20210627

La jubilación de los trabajadores que pertenecen a la generación del ‘baby boom’ va a obligar a la industria vasca a buscar relevo a 96.000 de sus operarios en los próximos diez años, a un ritmo de unos 10.000 al año. A pesar de que las compañías de este sector en el País Vasco ofrecen los sueldos más altos de España y nada hace pensar que bajarán, deberán hacer un esfuerzo para encontrar perfiles cualificados que no abundan en el mercado. La patronal vasca Confebask espera «un efecto rebote en el empleo». Sin embargo, en una sociedad envejecida y con menos personas en edad de trabajar, el reemplazo se complica. El responsable de Empleo de la organización empresarial, Carlos Pereda, cree que «será muy difícil encontrar a jóvenes que se incorporen a la industria manufacturera y faltará relevo». Con todo, apunta que los avances tecnológicos, con máquinas cada vez más eficientes, «ayudarán en cierto modo a aliviar esa necesidad». En cualquier caso, y teniendo en cuenta la altísima tasa de desempleo juvenil –39% entre los menores de 25 años–, apuesta por orientar a los jóvenes hacia una actividad que «ofrecerá oportunidades de empleos de calidad para hombres y mujeres». De hecho, la falta femenina en estos puestos de trabajo es uno de los puntos negros. Ahora mismo, la industria vasca ofrece los sueldos más altos de España y «nada hace pensar que dentro de diez años ya no sea así».

Entrevista con Álvaro Videgain, expresidente de Tubacex. Acaba de dejar la presidencia de la empresa alavesa Tubacex tras cumplir 70 años, la edad máxima para pertenecer a ese órgano de gobierno de la compañía. Tomó las riendas de la firma en el verano de 1992 cuando todo se iba a pique: una suspensión de pagos como una catedral y una gestión de sus predecesores más que dudosa. Lo ha dejado en un momento no menos complicado, con la compañía en pérdidas, un ajuste de plantilla que se ha acercado a los 500 trabajadores en todo el mundo y una huelga en sus plantas de Llodio y Amurrio que se prolonga ya durante 130 días. No fue un momento dulce su llegada a la presidencia y tampoco lo es la salida. "Tubacex siempre ha sido una empresa especial y no ha estado exenta de conflictos. Algunos de ellos muy duros, pero siempre ha habido un proceso similar. Un periodo de tensión y de negociaciones y al final un acuerdo. Los conflictos en Tubacex siempre se han resuelto con una votación. Ahora ni siquiera han sacado las urnas. Los antecedentes probablemente ayuden a hacerse una idea. En la huelga del año 2000, ELA expulsó a sus representantes por facilitar la votación. En al huelga de 2014, fue LAB la que expulsó a los suyos y por la misma razón. Los sindicatos deben entender que la empresa se hace entre todos y que no es un lugar de lucha, o de confrontación, o de defensa de intereses políticos o particulares...La conflictividad sindical provoca rechazo en los inversores. Acabamos de ver cómo una empresa norteamericana prefiere invertir en Guadalajara hacerlo en el País Vasco. ¿A nadie le llama la atención? ¿No es un motivo para estar preocupados?"

El vehículo eléctrico ha dejado de ser un futurible para convertirse en una realidad. Bien es verdad que todavía las ventas de automóviles de combustión ganan por goleada, pero la tendencia ya está cambiando y es imparable. La industria guipuzcoana, líder en la fabricación de componentes para vehículos de gasolina y diésel, está obligada a llevar a cabo una profunda transformación para no quedarse en la estacada. En este cambio revolucionario emerge un elemento esencial, las baterías eléctricas, que han provocado una verdadera ‘guerra’ internacional, estatal y local para hacerse con su fabricación. Gipuzkoa se está armando para dar la batalla con el centro de electromovilidad Mubil como entidad señera, aunque todavía se encuentra en fase de rodaje en su sede provisional de Tolosa. Donde ya se está jugando la partida a pleno rendimiento es en los tres centros tecnológicos del territorio que investigan para que nuestra industria pueda competir en este nuevo y gigantesco negocio.

El grupo logístico belga VGP maneja ya varias ofertas para dedicar a uso industrial el 51% de las instalaciones de La Naval. El único proyecto que ha trascendido es el de A&M y Marina Meridional, que plantean la puesta en marcha de un astillero, una central de hidrógeno y una fábrica de plataformas para aerogeneradores marinos. Sin embargo, según fuentes conocedoras del proceso, VGP ha tenido un primer contacto con otras compañías interesadas en comprar o alquilar parte del terreno del antiguo astillero y destinarlo a actividades manufactureras. La compañía belga ha abierto para ello varios frentes y el consejero delegado de VGP, Jan Van Geet, ha reconocido hace unas semanas que su apuesta por la industria es firme: "El área metropolitana del Gran Bilbao, con 1.000.000 de habitantes, se posiciona entre las regiones europeas más competitivas, innovadoras y productivas. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de que, con nuestro nuevo parque en Sestao, contribuyamos al progreso de la industria manufacturera en esta región y su transformación tecnológica y digital".

En un mundo en el que todo sucede vertiginosamente, han quedado eclipsados los aplausos telemáticos recibidos por Ignacio Galán en la junta de accionistas del 18 de junio, a la que acudió con los resultados récord de 2020 –3.611 millones de euros de beneficio y un incremento del 5% en el dividendo– y el anuncio de las estratosféricas inversiones para dinamizar la economía y cumplir el plan estratégico que para 2030 quiere llevar el resultado hasta los 5.000 millones. El respaldo a la gestión de la compañía fue muy amplio, las propuestas del consejo de administración recibieron el refrendo del 98% de los votos y en el turno de preguntas no hubo ni una sola interpelación sobre el ‘Caso Villarejo’, que como el cóndor ya sobrevolaba en el horizonte desde hacía meses. Ahora lo que hay es un clima tormentoso, después de que el miércoles pasado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del ‘caso Villarejo’, diera orden de citar a declarar, en calidad de investigados –lo que antes se llamaba imputación– al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán; al ‘número dos’ de la compañía, Francisco Martínez Córcoles; al expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y al exjefe del gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo. El auto les imputa un presunto delito continuado de cohecho activo, otro contra la intimidad y un tercero de falsedad en documento mercantil. El magistrado daba curso así a la petición que el martes hizo la Fiscalía Anticorrupción para que declaren por los contratos firmados con una empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2017, por valor de más de un millón de euros, supuestamente vinculados a labores de espionaje sobre sociedades y empresarios rivales, como Manuel Pizarro (Endesa) y Florentino Pérez (ACS).

El proceso de venta de Euskaltel entra en su fase final, la resolutiva, en la que MásMóvil reciba el visto bueno de la CNMV para la difusión del folleto con los detalles de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) anunciada a finales del mes de marzo, pero que no se ha materializado hasta el momento porque ha tenido que someterse a las innumerables autorizaciones administrativas, no sólo nacionales, sino también internacionales. Valga como detalle curioso que la OPA ha necesitado el visto bueno de la Comisión para la Protección de la Competencia de Serbia, debido a que el control accionarial del operador amarillo está en manos de tres fondos internacionales –Cinven, KKR y Providence– con intereses en muchos países.

La tensión aumenta a medida que se acerca la junta de accionistas del Igualatorio Médico Quirúrgico. Ese encuentro se ha convertido en algo muy parecido a una final, porque los socios tendrán que escoger entre los dos modelos que se han puesto sobre la mesa y marcar un nuevo rumbo a la compañía. El consejo y Adeslas plantean que la aseguradora compre sus acciones a los médicos que quieran irse. Ademi pone el contrapunto con una propuesta basada en incentivar que otros médicos adquieran las participaciones de los que se vayan con el objetivo de no perder el control de la compañía. En ese contexto que inevitablemente ha dividido a los accionistas, la asociación que quiere que los médicos continúen teniendo capacidad de decisión, ha enviado esta semana varios burofaxes a la presidencia denunciando gestos y actuaciones que, en su opinión, dificultan que su mensaje llegue al accionariado. Una reunión convocada el pasado miércoles por la dirección en la que el director general de Adeslas, Javier Murillo, explicó las claves de su plan ha hecho arreciar las críticas. Ademi, que niega que haya una guerra abierta dentro del IMQ y que defiende que hay que evitar la división interna para que el proyecto siga vivo el "día después" de la junta, denunció ayer el "uso excesivo y arbitrario de recursos de la entidad para favorecer una de las corrientes" que se confrontarán el próximo miércoles.

La catedrática de Economía Sara de la Rica forma parte del grupo de expertos y expertas que la semana pasada propuso al Gobierno español una hoja de ruta para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio del Estado en 2023. En su informe, los expertos y expertas establecen tres escenarios posibles. En el primero de ellos, que parte de que el salario medio suba un 1,8% en 2020, en línea con el alza que experimentaron los sueldos en convenio, el SMI tendría que elevarse 99 euros hasta 2023 (que se quedaría en 1.049), aconsejando un alza de 19 euros en 2021, y de 40 euros tanto en 2022 como en 2023. En el segundo escenario, que parte de que el salario medio suba un 0,9% en 2020, como el sueldo de los empleados públicos y las pensiones, el SMI debería subir en total 77 euros hasta 2023 para llegar al 60% del salario medio (1.027 euros). Para ello, la senda recomendada pasa por subir el SMI 15 euros este año, y 31 euros tanto en 2022 como en 2023. " Hay quien piensa que debido a la situación de empleo actual de nuestra economía y a las incertidumbres que todavía rodean a la actividad económica, es preferible esperar a 2022. Una subida del SMI, que es una subida de los costes laborales, en teoría frena la creación de empleo e incluso puede destruir empleo. Es cierto que la evidencia no encuentra una relación negativa clara entre la subida en el SMI y el empleo, pero ese miedo existe y por eso algunos sectores del Gobierno apuestan por retrasar subidas del SMI a 2022". 

Entrevista con Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social. El catedrático de Política Económica es escéptico respecto a la aplicación del acuerdo del G-7 sobre el impuesto de sociedades. "Hay dos tendencias en la economía mundial: la primera tiene que ver con un reequilibrio entre la globalización y las políticas nacionales, algo que creo que veremos en las próximas décadas. Antes de la covid sería inconcebible oír hablar de soberanía estratégica, de Next Generation…, va en la línea de darle más margen a las políticas industriales y tecnológicas europeas. A la vez, creo que la globalización, que permanecerá, tendrá un reequilibrio diferente. Estará menos volcada en las finanzas y en el comercio, y se orientará más hacia la globalización de los bienes públicos realmente globales: la salud pública, el clima. A mí me gustaría que se añadiese a lo anterior la regulación de los flujos de personas. No es que esté contemplando que la globalización financiera vaya a desaparecer, pero no será en los términos que la tenemos ahora. Lo estamos viendo en el acuerdo del G-7, que es histórico en sus dos dimensiones: el apoyo de EE UU a un tipo mínimo impositivo para las corporaciones multinacionales, que son realmente el elemento distorsionador de nuestras economías, y el hecho de que tendrán que tributar por la cantidad proporcional de ingresos que tengan en los países donde operan. Dicho esto, creo que hay demasiadas expectativas para que se implemente un tipo mínimo de forma rápida. El G-20 va a poner trabas. Además, técnicamente no es fácil". 

Cuando la pandemia de covid-19 todavía parecía algo lejano que no llegaría, la cancelación del Mobile World Congress 2020 funcionó como un termómetro que marcó que el virus había llegado para quedarse un buen tiempo. A partir de su suspensión, todo empezó a cerrar y se fueron sucediendo las medidas restrictivas hasta llegar a una nueva realidad marcada por el confinamiento, la mascarilla y la distancia interpersonal. Casi un año y medio después, y con la vacunación como rampa de salida de la pandemia, el Mobile vuelve a celebrarse a partir de hoy, en una versión muy reducida —no se esperan más de 35.000 asistentes, la tercera parte de 2019— pero con una fuerte carga simbólica: esta vez quiere ser el termómetro de que las cosas empiezan a andar y la economía se reactiva.

Rusia, que se ha encerrado en sí misma por las sanciones, no logra salir del círculo vicioso de bajo crecimiento, poca inversión y mayor pobreza. Con el palpitante título Proyectos nacionales, el programa diseñado en 2019 presenta las líneas maestras del Kremlin para recuperar la inversión —alimentando fundamentalmente la pública, ante la inapetencia de la privada y la extranjera— y acelerar la renqueante economía rusa, tras siete años de sanciones occidentales impuestas por la anexión ilegal de la península ucrania de Crimea y que se han ido ampliando con las acusaciones de injerencia hacia el Kremlin. La meta era tremendamente ambiciosa: colocar la economía de Rusia entre las seis primeras del mundo para 2024. Y de paso, para Putin, cimentar su legado con un gran titular. Sin embargo, forzado sobre todo por la pandemia de coronavirus, el Kremlin decidió el año pasado aplazar silenciosamente esos cruciales objetivos hasta 2030. Pero también el objetivo de aumentar la esperanza de vida de los 72,7 años a 79, y el de reducir el porcentaje de personas que viven bajo el umbral de la pobreza al 6,6% (del 13,2% en 2018). El camino de Proyectos nacionales es una buena metáfora de la deriva económica rusa. La pandemia fue el golpe definitivo, pero su comienzo había sido en cierta medida un fracaso. Ya en 2019, el PIB de Rusia creció solo un 1,3%, frente al 2,5% del año anterior. La burocracia y el freno para el gasto están lastrando el plan. También la desconfianza de muchos inversores privados en un sistema opaco y muy poco garantista. 

El alto índice de transmisión entre los jóvenes ligado a las fiestas de fin de curso y otras celebraciones mantiene al alza los contagios en Euskadi. El Departamento de Salud notificó ayer 208 casos, con una tasa de positividad del 3,2% en las pruebas analizadas. Se trata de una cifra de nuevos positivos muy similar a la del día anterior (217), pero refleja un repunte con respecto a los detectados justo hace una semana. Ayer se comunicaron 40 infecciones más que el sábado anterior, un 23,8% más. Los últimos datos por franjas de edad publicados por el Gobierno vasco reflejan una concentración de los casos en las personas menores de 39 años. En especial entre los chavales de 17 y 18 años. La incidencia acumulada en este colectivo el viernes era de 509 puntos por cada 100.000 habitantes. Es casi cinco veces superior a la media de Euskadi, estancada en los 105 puntos desde hace tres días.