20181122

El proyecto presupuestario del Gobierno de Pedro Sánchez «corre el riesgo» de incumplir las normas comunitarias. Así lo entiende la Comisión Europea en un veredicto que hizo público ayer y al que han precedido dos advertencias: la petición de información complementaria el 19 de octubre y las previsiones de otoño lanzadas el 6 de noviembre. Bruselas insiste: no le cuadran los números que figuran en el borrador propuesto por el equipo de Nadia Calviño; sus medidas para mejorar el régimen tributario, los ingresos previstos, su proyección de gasto y el calendario para acotar el endeudamiento no conforman el puzzle deseado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) dieron ayer la voz de alarma sobre el crecimiento del PIB y reclamaron un mayor esfuerzo fiscal para evitar que el déficit se descontrole. En concreto, ambas organizaciones recortaron su previsión de crecimiento de la actividad económica para este año en dos décimas, con lo que las previsiones del Fondo quedan en el 2,5% y las de la OCDE, en el 2,6%. Y para el próximo año, ambos pronósticos se sitúan en el 2,2%. Y esto, a su vez, impactará en la senda de reducción del déficit, que se incrementará hasta el 2,8% este año y el 2,4% el próximo ejercicio.

Antonio Garamendi será el presidente de la CEOE los próximos cuatro años. En su primer discurso tras ser elegido por aclamación, Garamendi lanzó ayer claros mensajes para que la patronal recupere un mayor peso en el panorama económico, político y social. El más nítido de ellos estuvo dirigido al Ejecutivo, al que reprochó que no haya contado con los empresarios en la toma de algunas medidas «unilaterales», como la subida del salario mínimo interprofesional o el anuncio de retirada de los coches contaminantes en 2040. «Pedimos al Gobierno que cuente con nosotros», enfatizó, a la vez que recalcaba que «venimos a sumar, no a restar». El nuevo presidente de la patronal estuvo ayer arropado por un buen número de empresarios vascos, que quisieron estar presentes en un acto que sentían como propio. En su elección hay algo también –o al menos así lo sienten– de reconocimiento al conjunto de empresarios del País Vasco. Junto a los presidentes y los secretarios generales de Confebask, Cebek, Adegi y Sea, también estuvieron presentes, varias decenas de empresarios vascos, que acudían como invitados a la asamblea de CEOE.

El Fondo Monetario Internacional puso ayer sobre la mesa una serie de recomendaciones sobre el mercado laboral y el sistema de pensiones en España. La institución dirigida por Christine Lagarde insistió en que España lleva sin realizar reformas sustanciales que atajen sus problemas desde 2013 y alertó de los riesgos de algunas de las medidas que ha impulsado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así, el FMI recordó que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pactada por el Gobierno y Unidos Podemos del 22% para el año que viene perjudicará el empleo entre los más jóvenes, así como entre los menos cualificados. Además, reclamó al Ejecutivo preservar el impulso de las reformas pasadas del mercado laboral. El organismo económico insta a atajar la temporalidad y estrechar las diferencias en costes entre trabajadores temporales e indefinidos, para lo que concluye que hay que impulsar la receta de «reducir los costes de contratar y las indemnizaciones por despido para los trabajadores fijos».

La industria vasca sufrió en septiembre la primera prueba de la desaceleración. A pesar de que el PIB de Euskadi se frenó en el tercer trimestre del año más de lo inicialmente previsto, el sector manufacturero aguantó el tipo y la cifra de negocios creció un 3,6% en el noveno mes del ejercicio, mientras que se mantuvo estable (0,1%) la entrada de pedidos en las fábricas. La intensidad del crecimiento baja en ambos casos, pero se mantiene la trayectoria positiva en el acumulado del año. Además, si se compara la evolución vasca con la del conjunto del Estado se percibe la mayor resistencia de Euskadi a los vientos de la ralentización. La entrada de pedidos cayó un 3,2% en septiembre en España y la facturación retrocedió tres décimas. También se confirma la buena marcha del sector servicios, impulsado entre otras cuestiones por el consumo interno.

Las exportaciones vascas de bienes crecieron un 7,9% en los nueve primeros meses del año sobre el mismo periodo de 2017. El saldo comercial exterior es favorable, con 4.088 millones. Pese a lo positivo de los datos, se produjo un ligero descenso respecto a septiembre del pasado año, fundamentado, según el informe difundido ayer por el Instituto Vasco de Estadística-Eustat, en una peor evolución de los productos energéticos. El tercer trimestre fue a su vez el más flojo del año, aunque nuevamente se superaron los 6.000 millones en ventas al exterior. De enero a septiembre, las exportaciones alcanzaron los 19.115,6 millones. Estados Unidos y las cuatro principales economías europeas –Alemania, Francia, Reino Unido e Italia– absorbieron algo más de la mitad de las exportaciones.

Los signos que auguraban que el sector exterior daba sus últimos coletazos en 2018 empiezan a cristalizar. Las exportaciones españolas sufrieron en septiembre una caída interanual del 4,6%, el primer descenso en en este mes en seis años, desde 2012, y el peor dato de la Eurozona. Los datos de comercio exterior publicados ayer por la Secretaría de Estado de Comercio reflejan una moderación en las ventas al exterior. Éstas apenas aumentaron un 3,2% entre enero y septiembre, contabilizando 212.163 millones de euros. El dato contrasta con el incremento del 9,1% registrado entre enero y septiembre de 2017. Las importaciones, por su parte, crecieron un 5,5%, lo que elevó el déficit comercial un 30,3%. Aunque hay que tener en cuenta que 2017 fue un año extraordinario para el sector, que se disparó impulsado por unas condiciones macroeconómicas y financieras muy favorables, lo cierto es que España crece por debajo de la media europea (4,7%) y de sus socios del euro (4,6%), y el menor desempeño de las exportaciones está contribuyendo negativamente al PIB.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado legal la normativa española que permite no conceder una indemnización a trabajadores interinos que fueron contratados para sustituir durante un periodo de tiempo determinado a otro empleado con derecho a reserva de su puesto de trabajo. La Justicia europea responde así a la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Supremo y cierra el conflicto de doctrina que creó su propia sentencia de septiembre de 2016 que dijo para este mismo caso que el Derecho laboral español discriminaba a los temporales y equiparó el despido del fijo y del temporal. El caso atañe a una interina del Ministerio de Defensa cuyo contrato fue extinguido cuando se reincorporó la persona a la que estaba sustituyendo. La afectada interpuso una demanda alegando que el contrato y su finalización eran ilegales y reclamó una indemnización equivalente a 33 días de salario por año trabajado.

La industria denuncia la elevada factura del gas, que ya es la más elevada de la Unión Europea. El presidente de GasIndustrial (una organización empresarial de industrias consumidoras de gas), Javier Esteban, señaló ayer que el sector manufacturero tiene «una gran desventaja frente a sus homólogos europeos» por tener mayores precios de gas. En concreto, y según los datos de Eurostat, la factura anual del gas para un consumidor industrial asciende a 4,94 millones de euros por cada 200 GWh/año. Esta cifra queda un 16% por encima de la media europea y supera ampliamente el coste en todos los grandes países de la UE, desde Portugal (4,2 millones) a Reino Unido (3,5 millones). Y a esta cifra habría que sumar los impuestos al consumo energético, que también son muy sustanciales en España.

Los últimos datos divulgados ayer por Hacienda revelan lo desigual del ajuste en la crisis. La pensión media declarada ha crecido seis veces más que el salario medio desde el inicio de la crisis. La prestación de jubilación media ha aumentado un 37% desde 2007, mientras que el sueldo ha avanzado un 6% en ese mismo periodo. Los indicios de desigualdad y precariedad que padece el mercado laboral español van más allá. El sueldo del grupo más privilegiado, que cobran más de 10 veces el salario mínimo, ha aumentado más que los del resto de grupos. Y eso que con la recuperación económica el salario medio declarado escaló en 2017 al máximo en una década, hasta los 19.172 euros anuales, un 1,8% más que el año anterior.

El pacto sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, cerrado la semana pasada a nivel técnico, sufrió ayer su primer tropiezo. La Comisión Europea no logró el consenso necesario para respaldar el texto, bloqueado al menos hasta hoy. El percance se producía unas horas antes de que el presidente, Jean-Claude Juncker, se reuniera en Bruselas con la primera ministra británica, Theresa May, para allanar el camino hacia un pacto que, de momento, se complica.

En plena incertidumbre sobre el Brexit, España y Reino Unido han concluido un preacuerdo bilateral relativo a Gibraltar. Los dos Gobiernos han cerrado provisionalmente el paquete que regirá la relación entre España y la colonia británica una vez esta abandone la UE, junto a Reino Unido. Se trata de cuatro memorandos de entendimiento y de un tratado fiscal que persiguen equilibrar el nexo entre España y la colonia británica, etiquetada como paraíso fiscal. Con todo, España mantiene una posición dura sobre el acuerdo general del Brexit, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró su amenaza de veto.

La Comisión Europea resolvió ayer poner en marcha el proceso para meter en cintura al Gobierno de Italia por su exceso de deuda. En una medida sin precedentes en la historia de la Unión, los países de la eurozona deben decidir en dos semanas si someten a las cuentas italianas a un estricto escrutinio que puede desembocar en sanciones de hasta el 0,5% de su producto interior bruto. El proyecto de Presupuestos italiano ya incurre en un «incumplimiento particularmente grave de las recomendaciones del Consejo Europeo», según la Comisión. Pero además, por quinto año consecutivo, Bruselas advierte a Roma sobre su deuda.

Kutxabank y la patronal del comercio vizcaíno Cecobi han renovado su acuerdo de colaboración actualizando las condiciones de acceso a la financiación para el comercio en Bizkaia. Ambas entidades mostraron su disposición a apoyar el crecimiento de las ventas del comercio en Euskadi con productos y  servicios financieros en  condiciones preferentes. Según el banco vasco, este acuerdo pretende contribuir al desarrollo de «un sector competitivo y profesionalizado, generador de empleo y riqueza».

El restablecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, en vigor desde el pasado día 5, ha provocado la interrupción del megacontrato de Tubacex en el país islámico. La tubera firmó el pedido ahora suspendido en 2017 con la compañía nacional de petróleo iraní Nioc y el fabricante de tubos y gasoductos iraní Sepahan, en consorcio a la japonesa JFE. Entonces, éste fue el mayor contrato de una empresa española con Irán tras el levantamiento del embargo en 2015, y también un pedido récord de 560 millones de euros para Tubacex. La compañía de Llodio  debía suministrar tubos anticorrosivos de alta resistencia para la industria gasista –600 kilómetros de tuberías–, y facilitar transferencia tecnológica a Irán durante tres años. En una primera fase, exportaría los tubos, y después pasaría a fabricarlos allí.