20180106

Muchas dudas sobre las verdaderas razones de la operación, la primera entrada del Gobierno vasco en una empresa cotizada en Bolsa. Extrañeza por la firma elegida para potenciar el arraigo de compañías estratégicas, al estar el fabricante ferroviario CAF muy poco expuesto a una deslocalización. Y enfado con el comportamiento de la consejera Arantxa Tapia, que el pasado noviembre dijo en el Parlamento vasco que el fondo de inversión público-privado se demoraba hasta 2019 y ahora, sin aviso previo, lo pone en marcha de forma muy limitada y contando sólo con fondos públicos: 100 millones de euros en toda la legislatura, con lo que aún faltan otros 150 millones para completar los 250 prometidos. Sobre estos tres elementos –dudas, extrañeza y enfado– pivotaron ayer los partidos políticos y los sindicatos a la hora de enjuiciar la decisión del Ejecutivo de Urkullu de comprar un 1,24% de las acciones de CAF a Kutxabank por 15 millones de euros. A falta de otras explicaciones, que ya se han solicitado en la Cámara vasca a Tapia para cuando se reabra el Legislativo en febrero, la creencia común es que «sólo se ha hecho un favor a Kutxabank».

El Gobierno vasco lleva años detrás de que las EPSV inviertan parte del dinero que gestionan en alguno de los instrumento financieros destinados a empresas vascas. Ya en su primer discurso de investidura, en diciembre de 2012, el lehendakari Urkullu anunció entre sus proyectos la puesta en marcha de un fondo público privado para invertir en pymes con problemas. Recogía así una idea de la patronal Confebask, que entendía que parte del capital acumulado por las EPSV podía ponerse al servicio de la financiación de las empresas vascas en los momentos más duros de la crisis. A mediados de 2016 se volvió a poner sobre la mesa con la idea del Gobierno vasco de crear otro fondo público-privado de 200 millones para incentivar la I+D+i en las pymes vascas. Sin embargo, el proyecto, que tampoco levantó pasiones, se quedó en el papel. Ahora el Ejecutivo autonómico apela de nuevo a las EPSV para que aporten parte de los 150 millones de euros que pretende captar de inversión privada para su recién estrenado fondo estratégico, destinado a comprar participaciones de empresas vascas relevantes y asegurar su arraigo en Euskadi. Una idea que la Federación de EPSV de Euskadi no vio clara en 2016, pero que esta vez no descarta. «Estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta del Gobierno vasco y a valorarla», declaró ayer a su presidente, Ignacio Javier Etxebarria.

Aunque la mayoría de las magnitudes macreconómicas avanzan a buen ritmo y poco a poco se disipa ya la sombra de la crisis, todavía hay empresas que no terminan de remontar la delicada situación en la que las ha dejado la recesión. El lastre acarreado es tal que algunas de ellas se ven abocadas a solicitar el concurso de acreedores. En este aspecto 2017 fue un año negativo, ya que tras tres ejercicios consecutivos de descensos, las antes denominadas suspensiones de pagos volvieron a repuntar tanto en general en España, como en la comunidad autónoma vasca en particular. Y es que en el caso de Euskadi lo hicieron además con fuerza, ya que se incrementaron en un 15,1% con respecto al ejercicio de 2016, según los datos contabilizados por la agencia de ‘rating’ Axesor y hechos públicos ayer. Un incremento que es significativamente superior al del conjunto de país, donde aumentaron un 2,2%.

El complemento salarial, la ayuda de 430 euros mensuales para menores de 30 años que consigan un contrato, está encallada por la incapacidad del PP y el PSOE de alcanzar un pacto. Esta ayuda para los jóvenes, en un país con un 36% de desempleo juvenil, cuenta con una dotación presupuestaria de 500 millones. Unos 800.000 jóvenes podrían beneficiarse de este complemento salarial si logran un contrato de formación. Pero el Gobierno no ha gastado ni un solo euro de esta partida al no lograr aprobar la norma que regula la ayuda. Pretendía hacerlo a través de un decreto y el PSOE le reclama que lo tramite como proyecto de ley.

El mercado laboral vasco evoluciona de forma positiva en el cuarto año de recuperación económica pero no lo suficiente para hacer frente al incremento del número de pensionistas, y el consiguiente aumento del gasto en pensiones, sin seguir generando déficit en el sistema. 2017 se ha cerrado sin alcanzar, al menos, el ratio de dos trabajadores activos por cada jubilado que cobra una pensión. En la actualidad en la Comunidad Autónoma Vasca hay 1,7 trabajadores en activo afiliados a la Seguridad Social por cada pensión. En concreto, el número de trabajadores vascos de la CAV cotizando a la Seguridad Social ascendió a 943.987 mientras que el número de pensiones sumaba 548.158, según datos del Ministerio de Empleo.

El número de trabajadores autónomos descendió ligeramente el pasado año en Euskal Herria, un total de 1.437 menos, en un entorno de crecimiento económico cercano al3%. En concreto, en la CA V se contabilizó un recorre del 0.8% (1.372) mientras que en Nafarroa, el descenso fue del 0,1% (65). Ambos territorios, - que cuentan con 173.644 y 47.454 autónomos, respectivamente-, se encuentran entre las nueve comunidades autónomas del Estado que perdieron trabajadores autónomos en 2017, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Gran parte de la recuperación del empleo en España se ha hecho a costa de bajar salarios y elevar la temporalidad de los contratos. Lo venían advirtiendo algunos expertos e institutos de análisis económico, y ahora lo ha confirmado la Agencia Tributaria. Dos de cada tres nuevos asalariados que se registraron en 2016 –año al que corresponde la última encuesta de movilidad en el mercado de trabajo elaborada por Hacienda– ganaron, como promedio, solo 1.907 euros anuales. En concreto, el 63,8% de quienes accedieron al mercado de trabajo entonces –1,15 millones, que sumados a quienes ya tenían un empleo supusieron en conjunto 17,25 millones de personas– lo hicieron por debajo de la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI), que estaba fijado en 4.586 euros.

Los españoles pagarán menos impuestos en 2018... o no. Y es que la anunciada rebaja del IRPF, la reducción del IVA cultural o la implantación de una prima para los contribuyentes con más edad están condicionadas a la aprobación de los Presupuestos. Sin acuerdo, tampoco verá la luz la ampliación del permiso de parternidad. La subida del IBI sí es segura.

La inflación anual de la zona euro bajó en diciembre al 1,4% desde el 1,5% que registró en el mes anterior, según datos de Eurostat. La energía explica el grueso de esta ralentización al frenarse desde una tasa anual del 4,7% en noviembre al 3% registrado en diciembre. Aunque esta evolución no solo obedece a la energía: la inflación subyacente, que resta los componentes más volátiles como energía o alimentos, permanece por tercer mes consecutivo en el 0,9% anual. Un incremento escaso. Y ello ocurre a pesar de la sólida recuperación de la eurozona, en la que todas las economías por fin crecen con las menores divergencias entre ellas en muchos años.

Las familias, las empresas, los bancos y los países siguen endeudándose ya sea para crecer, para mantener su bienestar o, simplemente, para subsistir. El conjunto de la deuda global que tienen comprometidos todos estos agentes sociales y económicos superaba los 193 billones de euros (unos 232 billones de dólares, al cambio actual) hasta el tercer trimestre de 2017. Esta cifra implica un crecimiento de 13,7 billones de deuda entre enero y septiembre de 2017, según los datos del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Aunque el endeudamiento se ha incrementado, ahora representa un 318% de la riqueza mundial, tres puntos menos del máximo histórico del 321% registrado en 2016. Esta caída se debe al avance experimentado por el conjunto de la economía.

La facturación del comercio electrónico en España aumentó en el segundo trimestre de 2017 un 23,4% interanual hasta alcanzar los 7.338,1 millones de euros. Por sectores, los que han conseguido mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 14,4% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 11,9% y las prendas de vestir, con el 5,4%, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por número de transacciones, en el segundo trimestre de 2017 se han registrado más de 118 millones (+27,4%). Los discos, libros, periódicos y papelería lideran el ranking por compraventas (6,4%).

Hace ahora 10 años, recién estrenado 2008, estaba a punto de estallar la mayor burbuja inmobiliaria de la democracia, y eso que no era la primera. Sin embargo, sí fue la más espectacular, no ya por el precio que llegaron a alcanzar las viviendas; sino porque todo en torno al ladrillo fue excesivo: el volumen de casas construidas, la cantidad de crédito concedido y las compraventas registradas. Y aunque hubo quien ya entonces había advertido que la burbuja estallaría y las consecuencias serían nefastas, nadie acertó cuán dramáticas fueron después. Hoy, una década después y tras cuatro años desde que se iniciara la recuperación, el consenso de analistas apuesta por el inicio de un nuevo ciclo dorado que casi nada tendrá que ver con el que pinchó en 2008. Los más optimistas incluso vaticinan hasta cinco años de subidas estables y sostenidas de precios de las casas, aumento de las ventas y construcción de nuevos inmuebles al calor de la mejora económica global.

La economía global podría crecer un 3,6% este año, de acuerdo con el FMI, continuando la senda ascendente del pasado ejercicio. Sin embargo, el escenario no está exento de riesgos, entre los que se encuentran las actuaciones unilaterales de Donald Trump, la bola de nieve de la deuda china, el Brexit, las amenazas a la construcción del proyecto europeo o la inestabilidad de los precios del petróleo, que marcarán el desarrollo del ejercicio.

Berlín se ha propuesto reducir la brecha que separa los sueldos de las alemanas de los de sus colegas hombres, una de las mayores de la UE. A partir de hoy, una ley obliga a las grandes empresas a informar a sus empleadas de cuánto ganan sus compañeros por realizar un trabajo similar. El objetivo del Gobierno es arrojar luz sobre los salarios de los trabajadores del pupitre de al lado y armar a las empleadas con datos para negociar con sus jefes o, incluso, acudir a los tribunales.

Islandia ha dado un paso más hacia la igualdad de género. A partir de ahora se convierte en el primer país del mundo que cuenta con una ley que exigirá a las empresas y a los organismos públicos, con una plantilla superior a 25 trabajadores, que retribuyan a sus empleados, que desempeñen las mismas funciones, con el mismo sueldo, con independencia de si es hombre o mujer, de su etnia, sexualidad o nacionalidad. En esta misma dirección va Alemania, que permitirá a las empleadas de compañías con más de 200 trabajadores conocer el sueldo medio de sus compañeros varones que desempeñen el mismo puesto. Según datos del Ministerio de Asuntos Sociales en 2016, las mujeres ganan en Alemania como promedio un 21,6% menos que los hombres. España tampoco se salva, aunque haya mejorado su posición en el último informe sobre brecha de género del Foro Económico Mundial, pasando en un año del puesto 29 al 24.

Estados Unidos alcanza el pleno empleo. El paro estadounidense se situó en el 4,1% en diciembre, el nivel más bajo desde el año 2000, según informó ayer el Gobierno de Trump. Las buenas cifras vienen favorecidas por la creciente demanda en el sector inmobiliario, el repunte de la inversión de capital y la mejora de la demanda mundial de bienes del país. El descenso en la cifra de desempleados ha mantenido estable la cuota de paro durante los últimos tres meses, apuntando a una economía estable. En diciembre se crearon 148.000 nuevos puestos de trabajo en EEUU. La cifra, sin embargo, no alcanzó las expectativas de los expertos, que preveían la creación de 190.000 empleos, y se encuentra un 35% por debajo del dato de noviembre (228.000 puestos de trabajo).

Las furgonetas de la marca Mercedes-Benz lograron en 2017 un récord de ventas en todo el mundo con un crecimiento del 12% (401.000 unidades), gracias sobre todo a las fabricadas en Vitoria: la Vito y la Clase V. La compañía automovilística matriz alemana Daimler informó ayer que es la primera vez que se supera el listón de los 400.000 vehículos vendidos en este segmento. A este aumento de ventas contribuyeron todos los modelos y «especialmente la Vito» –que se fabrica de manera exclusiva en la planta alavesa– «y las limusinas de gran capacidad de la clase V».