20210531

El acero está en la base de toda la cadena de valor de la industria y es un buen termómetro de su evolución. Por lo que explica el director general de la patronal española Unesid, Andrés Barceló, la temperatura es muy elevada, de una recuperación sorprendente tras el golpe de la pandemia. Con el empuje de China, las materias primas se han disparado pero, como es algo generalizado, el alza de los costes se repercute a los precios siderúrgicos, que también están disparados. Eso sí, la subida de la electricidad es particularmente negativa en España debido a que, según lamenta, no se compensa como en otros países vecinos a la industria electrointensiva. «El Gobierno incumple sus promesas. Industria no tiene fuerza ni presupuesto y Ribera nos oye pero no nos escucha». "Si me dicen hace seis meses que íbamos a estar así hoy, no me lo creería. La situación del negocio siderúrgico es buena y las compañías van tener resultados muy positivos este año. Todo empezó con la reactivación salvaje de China. Comenzaron a subir los precios de las materias primas, que para nosotros son el mineral de hierro, el carbón y la chatarra. Es un alza generalizada, en todo el mundo, y que por tanto se repercute a los precios. Hay demanda". 

Barceló conoce al dedillo la situación e historia de cada planta de acero de España, pero como director general de Unesid se guarda mucho de hacer valoraciones sobre empresas concretas.. "No puedo valorar casos individuales. Desde luego, en algunas plantas vascas los salarios son muy elevados y ese coste, junto al de la electricidad, tiene carácter local. El resto, como el precio del mineral de hierro, es internacional. Esos costes laborales tan altos hay que compensarlos con una elevada productividad. Pero en Euskadi a veces eso no se logra por la conflictividad o por el absentismo, que es desproporcionadamente alto". 

El pasado día 12 se cumplieron dos años de la entrada en vigor del decreto ley que obliga a las empresas a instaurar el registro horario. El Gobierno central y también el Ejecutivo vasco dejaron un margen de tres meses para que las empresas se adaptaran a la nueva normativa, que venía obligada por la legislación europea, y a partir de entonces comenzaron las inspecciones y también las sanciones. Pues bien, en estos dos años, la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco ha efectuado un total 1.478 actuaciones relacionadas con esta materia, que han dado lugar al levantamiento de 289 actas de infracción y 479 requerimientos de subsanación de irregularidades. Como consecuencia de las actas de infracción, la autoridad laboral ha impuesto sanciones por valor de 390.480 euros. En cualquier caso, el balance que arroja Euskadi es muy inferior al del conjunto del Estado, donde la Inspección de Trabajo ha detectado en estos dos años 9.000 infracciones, que han dado lugar a sanciones por valor de 16 millones. La menor tasa vasca se debería al mayor peso de la industria, que siempre ha tenido registro horario. 

Como agua de junio, en vez de mayo, esperan los concesionarios vascos la entrada en vigor mañana 1 de junio del nuevo Plan Renove vasco 2021 –cuyo nombre técnico es Pavea (Programa de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos)– que dispone de un presupuesto de 5 millones de euros. El plan llega en un momento en que el mercado de coches está en niveles mínimos, las ventas en los cuatro primeros meses en el País vasco se desplomaron un 42%, en comparación con el mercado prepandemia de 2019. De ahí que cuando se anunció este nuevo plan de ayudas el sector en su conjuntó mostró su agradecimiento y ha esperado impaciente estas dos últimas semanas para su entrada en vigor. El presidente de la Asociación de Concesionarios de Bizkaia, Jon Lekue, explica que «la verdad es que sí que estamos expectantes de que entre en vigor el nuevo Pavea porque mayo ha vuelto a ser un mes malo» para el sector. Ademas reconoce que «ha habido clientes que han esperado» a las ayudas para materializar compras, ya que el anuncio de las nuevas subvenciones se hizo el 4 de mayo.

Las restricciones impuestas por la pandemia han trastocado los planes y los números sobre edificación y rehabilitación de vivienda en Euskadi. El Covid ha congelado la tendencia de los últimos años, sostenida en el caso de nuevas residencias y claramente alcista en materia de rehabilitación del parque existente. Las licencias de obra mayor concedidas en 2020 son el reflejo de ese cambio, un 12,7% menos que en 2019, por debajo de las 3.000. El descenso es similar tanto en las licencias de nueva planta como para rehabilitación. Para lo primero, en Euskadi se emitieron 377 licencias, un 13,5% menos que en 2019, pero la cifra más baja desde hace seis años, en 2014, momento valle tras la caída en picado a partir de 2007 por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

España vive en 2021 el instante decisivo: parece que la economía se reactivará, ahora sí, pero hay miles de empresas que pueden llegar exhaustas y sin músculo para seguir tirando. En ese sentido, la misión encomendada por el Gobierno a Cofides puede ser capital. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo se encargará de gestionar el fondo de recapitalización para empresas medianas: entrar con capital público en compañías viables pero agonizantes por la pandemia, con el objetivo de reflotarlas. El presidente y CEO de Cofides, José Luis Curbelo, asegura que sin esta medida se destruirían muchas empresas, y hay cuenta atrás: “Nos han dado mucho dinero y muy poquito tiempo. Tenemos 1.000 millones de euros para invertir en seis meses”. "Creo que lo peor ya lo hemos pasado. Algunos de los sectores vertebrales de la economía española que han estado muy fastidiados en meses pasados están viendo la luz al final del túnel. En los próximos meses y años la demanda interna, entendida como Europa en su conjunto, va a ser la que más tire de España". 

El momento dulce que estaban viviendo las grandes eléctricas Endesa, Iberdrola y Naturgy con el Gobierno, sin grandes enfrentamientos desde que acabó la última reforma energética hace ya casi dos años, se ha roto. Las compañías han vuelto a poner las espadas en alto. ¿El motivo? 1.000 millones de euros de sobrecoste en la factura de la luz que ahora están pagando los usuarios y que Gobierno y eléctricas se culpan mutuamente de haber provocado. Todo empezó este fin de semana, cuando trascendió que el Gobierno tiene la intención de intervenir con una nueva norma el mercado mayorista de electricidad para limitar el impacto que está teniendo en las facturas de los consumidores el aumento de los precios de los derechos de emisión de CO2 y el precio del gas natural. Por ahora todo es confuso. El País informó de que el Consejo de Ministros podría abordar mañana una nueva normativa, en forma de anteproyecto de ley propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica, a cuyo frente está Teresa Ribera, para limitar las subidas del recibo de la luz, poniendo coto a la sobrerretribución que reciben las nucleares y las hidráulicas.

Cuatro de cada diez empresarios españoles (42,6%) de compañías de tamaño mediano desconoce aún qué es un Estado de Información no Financiera (EINF, un documento que debe contener la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad en cuestiones éticas, ambientales y sociales), según los resultados de una encuesta elaborada por la firma de servicios profesionales Grant Thornton. A pesar de que desde 2014 este tipo de información está regulada por la Directiva europea de Información no Financiera (en la que están a punto de producirse cambios), de su transposición a la legislación española en 2018 y de que su presentación es de obligado cumplimiento este año para las empresas con más 250 empleados, este tipo de memoria genera aún muchas dudas entre los empresarios de las medianas compañías.

Isaías Táboas (Valencia, 1958) cumple en junio tres años al frente de Renfe, un periodo marcado por la llegada de la competencia al AVE, pero, sobre todo, por el duro impacto de la pandemia sobre el transporte público, que se tradujo en 2020 en un desplome de la demanda, con pérdidas históricas en todas las compañías, sin excepción. “En 2020, Renfe perdió 475 millones de euros. Hubo semanas en las que transportábamos el 1% sobre cualquier día equivalente de 2019”, recuerda el presidente de Renfe. A punto de estrenar el servicio de bajo coste Avlo y en plena expansión internacional, las condiciones del mercado en España han mejorado sensiblemente en lo que va de 2021. “El objetivo es que este mes o en junio, ya registremos ebitda positivo mensual. Esperamos que los buenos resultados del segundo semestre compensen las pérdidas de la primera mitad del año”, apunta Táboas. La mejoría es fruto del crecimiento de la demanda a partir del fin del estado de alarma. “Llevamos días moviendo entre 50.000 y 60.000 viajeros diarios, lo que nos permite predecir que la demanda se situará este año en el 70% de 2019”. Renfe mantiene la previsión de que a finales de 2022 se recuperarán los tráficos previos a la pandemia.

"...El concepto tradicional de seguridad en el empleo, según el cual los trabajadores activos disfrutan de estabilidad absoluta en relación con la permanencia en su trabajo actual, resulta cada vez más cuestionado. La globalización, la deslocalización geográfica o la mera evolución de las aptitudes o preferencias personales cambiantes en el tiempo litigan contra pasadas seguridades herméticas calificándolas como obsoletas y conducentes a la fragmentación social. Frente al concepto de seguridad física, las nuevas propuestas se orientan a la seguridad financiera, es decir, a la provisión de ingresos suficientes para cerrar la brecha entre dos relaciones laborales. La reforma austriaca de 2002 proporciona un cambio radical de un sistema basado en la relación laboral tradicional entre un trabajador y una empresa, a otro basado en un fondo más amplio de prestaciones a los empleados operado a nivel nacional. El Banco de España lo ve con buenos ojos y el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España’ recientemente remitido a Bruselas lo contempla entre sus posibles medidas..."

A unas horas de que el LABI se reúna esta tarde, el lehendakari Iñigo Urkullu volvió a recurrir ayer a su perfil de Facebook para templar las expectativas de alivio de las actuales restricciones, que buena parte de la sociedad esperaba, y que se esperaba que estuvieran dirigidas a permitir grupos de hasta seis personas en bares o cafeterías en lugar de cuatro como hasta ahora, y un horario ampliado de la hostelería al menos hasta la medianoche, como reclama el sector mirando las normas que ya están vigentes en comunidades vecinas. El inconveniente que vuelve a producirse en Euskadi es que la buena tendencia de las últimas semanas se ha parado en seco y ciertos parámetros incluso han empezado a empeorar, lo que a juicio del lehendakari, abre la puerta a otro nuevo escenario incierto. 

Pasados cuatro meses desde el inicio de la campaña en Euskadi, los beneficios de la vacunación son palpables. Según datos del Departamento vasco de Salud, los ingresos de mayores de 60 años se han desplomado por el efecto de la inmunización. En el último mes, el número de camas ocupadas en las plantas de los hospitales por contagiados de entre 60 y 84 años ha caído un 60%. Y lo que es más relevante aún: desde hace dos semanas es la población de entre 40 y 59 años la predominante, algo que no había ocurrido en toda la pandemia. Una noticia positiva, pues el factor edad resulta clave para hacer frente a la infección y evitar la muerte. La presión asistencial todavía es muy elevada, pero Osakidetza confirmó ayer que las UCI han bajado del centenar de pacientes. Atienden a 99 enfermos que luchan por sobrevivir al virus, dos menos que el día anterior. Todavía es un nivel de ocupación muy alto.