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Viernes, 28 de mayo de 2021
Núm 814/2021
Año XXXIV

Tapia asegura que la reapertura de Corrugados no está perdida (Diario Vasco)

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, afirmó ayer que el proyecto para la reapertura de la planta de Corrugados en Azpeitia «aún no está perdido» y, según indicó, «en este momento la voluntad de la empresa está ahí, la voluntad de la Diputación está y la voluntad del Gobierno Vasco está». Por ello, aseguró que «si el Ayuntamiento quiere, estamos dispuestos a reunirnos para analizar esta posibilidad». En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la consejera subrayó, tras las diferencias expresadas en relación a este proyecto por su Departamento y el Ayuntamiento de Azpeitia, que no se trata de «una lucha» entre instituciones o partidos, sino de tener «un proyecto real encima de la mesa que todavía, además, la propia empresa no da por totalmente cerrado».

El plan industrial para Corrugados preveía en 2023 medio millón de toneladas (Diario Vasco)

El grupo industrial Cristian Lay, que se resiste a renunciar para siempre a la reapertura de la planta de Corrugados Azpeitia, a pesar de que parece una misión imposible, se acercó el pasado 18 de febrero a las tres administraciones más próximas a la instalación fabril (el Ayuntamiento de Azpeitia, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco) para presentarles –por separado– un plan para el desarrollo de esa operación. Un programa industrial en el que la compañía extremeña planteaba unos objetivos concretos para los próximos años, tanto de inversión como de empleo y de producción. Se da la circunstancia de que la existencia de un proyecto para resucitar Corrugados se ha convertido en protagonista del debate abierto entre la alcaldesa de Azpeitia (Nagore Alkorta, de EH Bildu), que entiende que lo aportado no tiene base suficiente, y el ejecutivo Vasco, personificado en la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que ha subrayado la importancia del proyecto para la comarca y su disposición de colaborar.

El consumo y las hipotecas al alza atisban una recuperación vasca (Deia)

El alza de algunos indicadores como los del consumo en grandes superficies comerciales o la formalización de hipotecas se suman a los datos de mejoría de la producción industrial y de exportaciones dando un atisbo de que la recuperación económica está llegando al País Vasco tras la dureza de la crisis originada por la pandemia de coronavirus. El crecimiento de las ventas del gran comercio en Euskadi es una señal positiva que adelanta un aumento del PIB, máxime si va acompañado de un incremento de la confianza del consumidor, –algo que el alza de las hipotecas formalizadas en el pasado mes de marzo en un 36% daría a entender–, porque si bien es verdad que la comparación es con el mes de marzo de 2020 cuando llegó el confinamiento por el covid, no es menos cierto que no muchos ciudadanos se embarcan en la que puede ser la operación económica más importante de su vida, la compra de un piso, si no confían en el futuro.

El 68% de los trabajadores de Euskadi tiene su convenio prorrogado o decaído (El Correo)

Según el último informe del Consejo de Relaciones Laborales, 193.683 trabajadores vascos han renovado sus condiciones laborales hasta el pasado mes de abril, por lo que casi 352.000 personas están con sus convenios en situación de prórroga y casi 60.000 con sus convenios decaídos. De esta forma, el 68% de los empleados vascos tiene su convenio prorrogado o decaído. Entre marzo y abril solo se registró un convenio, el de la industria y comercio del vino de Álava.

La nueva prórroga cubre en Euskadi a 25.800 trabajadores en ERTE y a 11.000 autónomos (El Correo, Diario Vasco)

 El acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre, que finalmente mantiene un esquema de exoneraciones bastante generoso y similar al actual, supone un espaldarazo para las cerca de 8.000 empresas vascas que mantenían a 25.758 trabajadores en estos expedientes temporales al cierre del pasado abril. Asimismo, representa un alivio para los 11.000 autónomos vascos que cobraban el cese de actividad, que también se prolonga en parecidas condiciones. Patronal y sindicatos vascos valoraron ayer positivamente este pacto nacional, que en el caso de Euskadi irá acompañado por la prórroga de las ayudas de hasta 150 euros al mes a los afectados por ERTE que cobren salarios inferiores a los 20.000 euros, según lo pactado en el diálogo social abierto en el País Vasco y en el participan el Gobierno autonómico y la patronal Confebask junto a CC OO y UGT. Los agentes sociales coinciden en que este mecanismo ha sido muy eficaz para proteger el tejido empresarial y el empleo del golpe de la pandemia. También en que es vital mantenerlo pese a que, con la reactivación y la relajación de las restricciones, el número de trabajadores en expedientes temporales ha bajado considerablemente.

Así ha regulado el Gobierno los ERTE hasta el 30 de septiembre (Expansión)

En estos momentos, hay 555.000 trabajadores protegidos en los expedientes. Las medidas, que tendrán un coste de 3.400 millones de euros a lo largo del trimestre, son las siguientes: Empresas de sectores muy protegidos. Las medidas de exoneración de cotizaciones sociales para las empresas de sectores muy afectados, y muy protegidos, por las medidas de las autoridades para luchar contra el coronavirus, son las siguientes: cuando las empresas de menos de 50 trabajadores los reincorporen a la actividad la rebaja de las cotizaciones será del 95%, entre junio y septiembre. Las sociedades que tengan una plantilla superior, tendrán unas exoneraciones de cotizaciones sociales del 85%. En los casos en que las empresas de menos de 50 trabajadores tengan a sus empleados en ERTE, las exoneraciones serán del 85%, entre junio y agosto. En septiembre serán del 70%. Para las compañías que tengan más trabajadores, las exoneraciones serán del 75% entre junio y agosto, y del 60%, en septiembre. Todos estos beneficios también serán para aquellas empresas relacionadas con los sectores muy afectados por las consecuencias de la pandemia y que, entre finales de abril de 2020 y finales de mayo hayan recuperado la actividad en un porcentaje inferior al 75%, y tengan un porcentaje de trabajadores cubiertos por los ERTE igual o superior al 15% de la plantilla.

Los cuatro meses de extensión suponen 2.000 millones más, hasta los 21.000 (El Correo, El Mundo, El País)

La factura de la extensión para la Seguridad Social seré elevada: si se suman los ERTE y las prestaciones de autónomos, los recursos públicos empleados han superado los 19.000 millones de euros, a los que hay que añadir otros 2.000 millones más ahora. En total, 21.000. La quinta prórroga de los ERTE desde marzo de 2020 llega en plena reactivación de la economía, pero deja muchas dudas en el aire. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntó ayer que «muchas personas van a poder dormir tranquilas» tras el acuerdo. «Ya tienen la certeza de que si lo necesitan tienen un mecanismo de protección sin el cual tendríamos seis millones de parados», explicó. Díaz también anticipó que los datos de paro de mayo «están siendo moderadamente positivos y estamos muy cerca de llegar a los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia». 

El gobierno logra un acuerdo político en pensiones con patronal y sindicatos (El País)

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la patronal y los sindicatos sobre las líneas maestras de la primera parte de la reforma de las pensiones. El Ejecutivo tiene ya el visto bueno de UGT, CC OO y CEOE, según fuentes consultadas en el Ministerio de la Seguridad Social y en los agentes sociales, pese a que la patronal mantiene reservas sobre el texto final, que estará listo en unos días. Algunos de los asuntos más delicados se dejan para más adelante y no se aprobarán hasta 2022. Además, el ministro José Luis Escrivá ha acordado con los agentes sociales que la reforma que penalizará las jubilaciones anticipadas no se aplicará a los afectados por los expedientes de regulación de empleo (ERE) de este año. Solo de grandes empresas están en marcha planes de despidos que afectan a más de 35.000 trabajadores. “Hay acuerdo”, dice UGT. “El pacto político está cerrado, quedan flecos”, añade CC OO. “Hay consenso en las líneas generales”, explican fuentes de CEOE, que advierten de que pelearán hasta la última coma.

La OCDE pide a España vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida (El Correo, Cinco Días)

 La crisis del coronavirus ha agravado los problemas estructurales que atenazan a España desde hace años, como el envejecimiento poblacional o el mercado laboral. Así lo constata la OCDE en un informe publicado ayer sobre la economía española en el que pide que se tomen medidas adecuadas para garantizar la «sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones», teniendo en cuenta que la tasa de dependencia se duplicará de aquí a 2050. Durante la rueda de prensa junto a Nadia Calviño, el secretario general del organismo, Ángel Gurría, incidió en que la edad de jubilación se vincule a la esperanza de vida, que no haya que concretar una edad, sino que vaya aumentando según se vaya viviendo más años. «Si se vive más tiempo es necesario prolongar la vida laboral, es lo lógico», señaló Gurría. Así, la OCDE insta a desincentivar la jubilación anticipada incrementando el número de años de cotización requeridos para cobrar la pensión íntegra o introduciendo ayudas para prolongar la vida laboral. El organismo también considera que estas medidas deberían acompañarse de otras encaminadas al «reciclaje profesional» de los trabajadores de más edad. La consecuencia directa que calcula el organismo si no se controla el gasto en pensiones es que la deuda pública se dispare al 171% del PIB en 2050.

En 2050 habrá dos jubilados por cada tres activos (Expansión, El Correo, Cinco Días)

Ahora mismo en España, por cada tres personas en edad de trabajar hay una mayor de 64 años. En apenas treinta años, de aquí a 2050, el número de jubilados será el doble. El Banco de España alertó ayer de que en los próximos años España va a experimentar el mayor aumento de la tasa de dependencia en Europa, hasta el punto de que ésta se situará en el 60%, es decir, que habrá casi la misma masa de pensionistas que personas manteniendo las pensiones (teniendo en cuenta la tasa de paro). Una auténtica bomba de relojería para la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya en la cuerda floja. El envejecimiento de la población, sumado a una mayor esperanza de vida y a una natalidad cada vez más baja llevan años invirtiendo la pirámide poblacional del país, lo que, a efectos prácticos, se traduce en que cada vez hay menos potenciales trabajadores para mantener las pensiones de cada vez más jubilados. Se trata de la tasa de dependencia de los mayores de 64, que expresa el porcentaje de personas jubiladas respecto al de activos (en edad de trabajar). Concretamente, el Banco de España espera que para 2050 esta tasa se sitúe en el 60%, el doble que actualmente.

La OCDE pide no tocar la reforma laboral y primar los convenios de empresa (Expansión)

“España ha superado una fase crítica tras el golpe que supuso el Covid-19 y empieza a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, las secuelas de la pandemia tardarán en sanar y es vital aprovechar esta oportunidad para invertir con inteligencia y llevar a cabo reformas ambiciosas y bien diseñadas”, afirmó Gurría. Una reformas que deben acometerse al calor de una implementación “eficaz” del Plan de Recuperación con los fondos europeos. Y es que la OCDE advierte de que “para que la recuperación sea duradera es preciso impulsar el empleo y, al mismo tiempo, contener los retos fiscales a medio plazo”, señala la OCDE, que lanza un serio toque de atención al Gobierno sobre la contrarreforma laboral anunciada por PSOE y Podemos. La Organización desliza que derogar la reforma de 2012 sería un error, ya que “la actual regulación laboral que da flexibilidad a nivel de las empresas puede ayudar a estas a adaptarse más fácilmente en la fase de recuperación pospandemia”. Y no oculta tampoco su rechazo a la pretensión del Gobierno de primar los convenios sectoriales sobre los de empresa, instándole a seguir “dando prioridad a los convenios colectivos de empresa en detrimento de los sectoriales y regionales”.

La OCDE pide subir el IVA y reducir la deuda (El Mundo, Expansión)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó ayer su Estudio económico sobre España, un documento en el que hace una extensa y pormenorizada descripción de la situación y los problemas más acuciantes de la economía. Y, por supuesto, recoge el fuerte impacto que la crisis derivada del coronavirus ha tenido, así como una mejora de sus previsiones de crecimiento. Pero, también, adelanta las medidas que se tienen que llevar a cabo, empezando por la mencionada reforma fiscal. No debe ser, apunta, algo totalmente inmediato, ya que primero es necesario que la recuperación esté «firmemente en marcha». Pero una vez llegue ese momento, que la OCDE no concreta, el organismo urge al Gobierno a llevar a cabo esta reforma. En este sentido, da la bienvenida a la creación del grupo de expertos fiscales, y subraya que los ingresos por IVA, impuestos especiales y medioambientales son significativamente inferiores a la media de la Unión Europea. Ahonda el organismo dirigido por Ángel Gurría en la situación del IVA, impuesto que ni es la primera vez que recomienda elevar ni es el único organismo que apuesta por ello. El Banco de España también se ha mostrado favorable a su incremento, y la AIReF ha defendido que los tipos reducidos del 4% y 10% deben ser eliminados progresivamente. 

«Los parques eólicos de Arkamo e Iturrieta necesitan cambios importantes para ver la luz» (El Correo Araba)

Los demoledores informes de los técnicos forales que auguraron «daños irreversibles» en la flora y la fauna obligarán a Aixeindar –la sociedad público-privada compuesta por el Gobierno vasco e Iberdrola– a modificar sus proyectos eólicos para Arkamo e Iturrieta si espera obtener el visto bueno ambiental. Así lo asegura Josean Galera (Vitoria, 1959), diputado de Medio Ambiente alavés, que advierte no obstante de que las renovables son el camino en la lucha contra el cambio climático. "Hemos trasladado al Ministerio de Transición Ecológica una valoración sobre estas zonas de especial conservación natural que debe tenerse en cuenta porque es preceptiva y vinculante. No somos el órgano ambiental ni podemos prohibir su ejecución, pero se ha evidenciado que se deben hacer mejoras en los proyectos para evitar una afección medioambiental. Los promotores pueden renunciar, insistir en su proyecto o realizar las modificaciones que ellos consideren convenientes, como han declarado". Mientras, unos nuevos informes del servicio foral de Patrimonio Histórico-Arquitectónico que en este caso alertan de la «contaminación visual» que supondrán estos ocho aerogeneradores para el paisaje cultural del vino y el viñedo de Rioja Alavesa. Los documentos señalan que los 200 metros de altura que tiene cada uno de estos molinos hace prever que «se produzca una percepción invasiva sobre el paisaje cultural distorsionando su contemplación y degradando sus valores contextuales». 

Una firma internacional elige Júndiz para un nuevo centro logístico que abrirá en un año (El Correo Araba)

El polígono industrial de Júndiz, el más extenso de Euskadi con siete millones de metros cuadrados, ganará músculo dentro de un año con una nueva superficie para actividades logísticas que se levantará en una parcela de 57.000 metros cuadrados frente a las instalaciones de Jorge Fernández. La compañía Panattoni Development Spain, filial de un grupo europeo dedicado a proyectos de desarrollo industrial, promueve este nuevo centro empresarial que contará con un pabellón de 18.000 metros y otro de 14.000, además de una zona reservada para oficinas con 1.500 metros. «Esperamos recibir la licencia de obra en julio para arrancar en verano y tener construida ya una nave a finales del primer trimestre de 2022». 

Homenajean a 20 empresas vizcaínas por sus iniciativas contra la pandemia (El Correo)

La Diputación de Bizkaia premia los proyectos desarrollados en el momento más duro de la crisis sanitaria y pide unidad para la próxima fase de recuperación. Son muchos los que dieron un paso al frente cuando estalló la pandemia, y en Bizkaia no faltaron las empresas dispuestas a arrimar el hombro. Ayer la Diputación rindió homenaje en el BEC a 20 de estas firmas cuya ayuda fue clave en los inicios de la crisis sanitaria. El diputado general, Unai Rementeria, agradeció su labor durante la entrega de los galardones ON Bizkaia, que distinguen la generación de empleo y actividad económica en el territorio. Lo hizo sumando un premio especial a la ceremonia, el Eskerrik On, para destacar sus iniciativas durante los meses más críticos. Entre los premiados, en categoría startup, la firma que fabrica y comercializa cámaras de altas prestaciones para microsatélites de observación de la tierra Satlantis. Juan Tomás Hernani, CEO de la empresa, señaló que hay cinco misiones en marcha con lanzamientos previstos hasta 2023.

Conflicto por la venta de acciones del IMQ (El Correo)

La asociación Ademi, que agrupa a los accionistas de IMQ defensores de mantener el control de la aseguradora en manos de los médicos, hizo público ayer un comunicado en el que muestra su oposición frontal a la oferta de compra de acciones realizada por SegurCaixa Adeslas. Esta propuesta ha sido considerada como válida por el consejo de administración y será sometida a votación en la próxima junta de accionistas, que tendrá lugar el 30 de junio, ya que requiere una aprobación definitiva. Como ya es conocido, Adeslas presentó una oferta que supone la compra de paquetes de mil acciones de IMQ por un precio de 255.000 euros. Es el paquete mínimo que está en manos de los algo más de 1.100 médicos que son, al mismo tiempo, accionistas de la principal compañía de seguros de salud del País Vasco. El movimiento favorable a una venta a precios de mercado se inició tras la movilización hace dos años de un colectivo de accionistas, ya jubilados o próximos a estarlo, que consideraban injusto que la venta de sus títulos estuviese sometida a innumerables restricciones y también con la obligación de hacerlo a un precio que, a su juicio, no reflejaba la realidad de la empresa.

El refuerzo de Mataix en Indra da alas a su papel en la operación de compra de ITP (El Correo, El País)

El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido parte de lo que ansiaba, colocar al frente de Indra a una persona de confianza, pero se ha llevado un buen revolcón. Marc Murtra, el nuevo presidente de la compañía en sustitución de Fernando Abril-Martorell, no tendrá poderes ejecutivos. Y el ya cesado presidente recibirá una indemnización ligeramente superior a los 6 millones de euros. El consejo de administración de la compañía, en la que el Gobierno tiene una participación del 18% de la mano de la Sepi, se revolvió ayer contra lo que todo el mundo ha interpretado como un intervencionismo excesivo en la vida de una empresa que tiene otro 82% del capital en poder de inversores diversos. El consejo decidió que los poderes ejecutivos permanezcan en manos de dos consejeros delegados que tienen muy definido su campo de juego: Cristina Ruiz, responsable del área informática, e Ignacio Mataix, en Defensa y Transporte. La decisión, apuntan fuentes conocedoras de la situación, no es provisional sino que la compañía puede permanecer con esta estructura durante un largo periodo de tiempo.

La alavesa Tubos Reunidos da por hecho que será rescatada por la Sepi (El Correo)

Tubos Reunidos ya da por hecho que la Sepi aprobará el rescate de la empresa, con cargo a los 10.000 millones de euros que ha dispuesto para conceder créditos participativos o tomar participaciones accionariales en firmas con problemas. Así se desprende al menos de uno de los puntos del orden del día de la junta de accionistas de la compañía alavesa fabricante de tubos sin soldadura, que recoge la aprobación de las condiciones del acuerdo que será necesario suscribir con el grupo público a cambio de recibir la inyección de fondos. Como ya es conocido, Tubos ha solicitado a la Sepi una inyección de 115 millones de euros con los que implementaría un nuevo plan industrial. El objetivo del mismo es devolver a la compañía a la senda de la rentabilidad, tras un buen número de años difíciles y de un mercado que se ha complicado aún más con la declaración de pandemia.

Recuperación: Iberia entrará en el verano con 78 de sus 84 aviones volando (Cinco Días)

El avance de la vacunación y el gradual levantamiento de las restricciones a la movilidad han incrementado considerablemente la carga de trabajo en los hangares de Iberia. La división de mantenimiento prepara el retorno a las pistas de 29 aviones A320 que han permanecido estacionados desde que estalló la pandemia: 23 son de Iberia y 6 de la filial Iberia Express. A estos se suman 17 aviones de otras aerolíneas de IAG y terceros clientes. Para el 15 de junio, solo 6 de los 66 aparatos de Iberia permanecerán en tierra. Estará volando toda la flota de largo radio y la mayor parte de la escuadra de corta y media distancia. Eso sí, con menor producción que en tiempos previos a la pandemia. La aerolínea ha anunciado 114 destinos para esta temporada de verano y prevé desplegar en junio un 50% de la producción respecto al mismo mes de 2019, llegando al 60% en julio.

La llegada de los test domésticos a 12 euros acelerará el diagnóstico de los contagios (Diario Vasco)

Los farmacéuticos están a la espera del inminente decreto por el que el Ministerio de Sanidad seguirá la senda de otros países europeos y permitirá la comercialización de test de antígenos para su realización en casa. La prueba, con una validez del 98,7%, consta de un kit de aplicación que se venderá sin receta y a precio libre; algunas boticas lo harán a 12 euros. El resultado se conoce en unos 15 o 20 minutos. La medida agilizará el diagnóstico de los contagios en un momento clave de la pandemia. Los nuevos test de autodiagnóstico del Covid sin receta, cuya venta en las farmacias es inminente, revolucionarán la detección del virus desde dentro de los propios hogares.