20190130

El lehendakari Iñigo Urkullu mantuvo ayer su primera reunión oficial con el nuevo presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi , un encuentro que se celebró en la sede de la Lehendakaritza y en el que también participó el presidente de Confebask, Roberto Larrañaga. En «un ambiente cordial y distendido», según reflejaron los asistentes a la cita, el jefe del Ejecutivo vasco intercambió con los líderes empresariales opiniones sobre la actual situación económica y las perspectivas a corto y medio plazo, que incluyen un crecimiento superior al 2% este año, tanto en el conjunto del Estado como para Euskadi, y un «notable» incremento del empleo.

Euskadi logró cerrar 2018 como la comunidad con menos paro de toda España, con una tasa del 9,58%, según la encuesta EPA elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero no todos los datos son tan positivos. La práctica totalidad del empleo se creó en el sector público, mientras se destruyó en la industria, y creció aún más la ya disparada temporalidad. No sólo el País Vasco fue la comunidad con menos paro, sino que dos de sus territorios se colocaron a la cabeza en el ranking provincial, por detrás de Soria (4,35%). La segunda posición no la ocupó Gipuzkoa –se quedó en la tercera, con el 7,56%–, sino Álava, con el 7,39%. Bizkaia se situó más atrás, con una tasa del 11,47%.

España cerró el año 2018 con 566.200 empleos más, el dato anual más elevado desde 2006, en lo que significa el quinto año consecutivo al alza, según la Encuesta de Población Activa (EPA). La tendencia no ha perdido fuerza por la ralentización de la economía, que ya avanza por debajo del 3% que mantuvo en los últimos años. El número de ocupados terminó el ejercicio pasado en 19,56 millones y el total de parados bajó hasta 3,3 millones, un 14,45% de la población activa. En el cuarto trimestre del año, a diferencia de lo ocurrido en los dos años anteriores, se crearon 36.600 puestos de trabajo, un dato que mejora lo previsto por los expertos. Una de las claves de esta evolución está en que el sector público compensó con creces la caída del privado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve «altamente improbable» que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con el objetivo del 1,3% del déficit contemplado en los Presupuestos y advierte que se disparará hasta el 2,2%. Si bien el Banco de España alertaba el lunes de una desviación mínima en los ingresos en 8.800 millones de euros, la AIReF es aún más tajante: el agujero en las cuentas públicas alcanzaría alrededor de 11.000 millones de euros. La razón reside en una estimación de ingresos sobrevalorados. Según advierte la AIReF, de aprobarse las Cuentas, el aumento en los ingresos finalmente no alcanzaría prácticamente ni la mitad de lo previsto por el Ejecutivo. Por su parte, la Comisión Europea se ha vuelto a poner en contacto con el Gobierno a través de una carta enviada a las ministras de Economía y Hacienda. En ella vuelve a poner en duda las cuentas de ingresos de los Presupuestos para sostener el gran aumento del gasto público y ven riesgo de «no cumplimiento» en los PGE.

Tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como la Cámara de Comercio de España se manifestaron ayer contra la subida de impuestos a las empresas recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), alertando de que puede repercutir en una menor creación de empleo, después de cuatros años con incrementos de medio millón de puestos de trabajo por cada ejercicio. Por un lado, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, señaló que cargar el coste de la «fiesta» del gasto social sobre los impuestos que más repercuten en las compañías (como Sociedades, la doble imposición sobre los beneficios generados en el extranjero, el alza de las cotizaciones sociales o la tasa Google) «va a conseguir lo contrario a lo que se propone, ya que las empresas tendremos un problema para crear ese empleo».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mostró ayer su convicción de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará elecciones para este año si no sale adelante el proyecto de Presupuestos para 2019, cuya redacción se basa en unos supuestos económicos y fiscales que, según desveló, ya cuentan con el aval de la Comisión Europea. «Es una cosa que compete en exclusiva al presidente. Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de Presupuestos las elecciones se celebrarían a lo largo de 2019; y creo que esa cuestión es la que tiene en la cabeza, pero es muy difícil adivinar, en una cuestión tan estratégica como son las elecciones, lo que un presidente en un momento determinado pueda decir, pero creo que es así», indicó.

Convencido de que «un ‘plan B’ no tiene sentido» y de que la oposición le dará luz verde en el Parlamento aunque no tiene ningún apoyo cerrado y ni tan siquiera lo ha negociado, el Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto de ley de Medidas Presupuestarias Urgentes para el año 2019. El texto plantea, entre otras medidas, subidas salariales para los funcionarios del 2,25%, incrementos de la RGI en un 3,5% para las percepciones básicas y del 4,5% para las que sirven de complemento a los pensionistas, así como del 2,25% para los convenios con los colegios concertados. En total, prevé una inyección de 250 millones para sufragar estas medidas. Pero el problema del Ejecutivo autónomo, en minoría en la Cámara, no es financiero, sino de si será capaz de reconducir el malestar que existe en EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos por cómo está llevando el proceso el Gabinete presidido por Iñigo Urkullu.

La tendrá un impacto negativo en los consumidores de entre 515 y 665 millones de euros, según el estudio de PwC , elaborado a petición de las patronales del sector Ametic y Adigital. El estudio calcula que el impuesto costará 30 euros al año por consumidor. Este perjuicio se deriva de que las empresas trasladarán una parte del impuesto al precio final de productos y servicios. Esto implicará pagar más por ellos, lo que repercutirá negativamente en el ahorro, y en algunos casos no permitirá su adquisición y disfrute, según el estudio. A su juicio, los grandes perjudicados serán los principales beneficiarios de los servicios digitales: pymes y consumidores.

La Cámara de los Comunes aprobó ayer, por 317 a 301 votos, una enmienda respaldada por el Gobierno británico en la que se aconseja la búsqueda de «mecanismos alternativos» a los establecidos en el pacto de salida de la Unión Europea (UE) para mantener abierta la frontera irlandesa tras el Brexit. Esta moción da cobertura a Theresa May en su estrategia de reabrir este acuerdo, que fue firmado por la primera ministra y los jefes de Gobierno de los otros 27 Estados miembros de la UE el pasado mes de noviembre con el objetivo de implementar un Brexit ordenado a partir del próximo 29 de marzo. La enmienda supedita el apoyo al acuerdo de salida  a una renegociación de la llamada salvaguarda sobre Irlanda. Pero esa exigencia coloca a la Unión Europea en la difícil situación de aferrarse al texto pactado hasta ahora y exponerse a un Brexit sin acuerdo, o aceptar una renegociación muy delicada que podría abrir una caja de Pandora.

Los economistas vascos rechazan mayoritariamente que las Administraciones públicas intervengan, a través de inversiones o rescates, en empresas en crisis, mientras que se muestran favorables a la toma de participaciones en las firmas o grupos considerados estratégicos para el tejido socioeconómico vasco siempre y cuando sean solventes, según los datos del último Ekonometro, encuesta que elabora semestralmente el Colegio Vasco de Economistas. Más específicamente, el 18,8% de los economistas creen que las Administraciones nunca deben participar en empresas privadas; mientras que un 43,9% ven bien que inviertan, pero sólo en empresas estratégicas rentables, como hizo a principios de 2018 el Gobierno vasco al comprar un 1,2% del capital de la ferroviaria guipuzcoana CAF, en lo que pretende ser un fondo de inversiones estratégicas que ayude a crecer a éstas empresas y a anclar su vinculación local, orientación que también tiene en marcha la Diputación de Bizkaia con otros fondos.

Los funcionarios vascos están muy cerca de poder disfrutar de un permiso de paternidad de 16 semanas. El Gobierno Vasco aprobó ayer el proyecto de ley que amplía esa prestación de las cinco semanas actuales a los cuatro meses, dando así un paso adelante en la mejora de la conciliación familiar de los empleados públicos. El proyecto de Ley de Empleo Público Vasco, que incluye esta medida, inicia así el recorrido para su tramitación parlamentaria y esta misma semana será enviado al resto de grupos políticos. Eso sí, esta ayuda no solo la podrán disfrutar los funcionarios vascos. A partir de otoño se ampliará al resto de trabajadores vascos, tal y como confirman fuentes del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Asimismo, aseguran que los plazos marcados para la presentación del nuevo decreto no se han visto comprometidos por la prórroga de los Presupuestos vascos.

El 8 de marzo se acerca y promete volver a ser una jornada histórica en materia de igualdad de género. Sin embargo, las consecuencias de este movimiento, que vio su máximo exponente en la huelga feminista del pasado año, se reparten de forma desigual entre las diferentes capas y sectores de la sociedad. En la empresa y el trabajo, por ejemplo, el impacto a mejor ha sido sustancialmente más bajo que en entornos como la familia o la sociedad en general. Es lo que se extrae de la tercera oleada del Esade Gender Monitor, un estudio que analiza las políticas de igualdad que se implementan en lo más profundo de las organizaciones y su impacto, en esta ocasión negativo.

El grupo de componentes de automoción Gestamp ha decidido potenciar significativamente todas las labores de investigación que realiza en el País Vasco, prestando especial atención al desarrollo de elementos para vehículos eléctricos y todo lo relacionado con automatización y potenciación de lo que se viene en llamar industria 4.0, a través de un centro específico que se convertirá en referente para todo el grupo. Además, también tiene previsto atraer la ejecución y experimentación de «proyectos piloto» a las factorías vascas que «darán lugar a un escalado posterior en el resto de plantas» que el grupo Gestamp tiene repartidas por todo el mundo.

El grupo de distribución Uvesco, con sede en la localidad guipuzcoana de Irún y propietario de las cadenas Supermercados BM y Súper Amara, cerró el ejercicio 2018 con una facturación total de 740 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al año anterior. Además sumó 117 nuevos puestos de trabajo en cinco nuevas aperturas de tiendas, hasta contar con un total de 4.569 empleos de carácter estable. El objetivo para 2019, según explicó ayer en una comparecencia pública José Ramón Fernández de Barrena, director general de Uvesco, pasa por seguir creciendo. Para ello continuarán con su estrategia de expansión por el resto de España, a fin de consolidar un modelo basado en tres pilares: «producto fresco, servicio al cliente y amplitud de surtido».