201912

Que nos encontramos ya en un proceso de cambio climático es evidente. Los fenómenos atmosféricos son cada vez más frecuentes e intensos. Los escenarios de futuro son preocupantes. El impacto del cambio climático irá en aumento sobre la gran mayoría de los sectores productivos como el turismo, la agricultura y la producción de alimentos. También se nota de forma especial en los seres humanos y el resto de seres vivos.

Santiago Abascal y VOX en España o Boris Johnson en Reino Unido son dos ejemplos de cómo el negacionismo climático se va abriendo hueco en el continente. En diciembre de 2015, Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, se congratulaba por el primer acuerdo exhaustivo para tomar acción climática. En ese momento dijo al mundo que “el Acuerdo de París ahora refleja nuestra ambición en todo el mundo”. Y, aunque las personas que lideran la Unión Europea se mantienen fieles a ese sentimiento, mucho ha cambiado desde entonces.

El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco espera movilizar 8,5 millones de euros en la rehabilitación energética de edificios residenciales privados de más de 40 años hasta el año 2022, gracias a la aprobación por parte de la Comisión Europea del proyecto AGREE (Aggregation and improved Governance for untapping Residential Energy Efficiency potential in the Basque Country), mediante el cual diseñará instrumentos de financiación innovadores adaptados a las necesidades de las personas residentes.

En los últimos meses la banca ha comenzado a impulsar más sus áreas de banca sostenible ante la presión de los supervisores, gobiernos, instituciones internacionales e incluso de los inversores y agencias de calificación. El protagonismo de la banca en el cambio climático, y el impulso de las finanzas sostenibles se ha convertido, incluso, en uno de los puntos debatidos entre los principales países del planeta en el marco del G7.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, los proyectos de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y de la Ley de Administración Ambiental. 

El proyecto de Ley de Administración Ambiental clarifica y simplifica los distintos procedimientos de evaluación ambiental, reduciendo los plazos establecidos, mediante la utilización del nuevo sistema de tramitación electrónica INGURUNET. Asimismo, se establece por primera vez en todo el ámbito estatal, que en las obras públicas un 40% como mínimo de los materiales empleados deberán proceder de la valorización y reciclado de residuos. También se apuesta por la fiscalidad ecológica, determinando la posibilidad de que las recaudaciones obtenidas integren una partida en sus presupuestos anuales específicamente destinada a abordar actuaciones vinculadas a la protección del medio ambiente. En el marco del control y sanción se establece la prohibición de las personas físicas o jurídicas de contratar con la Administración o de recibir ayudas públicas cuando hayan cometido infracciones ambientales muy graves o graves, hasta que no hayan ejecutado las medidas protectoras o pagado la sanción.