20181105

La preocupación se extiende entre los empresarios españoles por la marcha de la economía. Hasta ocho de cada diez directivos consultados en el Consenso Económico de Pwc considera que la evolución de la economía nacional dentro de un año será peor que la registrada hasta ahora, mientras que sólo dos de cada diez cree que se mantendrá la situación actual. Las principales causas de este pesimismo se encuentran en la evolución del contexto internacional, donde los directivos encuentran varios motivos para la inquietud. El más mencionado es un incremento de las tensiones proteccionistas como consecuencia de la guerra comercial desatada por Donald Trump, que un 58,8% valora como uno de los mayores riesgos para la economía mundial. A continuación aparecen los riesgos asociados al Brexit y el proceso de integración europeo, que se sitúan inmediatamente por delante de los elevados niveles de deuda pública en varios Estados.

La patronal CEOE ha decidido ralentizar y retrasar el diálogo social ante los anuncios del Gobierno de aumentar los impuestos a las empresas, elevar la recaudación procedente de las mismas y subir los costes laborales. A corto plazo, los empresarios no piensan firmar ningún acuerdo con el Gobierno y los sindicatos. Incluso, el presidente de la confederación empresarial, Juan Rosell, al final de su mandato de ocho años, entregará los trastos de la negociación social a su previsible sucesor, Antonio Garamendi, para que analice la situación. Y eso no ocurrirá hasta después de la asamblea electoral de CEOE, que se celebrará el próximo 21 de noviembre, según confirman distintas fuentes empresariales.

Un Brexit duro, sin acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, castigaría especialmente a las empresas vascas que tributan a las Haciendas forales, ya que las compras a Gran Bretaña dejarán de ser adquisiciones intracomunitarias y se convertirán en importaciones. El mayor castigo para las firmas vascas vendrá por la discriminación que sufren desde hace tres años en el IVA a la importación. Tras la reforma de este tributo, en 2015, los importadores que operan en territorio común no tienen que ingresar el IVA liquidado por la aduana y pueden incluirlo en su declaración mensual y compensarlo automáticamente. Sin embargo, los importadores que operan en País Vasco y Navarra, y que declaran su IVA a las Haciendas forales, están obligados a adelantar el IVA a la importación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Luego deben esperar a que se lo devuelva la Hacienda foral de su territorio, una «discriminación evidente» según ha repetido insistentemente la Cámara de Comercio de Bilbao, que llevó el conflicto a los tribunales.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se reúne hoy para zanjar el debate sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, una decisión que quedó en el aire el 19 de octubre. Ese día, el presidente de esta Sala, Luis Díez-Picazo, optó por someter a revisión el criterio establecido un día antes de que fuera el banco, y no el cliente, el que lo abonara. Las fuentes consultadas discrepan sobre la respuesta que debe dar el pleno y admiten que el resultado es «imprevisible».

Manuel López Pardiñas ha sido presidente del Consejo General del Notariado español y decano del Colegio Vasco de Notarios. Ahora es el delegado del Notariado en Bilbao, pero advierte de que habla a título personal. Hoy se  reúnen los 31 jueces del Tribunal Supremo que deben revisar o confirmar la sentencia que establece que son los bancos los que deben pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y no el cliente. A juicio de López Pardiñas, cuando se declara nula una norma es que «no ha existido» y por tanto «no debería haber límite temporal» para la devolución del dinero a los hipotecados.

De lo que hoy decida el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dependerá en buena medida el futuro del mercado hipotecario español. Si los magistrados corroboran el criterio de que son los bancos los que paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), los banqueros han venido advirtiendo en los últimos días que tendrían que trasladar a sus préstamos el coste de asumir el abono de ese tributo. Lo han expuesto de diferentes formas, pero siempre advirtiendo de que una medida de ese tipo acabaría repercutiendo en los nuevos hipotecados. Y de ese aviso se han valido cada vez que se han encontrado con un obstáculo judicial que les ha obligado a modificar la estructura de sus hipotecas. Sin embargo, la realidad estadística muestra que, a pesar de lo que las asociaciones de consumidores consideran como una «amenaza», la banca no ha incrementado los tipos de sus hipotecas para hacer frente a impactos extraordinarios de la normativa legislativa del sector o derivados de fallos judiciales.

El Gobierno teme un «impacto extremadamente elevado sobre la estabilidad financiera del Estado español» si los bancos sufren un revés en el litigio que mantienen en Europa por la presunta falta de transparencia y el abuso de cientos de miles de hipotecas referenciadas al IRPH. Se opone a que prosperen las demandas de clientes que, tras pasar por el Tribunal Supremo, han llegado a Luxemburgo.

El Ministerio de Trabajo puede excluir a los agentes sociales del órgano colegiado que evalúa las solicitudes de subvenciones para impartir cursos de formación convocados desde la Administración central. Así lo han establecido en octubre tres sentencias de la Audiencia Nacional que contradicen lo fallado en 2017 por varios juzgados de primera instancia de Madrid ante demandas presentadas por UGT, CC OO y CEOE.

Cada vez se ve más cerca el objetivo, o eso parece, pero el trayecto hacia el mismo sigue sin dar tregua a Gipuzkoa. Hablamos de la Ley de Aportaciones, de la llegada de un proyecto de norma que modifique la actual en los próximos meses y del efecto lesivo para los intereses del territorio guipuzcoano que sigue teniendo el sistema que se aplica en la actualidad y que está prorrogado desde 2011. La norma que rige las aportaciones que cada diputación debe realizar al fondo común del Gobierno Vasco sigue siendo benévola solo con Bizkaia y deja tanto a Gipuzkoa como a Álava en un escenario en el que en ningún año alcanzan con recursos propios la cuantía completa asignada para derivar al Ejecutivo. Este año, concretamente, Gipuzkoa se quedará a 73,2 millones de esa aportación y el que viene, el que se supone que será el último ejercicio de la prorrogada norma, le faltarán 63,4 millones.

En los últimos diez años se ha destruido un 13,5% del empleo con habilidades intermedias, al tiempo que se ha creado empleo neto en puestos de trabajo con altas y bajas cualificaciones, lo que, según UGT, ha provocado una pérdida de peso de las clases medias en el tejido productivo español. Así lo señala la organización sindical en un comunicado, donde alerta de que la tendencia no solo no tiende a frenarse, sino que va camino de hacerse «estructural y sistémica». Este proceso de atracción hacia los extremos (alta y baja cualificación) está «íntimamente vinculado a la automatización y digitalización del empleo», según apunta el sindicato. En concreto, UGT cree que los puestos de trabajo más cualificados, especialmente los vinculados a la ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, «coparán los empleos más remunerados».