20211031

Entrevista con Arantxa Tapia. Es consciente y crítica con las contradicciones de la sociedad vasca. Necesitamos energía barata, como se acaba de demostrar con un incremento brutal de los precios de la luz, fruto del encarecimiento del gas y también de las penalizaciones por las emisiones de carbono a la atmósfera. Y, sin embargo, persiste un marcado rechazo social a permitir la instalación de parques de generación renovable –eólicos o solares–, como si la electricidad lloviese de cielo. Una energía que no sólo necesita la industria sino la totalidad de los ciudadanos en sus casas. "Incluso, hay que decir que es egoísta que el territorio vecino asuma el coste de las energías renovables. Hay que admitir que cualquier actuación tiene un impacto, pero también que hay que evaluar la relación entre coste y beneficio. Construir un hospital o un colegio también tiene un impacto y se valora. Hay que ser muy respetuoso con la biodiversidad e introducir las medidas correctoras para mantenerla, pero tenemos que admitir que el futuro de la generación eléctrica, sí o sí, pasa por la eólica y la fotovoltaica". Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico, cree que aún costará algún tiempo resolver los problemas que se han generado en el relanzamiento de la economía tras la pandemia, con escasez de muchas materias primas y componentes. No descarta que haya algo de manipulación interesada detrás de este fenómeno. También reitera la disposición del Ejecutivo vasco a convertirse en accionista de empresas estratégicas –el caso de ITP está sobre la mesa–, pero insiste en que sólo se materializará si el Gobierno tiene alguna capacidad de influencia. 

La coyuntura de la industria vasca está llena de luces y de sombras. Entre las primeras, que se haya reconocido en los últimos informes de la UE el progreso del esfuerzo en investigación y desarrollo en Euskadi. Es la clave del futuro. Entre las sombras, algunos estallidos de conflictividad sindical que trasladan una sensación inquietante y que, estima la consejera, ofrecen una mala imagen del País Vasco. Y en este caso, mala imagen se traduce en deterioro del atractivo para invertir. "Una huelga, un conflicto de tantos días, de tantos meses, genera un daño reputacional. Pero no sólo a esa zona concreta sino a todo el país, por la repercusión que tiene. Esa es la herida que se ha producido". Sobre fondos europeos: "Aunque hay dotaciones que ya hemos puesto en marcha, es verdad que los grandes proyectos van lentos. El Perte del Automóvil se aprobó en julio pero... aún no hay convocatoria". 

Desde que el Gobierno de coalición pactó desmantelar la normativa de Mariano Rajoy, Bruselas ha mandado puntualmente señales (a través de sus recomendaciones semestrales) de que, en parte, ha funcionado. Y que, en consecuencia, hay que ser cuidadosos con el nuevo camino que se quiere emprender. «Si quieres cambiar, asegúrame antes de que se mantendrá la capacidad de crear empleo», le viene a decir en lenguaje llano. Tirando ya de subordinadas, términos envolventes y, en definitiva, de redacción cauta, los informes introducen más matices. El pasado año, antes de que la pandemia lo absorbiera todo, el Ejecutivo comunitario reflejaba en uno de ellos que las reformas implantadas en los años 2012 y 2013 «han jugado un papel importante en la promoción de la recuperación económica, con la creación de empleo, que comenzó en 2014». Y añadía: «Será importante que cualquier medida nueva sólo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se conserven los logros de las reformas anteriores». El plazo es la línea roja clave para todo este embrollo. Sí o sí ha de cumplirse y sí o sí debe hacerse con una propuesta que llegue con el beneplácito de todos los agentes implicados en la negociación: de los sindicatos y de la patronal. El diálogo social que el Gobierno les ha prometido. A partir de ahí, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen no entra en los detalles. Ni exige a España que los convenios colectivos prevalezcan sobre los de empresa ni se pronuncia sobre la ultraactividad (la prórroga automática de los mismos si no hay acuerdos). Asuntos que han formado parte de las disputas entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz por pilotar los cambios de la futura reforma. Simplemente quiere resultados. Y el primero es garantizar que se seguirán creando puestos de trabajo de forma continuada y que se pondrá fin al estigma del país: cuarta economía europea, sí, pero líder en tasa de paro.

En un encuentro con los periodistas al margen del G-20, Calviño reivindicó su papel al frente del aparato económico del Gobierno y dejó claro que «hay que asegurarse de que el Gobierno habla con una sola voz» en una reforma laboral en la que ella destaca cuatro puntos: «La simplificación de contratos y reducción de la temporalidad que es excesiva; en segundo lugar, una adecuada regulación de las subcontratas, un reequilibrio de las partes en la negociación colectiva y un mecanismo de flexibilidad inspirado en el ejemplo positivo que hemos tenido con los ERTE». Es decir, que no ve aún coordinación en el citado documento de Díaz con pronunciamientos en los cuatro puntos. En el texto fija un límite del 15% en los contratos temporales, endurece la regulación de las subcontratas, impulsa que el convenio sectorial domine al de empresa y esboza un mecanismo de ERTE permanente sin esfuerzo claro de formación. «Estos son los temas que se han venido trabajando y en los que tendremos que llegar a un acuerdo en las próximas semanas», señaló Calviño. De este modo, Calviño priva implícitamente a Díaz del liderazgo que teóricamente le había atribuido Moncloa, porque la ministra de Trabajo había fijado ya posición sobre todos ellos en un documento de 29 páginas remitido a los agentes sociales. Además, la vicepresidenta primera resaltó implícitamente que en esta «fase decisiva» es importante que haya visto bueno de las patronales empresariales CEOE y Cepyme.

Entrevista con Iván Marten Presidente de Orkestra y experto en mercado energético. Fue entre 2008 y 2018 el máximo responsable mundial del área de Energía de la consultora Boston Consulting Group. Es ponente habitual en foros internacionales sobre la materia, asesora a Gobiernos y compañías privadas y forma parte del comité ejecutivo del Energy Access Platform, dedicado a facilitar el acceso a la energía en países en desarrollo. El experto atribuye al sistema vigente y al encarecimiento del gas el repunte del coste energético para familias y empresas, estima que aún queda un año para que el mercado se estabilice y advierte de que la conjunción con los cuellos de botella industriales y el encarecimiento de las materias primas puede generar otra crisis. Defiende abordar una incuestionable transición energética, pero de forma «ordenada», y aboga por que las políticas energética e industrial vayan de la mano. "El precio de la electricidad bate récords porque ha subido el precio del gas y de los derechos de emisión del CO2, que han pasado de 5 a 55 euros por tonelada y que hay quien dice que pueden llegar a 155. En realidad, es consecuencia de que todos los Gobiernos, muy adecuadamente, tratan de descarbonizar la sociedad...una decisión correcta como descarbonizar se convierte en algo que tiene implicaciones en el precio de la electricidad". "Creo que la escalada de precios va a seguir al menos un año. Vamos a tener un tiempo complicado. Si tenemos un invierno frío y con pocas reservas de gas en Europa, vamos a tener un problema. A largo, no, pero la perspectiva a corto plazo es problemática..."

"Una vez más, el INE sorprende con su estimación del crecimiento de la economía: los indicadores avanzados apuntaban a un incremento del PIB superior al 2% divulgado por el instituto estadístico. El buen comportamiento del empleo, con un aumento del número de ocupados y de horas muy superior a esa cifra, auguraba un resultado más vigoroso. Pero, incluso anticipando una corrección de esas cifras más adelante, a medida que los expertos del INE recopilen más información, parece evidente que la recuperación de la economía está siendo menos intensa de lo previsto. Además, nos estamos quedando atrás con relación a los países de nuestro entorno...Más allá de factores que atañen al carácter inescrutable de la ciencia estadística (llama la atención la caída del consumo privado en el tercer trimestre, contradiciendo el fuerte rebote registrado del turismo y de las compras con tarjeta), hay que reconocer que la inflación complica el escenario. Con un IPC en el 5,5%, y unos ingresos que para la mayoría de hogares apenas se incrementan, la pérdida de poder adquisitivo es ineludible. En Francia e Italia la inflación es dos puntos menos, lo que contribuye a explicar el tirón de la demanda interna en esas economías..."

"...El extravío de los precios de la energía puso en el disparadero a la inflación que batió otro récord, viejo de 29 años. Como el IPC sube porque aumentan los costes y no por la exuberancia de una demanda aún renqueante los márgenes de las empresas se aprietan y ponen en riego las producciones, con especial virulencia en las consumidoras intensivas de electricidad, algunas de las cuales ya anuncian cortes temporales y amenazan con cierres. La única solución consiste en trasladar los costes a los precios, pero eso no siempre es posible y, si lo es, provocará nuevos aumentos del IPC. Seguimos. Una inflación tan elevada tensará las negociaciones de los convenios, máxime cuando al gobierno se ha decidido a modificar la reforma laboral en el sentido de dar más poder a los sindicatos. Una promesa cien veces realizada y cien veces matizada. La cuestión es tan delicada que lo partidos que lo sostienen se han metido en un impresentable rifirrafe de protagonismos formales, que esconden graves diferencias conceptuales. El acuerdo (?) alcanzado pretende pacificar las ariscas relaciones entre las dos vicepresidentas primeras en el escalafón. Pero ni el jefe de espías de la Stassi lo hubiese redactado mejor, tal es el cúmulo de recelos y marcajes mutuos que destila. Veremos lo que sale de ahí, pues la patronal tiene sus propias ideas y si a los sindicatos les aprieta la subida del índice de precios, a ellos les angustia la bajada de los márgenes. Y todo ello sucede bajo al atenta mirada de Bruselas que lo observa mientras aprieta el puño que encierra las ayudas que han de llegar..."

Entrevista con Martin Wolf, columnista de Financial Times. Wolf cree que sin globalización el impacto de la covid hubiera sido mayor. “No hay que cambiar el sistema económico por un shock que se da una vez cada siglo”. "Si subimos el precio de emitir carbón, mientras dura la transición a un sistema bajo en carbono el precio de las emisiones sube, no hay dudas sobre eso. La cuestión es diseñar el mejor sistema para compensar a los perdedores. Lo lógico es usar el dinero recaudado [España ha obtenido 1.125 millones en el primer semestre, según Bruselas] y dárselo a los hogares con menos ingresos para compensarlos por los costes adicionales". "Los efectos de segunda ronda pueden hacer la inflación menos transitoria, porque luego los empleadores, las empresas, comienzan a subir los precios porque sus costes aumentan. Y romper una espiral de precios y salarios puede ser complicado y llevar bastante tiempo. Podría volverse bastante problemático y plantear un dilema a los bancos centrales, que tendrían que endurecer su política monetaria para mantener su credibilidad, y eso causaría una recesión. Bajaría la inflación, pero provocaría muchos daños a las empresas, algunas de ellas muy endeudadas..."

Las estanterías no han llegado a vaciarse pero tanto en las tiendas físicas como en las digitales ya hay dificultades para poder suministrar productos de todo tipo y los ‘agotado’ y las listas de espera están a la orden del día. Las consecuencias de la crisis de la materias primas que ha generado verdaderos cuellos de botella en los puertos de todo el mundo no solo amenaza con dejar el Black Fiday y la campaña de Navidad con una sensación agridulce, sino también con retrasar la ansiada recuperación. España, como el resto del mundo, vive un desabastecimiento parcial de todo tipo de productos. Como explica Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, ha habido una fuerte recuperación de la demanda que no ha podido ser cubierta por la oferta. El problema está en las materias primas, en la mayor parte de los casos fabricadas en países que no han superado el virus. A la crisis energética encabezada por la subida de la luz se ha sumado un déficit de suministros. De forma paralela, se vive una verdadera congestión del transporte marítimo y un aumento desbocado de los costes. Hay que añadir una problemática que ya se empieza a notar en países como Reino Unido: faltan transportistas. La única noticia positiva es que el desabastecimiento total parece descartado. Cardoso insiste en que lo que se va a producir es un «efecto sustitución»: habrá otros productos similares que sí mantendrán el stock.

Los operadores que están pendientes del sistema las 24 horas siguen las mismas y taxativas pautas a diario. Las mismas, tanto el pasado 31 de enero, el día con la electricidad más barata de este 2021 —una media de 1,42 euros el MWh—, como el 7 de octubre, cuando se registró la cota más elevada desde que hay registros (288,53 euros), u hoy mismo, cuando el precio descenderá a su nivel más bajo, 79 euros, desde el pasado 7 de agosto. La máquina no puede parar. Ni en España, ni en el resto de Europa, donde rige el mismo sistema de fijación de precios, detrás del cual está la mano invisible de un potente algoritmo común, Euphemia. OMIE es uno de los 15 NEMO (Nominated Electricity Market Operator —operador del mercado eléctrico designado—) que existen en Europa. Gestiona el mercado diario para España y Portugal, y es el lugar donde se negocia cerca del 85% de la electricidad que se consume en la Península, además de los mercados intradiario e intradiario continuo, donde se realizan ajustes y los volúmenes son mucho más reducidos. Es una empresa privada-regulada participada en un 50% por el Operador del Mercado Eléctrico, donde a su vez participan más de 20 accionistas —entre ellos empresas energéticas y bancos—, y en un 50% por la sociedad portuguesa OMIP SGPS. Cada día, centenares de operadores toman parte en las negociaciones: por un lado, centrales que tienen necesidad de generar y vender electricidad, y por el otro agentes que necesitan comprarla. OMIE y sus trabajadores, la mayoría de ellos ingenieros, se encargan de que todo funcione como un reloj. La comparación no es casual: a partir del mediodía se suceden varios procesos coordinados en toda Europa, y calculados al cronómetro para que a la misma hora, cerca de las 13.00, se publiquen a la vez los precios para la jornada siguiente.

Los precios mayoristas de la electricidad han crecido en la UE un 200% de media en el último año, y la enorme dependencia de las importaciones del gas (el 90% viene de fuera de la Unión, sobre todo de Rusia) eleva su exposición a la volatilidad y a los caprichos del mercado. Pero de momento no hay soluciones comunitarias sobre la mesa para contrarrestar el pico energético a corto plazo, solo el compromiso de “explorar” la creación de reservas estratégicas y las compras conjuntas, y de estudiar el funcionamiento del mercado energético, el del gas y el del comercio de derechos de emisiones de CO2. Al contrario, el Ejecutivo comunitario ha dado prioridad a las medidas nacionales que permiten actuar sobre las personas y empresas vulnerables a través de ayudas, subsidios o exenciones fiscales, sin necesidad de cambiar una coma del actual marco legislativo. El fantasma de los chalecos amarillos y otros movimientos similares de protesta está ahí, y a nadie se le escapa que unos altos precios de la energía son el mejor combustible para los movimientos extremistas. Hasta la fecha, 19 de los 27 Estados miembros han comunicado a la Comisión la aplicación o la intención de aplicar algún tipo de iniciativa para hacer frente a la crisis de la electricidad

Los líderes de los países más desarrollados del mundo, reunidos en la cumbre del G20 de Roma, aprobaron ayer la imposición de una tasa mínima global del 15% para las grandes corporaciones, que tendrán que pagarla en el país donde obtienen los beneficios, según informaron fuentes del Gobierno italiano, la nación que ejerce la presidencia de turno del G20. Esta medida, que llevaba cuatro años negociándose en el seno de este prestigioso club, pudo desatascarse con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el pasado mes de enero y la marcha de su antecesor, Donald Trump, muy reticente a este tipo de medidas. Con la idea de fondo de que al menos una parte de los beneficios que obtienen los dueños de corporaciones como Apple, Facebook, Google, Netflix o Amazon acabe beneficiando a los contribuyentes y no solo a sus multimillonarios propietarios, el líder demócrata primero negoció esta medida con los Republicanos para lanzarla luego a los miembros del G7, que la respaldaron masivamente el pasado mes de junio. Este impuesto que pretende equilibrar las reglas fiscales para las empresas globales será una realidad a partir de 2023 en los países del G20, que representan el 94% del PIB mundial. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, calificó de «histórico» este acuerdo que hará del sistema económico mundial «un lugar más próspero», pues la competencia se basará en «la profesionalidad, las ideas y la capacidad de innovación» y no en «los niveles más bajos de tasación». Su aplicación iría más allá de 2022. 

Entrevista con Rodrigo Buenaventura. Cumplirá en diciembre un año al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se ha desplazado esta semana a Euskadi inaugurar la oficina del supervisor en la capital vizcaina. "El éxito en la estrategia de que más empresas vascas salgan a los mercados de capitales, que es importante, depende de otros factores distintos de la presencia de la CNMV en Bilbao, pero que estemos aquí está en cierto modo reconociendo que existe un sustrato financiero, un peso específico del sector, que facilita que las empresas salgan a los mercados y hay posibilidades de crecimiento. Pero los factores del éxito están más ligados a la demografía empresarial, a la regulación financiera, a la situación de los tipos de interés y del crédito en cada momento. Son elementos sobre los que la CNMV tiene una incidencia reducida".

La Universidad afronta una nueva etapa con la vuelta a la normalidad, en la que podrá avanzar en sus proyectos de futuro. La rectora Eva Ferreira, que cumplirá un año en el cargo en enero, destaca entre sus prioridades la presencia de la UPV/EHU en Zorrozaurre, reforzar la actividad en la zona de Sarriko, además de la construcción de la facultad de Medicina en Basurto. Pero su principal reivindicación es que la institución académica pueda «ejecutar» con más facilidad los fondos que logra en investigación y servicios a empresas, al margen de la financiación del Gobierno vasco. «Es necesario ese marco más flexible si queremos situarnos entre las mejores universidades», advierte.

Sergio Rodríguez, director general de Pfizer España desde 2017, confirma que los resultados de los estudios realizados con la vacunas pediátricas son «alentadores». "En la ciencia y en la investigación basamos nuestras perspectivas en los resultados científicos. Los datos son alentadores y además, tenemos de nuestro lado la tecnología de ARNm que se ha convertido en una de las mejores herramientas en la lucha de esta crisis sanitaria". "Las recomendaciones sobre la administración de una tercera dosis son competencia de las autoridades sanitarias. Todos los virus mutan, por lo que sabíamos desde el primer día que podíamos enfrentarnos a variantes preocupantes. Asimismo, éramos conscientes de que la disminución de la eficacia podía ser una posibilidad y esto es algo que seguimos evaluando hasta el día de hoy. De hecho, una de las razones por las que desde Pfizer y BioNTech elegimos utilizar una plataforma de ARNm es por la flexibilidad de la tecnología en comparación con las tecnologías tradicionales de vacunas, y el refuerzo es una de estas ventajas. Como las vacunas siguen ayudando a reducir la propagación del virus, tenemos que seguir explorando la inmunidad y la duración de la inmunidad después de la vacunación..."