20180426

El Gobierno vasco aún confía en rescatar la Mesa de Diálogo Social, un ente para abordar políticas sociales y de empleo que ha quedado en suspenso tras el abandono de CC OO y UGT, las dos centrales que operaban en representación de la parte social y daban viabilidad a un órgano rechazado por los sindicatos mayoritarios: ELA y LAB. El acuerdo en materia de empleo con Confebask al margen de la mesa provocó un profundo malestar entre las centrales, y Lakua deberá llevar a cabo ahora una complicada maniobra: pretende atraer de nuevo a los sindicatos sin renunciar para ello al documento firmado el lunes 16. El Gobierno Vasco justificó ayer la ausencia de la consejera de Trabajo en la firma del Acuerdo «por un pequeño problema de agenda». Unos «roces o pequeñas diferencias» que, según el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, son «cotidianos en todos los gobiernos, no solo en los de coalición». De esta manera quiso quitar hierro a una circunstancia que ha causó cierto malestar entre los consejeros socialistas, máxime cuando la competencia en materia de diálogo social es de la consejería de Trabajo.

El Gobierno de Mariano Rajoy renunció ayer a su propia reforma de las pensiones, la que en 2013 introdujo importantes medidas correctivas con las que el Ejecutivo afirmó que pretendía garantizar el futuro de la Seguridad Social. Lo hizo ante las exigencias que el PNV le presentó para apoyar los Presupuestos Generales del Estado y hacer así que la legislatura llegue hasta 2020. Y en su marcha atrás aceptó volver a ligar las pensiones al IPC al menos en 2018 y 2019 –algo a lo que en un principio se negó–, y retrasar la entrada del factor de sostenibilidad hasta 2023.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, mostró ayer su satisfacción por la buena marcha de la economía vasca, que ha consolidado una senda de crecimiento y de reducción del desempleo. Lo hizo ante cientos de empresarios congregados en San Sebastián, en la asamblea anual de Elkargi, y a quienes animó a asumir nuevos riesgos de inversión para modernizar el tejido productivo vasco e insistir en su salida al exterior. Un crecimiento que debe estar acompañado, dijo, del compromiso con el «empleo de calidad». En la que se ha convertido ya en la cita anual más importante de la empresa vasca, el lehendakari lanzó dos guiños a los empresarios vascos, para agradecerles su comportamiento. «La empresa vasca ha demostrado su capacidad de resistencia –dijo– y hemos conocido ejemplos de empresas que, desde el acuerdo, han priorizado el mantenimiento de la actividad y el empleo por encima de todo». Pero Urkullu también se refirió al sufrimiento de este colectivo, que fue uno de los objetivos permanentes de la banda terrorista ETA.

Elkargi, la primera sociedad de garantía recíproca de España, celebró ayer en el palacio del Kursaal su XXIX Encuentro Empresarial. Una cita que se ha convertido ya en imprescindible en el calendario socioeconómico y empresarial del País Vasco y que ayer, una vez más, cumplió de manera sobrada con las expectativas. A primera hora, la institución celebró su asamblea general, durante la que el presidente, Josu Sánchez, se dirigió a los socios para hacer un balance del ejercicio pasado y dar cuenta de las principales líneas de actuación del Plan Estratégico 2018-2020, que prevé crecimientos anuales del 10%. En un momento de su alocución, el directivo invitó a las distintas administraciones del País Vasco a aprovechar la bonanza económica y, sobre todo, el repunte que vive la recaudación fiscal en las tres haciendas forales para abordar una mayor inversión pública. «Me refiero a las infraestructuras, quizás no tanto nuevas, pero sí a aquellas otras que hay que renovar y que son muchas», explicó después.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 contemplan una partida de 30 millones de euros para que las pymes renueven sus bienes de equipo. Una buena noticia para las empresas vascas de máquina-herramienta, máxime cuando el acuerdo para las cuentas parece encaminarse a buen puerto, tras el acuerdo alcanzado ayer entre el PNV y el PP para subir las pensiones. La puesta en marcha de un programa de ámbito estatal para la renovación de los bienes de equipo ha sido una reivindicación constante de la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta (AFM). La entidad considera que las ayudas para la modernización de equipos en España conllevará un tirón de ventas para sus asociados, debido a su posición central como proveedores industriales. La AFM aduce que el buen resultado del ‘plan renove’ que impulsa el Gobierno vasco desde 2009 sirve como precedente.

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, arremetió ayer con dureza contra los sindicatos por sus planteamientos salariales en la negociación que mantienen ambos sobre un acuerdo para la negociación colectiva de este año. Rosell aprovechó la clausura de la asamblea anual de la Confederación Empresarial para ajustar las cuentas y responder a las críticas de los sindicatos de que la patronal no quiere negociar. Rosell acusó a CCOO y UGT de mantener «una posición incoherente, obsoleta y propia de una parálisis bastante preocupante». «Incoherente, porque han firmado con sus trabajadores incrementos retributivos para este año del 1,8% –UGT– y del 1,9% –CCOO–». En ambos casos, «inferiores a lo que nos están reclamando», con incrementos superiores al 3%.

Los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el País Vasco en los dos primeros meses de este año disminuyeron un 44,3% con respecto al mismo periodo de 2017, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En total se trata de 674 personas implicadas, de las que 159 lo fueron por despidos colectivos (un 41,1% menos), 356 por suspensión de sus contratos (una caída del 56,9%) y otras 159 por reducción de sus jornadas (un descenso del 38,3%). En el conjunto de España, el número de trabajadores afectados por este tipo de expedientes autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas también se rebajó, aunque en menor medida (en un 27,2%), en los dos primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, hasta sumar un total de 7.354 personas concernidas por estas medidas.

El Gobierno reconoce ante Bruselas que el déficit del Estado en 2018 será cinco décimas superior al recogido en el plan de estabilidad remitido a la Comisión Europea el año pasado. En concreto, el desfase entre ingresos y gastos de la administración central será unos 6.000 millones superior al previsto. También la Seguridad Social tendrá un déficit unos 3.500 millones más elevado. Sin embargo, estos desvíos serán compensados por un comportamiento de las comunidades autónomas más favorable y un superávit de los ayuntamientos que desbordará los 7.000 millones. Así consta en un escrito enviado por Hacienda a las autoridades europeas que pese al cambio de distribución del déficit mantiene el cumplimiento del objetivo del 2,2% para este curso.

La era de los robots y eso llamado inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Aquí el mensaje, la advertencia de que aquello de renovarse o morir ha dejado de ser un dicho popular para convertirse en una cruda realidad. «Del mismo modo que el motor de vapor o la electricidad lo hicieron en el pasado, la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo. Debemos invertir al menos 20.000 millones de euros para finales de 2020», zanjó ayer el vicepresidente de la Comisión para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, al término de un Colegio de Comisarios en el que lo económico volvió a estar muy presente. De este dinero, Bruselas aportaría 1.500 millones de los presupuestos comunitarios.

El informe Industria 4.0. Global Operations Study 2018, elaborado por PwC a partir de las aportaciones de 1.155 directivos del sector industrial de 26 países, pone a las claras la posición que ocupan las empresas españolas dentro del proceso de digitalización de sus actividades. Una de las principales conclusiones es que dos de cada tres empresas industriales españolas se están quedando atrás en el proceso de digitalización. Lo hacen condicionadas por factores como el escaso tamaño de las propias corporaciones y la fuente de sus ingresos: el 80% procede todavía de productos y servicios tradicionales.

Itzarri EPSV, el fondo de pensiones complementario de los funcionarios dependientes del Gobierno vasco, cerró el ejercicio 2017 con un patrimonio de 643,38 millones, del que sólo tiene invertido en Euskadi el 21,84%, lo que implica 140,54 millones. Una parte sustancial de esta inversión, unos 45 millones, lo tiene colocado en deuda pública de Euskadi, mientras que otros 95 millones están invertidos en una veintena de empresas vascas como Tubacex, CIE Automotive, Iberdrola, Bankoa, Dominion, BBVA, Laboral Kutxa, MásMóvil, Euskaltel, CAF, Tubos Reunidos o Gestamp.

Los combustibles dejarán de ser más baratos el próximo 1 de enero en 22 provincias frente a las otras 30 en las que los surtidores marcan ahora las referencias más elevadas. Las diferencias entre unos puntos de suministro y otros dependerán de las políticas comerciales de cada estación de servicio, pero no de los impuestos por territorios, según lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno quiere que todas las comunidades autónomas apliquen el mismo tipo impositivo en los surtidores y para igualarlo ha optado por hacerlo al alza. Esto es, subiendo los precios en aquellos territorios que hasta ahora mantenían un coste menor. El incremento medio alcanzará el 4% en el caso del diésel y del 3,7% en el de la gasolina de 95 octanos. Las comunidades afectadas por esta decisión son el País Vasco y varias del norte de España, donde se ha ido constituyendo un ‘efecto frontera’ a la hora de competir por los precios más asequibles frente a los de sus vecinas.

«Alguien me dijo una vez que mientras hay facturación hay esperanza», aseguró ayer el presidente del grupo alavés Tubos Reunidos, Guillermo Ulacia, que lanzó un mensaje conciliador a los sindicatos para intentar alcanzar un acuerdo en el reflotamiento de la filial Productos Tubulares. Además, señaló que «hay opciones de recolocación» para los trabajadores que puedan resultar excedentes en la planta de Trapagaran. Ulacia enfatizó que la compañía «tiene futuro», de la mano del incremento de la demanda del sector del petróleo y del gas en Estados Unidos, donde ya obtiene algo más del 40% de sus ingresos y donde tiene una factoría dedicada a realizar el acabado de su producción. Para ello, advirtió que «es imprescindible la colaboración de los sindicatos» con el objetivo de diseñar un modelo de empresa competitiva, que permita superar la ventaja que consiguen otras compañías en países de bajos costes.

Adolfo Muñoz, ‘Txiki’, confirmó ayer que para mediados del año que viene ya no estará al frente del sindicato mayoritario del País Vasco, cumpliendo con la decisión que adoptó con los órganos de dirección de ELA cuando se presentó a la reelección en el último congreso. El dirigente sindical señaló que el 23 de mayo de 2019 –cuando cumple sesenta años– ya no será secretario general de la central, aunque no concretó la fecha de su salida ni detalles sobre su relevo: «Ahora no toca». Fue reelegido el 16 de junio de 2017 con el 87,5% de los votos e inició su tercer mandato con la decisión de dejar el cargo a mitad del mismo.