20211110

En una entrevista a Euskadi Irratia, el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, ha afirmado que la patronal vasca apuesta por un mercado laboral "estable pero que, al mismo tiempo, cuente con medios para adecuarse a situaciones no previstas. Y eso es, precisamente, lo que le falta al mercado laboral español comparándolo con el del resto de países europeos. "Aquí lo que falta principalmente – continúa- es flexibilidad interna, y que, cuando las cosas van muy mal y no hay otro remedio para garantizar el futuro y la sostenibilidad de una empresa, se puedan realizar en algún momento ajustes lo menos traumáticos posible. Cuantas más dificultades, rigidez y obligaciones se impongan a las empresas, mucho más complicado será crear puestos de trabajo. Sobre la fiscalidad en Madrid, Zubiaurre ha reconocido que “mientras Madrid se ha convertido en los últimos años en una comunidad muy competitiva para atraer la inversión y el talento, en Euskadi hemos perdido competitividad en ese sentido. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio nos perjudica mucho. Madrid, con su política fiscal y otras medidas, con sus infraestructuras y con el contexto adecuado, consigue atraer inversión y desarrollar actividad económica". Escuchar entrevista aquí. Ver más en Confebask. 

Los empresarios vascos consideran que Madrid tiene mayor atractivo fiscal que Euskadi. Es un mensaje habitual de sus portavoces, pero lo volvieron a lanzar ayer, en pleno debate entre las dos comunidades después de que el pasado viernes el lehendakari criticara el «‘dumping’ fiscal» de la región que dirige Isabel Díaz Ayuso. La patronal vasca Confebask fue ayer la primera en terciar en el debate. Su presidente, Eduardo Zubiaurre, reconoció que mientras Madrid se ha convertido en los últimos años «en una comunidad muy competitiva para atraer la inversión y el talento», en Euskadi «hemos perdido competitividad». Así, señaló que el «Impuesto de Patrimonio nos perjudica mucho. Desde el mundo empresarial decimos que ese impuesto nos da muy pocas cosas buenas y nos trae grandes perjuicios». Poco después, el secretario general de la organización empresarial alavesa SEA, Juan Ugarte, incidió en la misma idea a propósito de la mejora sustancial que experimenta la generación de actividad económica en Madrid y la aparente apatía que se vive en el País Vasco. «Por desgracia, Euskadi está perdiendo atractivo inversor y, aunque tenemos cosas interesantes para los inversores, hay otras que no lo son tanto y la fiscalidad ha dejado de tener cierto atractivo».

Faltan apenas cinco días para que expire el plazo acordado para tener listo el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el Gobierno y los agentes sociales siguen negociando a contrarreloj para alcanzar un acuerdo. Encima de la mesa ya hay una propuesta clara y concreta: una subida de las cotizaciones desde 2023 a 2032 para conseguir unos ingresos extra para llenar la ‘hucha’ de las pensiones y sufragar así la oleada de jubilaciones de la generación del ‘baby boom’. La CEOE volvió ayer a rechazar un nuevo incremento de los costes para las empresas. «No es el momento más adecuado», dijo su presidente, Antonio Garamendi, quien ve «complicado» llegar a un acuerdo. A los sindicatos, por el contrario, la fórmula les parece «acertada» al centrarse en aumentar los ingresos y no establecer ningún recorte en la pensión ni retraso en la edad de jubilación. «Como modelo nos parece que va en la línea adecuada y debemos hacer todos un esfuerzo de cierta solidaridad y responsabilidad sin penalizar las pensiones futuras», defendió Mariano Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

El presidente de Confebask criticó ayer la propuesta del Gobierno central de subir las cotizaciones sociales del 0,5% al 0,6% durante diez años, correspondiendo a las compañías asumir un 0,4%. Eduardo Zubiaurre señaló en una entrevista radiofónica que en el ámbito empresarial tienen «dudas» al respecto. El presidente de la patronal aseguró que, «cuanto más se incremente el coste del puesto de trabajo, será un impedimento mayor para impulsar el empleo y la reactivación que todos queremos. Subir las cotizaciones más que un estímulo será otra pequeña molestia». Zubiaurre añadió que las cotizaciones sociales suponen una parte importante del coste del empleo, «un tercio más o menos». «Cuanto más se incrementen y más impuestos se apliquen a los puestos de trabajo –subrayó el presidente de Confebask– la dificultad será mayor, porque la actividad económica pide más competitividad y subir las cotizaciones no es una medida para facilitarla y reactivarla». El secretario general de SEA, la patronal alavesa, se manifestó en el mismo sentido en otra entrevista radiofónica. Juan Ugarte señaló que la propuesta de Escrivá es «preocupante. No es una buena noticia plantear cualquier elemento que vaya directo a la línea de flotación de los costes laborales con la incertidumbre económica actual».

El Gobierno ha enviado a los agentes sociales el borrador con la legislación de los nuevos ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) permanentes. El mecanismo será bautizado como Red. Completará a los actuales ERTE por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. La idea es que sea un instrumento de flexibilidad para cuando las empresas sufran una coyuntura adversa o tengan que ajustarse por motivos estructurales como la transición tecnológica. El sistema permitirá mantener a los empleados o formarlos para que se reciclen en otra empresa o sector. Deberá ser activado por el Consejo de Ministros a propuesta de los ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Economía. Antes se informará a sindicatos y empresarios. Los sindicatos y la patronal se quejan de la complejidad del nuevo mecanismo. Hoy el Gobierno discutirá la propuesta con los agentes sociales. En la redacción han colaborado tres ministerios: Trabajo, Seguridad Social y Economía. Se trata del primer papel que se produce desde que el Gobierno de coalición acordó un procedimiento interno para aprobar la reforma laboral con la participación de todos los departamentos.

El maná de ayudas directas que aprobó el Gobierno central a bombo y platillo en marzo para apoyar a empresas y autónomos afectados por el covid se ha convertido en un gran fiasco para Euskadi. Se esperaban 35.000 solicitudes y solo se han recibido 5.850, según los datos que dio ayer el Ejecutivo vasco, responsable de gestionar el programa en la comunidad aunque con los criterios de acceso establecidos por el Estado, a los que se culpa en gran medida del fracaso. El caso es que el desastre ha sido tal que, una vez se acabe la tramitación, se van a utilizar como máximo 115 millones de euros cuando había un presupuesto de 268 millones: 218 de lo que tocó al País Vasco en el reparto nacional –de una ‘tarta’ de 7.000 millones– y otros 50 que puso de sus fondos el gabinete de Urkullu para ampliar los sectores beneficiarios e introducir actividades como las bodegas. En resumen, se va a utilizar solo un 43% del dinero consignado. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, que dio ayer los datos después de que se cerrara el programa a la mañana, admitió que el resultado se encuentra «muy lejos de las expectativas que teníamos». 

Guerra abierta entre dos grandes empresas vascas, la eléctrica Iberdrola y la siderúrgica Sidenor. En el origen del conflicto, el incremento desbocado de los precios de la electricidad, que impactan sobremanera en las grandes industrias electrointensivas, cuya asociación, AEGE, preside el asimismo presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. Si hasta ahora las hostilidades se habían mantenido dentro del terreno de las quejas de las empresas grandes consumidoras de energía por la situación y la petición de medidas a corto plazo para paliar su impacto, y la defensa de la eléctrica vasca argumentando que se trata de una crisis «coyuntural», ayer Iberdrola decidió salir al contraataque con inusitada dureza. La compañía presidida por Ignacio Galán, a través de fuentes de la empresa, pidió a Sidenor que baje los precios de su acero dada la subida «desproporcionadamente inexplicable», que «no se corresponde» con el incremento de los costes de la energía. Además, aseguró que las eléctricas, «entre las que se encuentra Iberdrola, de la que no es cliente Sidenor», según puntualizaron las mismas fuentes, están ofertando a «la empresa presidida por Jainaga» precios «competitivos fijos» desde hace tiempo. En concreto, revelaron que la energética vasca «ofertó en su momento un precio de 40 euros/MWh para 10 años a Sidenor y esta declinó aceptar la propuesta».

La macropromotora inmobiliaria que puede surgir de la compra por parte de la vasca Neinor Homes de la madrileña Vía Célere, no solo se convertiría en el mayor grupo español del sector, sino que dominaría los mercados con mayor potencial de crecimiento urbanístico como son Madrid y la Costa del Sol. La vasca concentra en Madrid el 27% de su cartera de suelo y la madrileña el 35%, mientras que en la Costa del Sol la compañía que dirige Borja García-Egotxeaga tiene situada el 18% de su reserva y la de José Ignacio Morales, el 22%. En Barcelona, Neinor tiene mayor fuerza y después ambas, con menor intensidad, cuentan con posiciones similares en Andalucía Oeste y Levante. Además, estas cinco áreas geográficas en las que Neinor Homes y Vía Célere disponen de más fortalezas, son las tienen mayores proyecciones de crecimiento residencial. Así lo evidencia el Instituto Nacional de Estadística (INE), que para el periodo 20202035 les atribuye un crecimiento neto del número de hogares de un 8%, frente a la media española del 6%. A esto hay que sumar la fuerte presencia de Neinor Homes en su tierra natal, en el País Vasco y la zona norte, con un 19% de su bolsa de suelo, territorios en los que el precio medio de venta inmobiliaria es superior a otras regiones.

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, afirmó ayer que el sindicato trabaja ya con la huelga general «en el horizonte». Pretende «abrir un nuevo ciclo de movilizaciones» en Euskadi, porque toca actuar «con determinación» ante las decisiones que se pueden tomar en «próximos días» en Madrid sobre la reforma laboral y la de las pensiones. Así lo confirmó en rueda de prensa en la sede del sindicato en Bilbao, en una comparecencia en la que como parte de esas movilizaciones anunció que LAB ha organizado concentraciones para el próximo día 17 ante las sedes de la patronal vasca Confebask y navarra CEN, porque la mayoría sindical vasca tiene que «salir a la calle sin perder más tiempo, dar nuevos pasos en la movilización y actuar con determinación», señaló.

Francia relanzará la construcción de reactores nucleares «por primera vez en décadas» para «garantizar su independencia energética» y alcanzar la neutralidad del carbono en 2050, anunció ayer el presidente, Emmanuel Macron, quien también se mostró dispuesto a impulsar las energías renovables para cumplir los objetivos climáticos. El mandatario no precisó el tipo de reactores nucleares que se pondrán en funcionamiento, pero hace unas semanas anunció la construcción de aquí a 2030 de «reactores nucleares de talla pequeña, innovadores y con una mejor gestión de los residuos». En un discurso televisivo en hora de máxima audiencia, Macron también abordó la crisis sanitaria del Covid-19, la situación económica de Francia, sus prioridades para los cinco meses que le quedan de mandato y para la presidencia de turno de la Unión Europea.

El Gobierno del Reino Unido ha respaldado una ronda de financiación de Rolls-Royce de 470 millones de euros, mediante la que la empresa industrial quiere financiar el desarrollo de reactores nucleares modulares. Londres ha aportado 245 millones como parte, indica el Gobierno, de los esfuerzos para alcanzar el objetivo de cero emisiones para el año 2050. “Es una oportunidad única en la vida para que el Reino Unido despliegue más energía baja en carbono que nunca, asegurando también la independencia energética”, señaló el ministro de Energía, Kwasi Kwarteng. El objetivo de cero emisiones implica un fuerte aumento de la producción de energía solar, eólica y nuclear. Los minirreactores nucleares previstos por Rolls-Royce, también llamados reactores nucleares modulares o SMR por sus siglas en inglés, se pueden fabricar en factorías, sus partes pueden ser transportadas por las vías tradicionales y se pueden ensamblar con relativa sencillez, en contraste con los proyectos de grandes plantas nucleares a gran escala. Cada reactor de este tipo sería capaz, según Rolls-Royce, de dar servicio a un millón de hogares, y la empresa calcula que es un área de negocio que puede crear 40.000 empleos. La medida se ha visto espoleada por la crisis de los precios del gas, particularmente aguda en el Reino Unido. 

La tormenta energética, empresarial y política desencadenada por el cierre, el pasado 31 de octubre, del gasoducto GME, que une España con Argelia vía Marruecos, no termina de amainar. Aunque las autoridades de Argelia y de España, al más alto nivel, salieron al paso diciendo que el suministro de gas al mercado español por parte del monopolio gasista argelino Sonatrach estaba garantizado a través del otro gasoducto, el del Medgaz, que enlaza directamente ambos países sin pasar por Marruecos, lo que no concretaron es a qué precios. Argelia quiere subirlos. Así lo explican distintas fuentes empresariales. Sonatrach, el monopolio estatal de hidrocarburos de Argelia –principal suministrador de gas a España– quiere “actualizar” al alza los contratos que tiene con Naturgy –principal importador–. Esto tendría un efecto arrastre para otros operadores.

Las grandes petroleras europeas han dado la vuelta a sus resultados en apenas nueve meses. Las pérdidas milmillonarias registradas por el sector en 2020 se han convertido en beneficios también milmillonarios gracias a la recuperación de la demanda de energía y en especial la extraordinaria alza en los precios que han experimentado las materias primas en lo que va de año. Así, Repsol, Eni, Cepsa, Equinor, Total Energies, BP y Shell suman un beneficio de 30.651 millones de euros a cierre de septiembre frente a los números rojos de casi 60.000 millones en los primeros nueve meses del año pasado.

Una treintena de países y seis grandes fabricantes de automóviles presentan hoy en la conferencia internacional sobre cambio climático (COP26) de Glasgow una alianza que se compromete a que todos los automóviles nuevos sean de cero emisiones en 2035 en los principales mercados, y en 2040 en todo el mundo. La iniciativa, que implica el final de los motores de combustión, la suscriben Reino Unido, Canadá, India, Países Bajos o Austria, así como los fabricantes Ford, General Motors, Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover y la china BYD. El acuerdo responde al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para acabar con las emisiones de los automóviles dentro de 14 años. Pero, por ahora, quedan fuera de la alianza EE UU y China, así como Francia, Alemania y España. Estos países de la UE, que albergan fábricas de coches, no se han sumado, en espera de que se pacte una posición común europea, a pesar de que la Comisión trabaja también en el objetivo de 2035.

El proyecto de la nueva facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU recibió ayer un relevante impulso al autorizar el Gobierno Vasco una subvención de 55 millones de euros para sufragar su construcción. Estos fondos, canalizados a través del Departamento de Educación, permitirán que las nuevas instalaciones docentes sean una realidad en unos cuatro años. Los 55 millones se repartirán en varios pagos anuales, comenzando este mismo año por una primera partida de 392.723 euros. El próximo ejercicio el montante subirá a 3,5 millones, mientras que en 2023 la partida crecerá hasta los 14,6. El grueso de la subvención llegará en el ejercicio 2024, cuando el Gobierno Vasco reserve 29,4 millones a este proyecto. El remate de la operación llegará un año después con 7,1 millones. «A todo ello hay que añadir los 579.217 euros ya financiados para la redacción del proyecto», expuso ayer el consejero de Educación, Jokin Bildarratz. El nuevo edificio, que estará ubicado junto al hospital de Basurto en Bizkaia, se levantará sobre una parcela de algo más de 5.200 metros cuadrados y tendrá una superficie útil construida de 32.000 metros cuadrados y ocho plantas. La previsión es que esta nueva infraestructura acoja la actividad académica e investigadora de la facultad coincidiendo con el inicio del curso 2024-2025. 

Miguel Ángel Martínez-González es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, catedrático visitante en Harvard y referente mundial en epidemiología. Junto con su hermano Julio publicó el pasado mes de junio el libro ‘La sanidad en llamas’, en el que criticó la gestión de una pandemia que parece no tener fin, aunque él se arriesga a poner una fecha. «Será en la primavera de 2022», afirma. Pero advierte: «Hay que extremar la prudencia». «Tenemos que insistir muchísimo en ponernos las mascarillas, guardar las distancias y evitar viajes y aglomeraciones innecesarios».