20210714

Tubacex no reincorporará a los 129 trabajadores despedidos en Llodio y Amurrio, sino que les pagará el salario mientras están en sus casas. Ejecutará con esta fórmula, tal como hizo PCB (filial de ITP), la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nulo su ERE al considerar que vulnera la denominada prohibición de despedir por la crisis coyuntural del Covid. La dirección de la compañía tubera comunicó ayer al comité –ELA, STAT, CC OO, LAB y ATAL– su decisión, justificada en la convicción de que el Supremo, al que ha recurrido, resolverá a su favor. La parte social ya había manifestado su rotundo rechazo a esta opción y exigía la reincorporación de los empleados a sus puestos, además de la renuncia al recurso. Por eso mantenía la huelga, que ya supera los 150 días. Ahora se debatirá si se continúa o no con este paro indefinido, con la paradoja de que los despedidos cobrarán el 100% y los huelguistas, cero.

El grupo público Sepi autorizó ayer el rescate de la empresa alavesa Tubos Reunidos, en la que inyectará 112,8 millones de euros como crédito participativo, dentro del plan de ayudas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para colaborar con empresas estratégicas que hayan entrado en problemas como consecuencia de la pandemia. Así lo desveló la propia compañía, en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La concesión de estos fondos deberá ser ratificada ahora por el Consejo de Ministros y todo apunta a que esa aprobación llegará en la reunión del gabinete de la próxima semana. La compañía, dedicada a la fabricación de tubos sin soldadura, tiene una plantilla total de 1.200 trabajadores, la mayor parte de ellos situados en sus factorías del País Vasco, en Amurrio, Subillabide y Trapagaran. Sepi ha estimado que, pese a las dificultades que tenía la empresa antes de declararse la pandemia, ha sido el Covid-19 quien ha llevado a la firma a un punto límite en su tesorería. El grupo se vio especialmente afectado por el hundimiento de los precios del petróleo –se paralizaron las inversiones en nuevas exploraciones–, al tiempo que recibió la puntilla con la imposición de aranceles aprobada por el expresidente norteamericano Donald Trump. Ver nota Tubos Reunidos. 

La multinacional ArcelorMittal anunció ayer una inversión de 50 millones de euros en su factoría de Sestao, la ACB, con la que espera poner la factoría a plena capacidad de producción –1,6 millones de toneladas de acero laminado al año–, además de sumarse a la ola de reducir de forma acelerada las emisiones de CO2. La planta asumirá cambios importantes en su consumo energético para garantizar que la electricidad que utiliza proviene de fuentes renovables; se adentrará en la tecnología del hidrógeno como vía para sustituir el uso de combustibles fósiles; y modificará la composición de las materias primas que se utilizan para producir el acero. El proyecto está conectado con una iniciativa industrial de mayor calado que ArcelorMittal proyecta para España y que fue presentada ayer en Gijón por el presidente de la compañía siderúrgica, Lakshmi Mittal, y el consejero delegado, Aditya Mittal, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En síntesis, el grupo realizará dos inversiones en sus instalaciones asturianas por un importe aproximado a los 1.000 millones de euros. Una parte es para la construcción de una nueva acería eléctrica y la otra, la de mayor calado, para ubicar una planta de producción de lo que se conoce como prerreducidos. Este producto –básicamente mineral de hierro que ha sido sometido a un calentamiento a altas temperaturas–, se utiliza como alternativa a la chatarra en los hornos eléctricos y hasta el momento se importa de otros países, al tiempo que ha adquirido una importancia creciente en la industria siderúrgica.

CAF, que ya tiene una importante cartera de trabajo en el país, aspira a ampliarla de forma relevante si gana el último concurso convocado por el Gobierno de Qeensland. El Gobierno de ese estado ha seleccionado como finalistas del concurso a CAF, Alstom y al fabricante local Downer Rail. Las autoridades quieren poner en marcha un programa de ampliación de material rodante (Rollingstock Expansion Program) con el que pretende adquirir hasta 65 nuevas composiciones de trenes eléctricos. El programa incluye el mantenimiento de la flota y también la construcción de una fábrica en Maryborough. El presupuesto global estimado es de unos 1.000 millones de dólares australianos (unos 630 millones de euros). Qeensland ya ha comprometido los primeros 600 millones de dólares australianos para la adquisición de material. El primer pedido será de 20 trenes con la opción de producir otras 45 unidades. El Gobierno australiano quiere modernizar y ampliar la actual flota de trenes ante el crecimiento de la población en el sureste del estado y como estímulo para impulsar la creación de empleo en la región, que estiman en más de 250 nuevos puestos de trabajo. El ganador del concurso se conocerá el año que viene.

La recaudación de impuestos en el País Vasco es un magnífico termómetro de la situación económica, y lo sucedido en el primer semestre del año en la caja de las haciendas forales demuestra que la recuperación de la economía está en marcha. Entre enero y junio las tres diputaciones han ingresado un total de 5.906 millones de euros, lo que supone haber recaudado 796 millones más que lo logrado durante el primer semestre de 2020. Aunque es cierto que las cifras reflejan el efecto de la recaudación, también lo es que hay que ponerles sordina para evitar que las magnitudes induzcan a un error. Hay recuperación de la actividad económica, pero no tanta como para justificar un aumento de ingresos fiscales de casi el 16%. La clave hay que buscarla en el ingreso extraordinario que tuvo la hacienda de Bizkaia el pasado mes de mayo, al resolverse un viejo conflicto que mantenía con la Administración del Estado en torno al IVA de un proveedor de carburantes. El punto final a ese contencioso ha permitido a Bizkaia ingresar 432 millones de euros con carácter extraordinario. Ese mismo hecho excepcional ligado al IVA es el que permite a Bizkaia tener unas cifras de ingresos más abultadas que las de Álava y Gipuzkoa. Así, mientras que en Bizkaia la recaudación fiscal crece el 20,51%, en Gipuzkoa aumenta el 9,54% y en Álava, el 6,33%.

«Yo no me veo obligado. Por parte del Gobierno es legítimo, si un ministerio quiere hacer una reforma laboral, que lo haga. Pero no estoy obligado a que me guste ni a hacer contrapropuestas», explicó con firmeza ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien dijo a modo de predicción: «Tenemos que empezar a acostumbrarnos a llegar a acuerdos o desacuerdos. De forma constitucional». En este sentido, la patronal rechaza de plano, tal y como anticipó la semana pasada en un duro comunicado después de mantener una de las habituales reuniones de la mesa tripartita, dar su apoyo a la propuesta de modernización del mercado laboral elaborada por el Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz. «Tal y como está, ya te digo yo que no llegaremos a acuerdos», repitió en varias ocasiones Garamendi durante su participación en Los Desayunos Informativos de Europa Press. Es más, el directivo vasco quiso dejar claro que los empresarios están profundamente preocupados por este tema —«más preocupados por esto que por los fondos europeos», explicitó–, y señaló que tan controvertida cuestión puede estar provocando ya una parálisis en la actividad. «Cuidado porque a veces los anuncios son peores que las conclusiones. Las empresas quieren predictibilidad, saber qué pasa, el estadio en el que juegan. Y la gente, con anuncios de este tipo, lo que hacen es pararse hasta que no esté la norma», apuntó, precisando que la consideran más «una contracción y que no va a generar empleo».

Cautela. Es el sentimiento con el que la industria de la automoción parece haber acogido las previsiones de inversión que maneja el Gobierno para el desarrollo del coche eléctrico. El sector coincide en que el PERTE financiado con fondos europeos será pilar en su recuperación, tras un 2020 en el que la facturación cayó un 13% hasta los 59.987 millones y que este 2021 se enfrenta aún al reto de la pandemia y de la crisis de los semiconductores. Sin embargo, no tienen tan claro los cálculos que el Gobierno maneja para las inversiones del proyecto. En total, el Ejecutivo estima una inversión pública de 4.300 millones de euros que movilizarán otros 19.700 millones de inversión privada. «¿Es un cálculo certero? Desde el punto de vista de la movilización no puedo responder, porque el efecto palanca dependerá mucho del nivel de las subvenciones, y Bruselas aún tiene que aclarar este punto». Así se manifestaba ayer José LópezTafall, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), insistiendo en que «no tenemos los detalles de cómo ha hecho el cálculo el Gobierno, aunque nos tenemos que fiar de que sean correctos». Euskadi aspira al plan estatal del coche eléctrico con proyectos por 2.000 millones. 

El grupo Volkswagen tardó segundos en asegurarse la primera fila para optar a los recursos de que está dotado, que provendrán en un 90% de los fondos europeos Next Generation. De los 4.295 millones de euros del plan, 3.160 millones se destinan a la transformación industrial mediante la fabricación de vehículos de cero emisiones, baterías y componentes. Los restantes 1.135 millones se destinan a planes de ayuda a la compra de automóviles cero emisiones y para desarrollar la red de recarga (planes Moves). En realidad, el grupo Volkswagen, que fabrica en Martorell (Barcelona) y Pamplona varios de sus modelos de Seat, Cupra, VW y Audi, ya estaba en vanguardia al haber expuesto en marzo, ante medio Gobierno y el Rey Felipe VI, su estrategia Future Fast Forward para constituir, con ayuda de los fondos Next Generation, un hub de movilidad eléctrica. Nada más ser aprobado el proyecto por el consejo de ministros, Herbert Diess, presidente del grupo Volkswagen, anunció casi exactamente lo que el Gobierno exige para participar. “Estamos dispuestos a establecer toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica en el país, incluida la producción de vehículos eléctricos, así como sus componentes y una nueva fábrica de baterías del grupo. Dependiendo del contexto general y del apoyo por parte del sector público, a partir de 2025 la familia Small BEV podría fabricarse en España”, aseguró el número uno de Volkswagen.

Lanbide aprobó ayer ayudas por valor de 11,2 millones para acciones de fomento del empleo. En concreto, se van a destinar 8 millones para la formación de personas en paro en los nuevos nichos de empleo, como los relacionados con el ámbito de los cuidados a las personas, la transición energética, así como de la economía creativa y las competencias digitales. Otros 3,2 millones se destinan a empresas que mejoren la cualificación de sus trabajadores, según informó el Departamento de Trabajo y Empleo.

Ikaslan ofrece 75 becas Global Training a jóvenes titulados en Formación Profesional superior para trabajar en el extranjero con una dotación de 1.500 euros al mes. México, Estados Unidos, China, India, Emiratos Árabes u otros países más cercanos como Italia, Alemania o Portugal. La lista de destinos a los que optan los aspirantes a una de las becas de movilidad Global Training es larga, mucho más que la de requisitos. Ikaslan, la red de centros públicos de Formación Profesional de Euskadi, oferta 75 plazas a jóvenes menores de 30 años con un título superior de FP y que acrediten un nivel de inglés B1. Además deben residir en el País Vasco y no haber disfrutado de una beca similar durante más de seis meses. «Este año ha aumentado el número de plazas respecto a ediciones anteriores y también estamos recibiendo más solicitudes. La gente tiene ganas de salir», traslada Sergio Fidalgo, responsable de Movilidad en Ikaslan. A los aspirantes no les está echando para atrás la pandemia, algo que temían desde Ikaslan. «Todo lo contrario. Algunos nos llaman preguntando por los destinos o las empresas, pero no hemos recibido ninguna pregunta relacionada con la situación sanitaria».

En un puñado de semanas –último suspiro de este mes o principios de agosto–, España ingresará un cheque de 9.000 millones de euros (13% del total) en concepto de anticipo del megafondo europeo anticovid. Y antes de diciembre le llegará otro por valor de 10.000 millones más. Su plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia obtuvo ayer el aprobado de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete. El Ecofin marcaba el último trámite, después de la evaluación favorable de la Comisión Europea de hace apenas un mes. Y no dio ninguna sorpresa. Los ministros levantaron el pulgar antes de las 12.30 horas. Aprobado sin sobresaltos para España, Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Eslovaquia. Todos ellos acarician ya la entrega inicial de unas ayudas que se gestaron hace un año con un compromiso de endeudamiento colectivo suscrito por los líderes europeos. Un mecanismo similar, pero en una escala más colosal (750.000 millones frente a 100.000) al de la ‘inyección’ SURE para los ERTE.

El portavoz del Gobierno vasco rescató la idea de que sea Euskadi la que se haga cargo de la gestión directa de los fondos europeos y participe por lo tanto en su diseño y ejecución. Una exigencia que comparte también Cataluña y que marcará, a buen seguro, la Conferencia de Presidentes que se celebrará a finales de este mes en Salamanca. Zupiria recordó que las instituciones vascas ya han elaborado el plan Euskadi Next –que aspira a 6.400 millones de las ayudas europeas, algo menos del 10% del dinero que recibirá inicialmente España– y reclamó a Sánchez que Euskadi puede ejercer la «administración y gestión política» de los fondos. El departamento vasco de Hacienda sigue en «intensas negociaciones» con el Gobierno central para poder pilotar el «aterrizaje» real de la inyección económica a la que ayer dio luz verde la UE, con dos objetivos, poder ‘meter cuchara’ en el destino final de los fondos y lograr que se centren en la «transformación» del modelo productivo y no solo en la recuperación.

La tasa de inflación en Estados Unidos se dispara a su nivel máximo en trece años como resultado de la reactivación de la demanda y de la escasez de algunos productos, lo que está presionando al alza sobre los costes y los precios de venta. El índice de precios de consumo (IPC) se elevó un 5,4% en junio con respecto al mismo mes del año pasado, según informó ayer la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Solo el mes pasado los precios en Estados Unidos subieron un 0,9% frente a mayo, aupados por el incremento de los precios de los coche de segunda mano (10,5%) y la gasolina (2,5%), lo que pone de manifiesto el fuerte incremento del coste de la vida que se está viviendo en aquel país. La inflación se ha acelerado de forma continuada con la recuperación económica, como ponen de manifiesto los datos de los últimos tres meses, cuando el IPC anual se ha elevado del 4,2% en abril, al 5% en mayo y al 5,4 % en junio. Esta última cifra es la mayor desde verano de 2008. Además, a lo largo del último año hay algunos productos que se han disparado, muchos de ellos clave para la economía estadounidense. Es el caso de los coches de segunda mano, cuyo precio ha subido un 45,2 %; el de la gasolina, con un alza del 45,1%; o el de los billetes de avión, un 24,2%.

La botella de la pandemia acumula ya varios días en los que no termina de definir su estado. Hay argumentos esperanzadores para verla medio llena, como son el avance constante de la vacunación, que la incidencia del covid entre la población de mayor riesgo, las personas de más de 65 años, continúa siendo relativamente baja, y que Euskadi cumple dos semanas sin lamentar ninguna muerte vinculada al virus. Pero también hay índices para ver el vidrio medio vacío. El principal vuelve a ser las altas tasas de contagio entre menores de 39 años, que es la población que está sin inmunizar o, en el mejor de los casos, con una única dosis de la vacuna. Sigue preocupando que entre la juventud de 17 y 18 años la pandemia lleva ya más de dos semanas desbocada, con una incidencia acumulada a 14 días de 2.659 positivos por 100.000 habitantes. 

Desde que Osakidetza abrió el viernes el plazo para que los jóvenes vascos pudiesen elegir cita para vacunarse, 126.678 chavales de entre 16 y 29 años habían reservado hasta ayer día y hora para recibir la profilaxis. Son prácticamente la mitad de las 270.000 personas que forman este colectivo, según los datos facilitados por el Gobierno vasco. Esta alta respuesta muestra el elevado interés de las generaciones más jóvenes por recibir los preparados y protegerse frente al virus. También revela que el sistema de autocita habilitado en la web de Osakidetza para esta generación funciona correctamente, pese a su colapso durante la madrugada del jueves al viernes. La campaña con este colectivo se prolongará durante los meses de julio y agosto.

El Gobierno alemán estudia incluir en sus análisis sobre la evolución de la pandemia el número de hospitalizaciones al constatar que, con el avance de la campaña de vacunación, la incidencia acumulada deja progresivamente de ser relevante. La decisión, contemplada en un primer momento para la evaluación de la situación nacional, podría ser positiva para España y su sector turístico, pues alejaría la posibilidad de restricciones al turismo alemán ante un repunte de los casos. El último informe del Instituto Robert Koch (RKI) de virología lo deja claro. Con una tasa de inmunización plena por encima del 40% y los grupos vulnerables en su inmensa mayoría vacunados, la incidencia acumulada pierde relevancia como único dato para el seguimiento de la pandemia. Porque muchos de los nuevos positivos son jóvenes, que en su mayoría no desarrollan síntomas. Es preciso prestar «una mayor atención en adelante también a otros parámetros, como las tasas de hospitalización», afirma el documento.