20170323

El enfrentamiento entre la patronal Confebask y ELA no baja de revoluciones desde que a mediados de enero se alcanzara el histórico acuerdo para blindar la negociación colectiva vasca. Ayer el presidente de los empresarios, Roberto Larrañaga, cargaba en Onda Vasca contra el sindicato mayoritario por su negativa a firmar convenios. Pese a la posición de ELA, Larrañaga valoró que la negociación colectiva «está avanzando» y puso los ejemplos de las factorías alavesas de Míchelin y Mercedes, donde las plantillas apoyaron mayoritariamente el convenio «pese a las directrices» de la central abertzale. «Sus propios afiliados y trabajadores no le siguen», dijo.

Las familias, con su consumo, y las empresas, con su inversión, serán los principales soportes de una economía vasca que, lejos de frenar o de mostrar mala cara, sigue revelando un más que notable vigor. Muestra de ese ímpetu es el nuevo cuadro macroeconómico presentado ayer por el departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, pilotado por Pedro Azpiazu, en el que el consejero elevó (como ya había adelantado) su previsión de Producto Interior Bruto (PIB) para este año hasta el 2,5% –la anterior previsión cifraba el crecimiento en el 2,3%– y dio por primera vez la estimación del Ejecutivo para 2018. El año que viene, la economía vasca crecerá un 2,2%, de nuevo con la demanda interna como gran protagonista. Un motor, el doméstico, que seguirá alimentado por unos tipos de interés que continuarán bajos, con la consiguiente facilidad de financiación de la economía en general, una mayor renta disponible y una inflación aún bajo control.

La Diputación de Gipuzkoa prepara una norma foral de fomento a la creación de nuevas empresas que contemplará un incremento «importante» en las deducciones del IRPF para personas que inviertan en acciones de pymes y que, en la actualidad, se sitúan en el 20%. La medida tendrá también su correlación en el Impuesto de Sociedades, para beneficiar así a las empresas que inviertan en crear nuevas firmas. Aunque por el momento no se conocen los detalles fundamentales, todo apunta a que esta medida pasaría por incrementar el porcentaje de la deducción –que se situaría en torno al 30%– y por ensanchar los límites de la misma e incluso el perfil de las empresas acogidas a esta medida.

Las empresas no financieras elevaron su beneficio un 200,7% en 2016, gracias al dinamismo de la actividad, a la mejoría de los ingresos financieros y las plusvalías por venta de acciones. Esta influencia positiva se frenó en parte por el mayor impuesto sobre beneficios, según el avance del ejercicio de la Central de Balances del Banco de España. El resultado ordinario neto creció un 23,8%. Sin embargo, «los gastos de personal aumentaron en 2016 un 1%. El crecimiento de esta partida es consecuencia, principalmente, de la positiva evolución del empleo, en un contexto en el que las remuneraciones medias prácticamente se estancaron (–0,1%)», comenta el informe.

El Consejo General de Economistas, a través de su órgano especializado, el Registro de Expertos en Economía Forense, ha remitido al FMI un documento con las medidas que deberían implantarse para mejorar los concursos de acreedores. Estos expertos piden que los llamados créditos públicos –las deudas con Hacienda y la Seguridad Social– pierdan parte de los privilegios que conservan aún en los procesos concursales.

Acudir al crédito para financiar los gastos del día a día vuelve a ser una práctica habitual entre los consumidores, una vez olvidadas las peores consecuencias de la crisis para los presupuestos familiares. Los hogares han retomado la contratación de todo tipo de productos de financiación instantánea para adquirir electrodomésticos, viajar o renovar el vehículo. El volumen de nuevas operaciones alcanzó los 27.355 millones el año pasado, el 14% más que en 2015, cuando ya venía de mejorar un 13%, y a la vez el mayor nivel desde antes de que comenzara la recesión.

Los españoles se han resistido tradicionalmente más al canal online que sus vecinos europeos, pero las cosas están cambiando. El número de personas que compran online al menos una vez a la semana ha crecido ocho puntos en un año en nuestro mercado, pasando del 19% al 27%, mientras que los que realizan compras online al menos una vez al mes ha aumentado todavía más, diez puntos, y ya supone el 58% de los compradores españoles, según el informe Total Retail 2017, elaborado por PwC en todo el mundo a través de entrevistas a 24.471 consumidores, entre ellos más de 1.000 españoles. Las cifras de España ya están en la media mundial de compra online semanal (27%), mientras que han reducido terreno respecto a la media en compra mensual (65%).

Jeroen Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo, se disculpó ayer —con la boca pequeña— por los «malentendidos» que ha causado su entrevista en un diario alemán en la que acusa al Sur de derrochar el dinero «en licor y mujeres». Dijsselbloem atribuye sus declaraciones «a la cultura calvinista, a la sinceridad holandesa» y se niega a dimitir. España, Italia y Grecia consideran inadmisibles sus palabras y le exigen una rectificación «sentida, formal y pública». Portugal y el Partido Socialdemócrata Europeo, en el que figuran los laboristas holandeses de Dijsselbloem, quieren que deje el cargo. La Comisión Europea y eurodiputados de todas las fuerzas tildan sus declaraciones de insultantes, vulgares y machistas.

El Tribunal Supremo ha vuelto a abordar el crédito horario sindical en una sentencia de febrero de 2017 y ha reiterado su doctrina de 2015. Confirma que este permiso se disfruta sólo durante once meses, excluyendo el periodo de vacaciones. El fallo subraya que «es imposible disfrutar de un permiso retribuido cuando el representante unitario o sindical está de vacaciones, al ser imposible disfrutarlo cuando no se está trabajando». No obstante, de esta manifestación general se excluyen supuestos excepcionales en los que el crédito horario deba utilizarse en todo o en parte fuera de la jornada laboral, como, por ejemplo, en empresas con trabajo a turnos o en situaciones de baja de representante por incapacidad temporal.

Durante la segunda jornada Women in Progress ‘Mujer, empleo y tecnología’ organizada por El Correo quedó claro que faltan referentes femeninos en los mundos de la industria, la tecnología, la ciencia y las matemáticas. Para abordar esta situación y la importante brecha tecnológica existente entre sexos se reunió a destacadas directivas, emprendedoras, profesores y estudiantes que aportaron su visión y ofrecieron además de sus experiencias personales un buen número de consejos. Al encuentro, patrocinado por el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y Euskaltel, en colaboración con Camp Tecnológico, asistieron más de 300 alumnos y educadores. Los datos demuestran que los hombres son mayoría aplastante en cuanto a estudios tecnológicos se refiere, ya que sólo un 20% de mujeres se decanta por carreras técnicas. Lo grave de esta realidad es que, si no cambia, las mujeres estarán dando la espalda a los sectores que más empleos de calidad van a generar en un futuro ya muy cercano.

Para buscar un trabajo, para solicitar la Renta de Garantía de Ingresos, para continuar cobrando la Prestación Complementaria de Vivienda o para completar cualquier otra solicitud en Lanbide. En todos esos trámites, desde junio del próximo año –arrancará con una prueba piloto–, será necesario extender la mano y situar el dedo sobre un lector donde parpadea una pequeña luz roja. La huella dactilar digitalizada se convertirá así en una obligación para todos los perceptores actuales –63.382 en febrero– y futuros de las dos principales ayudas vascas (RGI y PCV), así como para los cerca de mil trabajadores que las gestionan desde Lanbide. El colectivo de personas identificadas con este método va a dispararse en unos meses ya que los parados también tendrán que dejar su huella. Actualmente hay más de 200.000 personas en Euskadi que son solicitantes de empleo. En total, casi uno de cada diez vascos dejará su firma dactilar en la Administración autónoma.

A la espera de lo que depare la reunión negociadora de hoy sobre la controvertida liberalización de la carga y descarga en los puertos, los estibadores ya han dejado claro en qué condiciones quieren prejubilarse si finalmente respaldan la reforma. Sería, según la propuesta que entregaron el martes al Gobierno, con el 80% de sus retribuciones y con una cuantía mínima equivalente a tres veces el salario mínimo, lo que supondría no menos de 2.122 euros mensuales. El Ejecutivo no estaba dispuesto en principio a darles más del 70% del salario a través de las ayudas que pondrá en marcha Empleo. Por eso los representantes de los estibadores ofrecen recortar hasta un 6% su sueldo. Un punto de ese descenso iría a un fondo sufragado a partes iguales con las empresas para costear parte de las prejubilaciones.

Kutxabank y la mayoría sindical alcanzaron ayer un preacuerdo para la firma de su segundo convenio colectivo en el que, esencialmente, se garantiza el statu quo durante dos años más a cambio de rebajar el sueldo a los nuevos. Las centrales que suscribieron el acuerdo  son CC OO –con una representación del 35,2%– y Pixkanaka –17,6%–. Por contra, ELA condenó el aumento de las desigualdades entre trabajadores. El convenio mantiene prácticamente las condiciones del anterior, según destaca CC OO, con algunas modificaciones, lo que a su entender es todo un logro, dada la propuesta inicial de la empresa, que pretendía aumentar la jornada en 140 horas, reducir las ventajas sociales y crear una nueva escala salarial. Este último aspecto es precisamente la principal novedad, ya que el pacto incluye un nuevo salario para las incorporaciones, que se situará en 22.000 euros frente a los 26.000 del anterior.

«La versión del diputado general sobre la huelga de las residencias es la débil justificación de una decisión deliberada para perpetuar condiciones laborales de explotación»