20180921

La industria vasca mira con escepticismo la medida anunciada el miércoles por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de suspender el impuesto sobre la generación eléctrica. «La minoración que implica en la factura es escasa», subrayó ayer Adolfo Rey, director gerente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), la principal asociación sectorial vasca. Más aún: se trata de «un parche», ya que lo que se necesita es una reforma estructural del sistema eléctrico. Desde la patronal alavesa SEA –que lidera una plataforma empresarial que alcanza a toda España y que reduce la factura a través de la compra agrupada de energía– su director general, Juan Ugarte, también se muestra muy crítico por la medida escogida para tratar de reducir la minuta eléctrica. Se trata, dijo, de un impuesto no directamente relacionado con la factura. Y aunque a priori «cualquier medida que ayude a rebajar la factura siempre es bienvenida», en la práctica el sistema elegido puede hacer «que la bajada quede anulada la próxima semana si se vuelve a producir una nueva subida de precios del estilo de lo que viene sucediendo este año».

Las pymes guipuzcoanas están esquivando la subida del recibo eléctrico gracias a que han blindado este coste con acuerdos a uno o dos años con las compañías suministradoras. De esta forma, evitan que alzas coyunturales, como las registradas estas últimas semanas en España, hagan ‘pupa’ en sus cuentas de resultados. Además, como es el caso de las fundiciones, se han agrupado para presionar a las eléctricas y lograr precios más bajos. Esta estrategia, unida a que la mayor parte de las empresas guipuzcoanas no son consumidoras intensivas de energía, les está permitiendo surfear el actual tsunami eléctrico con cierta tranquilidad.

La economía vasca continúa creciendo, pero su ritmo comienza ya a dar síntomas de ralentización. Así, en el segundo trimestre del año, el Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi registró un aumento del 2,9% en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio, según los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Un crecimiento que, pese a ser una décima mejor que el adelantado por el mismo organismo en su avance del pasado 27 de julio, resulta no obstante dos décimas menor que el 3,1% interanual anotado en el primer trimestre. Las mismas dos décimas menos si se comparan ambos trimestres, ya que de enero a marzo el PIB vasco aumentó un 0,8%, mientras que entre abril y junio se quedó en un 0,6%. La clave de esta moderación se encuentra en el frenazo que sufrieron las exportaciones vascas durante la pasada primavera.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertó ayer a los países socios de que el crecimiento de la economía mundial «puede haber llegado a su punto máximo». Fundamentalmente por los «efectos adversos de las tensiones comerciales», entre Estados Unidos y China, y la diferencia de crecimiento entre países y sectores. En su informe de Perspectivas Económicas 2018, publicado ayer, el club de los países más desarrollados del mundo dijo que «el crecimiento global permaneció sólido en la primera mitad de 2018» de alrededor del 3,4%. «Sin embargo, hay señales de que la expansión puede haber tocado techo». Así, han comenzado a aparecer «diferencias en el crecimiento entre los países y los sectores, en contraste con la robusta expansión global que había en la última parte de 2017».

La inversión pública se disparará en 2019, según avanzó ayer el lehendakari, Íñigo Urkullu, durante el pleno de Política General en el Parlamento vasco, que abre el nuevo curso político en Euskadi. Los presupuestos autonómicos para el próximo año darán prioridad al aumento de la inversión propia, con un programa específico de inversiones productivas, además de recursos públicos para proyectos de innovación y crecimiento, y para la modernización de las infraestructuras educativas y sanitarias. «Tras los años más duros de la crisis, ha llegado el momento de hacer un esfuerzo para reforzar la inversión pública», resaltó, en línea con la estrategia iniciada en 2018.

El lehendakari lanzó ayer desde la tribuna del Parlamento vasco un mensaje complaciente con la evolución de la economía vasca en los últimos años –el crecimiento de la actividad y la reducción del paro son las bases del optimismo–, aunque llamó la atención sobre los signos de desaceleración, al tiempo que ratificó la apuesta por la austeridad. En un momento en que la recaudación fiscal se sitúa en niveles de récord histórico, Iñigo Urkullu respaldó la tesis expuesta recientemente por el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, de apostar por erradicar el déficit e incluso cultivar el superávit en las cuentas públicas.

El PNV, a través de su portavoz parlamentario, Joseba Egibar, y el PSE, de la mano de su secretaria general, Idoia Mendia, lanzaron ayer guiños a la bancada de EH Bildu para que dé un paso adelante y se avenga a negociar los Presupuestos de 2019. La reforma del Estatuto fue uno de los ejes centrales de los discursos del representante jeltzale y la dirigente socialista, pero la necesidad de sacar adelante las Cuentas y evitar una prórroga de las mismas obligó a las formaciones que sustentan el Gobierno vasco a iniciar el cortejo porque el tiempo apremia y las eventuales alianzas se antojan de momento lejanas.

Tras varios años en los que la negociación colectiva apenas avanzaba en el País Vasco, en la primera mitad de este 2018 parece haber cogido algo de aire, ya que según el último informe del Consejo de Relaciones Laborales (CL) de Euskadi, el 38% de la población trabajadora en la comunidad autónoma tenía sus convenios actualizados al acabar el primer semestre. Esta cifra, que supone casi un 5% más que en el mismo periodo de 2017 y cerca de 8 puntos más que en 2016 y 2015, constituye además el «mejor balance» en cinco años. En cuanto al resto de los trabajadores vascos, el 46,7% se encontraba con sus acuerdos laborales en situación de prórroga y el 15,3% restante tenía sus convenios decaídos y pendientes de recuperar.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró ayer en 1.000 millones de euros la pérdida de ingresos en las arcas públicas por la supresión «temporal» del impuesto del 7% a la generación eléctrica que anunció la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el miércoles. La titular de Hacienda aseguró ayer que esta merma de recaudación «se corregirá con otras partidas presupuestarias». No cifró el coste de otras medidas anunciadas ayer por el Gobierno para tratar de amortiguar el impacto de la energía más cara, como un nuevo bono social para la calefacción.

La creación de empleo se ha visto atenazada por la conjunción de una menor actividad económica y el hecho de que las capacidades de los parados cada vez se encuentran más distantes de las necesidades de las empresas. El descenso del turismo en verano ha provocado que los meses de julio y agosto quedasen por debajo de los pronósticos, pero todo apunta a que la debilidad del empleo se mantendrá hasta final de año, extendiéndose al comercio y la distribución.

Los beneficios de las empresas crecieron un 11% en el primer semestre del año, con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, apoyados por la mejora de la actividad, los mayores dividendos de las filiales y, sobre todo, el menor coste de la financiación. De acuerdo con los datos de la Central de Balances Trimestral, que publicó ayer el Banco de España, el resultado ordinario neto (esto es, el beneficio de las empresas sin tener en cuenta ingresos y gastos no relacionados con el negocio) aumentó un 11% interanual, lo que supone un acelerón de 2,6 puntos respecto al ritmo alcanzado en el conjunto del año anterior. Con todo, los resultados del negocio ordinario se frenan. El principal factor que ha jugado a favor de la subida de beneficios ha sido la caída de los costes financieros del 7,2% respecto a la primera mitad del año pasado.

La reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebró el miércoles y el jueves en Salzburgo tenía que servir, entre otras cosas, para hacer balance de las negociaciones del Brexit y enfocar políticamente su recta final. Y la conclusión es clara: hay que acelerar las negociaciones porque el tiempo se acaba y la última oferta británica (conocida con el nombre de Chequers) es inaceptable en algunos aspectos considerados críticos por Bruselas, como la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y el marco de la relación post-Brexit entre Reino Unido y la UE.

El mes pasado se firmaron más contratos indefinidos que en anteriores agostos. Buena parte de esto, casi un tercio, se debe a las conversiones de trabajadores temporales a fijos que realizaron miles de empresas tras recibir una carta de la Inspección de Trabajo. Les habían advertido de que recibirían su visita al detectar indicios de que abusaban de la temporalidad. En total la presión llevó a las empresas a convertir 46.524 contratos por los que habían recibido avisos, según explicó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ayer en una conferencia.

La subida del IRPF a rentas altas también afectará a los rendimientos del ahorro. Así lo confirmó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones a RNE, y no descartó revisar los incentivos a los planes de pensiones. Montero ratificó ayer que subirán también los tipos de IRPF que se aplican a las rentas del capital, aunque no explicó de cuántos puntos podría ser la subida porque aún «se está trabajando en la confección de esa arquitectura», apuntó. En la actualidad, hay tres tramos de IRPF que gravan las rentas del capital, de forma que las plusvalías hasta 6.000 euros tributan al 19%, los siguientes 44.000 euros lo hacen al 21%, y a partir de 50.000 euros, al 23%.

En su discurso matinal, el lehendakari defendió la gestión de su Gobierno y abogó por una «democracia plurinacional» para Euskadi, «a la europea». Pero fue por la tarde, en los turnos de réplica, donde llegó lo sustancioso de un debate que mostró dos voces en el PNV muy diferentes al abordar la reforma del Estatuto. «Como lehendakari, y como lehendakari nacionalista, sería un fracaso absoluto» un acuerdo sustentado solo con los votos abertzales, proclamó Urkullu, mientras que Egibar defendió el «carácter democrático» del pacto de bases soberanistas con Bildu. Fue el punto culminante a un pleno de política general en el que se escenificaron de forma clara las diferentes versiones que ofrece el PNV a la hora de abordar la reforma del Estatuto.