20210629

Los representantes empresariales y sindicales en Euskadi son conscientes de las importantes transformaciones que se avecinan. En un reportaje publicado en Berria reflexionan sobre la política industrial vasca y sus necesidades. Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebask: "El planteamiento estratégico de la Política industrial es correcto y está basado en el desarrollo industrial de la Estrategia de Desarrollo Inteligente de Euskadi, recogida en el RIS3, y que tiene que ver con la fabricación avanzada, energía y biociencias. Se trata de que nuestra industria mantenga y mejore su competitividad en un mundo cada vez más especializado. Sin una industria competitiva, nuestro bienestar quedaría comprometido...Deberemos afrontar el doble reto, demográfico y de cualificación que es, de hecho, uno de los más trascendentales como país en la próxima década. Es imprescindible diseñar políticas concretas y específicas para reforzar, primero, una orientación educativa a edades tempranas enfocada a sectores de vanguardia industrial y emprendimiento. Y, segunda, una formación media y superior que dé respuesta a los nuevos perfiles que va a demandar la industria vasca. Si no somos capaces de atender esa demanda, corremos el riesgo de, como sociedad, quedarnos atrás definitivamente". 

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, recogidos en un informe de la Fundación Adecco, revelan el imparable envejecimiento de la población tanto vasca como del resto de España, si bien Euskadi se sitúa en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas en este ranking. En concreto, el índice de envejecimiento del País Vasco es de un 158,5%, lo que significa que ya se contabilizan 158,5 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Este dato, que supera ampliamente el de la media nacional de 129,2%, coloca a Euskadi como la quinta comunidad más envejecida tras Asturias (231%), Galicia (207%) y Castilla y León (204%), todas con más del doble de población mayor de 64 años que menor de 16, y Cantabria (165,4%). En el otro extremo, las comunidades menos envejecidas son Murcia (90,4%), Baleares (105,7%), Andalucía (107,9%) y Madrid (113,5%). Ver nota Adecco. 

Gobierno, patronal y sindicatos dan el primer paso para diseñar el modelo de pensiones para las próximas generaciones. El acuerdo suspende el mecanismo que liga la prestación a la esperanza de vida y prevé trasladar el déficit de la Seguridad Social por gastos impropios al Presupuesto del Estado. La reforma del sistema de pensiones del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ya está en marcha, al menos en una primera fase, la consensuada definitivamente ayer con sindicatos y empresarios. Un acuerdo que aclara cómo se revalorizarán las prestaciones (con el IPC) o cuál será el sistema de jubilaciones anticipadas (con unos recortes más suavizados por meses). Sin embargo, los integrantes de la mesa del diálogo social han dejado sin definir una de las cuestiones más espinosas, la vinculada a la propia sostenibilidad del sistema, con un factor «de equidad» del que sólo se sabe que sustituirá al de «sostenibilidad»: ajustes de las nuevas pensiones en función de determinadas circunstancias. Se deroga el factor en vigor (el que ligaba la prestación a la esperanza de vida), incluido en la anterior reforma de 2013, aunque nunca se puso en marcha. Será sustituido por otro que ahora debe ser negociado y que el Ejecutivo espera tener listo para mediados de noviembre. La reforma acordada ayer va encaminada a elevar la edad real de jubilación. En concreto, desde el Ministerio de Seguridad Social apuntan al objetivo –planteado ante la Comisión Europea– de elevar en dos años la edad media efectiva de jubilación frente a la actual, que es de 64,5 años, aunque la norma dice que debería ser a los 66.

Este primer paquete de medidas para reformar las pensiones despierta un gran recelo en Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), porque cree que no suponen ningún avance para garantizar su sostenibilidad. Al contrario, alerta, solo se traducen en un aumento de gasto para agradar a los pensionistas. "Este primer paquete no va en la dirección correcta porque son medidas que incrementan el gasto, sin ninguna corrección para asegurar la sostenibilidad del sistema. Lo que se hace es traspasar parte del déficit de la Seguridad Social al Estado; es decir, cambiar el agujero de sitio. Y eso no es bueno porque encima se puede dar la sensación de que no hay un problema en las pensiones, lo que aumentará aún más la presión para subirlas...Los partidos políticos tienen muchos incentivos para no pelearse con los pensionistas porque son muchos votos. Por eso el acuerdo del Pacto de Toledo es tan poco realista. Solo se proponen cosas agradables para evitar cabrearles, sin resolver el problema de la sostenibilidad. Cuanto más se tarde, será peor. Es mejor hacerlo de forma gradual". 

El nuevo plan estratégico 2025 del grupo vasco de componentes de automoción CIE Automotive proyecta un gran crecimiento que le llevará a más que duplicar su beneficio neto hasta colocarlo en los 500 millones de euros, frente a los 185 millones de 2020. En 2019, antes de la pandemia, se llegó a 287,5 millones. El objetivo se apoyará en un incremento de las ventas de un 48%, hasta situarlas por encima de los 4.200 millones, sustentado en una estrategia de crecimiento a través de inversiones propias y de compra de compañías en el extranjero. Según explicaron ayer los responsables de la sociedad, el mercado internacional está en fase de concentraciones debido a la transformación que provoca el tránsito hacia la movilidad eléctrica. El presupuesto inversor propio se eleva a 1.000 millones en los cinco años del plan, al que se pueden añadir hasta 1.500 millones más para las operaciones corporativas. Las mayores inversiones irán hacia geografías de alto crecimiento, especialmente Asia –con India y China a la cabeza, donde tienen plantas productivas y van a reforzar su presencia–, seguido de Norteamérica. En Europa se centrarán en ganar competitividad con productos de alto valor añadido.

A pesar de que estuvo parada una semana, la cadena de producción en la principal industria vasca se volvió a poner ayer en marcha sin ninguna incidencia relevante. La factoría de Mercedes Benz en Vitoria recuperaba así su actividad una vez que la dirección había encontrado los componentes necesarios para seguir ensamblando furgonetas. Pero la crisis en la cadena de suministro derivada de la falta de disponibilidad de semiconductores en el mercado no ha terminado ni mucho menos. Y va para largo. Hasta el punto de que no se descarta una nueva parada la próxima semana en la fábrica de la multinacional alemana. «La empresa nos ha dicho que la producción está asegurada» hasta el viernes, reconocía ayer el presidente del comité, Igor Guevara, del sindicato ELA. Después «no sabemos qué pasará», añade. Porque ni la propia compañía tiene esas garantías y habla de «falta de visibilidad a corto plazo», incluso a una semana vista.

El empresario guipuzcoano y exvicepresidente de MásMóvil José Eulalio Poza va a participar en el proceso de compra de la empresa vasca ITP, dedicada a la fabricación de componentes para motores de aviación y que está controlada por Rolls Royce. Poza, que vendió a finales del pasado año su participación directa en MásMóvil por 150 millones de euros, se ha comprometido a acompañar al fondo de inversión Cinven, uno de los dos que compiten para tomar el control de ITP. Fuentes consultadas por El Correo aseguran que Poza ha aceptado la propuesta de Cinven para formar parte de su grupo de compradores, en lo que se conoce como la fase de ‘lavado de cara’ de la oferta. El Gobierno español ha impuesto, como condición para autorizar el traspaso de las acciones de ITP, la creación de un núcleo de inversores españoles que puedan dar estabilidad al accionariado de la compañía.

El Instituto de Máquina Herramienta Campus de la Fabricación Avanzada y Digital (IMH) de Elgoibar y la empresa Ikusi han suscrito un acuerdo para crear el Centro de Competencias IIOT (Internet Industrial de las Cosas) en el que se formarán anualmente a más de 200 profesionales en digitalización industrial. El nuevo centro se ubicará en las instalaciones de la Fábrica Digital de IMH en Elgoibar.

Tras un mes de estancia en el muelle Bizkaia del Puerto de Bilbao para realizar ajustes y labores de mantenimiento, la llamativa embarcación ‘Penguin 2’ está a punto de emprender su marcha hacia las costas de Armintza, donde permanecerá fondeada durante dos años en el centro de ensayos de energías marinas Biscay Marine Energy Platform (BiMEP). Este barco remodelado en 2019, con 43 metros de eslora y 23 de manga, alberga en realidad una plataforma capaz de transformar el movimiento de las olas en energía eléctrica. La empresa finlandesa Wello eligió el País Vasco para probar su eficacia en condiciones reales. «Euskadi se consolida como un punto de referencia para el desarrollo tecnológico en materia de energías renovables», remarcó ayer el viceconsejero de Industria del Gobierno vasco y presidente de BiMEP, Javier Zarraonandia. 

El territorio alavés se ha convertido en objeto de deseo de las compañías energéticas que han visto en él un lugar estratégico para desarrollar proyectos de renovables, sobre todo de parques fotovoltaicos. Hasta cinco empresas diferentes han desembarcado en los últimos meses en la provincia con el firme propósito de acumular terreno mediante el alquiler o la compra de parcelas, en su mayoría agrícolas, en pueblos de Álava para llevar adelante sus planes de construir instalaciones solares. De acuerdo a las intenciones que se van conociendo, van desde casi 100 hectáreas hasta alrededor de 30. La última firma en entrar en acción, por el momento, es Abei Energy que ha comenzado a moverse en Salvatierra en busca de suelo para levantar un parque fotovoltaico. A diferencia de otras empresas que se centran en el alquiler de parcelas para periodos largos entre 20 y 30 años, esta compañía con sede en Madrid también está abierta a la posibilidad de adquirir fincas en propiedad que ahora son de agricultores de Agurain.

El Juzgado Mercantil número 1 de Bilbao cree que el blindaje que aprobó el anterior consejo de administración de la aseguradora IMQ para proteger la sociedad frente a la hipotética entrada de socios externos se ajusta a la legalidad; de ahí que deben ser los propios accionistas quienes aborden su modificación. El fallo se ha producido como consecuencia de una demanda presentada por un médico y accionista de IMQ, que consideraba que la fórmula utilizada no estaba acompasada con la ley. El juez, además, estima que el mencionado accionista no está legitimado para presentar la demanda. El fallo afecta tan solo a una de las dos vías de blindaje de los estatutos de IMQ, ya que el segundo se analizará en una vista que tendrá lugar el próximo jueves, un día después de que la aseguradora celebre su junta de accionistas. En este caso se trataba de las ‘prestaciones accesorias’ que fueron aprobadas en IMQ grupo, el subholding de la sociedad, en la que únicamente hay dos accionistas, y en una operación que se ocultó a la totalidad de los socios de IMQ. En la práctica impone que para ser socio de IMQ grupo es obligatorio ser médico o una sociedad que preste servicios a la compañía.

 El total de la oferta hotelera guipuzcoana, buena parte cerrada desde noviembre, vuelve a ponerse en marcha para afrontar un verano en el que esperan alcanzar una ocupación media del 60%, y retomar otros objetivos que en la era pre-covid fueron fundamentales, como el posicionamiento del destino y la fidelización del público. Según Hoteles de Gipuzkoa, los alojamientos del territorio han superado los cinco primeros meses del año con los grandes indicadores de su actividad a la baja, en comparación con el mismo periodo de 2019. Entre enero y mayo, el número de turistas se ha desplomado un 65%, con una esperada caída más acusada de los visitantes extranjeros (80,6%), que los estatales (46%). «El gran objetivo será recuperar progresivamente estos turistas, especialmente los de carácter internacional», señala la asociación hotelera. Ver más en Adegi. 

Los repartidores que trabajan en las plataformas digitales se han incorporado al Acuerdo Marco de Hostelería del País Vasco, con lo que a partir de ahora se regirán por los convenios territoriales tras el acuerdo firmado ayer por ELA, LAB, la patronal mayoritaria en la CAV, la Federación Vasca de Hostelería y Confebask. ELA, que cuenta con casi el 50% de representación en el sector, y LAB, con el 27%, subrayaron ayer en sendas notas que con este acuerdo se «da un paso importante para regular las condiciones de trabajo de los ‘riders’ y en favor de la seguridad jurídica». Ambas centrales destacaron que a partir de ahora impulsarán la inclusión de la categoría de ‘riders’ en los convenios colectivos de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, así como la regulación de los salarios para el colectivo, el derecho a la subrogación en los supuestos que proceda, así como la aplicación del resto de condiciones de los convenios de hostelería. De hecho, ELA especificó que promoverá que los salarios de partida del colectivo estén por encima de los 1.200 euros mensuales. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, expresó ayer su temor de que 150.000 trabajadores puedan ser despedidos tras estar protegidos por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el último año. Todo ello, debido a las medidas administrativas del Gobierno y de las comunidades autónomas para luchar contra el coronavirus. En una intervención en el Foro de Nueva Economía, Escrivá explicó que estos trabajadores representan al 1% del empleo, ya no tienen exoneraciones en sus cotizaciones sociales y están “en empresas y actividades que ya tenían alguna debilidad previa a la crisis” económica. Actualmente, hay 16 millones de asalariados. En este contexto, Escrivá explicó que “el porcentaje de compañías que por esta perturbación económica pueden necesitar algún tipo de reestructuración [de plantilla, por la situación de crisis que atraviesan] es más bajo del que se podría esperar”, dijo el ministro.

 La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha decidido rectificar su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya declarado contraria al Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado. El Supremo, reunido en pleno para examinar la incidencia del fallo del TUE en diversos recursos, ha decidido por unanimidad rectificar la aplicación que venía haciendo de su propia doctrina en esta materia. Así, ha establecido que, en aplicación de las previsiones legales y reglamentarias sobre el contrato de interinidad, su duración máxima será la del tiempo que duren los procesos de selección para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional específica. A falta de una previsión normativa, el Supremo determina que, con carácter general, una duración superior a tres años del contrato de interinidad debe considerarse «injustificadamente larga», lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé una recuperación histórica, con un crecimiento “inédito” del 18% en el segundo trimestre en tasa interanual. “Vamos a tener unos números de crecimiento económico este año y el siguiente inéditos”, indicó Sánchez, añadiendo la posibilidad de una revisión al alza en los próximos meses de las previsiones para el conjunto del año por parte de los grandes organismos internacionales. Estos datos parecen invitar al optimismo después del fuerte desplome registrado el año pasado por el coronavirus, pero todavía queda mucho camino por recorrer para la recuperación completa, ya que este incremento dejaría a la economía todavía un 7,5% por debajo de los niveles previos al estallido de la pandemia del coronavirus. “Vamos a tener unos números de crecimiento económicos este año y el siguiente inéditos, las propias instituciones europeas e internacionales está revisando aún más al alza las previsiones de crecimiento económico y de creación de empleo en nuestro país”, afirmó Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser. El presidente del Gobierno señaló que España está ante un momento que representará una “gran oportunidad” porque está superando el Covid-19 y cuenta también con los recursos procedentes del plan de recuperación de la Unión Europea. “Esta gran apertura que estamos haciendo va a identificarse con una gran recuperación”, apostilló.

En la última semana se han sucedido diferentes eventos multitudinarios que han disparado peligrosamente los positivos entre una franja de edad muy concreta: 17 y 18 años. El ‘macrobrote’ detectado en Mallorca y las aglomeraciones en diferentes localidades vascas –las últimas en Algorta y Sopela– han quintuplicado los casos detectados en ese grupo en la última semana. Si del 14 al 20 de junio Osakidetza notificó 45 contagios en ese colectivo, en las siete jornadas posteriores ese número se ha disparado hasta los 263. El dato más impactante hace referencia a la incidencia acumulada. Este parámetro se situaba ayer en el total de Euskadi en 104,10 casos por cada 100.000 habitantes; entre los jóvenes de 17 y 18 años era de 768,21, es decir, siete veces más. En estos momentos, por lo tanto, es este grupo de edad el que peor evolución pandémica ofrece. Son más de 40.000 vascos que todavía no están vacunados, que mantienen mucha movilidad social y que, según los estudios sociológicos publicados, no observan el coronavirus como un peligro. Y si a eso se suman los viajes de estudios y el inicio del periodo vacacional, los contagios se multiplican. «Ya sabíamos que el mes de junio iba a ser duro y especial. Todos tenemos ganas de salir y de celebrar, y qué vamos a decir de los jóvenes», asumió ayer con un punto de resignación Gotzone Sagardui. «Todo eso demuestra que, cuando no se mantienen las medidas, se producen y se expanden los contagios», añadió.