20181012

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, firmaron ayer un acuerdo presupuestario para 2019.. Estos «Presupuestos para un Estado Social» elevan el gasto en servicios públicos a costa de subir impuestos a grandes empresas y rentas altas y ponen la letra pequeña al plan económico que el Ejecutivo debe remitir el lunes a Bruselas, aunque el Economía no desvelará hasta entonces qué senda fiscal lo soporta. El pacto, de 50 folios, sobrepasa el mero contenido de los Presupuestos para 2019 y revela la intención de ambos líderes de agotar la legislatura y dar un claro giro social, con la mayor subida del salario mínimo en 40 años y varias medidas que acaban definitivamente con una era de austeridad. Pero aún no están claros los apoyos parlamentarios del nacionalismo catalán y vasco ni el visto bueno de la UE.

El acuerdo entre el Gobierno y Podemos no solo recoge compromisos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, sino también una serie de promesas de carácter legislativo. Una de las más significativas es la de «derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, particularmente en materia de negociación colectiva». En concreto el Ejecutivo se compromete a «ampliar» el límite actual de un año de la ultraactividad de los convenios, que hace que, transcurridos 12 meses desde que un convenio pierde su vigencia, sus contenidos decaen. En segundo lugar, el pacto recoge la promesa de «revisar las causas y el procedimiento» para que los empresarios puedan acometer modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

PSOE y Podemos han dado un golpe de mano sobre la mesa de las relaciones laborales con una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22,3%, hasta alcanzar los 900 euros al mes, en catorce pagas anuales. Esta cifra queda 164,1 euros por encima del dato actual, lo que supone que la subida es tan elevada como el alza acumulada a lo largo de los once años anteriores y el mayor aumento desde 1975. El documento del acuerdo presupuestario justifica la subida por la necesidad de «prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico», después de años en los que los sueldos se han visto estancados. Así, la medida permitiría garantizar «un nivel de vida digno» para los trabajadores y, al mismo tiempo, dar más herramientas a quienes se mueven en una escala salarial superior para negociar.

El pacto sellado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contempla medidas contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Entre ellas está la limitación al uso de dinero en efectivo a 1.000 euros para los pagos de empresarios o profesionales dentro de su actividad diaria, sin que dicho límite afecte a los pagos que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular. Hasta ahora esa limitación ascendía a 2.500 euros.

El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos cumple uno de los requisitos fundamentales de la coalición morada: articular medidas para intentar «pinchar la burbuja del alquiler». Bien es cierto que el documento tiene mucha más cercanía con los postulados del PSOE, y no entra en asuntos espinosos como el importe de las penalizaciones a las empresas propietarias de muchos pisos vacíos, pero sí sienta las bases para que los alcaldes y los gobiernos regionales «puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler» en las zonas urbanas en las que crean que el mercado se ha «tensionado».

Los empresarios se mostraron ayer muy críticos con el acuerdo sellado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales de 2019. CEOE afirmó en un comunicado que la subida de impuestos a las compañías restará competitividad a la economía española, al mismo tiempo que introducirá elementos de inseguridad jurídica que podrían retrasar las inversiones. Todo ello, según la patronal empresarial afectará a la creación de empleo privado.

Son momentos de bonanza en los ingresos fiscales, se están batiendo todos los récords históricos y aún se mantendrá esa tendencia durante algún tiempo, pero los responsables públicos vascos no quieren que eso conduzca a la alegría en el gasto, sino que se inclinan por mantener la austeridad. En síntesis, no gastar más de lo que se ingresa y sujetar el endeudamiento o incluso reducirlo. Esta es una de las conclusiones del Consejo Vasco de Finanzas celebrado ayer en Vitoria, en el que el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos de la comunidad autónoma constataron que los ingresos por impuestos superan con creces a las previsiones. El Consejo estimó que las haciendas vascas habrán recaudado a finales de este año 14.706 millones de euros, lo que supone 233 millones más, un 1,6% por encima de lo que se había presupuestado para el ejercicio.

El Gobierno y los agentes sociales no parecen estar muy convencidos de las posibles bondades del llamado envejecimiento activo; es decir, seguir trabajando más allá de la edad de retiro legal. Eso y que los graves problemas que arrastra el mercado laboral conceden mayor importancia al efecto sustitución entre los trabajadores. En este contexto el Ministerio de Trabajo, junto a las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT, han alcanzado un principio de acuerdo para que las empresas puedan obligar a sus empleados a jubilarse una vez cumplan la edad legal de retiro –algo que ya se contemplaba antes de la reforma del sistema en 2013, salvo excepciones–, ahora de 65 años y seis meses. Eso sí, para que se pueda llevar a cabo la jubilación obligatoria el trabajador debe haber cubierto ya las cotizaciones a la Seguridad Social necesarias para disfrutar el 100% de la pensión

Los precios de la energía, en especial los de la electricidad, tiraron de la inflación en septiembre hasta auparla al 2,3%, una décima por encima del mes anterior, pese a la moderación que ejercieron los alimentos frescos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó ayer una décima al alza el dato que adelantó el pasado 28 de septiembre, con lo que la inflación suma 25 meses consecutivos en positivo, los cinco últimos creciendo por encima del 2%. En Euskadi, el repunte fue de una décima, lo que elevó el IPC en la comunidad autónoma al 2,1%, una décima menos que en agosto. En los nueve primeros meses del año, los precios han remontado en la CAV un 0,8%.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, reafirmó ayer ante el Fondo Monetario Internacional la intención de la Administración Trump de mantener una guerra comercial con China, pese a las advertencias de la institución dirigida por Christine Lagarde. Mnuchin señaló que Washington continuará «sus esfuerzos para enfrentar las prácticas comerciales restrictivas en todo el mundo», en clara alusión al gigante asiático, entre otros países que están también en el punto de mira arancelario.

Bruselas limitará por ley la exposición que sufren al menos 20 millones de ciudadanos europeos —de ellos unos 1,5 millones en España— a sustancias cancerígenas en sus puestos de trabajo. El Consejo de la UE, la Comisión y el Parlamento Europeo llegaron ayer a un acuerdo para proteger a los empleados del continente de ocho sustancias nocivas para la salud, entre ellas el humo de los motores diésel. El pacto contempla los valores límite de exposición profesional a varios de estos agentes. Una vez aprobada, los países de la UE deberán adoptar la directiva en un plazo de dos años.

La confianza de los hogares vascos respecto a la evolución socioeconómica general se ha estancado en el tercer trimestre de 2018, según se desprende del informe que trimestralmente realiza Laboral Kutxa. Los consumidores vascos consideran que el empleo y la situación económica seguirá mejorando, pero a partir de ahora a menor ritmo que en los trimestres anteriores. Por tanto, el informe concluye que la «fragilidad de la recuperación de la confianza, muy condicionada por la fortaleza otorgada a las condiciones del entorno», no da lugar «a anticipar una recuperación relevante de las decisiones de gasto e inversión».

La amenaza del PSOE y Podemos de recortar por ley los beneficios que puedan tener las centrales nucleares y las hidráulicas (los famosos windfall profits), desató ayer las iras del sector. Algunas grandes eléctricas anticipan que «son medidas contrarias a la normativa de la UE, por lo que se generaría una nueva judicialización del sector, en un momento en el que lo que se requiere es recuperar la confianza de los inversores de cara a afrontar la transición ecológica».

Tranquilidad y apuesta decidida por el polo de electromovilidad y almacenamiento energético que ultima el territorio. Ese es el mensaje que la Diputación Foral de Gipuzkoa quiso lanzar ayer tras conocerse  que la subvención de 5,5 millones de euros que el Gobierno central se había comprometido a inyectar en el centro tecnológico donostiarra Cidetec –nacida en el marco de los pactos entre el PSOE y el PNV que llevaron a Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa, pero heredada del Presupuesto del Ejecutivo del PP– no terminaba de llegar a su destinatario.

Aviso claro de Christine Lagarde al Gobierno italiano. «Cuando uno pertenece a un club y decide permanecer en él, tiene que respetar sus reglas», dijo ayer la directora general del FMI. El bipartito populista de La Liga y M5S no fue el único destinatario de sus dardos. A los que amenazan con cada vez mayores aranceles —en una clara alusión, sin citarlo, al presidente Trump— pide que recuerden los daños de escaladas proteccionistas pasadas. Como, por ejemplo, en el periodo de entreguerras. Y les reclamó que no sufrieran un episodio de «amnesia colectiva».

El actual es un momento difícil para impulsar las entidades de previsión social voluntaria de empleo, porque se mira mucho el coste, y empresas y trabajadores tendrían que realizar un esfuerzo especial, asegura el experto en Epsv Jesús María Larretxi, con una larga trayectoria en las entidades Lagun Aro y Elkarkidetza.

El Parlamento vasco aprobó ayer, por unanimidad, una iniciativa que aboga por una solución público-privada para reflotar La Naval de Sestao que incluya participación económica directa del Gobierno de Vitoria. El comité de empresa consideró esta declaración «insuficiente» y pidió el «rescate» del astillero, que está a punto de despedir a toda su plantilla. Pocos minutos después de la ratificación del texto y de la llamada de urgencia de la plantilla, la consejera de Desarrollo Económico y Transportes, Arantxa Tapia, dijo que no se pueden generar «falsas expectativas» y que «tenemos que ser tajantes: no es posible ni el rescate ni la publificación» del astillero sestaoarra  porque «eso, a día de hoy, la Unión Europea no lo permite».