20170608

El edificio que Kutxabank posee en Salburua será mañana el escenario que acogerá la asamblea general de SEA-Empresarios Alaveses con un buen puñado de números a analizar sobre la mesa. El desempleo, el ‘censo’ de afiliados a la Seguridad Social y el tejido empresarial arrojan algunas de esas grandes cifras que, coinciden, muestran un territorio en «una situación mejor pero todavía nos queda camino por recorrer, tenemos que ser cautelosos». «A finales de 2018 o a principios de 2019 podríamos llegar a los niveles de 2008», marcado como el ‘año cero’ de la crisis, calculó ayer el secretario general de la patronal, Juan Ugarte, acompañado de su presidente, Pascal Gómez, en la presentación de su encuentro anual. Los dirigentes de la patronal alavesa se mostraron algo reacios a abordar el tema de la reforma tributaria que están estudiando las instituciones vascas. “Queremos un marco estable y no podemos estar sistemáticamente en revisiones fiscales”, apuntó Ugarte.

«La creación de empleo es uno de los principales objetivos del Gobierno vasco pero el reto paralelo es que sea un empleo de calidad» afirmó ayer la consejera vasca de Empleo, Beatriz Artolazabal, en el foro Workinn, que se celebra en paralelo con Ferroforma y otros certámenes en el BEC. La diputada foral de Empleo de Bizkaia, Teresa Laespada, profundizó en el tema resaltando que «la a puesta por la creación y mantenimiento de un empleo de calidad necesita del sector industrial». Ambas representantes del área laboral de los Ejecutivos de Gasteiz y Bizkaia intervinieron en Workinn, «el único foro de empleo industrial del Estado», según los  responsables del BEC.

Las distancias entre empresarios y sindicatos por el pacto salarial se van limando. Varias fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan que el pacto podría situarse en una banda que situara el incremento salarial para este año entre el 1,2% y el 2,5%. Los líderes de las organizaciones implicadas (UGT, CC OO, CEOE y Cepyme), que han mantenido contactos telefónicos y reuniones en los últimos días, se han dado hasta el viernes para disipar de una vez por todas —en el sexto mes del año— si en 2017 habrá o no un acuerdo salarial que de guías para la negociación de convenios.

La economía vasca crecerá un 2,4% en 2017, cuatro décimas por debajo del PIB español, según el informe de mayo hecho público ayer por el Centro de Predicción Económica (Ceprede), que estima un crecimiento regional generalizado durante este ejercicio. Para su estudio, el organismo ha tenido en cuenta quince indicadores como los afiliados a la Seguridad Social, el consumo de combustibles, las matriculaciones y el comercio exterior. Ceprede destacó que cinco comunidades se situarán, con un crecimiento superior o igual al 3%, por encima de la media del Estado. Se trata de Castilla-La Mancha, Cataluña (3,2%), Canarias, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

La velocidad de crucero de la economía española en los primeros meses del año obliga a revisar al alza todas las previsiones. Ayer le tocó el turno a la OCDE, que elevó el avance del PIB hasta el 2,8% para 2017, lo que supone tres décimas más que la anterior proyección. La cifra coincide con la planteada por la Comisión Europea y el Banco de España y es una décima superior a la realizada por el Gobierno. Sin embargo, el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, indicó ayer que la estimación está desfasada y se corregirá en la actualización del cuadro macro. «La recuperación se está cimentando tanto en la demanda interna como en el sector exterior, con el apoyo de un fuerte crecimiento del empleo y una política monetaria expansiva», recoge el informe de la OCDE.

Los responsables de Competencia en Cataluña consideran contrario a las normas de libre comercio la modificación de los peajes energéticos incluida en los Presupuestos del Estado de este año, tras el acuerdo presupuestario del PNV con el Gobierno de Mariano Rajoy. Según la Autoridad Catalana de la Competencia, este cambio va a alterar «indebidamente» la competencia, ya que implicará un mayor desequilibrio entre territorios. El acuerdo entre el Gobierno y el PNV prevé eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1.b, e incluir las tensiones de 30 a 36 kilovoltios para las que estaba prevista en la tarifa 6.2 en 2018. De este modo, las empresas que estén conectadas a la red en tensiones de 30 a 36 kv –casi todas las de Euskadi– abonarán una tarifa más barata.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales reclama retomar el control sobre la formación, así como liberar una mayor cantidad presupuestaria, que hasta ahora permanece bloqueada. El presidente de la Comisión de Formación de CEOE, José Antonio Sarría, reclamó ayer en el Congreso de los Diputados que la patronal recupere el diseño de los planes de formación en las empresas. «No queremos estar en la ejecución de la formación, pero sí en la gobernanza y en el diseño», señaló Sarriá durante la presentación en el Congreso de los Diputados del Libro Blanco sobre el sistema de formación en el trabajo elaborado por la propia CEOE. A juicio de la patronal, es necesario que el diseño de los programas vuelva a manos de los empresarios, como sucedía con la Ley vigente hasta 2015, porque «sólo las empresas conocen las necesidades a las que se tienen que enfrentar».

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, aseguró ayer que España «no puede» llevar a cabo una estrategia de salarios bajos, subrayando que hay que ligarlos a la productividad para crear un empleo estable y de calidad. «Deberíamos ser capaces de pagar mejores salarios de los que hay ahora. Hay que subir los salarios cuando se mejore la productividad y si no es así habrá más desempleo. Hay que ser muy responsables a la hora de subirlos», dijo Vega de Seoane durante la presentación de ‘El Barómetro de los Círculos 2017’. Además, se mostró a favor de que el tipo del impuesto de sociedades del 25% se reduzca a un 20%. «No nos suban los tipos, ya están altos. Pagamos más en comparación a otros países», concluyó.

Los estibadores portuarios volvieron ayer a la huelga con un seguimiento de casi el 100% —según los sindicatos, el Gobierno y la patronal—, que paró la actividad de los puertos españoles en las horas impares. La jornada transcurrió sin incidentes y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reiteró su petición de que se retome la negociación entre trabajadores y empresas para cerrar el conflicto.

El 40% de los accidentes laborales en el sector de la industria se producen entre trabajadores pertenecientes a subcontratas, de los cuales un 27% están relacionados con trabajos de mantenimiento en máquinas, según los da tos de los que dispone el instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales Osalan. La información fue facilitada ayer por el director general de Osalan, Alberto Alonso, en el transcurso de una visita que realizó junto con la consejera vasca de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, al expositor que este organismo público ha dispuesto en la Feria de la Subcontratación que se desarrolla en el Bilbao Exhibition Center BEC. Alonso señaló que, en el conjunto de accidentes laborales que se produjeron durante el pasado ejercicio, alrededor del 9% fueron protagonizados por empleados pertenecientes a subcontratas.

CC OO de Euskadi exigió ayer una «mayor coordinación» entre las empresas que concurran en un mismo centro de trabajo para reducir la siniestralidad laboral. El sindicato realizó una concentración en la entrada principal del BEC de Barakaldo, donde se celebra la Feria Internacional de Equipos y Procesos para la Fabricación, a la que ha acudió su secretaria general, Loli García, en el que ha sido su primer acto público tras ser elegida. «Desde CC OO de Euskadi queremos poner de manifiesto la necesaria y escrupulosa coordinación entre las empresas principales y las subcontratadas, sobre todo en materia de salud laboral y de prevención de riesgos», aseguró García, que afirmó que su sindicato ha constatado que tanto la subcontratación abusiva como en cadena son «causas claras de una alta siniestralidad».

ELA reclama una nueva política lingüística que fomente la euskaldunización del mundo laboral vasco porque, a su entender, todavía «no está garantizado el derecho a trabajar en euskera ni tampoco el de recibir los servicios públicos en ese idioma». Esta es una de las resoluciones propuestas por el comité nacional que se votarán en el XIV Congreso confederal que el sindicato celebrará los próximos días 15 y 16 de junio en el Palacio Euskalduna bajo el lema ‘Indarberritzen (Reforzándonos)’, en el que también se debatirá el informe de gestión y la ponencia que marcará las líneas de actuación para los próximos cuatro años.

Los sindicatos ELA y LAB reclamaron ayer a los grupos políticos que se oponen a la llegada del tren de alta velocidad a Euskadi y a la conexión de las tres capitales vascas –conocida como ‘Y’– que impulsen iniciativas contrarias al proyecto. Responsables de ambas centrales presentaron un informe sobre el AVE según el cual éste aumenta la brecha social al ser un transporte más caro. El estudio dice que sólo lo utilizarían 2,2 millones de personas al año.

El Convenio Multilateral de la OCDE se firmó ayer en la sede de la Organización en París con el fin de agilizar y armonizar la lucha contra la evasión fiscal de las multinacionales, que aprovechan su presencia en varios países para intentar escamotear impuestos a las correspondientes Haciendas. Este instrumento, que han negociado cerca de 100 países y finalmente rubricaron ayer cerca de 80, es el producto estrella del Plan de la OCDE y del G20 BEPS (Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios, en sus siglas en inglés), que contiene 15 acciones, muchas de las cuales no pueden afrontarse sin la armonización de los numerosos convenios bilaterales en vigor, cerca de 2.000 entre los Estados que lo han debatido. Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, concretó que los Gobiernos dejan de ingresar 250.000 millones de dólares al año (cerca de 222.000 millones de euros) por la elusión fiscal de las multinacionales, el 10% de la recaudación global del Impuesto sobre Sociedades.

Popular se quedó sin liquidez a las 15 horas del martes. La Junta Única de Resolución Europea decidió intervenir y en una operación relámpago vendió el banco por un euro a Santander. Los accionistas pierden todo su dinero, mientras los clientes con depósitos y créditos de Popular mantienen sus posiciones. Santander, nuevo líder de la banca española, ampliará capital en 7.000 millones para sanear y recapitalizar Popular. Ana Botín espera lograr una rentabilidad del 14% con la inversión y prevé unas sinergias de 500 millones. José García Cantera, director financiero de Santander, sustituye a Emilio Saracho como presidente de Popular.

El proceso de salvación del astillero vizcaíno La Naval superó ayer una nueva etapa, la aprobación de una inyección de capital por importe de 42 millones de euros, pero no es la última antes de solventar la situación crítica en la que se encuentra como consecuencia de las pérdidas millonarias acumuladas en los últimos ejercicios. El principal inversor dispuesto a asumir el liderazgo accionarial, el empresario asturiano afincado en Miami Manuel del Dago, ha condicionado el desembolso a alcanzar un acuerdo con la banca para refinanciar el astillero. La solución debería lograrse en las próximas semanas. Fuentes del sector financiero señalaron ayer que el consejo de administración de La Naval ha decidido presentar la solicitud de preconcurso, aunque únicamente como medida de precaución legal y a la espera de que culminen todos los acuerdos.

El PNV está convencido de que el acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno de Rajoy ha sido beneficioso para Euskadi, y ya vela armas a la espera de una nueva negociación para las cuentas de 2018 que pueda resultar tan o más ventajosa para sus intereses. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, sabe que los cinco diputados jeltzales volverán a ser decisivos para la tramitación de los Presupuestos en el Congreso, sobre todo tras el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias socialistas, por lo que ayer avanzó que contempla «una larga lista de cosas que se adeudan» a Euskadi para presentar en esa hipotética negociación. Ortuzar adelantó que su partido está dispuesto a «entrar a negociar» los Presupuestos del Estado de 2018, aunque advirtió también que «el contador se pone a cero».