elevada temporalidad».

Enero ha sido un mal mes para el empleo. El mercado laboral perdió 204.865 afiliados, el peor comienzo del año desde 2013. Con esta rebaja, el número total de cotizantes ocupados en la Seguridad Social cae a 18.819.300, según el Ministerio de Trabajo. Tampoco fue bueno el mes para el paro registrado. Las oficinas de empleo públicas contaron 83.646 desocupados más que en diciembre, lo que elevó la cifra agregada de desocupados hasta cerca de 3,3 millones. Pese al mal dato de enero, la tendencia de fondo del mercado laboral sigue siendo positiva: en el último año la afiliación ha crecido casi un 3%.

El gasto en prestaciones y subsidios por desempleo ascendió en 2018 a 17.469 millones de euros. Esto supuso que la senda de fuertes recortes en este tipo de gasto que se inició en 2013 se frenó en seco el pasado año. La principal causa de este frenazo en la reducción del gasto está en el hecho de que estén volviendo a quedarse en paro trabajadores que, durante los cinco años de recuperación del empleo, han vuelto a reunir derechos para el cobro de estas prestaciones. La mejora del empleo había propiciado que el gasto en prestaciones y subsidios registrara recortes anuales de entre el 9% y el 16% entre 2013 y 2016. En 2017 el ahorro en estas prestaciones ya se desaceleró y limitó la caída del gasto al 6,2% y el pasado año el coste de estas ayudas solo bajó cinco millones de euros, lo que equivalió a un 0,02% menos.

Moody’s cree que los posibles efectos perjudiciales del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros sobre el mercado laboral se verán compensados por el crecimiento del PIB. Las empresas podrán subsanar el aumento de los costes con una mayor facturación, según un informe presentado ayer por la agencia de calificación. El aumento del consumo derivado de la subida del SMI generará un incremento del PIB del 2,3%, según la firma americana. Moody’s también advierte de que la creación de empleo se verá perjudicada porque las empresas tenderán a reducir el número de contrataciones para contener los costes laborales.

Más presión para Pedro Sánchez. Nueve días han dado ERC y PDeCAT al Gobierno para que concrete «un gesto» hacia los políticos presos y por la autodeterminación de Cataluña. El independentismo anunció ayer que presentará enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, que se suman a las de PP y Cs. Ese movimiento táctico eleva la tensión sobre un Ejecutivo necesitado de los votos de los secesionistas para aprobar las cuentas. La posibilidad de agotar la legislatura peligra. El Gobierno aún cree posible que la decisión se reconsidere. Si no es así, acusará a esos partidos de bloquear unas cuentas que favorecen a los catalanes.

El Banco Central Europeo considera «desproporcionada» la limitación de los pagos en efectivo que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta batería de medidas, presentada en octubre junto a los nuevos impuestos digital y financiero, está pendiente de ser abordada por el Consejo de Ministros y remitida al Parlamento, por lo que las advertencias del BCE podrían forzar al Gobierno a introducir algunos cambios.

Bizkaia presume de empresas ‘tractoras’, grandes corporaciones cotizadas y grupos industriales de buen tamaño de sobra conocidos por el gran público. Pero también quiere sacar pecho con las otras, con las que el ciudadano de a pie no ve, pequeñas y dinámicas que se baten el cobre a escala mundial. Son las llamadas ‘campeonas ocultas’, voluntariamente discretas, que ayer fueron las protagonistas del octavo encuentro Bizkaia Enpresa, organizado por la sociedad foral Beaz en el BEC. «Queremos hacer emerger el potencial de empresas líderes en nichos de mercado internacionales con el que contamos», advirtió el diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, en la apertura del acto.

El País Vasco va a convertirse en la comunidad con la reglamentación más dura sobre los VTC, lo que supondrá, en la práctica, un dique de contención frente a la eventual entrada en el mercado de compañías como Uber y Cabify. El acuerdo cerrado ayer en la Mesa del Taxi –que reúne a ese sector, al de los vehículos con conductor y a las instituciones– establece que los clientes solo podrán pedir un VTC si es al menos con una hora de antelación. En Barcelona, la imposición de 15 minutos como mínimo ha hecho que Uber y Cabify dejen de operar en la ciudad. En Euskadi conviven, sin conflicto, 2.135 taxis con 94 vehículos con chófer. Estos últimos trabajan de manera convencional, desvinculados de las nuevas plataformas digitales.

Con la misión de fomentar la internacionalización de la economía y las empresas españolas y de contribuir al crecimiento de los países en desarrollo y emergentes, Cofides celebró en diciembre sus primeros 30 años. Adscrita al Ministerio de Comercio, el 46,3% de su capital lo ostentan entidades como el Santander, el BBVA o el Sabadell. A los mandos está Juan Luis Curbelo, con un dilatado bagaje que incluye la dirección del Instituto Vasco de Competitividad, lo que le otorga un amplio conocimiento del tejido productivo local. Ayer se reunió en Vitoria con la consejera Arantxa Tapia y hoy lo hará con responsables de la Agencia Vasca de Internacionalización en Bilbao

Este próximo jueves es la fecha fijada para el inicio de la batalla o, al menos, así se ha anunciado de forma oficial. Ese día, los accionistas de la firma británica Zegona están convocados a una reunión a las 11 de la mañana –hora peninsular– para formalizar el acto de desenterrar el hacha. En términos mercantiles más rigurosos, para aprobar una ampliación de capital que permitiría a la compañía aumentar de forma significativa su presencia en Euskaltel y, si se cumplen todos sus objetivos, llegar a tomar el control de la operadora vasca.

La Comisión Europea tiene previsto vetar, probablemente mañana, la fusión entre los dos mastodontes del mercado europeo de infraestructuras ferroviarias, la alemana Siemens y la francesa Alstom, según confirman fuentes comunitarias. A escasas horas del veredicto, la fusión está abocada al veto, salvo que las empresas intenten retirar la notificación a Bruselas en el último momento para esquivar el varapalo. La temida decisión ha provocado un enfrentamiento sin precedentes entre la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, y las dos compañías, sobre todo, la alemana. Pero Vestager ha enfurecido también a los Gobiernos de Merkel y de Macron, partidarios de la creación de una gran empresa franco-alemana que domine el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció a las diez de la mañana de ayer para reconocer públicamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela con la intención de que convoque cuanto antes unas elecciones presidenciales «libres y democráticas». Esta declaración fue el detonante de una cascada de reconocimientos europeos, que realizaron 20 de los 28 países de la UE, aunque no fue posible la difusión de un comunicado conjunto ante la negativa de países como Italia a secundar un texto que requeriría una aprobación unánime.