20220110

El futuro económico depende de las capacidades de los territorios para afrontar las tres transiciones que se plantean como reto en los ámbitos demográfico-social, energético-ambiental y tecnológico-digital, y Euskadi parte de una posición aventajada gracias a la estrategia desarrollada décadas antes en la industria, según concluye un informe elaborado por el Instituto Vasco de la Competitividad-Orkestra. Edurne Magro y James Wilson, dos de sus autores, afirman que la CAV es un caso de éxito reconocido en ámbitos europeos por su capacidad de impulsar un desarrollo económico basado en la industria sin dejar de lado la inclusividad, que despierta el interés en muchos de los foros a los que se invita a Orkestra para que expliquen este modelo. En todo caso, James Wilson cree que uno de los puntos que hay que reforzar para impulsar las transiciones en Euskadi reside en potenciar la innovación en las pequeñas y medianas empresas. "Nuestras pymes no son tan innovadoras como en otras regiones de referencia". Por su parte, Edurne Magro observa diferencias entre el sistema nórdico europeo, donde la sociedad civil está acostumbrada a tener una participación en la vida pública, frente a Euskadi, donde la ciudadanía "no está acostumbrada" a formar parte de un modelo de gobernanza. En opinión de la investigadora de Orkestra, "la participación de la sociedad civil en la estrategia industrial es necesaria para abordar las transiciones". 

España es el sexto país donde mayor es la diferencia entre la subida de precios industriales que afronta la mayor parte de las empresas y los precios de consumo, excluyendo la factura eléctrica, solo por detrás de Irlanda, Dinamarca, Rumanía, Bélgica y Bulgaria. Los precios industriales (clave para la mayor parte de las empresas, ya que fijan el coste de gran cantidad de sus insumos) suben un 33,1% en España en noviembre (último dato comparable con el resto de los países de Europa en la base de datos de Eurostat), mientras que el IPC excluyendo la energía apenas sube un 2% respecto al mismo mes del año anterior. De hecho, aunque parezca que la inflación es muy elevada, la escalada de la factura eléctrica a lo largo de los últimos meses supone un gran obstáculo para las empresas a la hora de trasladar la subida de costes a sus clientes, ya que estos tienen un poder adquisitivo muy mercado por el pago de la factura de la luz. El colapso de los márgenes de beneficios supone una noticia muy preocupante ya que, aunque la facturación esté volviendo a las cifras previas a la crisis (el Índice de Cifra de Negocios del Instituto Nacional de Estadística recuperó en septiembre las cifras previas a la crisis por primera vez desde que estalló la pandemia), eso no se traduce en una mayor salud financiera para las empresas españolas. Es más, muchas podrían estar vendiendo más que antes de la crisis y haber entrado en pérdidas en los últimos meses. 

Barómetro de diciembre del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Según los datos obtenidos del barómetro, un 30% de las pequeñas y medianas empresas españolas acaban el año con pérdidas. Más de 700.000 empresas tienen serios problemas de liquidez, que están siendo difícil de solventar y, con ello, se estima una difícil recuperación de los niveles de actividad pre pandemia. Santiago Ollero señaló que “los pequeños negocios que no cuentan con mucho margen, que ganan lo suficiente para pagar empleados y el resto de gastos y para tener su sueldo el empresario durante los buenos momentos, en cuanto se presentan problemas tan serios como los derivados de la crisis sanitaria se les viene abajo todo”. Y recrimina la actuación del Gobierno: “El Estado debería plantearse seriamente facilitar líneas de liquidez a estas empresas". 

El horizonte económico se está volviendo cada vez más sombrío y la ansiada recuperación, desgraciadamente, se tambalea. El crecimiento del PIB se ralentiza y presenta signos de estancamiento. Se apaga el consumo de los hogares mientras la industria no remonta y el sector servicios languidece, especialmente tras unas Navidades en las que la actividad turística y hostelera no ha funcionado como debería debido a las nuevas restricciones aplicadas en muchas regiones y al miedo por la propagación de la nueva variante del virus procedente de Sudáfrica, llamada Ómicron. Los resultados de la actividad económica medidos hasta ahora, tanto en tasa intertrimestral como interanual, muestran, claramente, que la actividad económica ha perdido empuje. En el IV trimestre, la ralentización habrá sido mayor, porque, como digo, el mes de diciembre ha supuesto un freno claro en el turismo y la hostelería. Como segundo factor negativo, el coste energético no cesa en su escalada y, día tras día, se encarece la factura de la energía. En este sentido, la Comisión Europea ha dado un paso esperanzador al incluir en un borrador una propuesta para considerar a la energía nuclear y el gas como energías verdes. 

La Comisión Europea apuesta por la energía nuclear como pieza fundamental para la descarbonización. El comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, aseguró este domingo que la transición hacia una energía descarbonizada en la Unión Europea (UE) tiene que incluir una parte de energía nuclear para que se puedan cumplir los objetivos y eso implica una inversión de medio billón de euros en nuevos reactores atómicos de aquí a 2050. Eso significa dedicar unos 20.000 millones de euros anuales para los reactores de nueva generación, que se añadirán a los 50.000 millones necesarios de aquí a 2030 para poder mantener en funcionamiento las centrales nucleares actuales, explica el comisario francés en una entrevista publicada este domingo por el diario Le Journal du Dimanche. Breton defiende con ese argumento la polémica propuesta del Ejecutivo comunitario de integrar la nuclear en su taxonomía de las llamadas energías “verdes”, que es una forma de favorecer la llegada de capitales para ese tipo de proyectos en condiciones favorables. En línea con la posición del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha anunciado su intención de lanzar la construcción de nuevos reactores para renovar el parque actual que genera el 70% de la electricidad del país, el comisario reconoce que él siempre ha apoyado la inclusión dela nuclear en esa taxonomía.

Las consecuencias de la clausura del gasoducto Magreb-Europa entre Marruecos y Tarifa, por el conflicto que mantiene este país con su vecino Argelia, ya se dejan ver con claridad. Según el último boletín estadístico del gestor del sistema, Enagás, el gas natural licuado (GNL) que entró en el mercado español en diciembre pasado supuso casi un 70% (el 68,8%) del total, frente al 47,6% del mismo mes de 2020. Por el contrario, el gas natural (GN), sin licuar ni regasificar, transportado por tubo, representó en diciembre último un 31,2%, frente al 52,4% del mismo mes de 2020. El gas por Marruecos (con origen en los campos saharianos de Argelia) dejó de fluir el 31 de octubre, tras la ruptura del contrato de suministro que mantenía el coloso argelino Sonatrach con Naturgy, así como el de esta compañía con Marruecos para la operación y el mantenimiento de los 500 kilómetros por suelo marroquí. Ambos contratos, que llevaban en vigor 25 años, vencían el mismo día. Los intentos de renovación por parte de la energética española, que llevaba negociando con ambos países desde hacía dos años, resultaron infructuosos.

El Gobierno apuesta porque en 2030 haya cinco millones de vehículos eléctricos circulando por el país. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 habla de que dichos vehículos serán eléctricos, no electrificados. Esto último supondría incluir a los híbridos enchufables, que son una vía intermedia para transitar desde un diésel antiguo hacia las cero emisiones. En 2021, se matricularon en nuestros país 39.675 vehículos a pilas de todo tipo, de los que 23.889 fueron turismos, 2.850 furgonetas y 12.777 motos, ciclomotores, cuadriciclos y quads, según los datos de Aedive, la asociación que impulsa el vehículo eléctrico. Tanto Aedive como Ganvam, la patronal de los vendedores de vehículos, estiman que por España circulan menos de 150.000 vehículos eléctricos puros por nuestro país. Según los datos presentados esta semana por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el parque móvil se situó en 2021 en 33,2 millones de unidades. Así que sólo el 0,45% de ese parque circulante sería cero emisiones puro. A día de hoy el ritmo de penetración del eléctrico es lento: sólo el 0,27% de los turismos y el 0,18% de las furgonetas matriculadas en 2021 fue a pilas. Para lograr el objetivo del Gobierno las ventas han de crecer exponencialmente, algo que sucederá a partir de 2025. Hasta entonces, la prioridad será la recuperación de la doble crisis en el sector, la falta de chips y la pandemia global.

El Gobierno se enfrentará a una misión titánica durante los próximos dos años para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas a cambio de los fondos europeos. Entre 2022 y 2023 deberá ejecutar más de 300 de los 415 hitos que conforman el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que incluye la aprobación de más de 30 leyes. Los 70.000 millones de euros que el país recibirá (ya ha obtenido 19.000 en un adelanto y desembolso) durante los próximos dos años en ayudas no reembolsables están condicionados a que se cumplan estos objetivos. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el país reguló el 27,5% de sus obligaciones adquiridas. Según La Moncloa, se prevé que en junio de 2022 esta cifra alcance el 32,9%. El Ejecutivo también se comprometió ante la Comisión Europea a sacar adelante más de medio centenar de reformas legislativas para finales de 2023. Algunas de ellas, como la ley de repartidores, Formación Profesional o del Cambio Climático y Transición Energética, ya han sido aprobadas. Sin embargo, aún falta el 60%.

El viaje de negocios sigue sin despegar en el aeropuerto de Bilbao. La popularización de las videoconferencias, la lenta recuperación de los congresos y grandes eventos profesionales, así como la política de contención de gasto por parte de las empresas, está pesando en los números de Loiu. Los dos últimos balances parciales disponibles (el de diciembre no saldrá hasta mediados de mes) reflejan que octubre y noviembre fueron meses regulares para ‘La Paloma’, que sigue saliendo a flote gracias al tráfico nacional relacionado con el ocio y los reencuentros familiares. En esta fase del año, antes de la llegada de ómicron, se esperaba una fuerte reactivación del pasajero de negocio, ya que octubre y noviembre son siempre meses clave para este tipo de desplazamientos, toda vez que el verano queda ya definitivamente atrás y la Navidad estaba aún lejos. En esta ocasión, además, la situación pandémica parecía estabilizada en octubre (nada que ver con el panorama que ahora se plantea). Por si esto fuera poco, las aerolíneas incrementaron su oferta y sacaron precios asequibles para poner su grano de arena. El terreno estaba abonado, pero la cosecha no ha sido todo lo buena que se barruntaba.

La Diputación de Bizkaia y el centro tecnológico Tecnalia han activado este año el proyecto de una autopista inteligente que implica a empresas con investigaciones en marcha relacionadas con la movilidad del futuro, marcada por coches autónomos, conectados y compartidos. Bajo la denominación Bizkaia Connected Corridor, el ente foral financiará la digitalización y sensorización de una red viaria de 57 kilómetros que discurre por el territorio y que será una zona de ensayos para nuevas tecnologías relacionadas con la citada movilidad. Los socios de la iniciativa abordarán en este arranque de año la instalación de las primeras balizas de comunicación cooperativa (conocidas como Road Side Unit) en la autopista que une en Bizkaia las localidades de Ermua y Ugaldebieta. Estos equipos gestionarán el tráfico de datos entre los vehículos de paso y los centros de control de incidencias, para informar a los conductores de condiciones meteorológicas adversas, obras, embotellamientos, obras o accidentes, entre otras circunstancias cuyo conocimiento es clave para reforzar la seguridad vial.

"...Hemos impulsado junto con Fineco la creación de un nuevo fondo de capital privado que contará con nuestra colaboración y la de la banca de empresas de su grupo, Kutxabank. Nos servirá para fortalecer un ecosistema empresarial, financiero e inversor con futuro. Desde nuestra posición, facilitaremos la conexión entre proyectos consolidados y con capacidad de crecimiento y el patrimonio de inversores privados. Capital fortalecido y rentabilidad inversora. Sin especulación y a muy largo plazo. Aporte no monetario, de cercanía y credibilidad, de alto valor añadido. Trabajamos por ello y por mejorar permanentemente el sistema financiero. Las finanzas como elemento clave y que ayudan a nuestras empresas con sus exigentes retos. Visión y acción sustentados en el ‘viejo negocio financiero’ basado en la confianza. Como ya he mencionado en alguna otra ocasión en este medio, algo tan antiguo y tan moderno como la responsabilidad social y los valores. Existen los inversores y conocemos las empresas; disponemos del ‘intangible’. Ahora, generamos la estructura necesaria para acompañar a todas ellas, con este nuevo fondo de capital privado de inversión para conquistar un mejor futuro". 

"... El mayor de los errores que el Gobierno puede cometer se sitúa en el afán utópico y desmedido de elevar sin tino ni realismo la recaudación, aludiendo al criterio de otros países que registran una proporción de impuestos a su PIB superior a la nuestra...Y ello porque las fantasías del Ejecutivo central se construyen sobre un índice, la presión fiscal (proporción de impuestos sobre PIB) poco representativo de la equidad de un sistema fiscal. La equidad tributaria nos remite al concepto alternativo de ‘esfuerzo fiscal’, que es igual a la presión fiscal dividida entre el PIB ‘per cápita’. La idea es que a alguien que gana 100, pagar la mitad de sus ingresos en impuestos le supone más esfuerzo que a alguien que gana 200. Para matizar el concepto basta entender que el esfuerzo fiscal de un danés expresada por la presión media fiscal (45,4%) sobre la renta ‘per cápita’ danesa (52.000 euros/año) es inferior al esfuerzo fiscal del contribuyente español cuya presión media (35,8%) gira sobre la renta ‘per cápita’ española (24.000 euros/año). La renta disponible de un danés (28.392 euros) siempre será superior a la de un español (19.800 euros), aunque su presión fiscal sea superior...Es importante, en consecuencia, conocer que aunque la presión fiscal española (35,8%) se sitúa en una zona media entre los países centrales, su esfuerzo fiscal está a la cabeza de la tabla de países, hasta un 50% por encima de algunos como Alemania. Otro dato final. Mientras en Alemania el nuevo ministro de finanzas ha expresado su intención de reducir en 30.000 millones de euros los impuestos que pagan los alemanes, en España circulamos en sentido contrario a la historia de nuestros tiempos pensando en multiplicarlos..."

Fatiga física y mental, dolores musculares y de cabeza, pérdida de apetito o aumento de peso, desregulación del ciclo menstrual en las mujeres, indiferencia y cinismo creciente, irritabilidad, desmotivación y un descenso de la productividad. No son los efectos secundarios del covid, sino los síntomas de un síndrome mucho más generalizado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recoge por primera vez desde este 1 de enero en su Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11): el del ‘trabajador quemado’. Conocido habitualmente por su acepción en inglés, ‘burnout’, Quirón Prevención lo define como «un proceso en el que progresivamente el trabajador sufre una pérdida del interés por sus tareas y va desarrollando una reacción psicológica negativa hacia su ocupación laboral». No está considerado por la OMS como una enfermedad mental, pero sí como un trastorno ocupacional provocado «por un estrés laboral crónico que no se gestiona adecuadamente» y que tiene graves consecuencias, tanto para los trabajadores como en la economía. El ‘burnout’ solo será reconocido en España si se incluye en la legislación. 

La posibilidad de rebajar la gravedad del conflicto en Ucrania se vuelve cada vez más tenue. Estados Unidos y Rusia dedicaron ayer las horas previas a la cumbre sobre la situación creada en este país tras la movilización en su frontera de más de 100.000 soldados rusos a echarse un pulso y realizar una espesa demostración de quién llega más lejos en el tensionamiento de las relaciones mutuas. Por parte de la Casa Blanca, el secretario de Estado Antony Blinken alertó una vez más del riesgo de «confrontación» y añadió que a su país no le temblará la mano para aplicar a Rusia las sanciones comerciales y económicas más severas, como ha hecho anteriormente con Cuba o Corea del Norte, en caso de que sus tropas invadan el territorio ucraniano. Por parte de Moscú, el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, expuso la «decepción» del Kremlin por el enroque estadounidense y declaró que en las conversaciones ni habrá «concesiones» al calor de una retórica amenazante ni dejará que se introduzcan en el orden del día las cruentas revueltas de Kazajistán, que han costado ya 164 muertos y 2.000 heridos.

El responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia, Félix Zubia, destacó ayer que gran parte de la carga del sistema sanitario, especialmente afectado por la virulencia de la sexta ola, se debe a los no vacunados. En síntesis, dos de cada tres pacientes de UCI no están vacunados y los pacientes críticos que sí lo están tienen problemas inmunitarios por cáncer, trasplante o estar en tratamiento biológico por enfermedades autoinmunes, indicó Zubia en entrevista radiofónica. Con todo, en sus mensajes también ha aprovechado para emitir algún rayo de esperanza en el horizonte, ingrediente fundamental para superar una enfermedad que está agotando a la sociedad en su conjunto. Y es que, según su predicción, «los contagios no están muy lejos de tocar techo, podría ser ya esta semana o el comienzo de la próxima».

Anton Erkoreka, director del Museo Vasco de la Historia de la Medicina de la UPV/EHU e investigador de la gripe de 1918, recuerda que «casi todas las pandemias históricas, similares a la actual, han durado entre dos y tres años, pasando luego a hacerse endémicas». Si con la covid no sucede lo contrario, «para finales de primavera de este año tendría que terminar esta fase aguda». "El coronavirus es un virus ARN que muta con extrema facilidad por lo que, con total seguridad, aparecerán nuevas variantes que esperemos sean cada vez menos virulentas como parece que ocurre con la ómicron". 

La llegada de los fármacos antivirales en formato oral puede cambiar el enfoque de los tratamientos contra el virus y sus variantes ya que, al tomarse en casa, contribuirían a reducir la presión en los hospitales. Por eso, las autoridades han puesto sus esperanzas en estas pastillas para reducir la posibilidad de fallecimiento u hospitalización de aquellas personas con mayor riesgo y bajar así la presión asistencial de los centros sanitarios. Las americanas Pfizer y Merck (conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá) son las que actualmente disponen de estas píldoras orales en fase de investigación más avanzada. Ambas biofarmacéuticas ya han recibido las primeras aprobaciones de uso de emergencia en varios países, cuyos Gobiernos se han lanzado a comprar estos tratamientos que permiten completar una estrategia contra el Covid, junto a las vacunas y medidas como las mascarillas, la distancia social y la higiene de manos. Reino Unido fue el primero en aprobar, a principios de noviembre, Molnupiravir, el medicamento de Merck-MSD y Ridgeback Biotherapeutics. El 31 de diciembre daba también luz verde al de Pfizer, denominado Paxlovid. El Gobierno firmó inicialmente un acuerdo para comprar 480.000 ciclos de tratamientos de la pastilla de Merck-MSD (que debe tomarse dos veces diarias en los cinco primeros días tras comenzar los síntomas), al que en diciembre sumó 1,75 millones más para disponer este año de 2,23 ciclos. A ellos ha añadido 2,75 millones de la de Pfizer, a entregar este año.